El comerciante venezolano Ángel Alfonso Tovar Gómez es el actual director del casino del empresario Alejandro Ceballos y su familia en la zona de Las Mercedes, en Caracas, antes ubicado en el Hotel Humboldt de la capital de Venezuela. La concubina de Ángel Tovar, es mientras, una de las principales gerentes.
El casino del Hotel Tamanaco Intercontinental, en Caracas, es gerenciado, por su parte, por el comerciante Robinson Cordero Salinas.
Tanto Tovar como Cordero son personajes con historia en el mundo de los casinos en Venezuela, en el que han dejado huella por sus opacas gestiones gerenciales.
Sociedades previas
Corporation Group 7C fue una empresa privada fundada en 2013. Funcionó en la Calle 53 Marbella del World Trade City de Panamá. El tesorero del consejo era Ángel Alfonso Tovar Gómez, Javier Francisco Ceballos Jiménez el director y Ramón Alfredo Chacare Calderón uno de sus accionistas. El nombre Grupo 7C hace mención a la “C”, inicial del apellido de los hermanos Ceballos.
Los casinos en Panamá son concesiones otorgadas por el Estado, por lo cual el Estado panameño puede intervenir y verificar quiénes son los dueños de tales negocios, para evitar que nacionales y extranjeros los utilicen en actividades fuera de orden. En el caso del Princess Casino Marbella, que funcionó en 2015, en la ciudad de Panamá, muy cerca de la Calle 50, uno de los socios era Ramón Alfredo Chacare Calderón, habitualmente conocido como Alfredo Chacare, quien ha sido investigado en Venezuela por porte ilícito de arma de fuego, irregularidades fiscales, monetarias, cambiarias, etc. El apellido Chacare ha sido sinónimo de casinos legales y no legales en Venezuela, entre los mismos, casinos en Maracaibo, Bingo Royal, Casablanca del CCCT de Caracas, Casa Club de Lechería, Caribbean Bingo del Caribbean Mall de Puerto La Cruz, etc.
Los acreedores de las acciones del Casino Marbella, que estuvo ubicado en el área bancaria de la ciudad de Panamá, fueron Alfredo Chacare, Ángel Tovar y Javier Ceballos, hermano del empresario Alejandro Ceballos. Increíblemente Tovar y Ceballos se asociaron con Chacare, y en Panamá nadie objetó a este último, a pesar que en Venezuela se le han hecho a Chacare averiguaciones por operación de salas de juego clandestinas y actividades relacionadas.
El casino supuestamente sufrió un desfalco de 38 millones de dólares, obstaculizando las relaciones entre Tovar y sus otros socios. Sin embargo la pérdida, muy extrañamente, no habría afectado el funcionamiento del establecimiento y Tovar siguió siendo socio, algo que aireó hipótesis sobre el trayecto que había seguido el dinero para llegar al casino.
A raíz de este incidente, Javier Cevallos, hermano de Alejandro, habría sufrido un evento cardiaco. Robinson Cordero, quien fue gerente del casino del Caribbean Mall de Puerto La Cruz y de otras recónditas salas, fue un hombre de confianza de Tovar en el Marbella. El crecimiento de Chacare en los casinos muchos lo atribuyen a la ayuda de Salomón Mucci, quien fue propietario de la empresa que operaba los casinos del Hotel Tamanaco de Caracas y del Lagunamar de Margarita.
En 2013 Ángel Tovar y Robinson Cordero manejaron un centro de apuestas Sportsbook en el Centro Comercial Coconut Center de la ciudad de Lechería, al nororiente de Venezuela. También poseían desde 2012 El Caribbean SportBook en el Centro Comercial Golf Plaza de la misma ciudad.
El Sport Book Cantaura es una empresa que quiere generara empleos para la población, de la mano de inversionistas y especialistas en el área de apuestas deportivas, personas como Ángel Tovar, Robinson Cordero, José Bravo, José Antonio Tantachuco y Diamantino Goncalves hicieron realidad este sueño, reseñó entonces una nota de prensa.
