Las llamadas tecnologías disruptivas han entrado en el lenguaje común. Un montón de gente entusiasta sigue diciendo que esto o aquello nuevo «cambiará el mundo». Bitcoin y su tecnología de cadena de bloques asociada(link is external) estaban destinados a acabar con el control centralizado de los flujos de dinero. Las partes podían comprar y vender cosas en esta nueva moneda, cuyo mecanismo subyacente eliminó los métodos de pago tradicionales y proporcionó niveles desconocidos de anonimato. Los adictos a las sustancias y el hampa se encargaron rápidamente de ello, adoptando y abrazando un sistema que permitía -o eso creían- llevar a cabo todo tipo de actividades ilegales sin ser detectadas.
Más allá de su fanfarria inicial, bitcoin sigue siendo propiedad de un pequeño grupo de usuarios en comparación con el sistema financiero regular. Sin embargo, su mecanismo, la cadena de bloques (el enlace es externo), brinda oportunidades para una variedad de aplicaciones interesantes. Dado que la lucha intransigente contra la corrupción es y ha sido lo mío durante la mayor parte de los últimos 14 años, creo que blockchain podría «cambiar el mundo».
Imagine un escenario en el que las instituciones gubernamentales publiquen en un libro mayor público los llamados a licitación. Cada oferta y todos sus procesos asociados están vinculados, examinados oficialmente y su precisión garantizada criptográficamente. Todos los departamentos gubernamentales comparten el acceso a la cadena de bloques. Entonces, por ejemplo:
– se publica una convocatoria para la adquisición y construcción de una planta termoeléctrica;
– se proporciona la información del organismo público y la identidad de los servidores públicos involucrados en el proceso, así como todos los detalles relacionados con la ubicación del proyecto, el monto destinado, los requisitos técnicos y el período de licitación, las instituciones y bancos participantes y el plazo de finalización;
– Los fondos públicos destinados al proyecto están «coloreados», es decir, los desembolsos pueden rastrearse y mapearse a medida que los fondos se mueven entre cuentas bancarias, de modo que la Fiscalía General, el Banco Central, los organismos de control financiero, el Congreso, la Defensoría del Pueblo, etc., puedan verificar, en tiempo real, gasto adecuado;
– Posteriormente se añaden las empresas licitadoras examinadas. Como el libro mayor es público y la información contenida en él está aprobada oficialmente, aquí es donde comienzan a surgir preguntas: ¿por qué se le permitió participar a la empresa X? ¿Por qué los funcionarios X, Y y/o Z ignoraron su falta de un historial verificable? ¿Por qué la diferencia de precio entre las ofertas o los costos anormalmente altos propuestos?
– Se selecciona la oferta de la empresa B, pero su oferta no era la mejor. Como todos los funcionarios públicos involucrados están identificados, los registros de la cadena de bloques pueden permitir un nivel de escrutinio de un organismo público a un nivel individual desconocido en la mayor parte del mundo;
– el proyecto comienza con el desembolso de un monto X, que se puede rastrear desde la cuenta del organismo público hasta la cuenta de la empresa B;
– los sobrecostos, retrasos y modificaciones se registran y se agregan al bloque del proyecto en el libro mayor;
– como todos los detalles del proyecto están en el libro mayor, cualquier parte interesada puede comprobar si los hitos se están cumpliendo a tiempo y dentro del presupuesto, y si el proyecto alcanza los objetivos previstos;
– los giros, transferencias, pagos, costos de operación y todos los aspectos relacionados con los fondos públicos desembolsados también son verificables y sujetos a escrutinio;
– las autoridades responsables firman al finalizar. Las fechas, metas y objetivos se marcan con el tiempo, se registran y se asocian a los funcionarios firmantes.
Con el marco anterior en vigor, y teniendo en cuenta que en la contratación pública la mayor parte del dinero de la corrupción es dinero público malversado, sería extremadamente difícil, si no imposible, que los operadores poco fiables robaran fondos con compañías fantasmas o offshore. La trazabilidad de los fondos públicos erradicaría el lavado de dinero, ya que los bancos participantes estarán obligados a bloquear los movimientos de capital no autorizados o enfrentarán consecuencias legales por sus descuidos. La identidad de los funcionarios públicos y sus detalles financieros asociados harían mucho más difícil el soborno.
En grandes contratos de adquisición, como algunos de los que he estado investigando en Venezuela, el soborno de funcionarios no es un gasto de bolsillo. Más bien, es una promesa una vez que se han desembolsado los fondos públicos al otorgar un contrato. Así, Derwick Associates, por ejemplo, no pagó a Diosdado Cabello $50 millones de su propio dinero, sino que prometió pagar el soborno de $50 millones al recibir un contrato de adquisición, en cuyo otorgamiento Cabello tuvo influencia. Lo mismo sucedió con Nervis Villalobos y Rafael Ramírez de PDVSA. Es decir, Villalobos prometió, en nombre de Derwick o en nombre de Luis Oberto, darle X cantidad a Ramírez, en caso de que Ramírez le otorgara X contrato a Derwick u Oberto.
La introducción de dinero «de color» lo haría todo muy difícil. Dado que el libro mayor es público y las empresas participantes y los funcionarios totalmente identificables, ¿cómo podrían, por ejemplo, Juan Carlos Escotet, Víctor Vargas o David Osio alegar ignorancia sobre los movimientos de dinero de Derwick a través de sus bancos? ¿Cómo podrían los vendedores de bienes raíces, en Madrid, París, Miami y Nueva York, y sus banqueros, ignorar deliberadamente la fuente ilegítima de fondos y participar en el lavado de dinero? Lo mismo con sus abogados. Los funcionarios públicos y los contratistas corruptos -en el caso de Venezuela, casi el 100% de ellos- podrían ser responsabilizados personalmente por cualquier irregularidad.
Este es, quizás, un caso de una tecnología existente que podría interrumpir, verdaderamente, un cáncer que priva a miles de millones de personas de los fondos necesarios para desarrollarse, para escapar de la pobreza. Queda por ver si existe en alguna parte la voluntad política necesaria para implementarlo.