El proyecto fue aprobado en primera discusión este jueves 5 de febrero 2026. El perdón no puede decretarse.
La propuesta de Ley de Amnistía, Reconciliación y Reencuentro Nacional presentada en enero de 2026 emerge en uno de los momentos más frágiles del ciclo político venezolano. Bajo el argumento de cerrar décadas de confrontación, el proyecto plantea perdonar delitos vinculados a hechos políticos desde 1999 hasta la entrada en vigencia de la norma. El objetivo declarado es liberar presos, facilitar el retorno de exiliados y reconstruir la confianza institucional. Pero el contexto en el que surge obliga a una lectura más crítica.
El texto se construye sobre la narrativa de un país atrapado en un conflicto prolongado que derivó en persecuciones, procesos judiciales de naturaleza política y migración masiva. Desde esa premisa, la amnistía se presenta como un instrumento excepcional, casi humanitario, para desactivar tensiones acumuladas y abrir espacios de diálogo. La ley prioriza la excarcelación de detenidos por razones políticas, la eliminación de antecedentes judiciales y la restitución de derechos civiles y laborales.
La arquitectura del proyecto es amplia. Incluye delitos asociados a protestas, manifestaciones, opiniones políticas y expresiones en redes sociales; contempla el sobreseimiento de procesos, la devolución de bienes incautados y la eliminación de inhabilitaciones administrativas. Al mismo tiempo, excluye crímenes graves como lesa humanidad, tortura, homicidio doloso, narcotráfico a gran escala y corrupción con enriquecimiento ilícito, alineándose con estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Sin embargo, el alcance del perdón genera inquietudes. La inclusión de delitos como rebelión, instigación al odio, resistencia a la autoridad o daños a la propiedad, cuando ocurrieron en contextos políticos, reabre el debate sobre los límites entre justicia y la impunidad. En un país marcado por episodios violentos y víctimas de terrorismo de Estado, el perdón generalizado puede percibirse como un atajo político antes que como un proceso real de reconciliación.
La experiencia venezolana añade una capa adicional de escepticismo. En 2016, una ley similar fue bloqueada por el Tribunal Supremo de Justicia controlado por el chavismo con el argumento de que promovía impunidad. Hoy, el hecho de que sectores del poder impulsen una iniciativa de esta naturaleza alimenta sospechas sobre motivaciones estratégicas más que humanitarias. En medio de sanciones, aislamiento internacional y presión política, la amnistía también puede interpretarse como un gesto para reconfigurar la narrativa externa del régimen.
El proyecto tampoco aborda el corazón del problema institucional. No plantea reformas estructurales al sistema judicial ni al aparato de seguridad del Estado, ni establece mecanismos robustos de verdad, reparación o garantías de no repetición. En la práctica, podría liberar a víctimas sin desmontar las condiciones que permitieron su persecución.
Otro elemento crítico es la extensión de la amnistía a infracciones administrativas y disciplinarias dentro del aparato público. Este punto abre la puerta a que decisiones controvertidas queden sin revisión, debilitando la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción. La reconciliación, en este diseño, parece priorizar la estabilidad política por encima del esclarecimiento histórico.
El debate de fondo no es jurídico sino que forma parte de la crisis política que existe en Venezuela. La ley intenta cerrar 27 años de conflicto, abuso, persecución y terrorismo de Estado sin que exista un acuerdo real sobre las causas, responsabilidades y consecuencias de esa confrontación. En ausencia de una comisión de la verdad independiente o de procesos de justicia real, el perdón puede convertirse en una herramienta de desmovilización social antes que en un paso hacia la reconciliación nacional.
¿Puede un país reconstruirse sin enfrentar plenamente su pasado? La historia reciente de América Latina muestra que las amnistías que no van acompañadas de verdad y reparación terminan siendo frágiles, temporales o funcionales a quienes detentan el poder.
La propuesta legal puede aliviar tensiones inmediatas y abrir un margen de negociación política. Pero también puede operar como un mecanismo de reacomodo dentro del sistema, sin alterar sus bases. El riesgo es que el país obtenga una tregua, no una solución.
La reconciliación no se decreta por ley. Se construye con justicia, memoria y reformas institucionales profundas. Sin esos elementos, cualquier amnistía corre el riesgo de ser interpretada no como un acto de paz, sino como una estrategia para administrar el conflicto y prolongarlo bajo nuevas formas.
Tomado de Proyecto de Ley completo: Amnistía en Venezuela: reconciliación o estrategia política