Pero Goncalves, quien falleció en 2020, había tenido un pasado de pugnas con otro personaje de esta historia: Alfredo Chacare. Luego del asesinato hace más de una década de dos personas en un casino clandestino ubicado en Lechería, que era regentado por Alfredo Chacare, Diamantino Goncalves decidió abandonar Venezuela, vía Miami y Panamá, para traspasar posteriormente las acciones de salas de juego de su propiedad a otras personas que actuaron como “testaferros”.
En algunos de los establecimientos que han manejado Tovar y Cordero han circulado grandes cantidades de dinero, posiblemente evadiendo al fisco nacional y fiscos municipales.
Los sitios han sido un imán para lavadores de dinero del narcotráfico y otras actividades ilícitas, pues les ofrecen una fácil oportunidad para legitimar capitales, además de servir para la prostitución y trata de blancas.
Rencillas
Los dueños de casinos en Venezuela se mantendrían en una perenne competencia y lucha de intereses por acaparar el negocio y maximizar sus ganancias, llevando tal parece que a rencillas entre varios de ellos.
Proliferan las historias de dos de esos comerciantes, Robinson Cordero y Ángel Tovar, de quienes se dice se acusarían mutuamente por el fracaso de sus negocios juntos. La mala gerencia de uno o quizás de ambos, llevaría hace un tiempo a la clausura de un casino que manejaban en el Centro Comercial Caribbean Mall en Puerto La Cruz. Esto dificultaría a la postre la reapertura del casino.
Ambos socios se acusarían mutuamente de incumplir compromisos comerciales con muchos acreedores, pero también de despilfarrar una fortuna en amantes, vicios y lujos.
La reapertura de su casino pasaría primero por la obligación de pagar sus deudas y poder convencer, muchas veces con sobornos, a funcionarios municipales, regionales y nacionales, toda vez que serían éstos sus mayores impedimentos, por haber dejado tantas deudas pendientes.
La honestidad no es algo que distinga precisamente a dueños de casinos y centros de apuestas en Venezuela, de quienes comúnmente se leen y oyen historias de deudas y fraudes.
Hace unos meses se conocía un audio de Robinson Cordero, donde éste negaba tener deudas, pero sí acusaba a su socio Ángel Tovar de estar endeudado con muchas personas.
Muy a pesar de lo dicho por Cordero, de quien sería la voz en la grabación, ahora se ha sabido que este sí dejó cantidad de deudas con sus empleados en un local de apuestas ubicado en un ala del Centro Comercial Coconut Center, en la ciudad de Lechería, región Oriente de Venezuela.
La pandemia de COVID-19 obligó en 2020 a Cordero y a su socio a cerrar el centro de juegos, dejando a muchos empleados entendiendo, desempleados y en la calle, a los que nunca les pagaron su liquidación. Los trabajadores no han tenido forma de cobrarle a Cordero y a su socio, después que Cordero se mudara al parecer al estado Zulia, al Occidente de Venezuela, para atender los padecimientos de salud de un familiar.
Todo esto por lo visto es muy distinto a ese sentido de responsabilidad, honradez y honestidad, con los que se oye hablar a Cordero. Allí el hombre asegura:
El cierre de casinos en Venezuela ha dejado lamentablemente a muchos padres y madres de familia desempleados en los últimos años. Peor es el hecho que cuando esos lugares son clausurados por diferentes motivos, los más perjudicados son precisamente los empleados, a quienes los propietarios no les cumplen sus compromisos contractuales.
Puede citarse de ejemplo nuevamente al casino en el centro comercial Caribbean Mall en la ciudad de Puerto La Cruz, cuyos gerentes, de nombres Robinson Cordero y Ángel Tovar, incompetentemente dejaron en la calle e incumplieron compromisos con sus empleados.
Casi ninguna autoridad, incluso las más corruptas, se atrevería a permitir que el casino reabra sus puertas, después de las deudas dejadas por Tovar y Cordero, quienes algunos cuentan se acusarían mutuamente de tener amantes y despilfarrar dinero en éstas, pero también en vicios y frivolidades.
Para poder reabrir el casino, para lo cual necesitan el concurso de las autoridades municipales, regionales y nacionales, tendrían inevitablemente que recurrir a la corrupción y a la ilegalidad, toda vez que casi nadie se atrevería a concederle una buena pro legalmente a unos comerciantes con tan malos precedentes.
Entre dueños de casinos que funcionan en Venezuela, principalmente en los estados Zulia y Anzoátegui, se libraba desde 2020 una guerra, en donde uno en particular, Alfredo Chacare, trataría de destronar a la competencia, utilizando para esto a las autoridades.
Un episodio más de la confrontación entre esos mercaderes del juego fueron unos allanamientos realizados por autoridades el miércoles 16 de diciembre de 2020 en horas de la noche contra varios casinos en el estado Anzoátegui, tanto algunos que estaban en pleno funcionamiento como otros que no se mantenían operando al momento de los procedimientos.
Los allanamientos dejaron varios dealers y empleados detenidos, quienes fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público, para que sus casos fuesen pasados a tribunales.
Una de las salas allanadas, perteneciente a un comerciante de nombre Angel Tovar, no se encontraba operando cuando fueron realizados los allanamientos, pero se conoció que las cerraduras del establecimiento fueron forzadas, el mobiliario sufrió varios destrozos y las máquinas fueron inutilizadas.
La única sala en la que no fue realizado procedimiento alguno habría sido justamente una perteneciente a Alfredo Chacare, confirmándose con esto su complot contra sus competidores.
Alfredo Chacare es un personaje conocido en el sector de los casinos en Venezuela, por operar salas que han sido nido para el lavado y legitimación de capitales, la evasión fiscal y muchos más ilícitos.
Una de sus últimas apuestas ha sido la apertura de un nuevo casino en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, mediante SIPSA y CASINO DEL LAGO, para lo cual esas empresas han estado entrevistando y capacitando a jóvenes dealers.
Ramón Alfredo Chacare Calderón preside la empresa SERVICIOS INTEGRALES PANAVEN S.A.(SIPSA), registrada en Panamá. En la directiva figuran también Elias Manuel Caballero, Esther Carolina Chacare Bohorquez y Herminio Duarte González.
Durante siete años, esta máquina de hacer dinero fue el refugio habitual de abuelitas y almas solitarias que pasaban sus mañanas y tardes depositando dinero y esperanzas en las máquinas tragamonedas. La concurrencia aumentaba en horas del mediodía gracias a una variada y accesible oferta gastronómica que acaparaba a los trabajadores de empresas y comercios aledaños, pero al caer la noche espectáculos musicales y shows de diversa índole se combinaban con el frenesí de las apuestas y rumbas hasta el amanecer, reseñó TuReporte.
La fiesta ludópata que proliferó en la ciudad durante las gestiones municipales de Giancarlo Di Martino, Manuel Rosales y Daniel Ponne, llegó a un final abrupto el 12 de abril de 2011 cuando salió publicado en Gaceta Oficial N° 39.654, la providencia administrativa DE-11-011 de la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles.
La normativa que establecía las regulaciones para la prevención, control y fiscalización de los delitos de legitimación de capitales y financiamiento de terrorismo en los casinos, salas de bingos y máquinas traganíqueles, marcó el cierre de establecimientos en todo el país y particularmente en la capital zuliana afectó a los casinos de los hoteles Maruma y del Lago, así como a los bingos Seven Star, Costa Verde, Palace, Royal y Maracaibo.
Durante varios meses la medida provocó las protestas de miles de empleados directos que quedaron sin trabajo, mientras que los propietarios y operadores intentaron con poco éxito reconducir los negocios hacia otras actividades, para evitar perder las gigantescas inversiones hechas en los locales.
Fue en este contexto que el Bingo de Maracaibo, operado por Inversiones Recreativas Occidente, C.A. (Iroca), aprovechó que las salas de eventos ubicadas en la parte posterior del complejo contaban con entrada independiente, para seguir operando como sede de conciertos y espectáculos diversos. El estacionamiento cercado con vigilancia también fue subarrendado para el uso de empresas cercanas que carecían de tal infraestructura.
A pesar del pequeño aliciente que brindaba cierto flujo de caja a Iroca, las cosas estaban por complicarse aún más para la empresa representada por Ramón Alfredo Chacare Calderón (según consta en el contrato de arrendamiento firmado ante la Notaría Octava de la ciudad el 13 de agosto de 2003).
En octubre de 2014, la sociedad mercantil Zuliana de Cal, C.A. (Zucal), dueña del terreno de 10.000 m2 donde funcionaba el bingo, interpuso una demanda de resolución de contrato de arrendamiento contra Iroca, la cual fue admitida por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial de la región.
Tras una recusación del juez por parte de los demandados, el expediente fue reasignado y admitido en el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Zulia en marzo de 2015 y en septiembre de ese mismo año se obtuvo un fallo favorable a la parte demandante, en la que se le asignó la propiedad de las bienhechurías efectuadas por Iroca en el terreno.
Según declaraciones públicas aportadas tras el fallo por el abogado Javier Manstretta Cardozo, representante legal de Zucal, Iroca pretendía abrir una casa de apuestas denominada “El Coyote” en la sede de 5 de Julio entre 9 y 9B, a pesar de que la misma había sido clausurada por orden de la Comisión Nacional de Casinos y Bingos, adscrita al Ministerio de Interior y Justicia.
Adicionalmente denunció que la operadora había obtenido permisos municipales y tributarios para la nueva actividad, lo cual era legalmente inviable, ya que para ello debía presentar un contrato de arrendamiento vigente y el de Inversiones Recreativas Occidente, C.A. se encontraba vencido y sin renovación desde agosto de 2014.
En este sentido Manstreta acusó a los ex arrendatarios de ser “invasores” y estar “en desacato” por no haber entregado el terreno, tal como lo ordena el fallo judicial del 28 de septiembre de 2015. “Aunque por fuera pareciera un lugar abandonado, por dentro están haciendo la remodelación respectiva para que funcione de día como casa de apuestas y de noche como una discoteca”, detalló el jurista.
La batalla legal continuó escalando de instancias hasta que en abril de 2016 Iroca interpuso un recurso ante la sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, alegando que fallos previos presentaban vicios que lesionaban los derechos de la parte demandada.
Tal como se evidencia en el expediente AA20-C-2016-000440 del TSJ del 11 de noviembre de 2016 se declaró “sin lugar” el recurso intentado por Iroca. La ponencia de la magistrada Marisela Godoy Estaba detalla que el contrato de arrendamiento suscrito entre las partes expresa en las cláusula primera (parágrafo único) y octava que una vez vencido el contrato, la disposición del terreno y las bienhechurías quedarán a potestad del arrendador.
En lo concerniente a alteraciones u modificaciones, la cláusula octava del contrato reza que “LA ARRENDATARIA podrá realizar modificaciones permanentes en el inmueble arrendado pero necesitará el consentimiento expreso, previo y dado por escrito por LA ARRENDADORA, y en caso de que lo diera, dichas modificaciones quedarán en beneficio del inmueble sin que LA ARRENDADORA tenga que pagar nada por ellas (…) Los trabajos de remoción y reparación, deberá efectuarlos LA ARRENDATARIA dentro del término de los 6 meses posteriores a la finalización del contrato o de cualquier prórroga que hubiese (…)”.
Fuentes municipales confirmaron que tras la decisión del supremo, así como las denuncias públicas hechas por la representación legal de Zucal, la Alcaldía de Maracaibo revocó a finales del 2016 la licencia de licores que había otorgado al sportbook y la discoteca proyectada por Iroca.
Hoy el edificio luce sucio y deteriorado tras años de descuido por parte de Iroca. En lugar del vistoso letrero de neón y luces parpadeantes que recordaban a Las Vegas, solo queda una santamaría grafiteada que da la bienvenida a las miradas lastimeras de los peatones y conductores que desfilan frente a la estructura, pero todo eso está por cambiar.
Tras la publicación de este reportaje miembros de la familia Pardi, propietaria de Zucal, informaron que hace aproximadamente seis meses la Comisión Nacional de Casinos y Bingos retiró unas 570 máquinas tragamonedas del recinto y desafectó la edificación, por lo cual en el transcurso de los próximos meses ejecutarán un proceso de restauración de la fachada, así como la limpieza interna de las áreas que estaban selladas, con miras a reacondicionar la edificación para un proyecto comercial que está en fase de estudio.
Fuente: Prensa América
Tomado de ¿Quiénes son Ángel Alfonso Tovar y Robinson Cordero, los nuevos gerentes de casinos en Caracas con un pasado de escándalos y relaciones peligrosas?