Continúa el tsunami en la Policía Nacional. Esta vez, no por disposición directa del gobierno del presidente Gustavo Petro y su ministro de Defensa Iván Velásquez, sino por decisión de 23 oficiales de la institución que llevaban allí más de 20 años. En contraste, el director, general Henry Sanabria expidió una directriz que cambia los protocolos en situaciones de orden público.
El grupo de oficiales, entre hombres y mujeres que pidió la baja corresponde a 10 tenientes coroneles, siete tenientes, tres capitanes, dos subtenientes y un mayor que se desempeñaban en diferentes regiones del país y constituían soporte y significativa experiencia policial, reseñó Norbey Quevedo en la Agencia de Periodismo Investigativo (API).
Los tenientes coroneles que salieron de la institución son: Hernán Darío Gómez Mancilla, José Raúl Vera Castro, Magnolia Parrado Rodríguez, María Edilsa Rubriche Cubillos, Wilson Esteban Urrego Barreto, Nydia Elvira Huertas Martín, Paola Andrea Rojas Uscátegui, Carlos Eduardo Rodríguez González, Iván Dario Guañarita Charry y Ronald Osorio Ramos.
También pidieron la baja los tenientes Nicolás Forero Aguilar, Andrés Felipe Corena Duque, Oscar David Gaviria Rengifo, Fernando José Vélez Durán, Eilyn Yareni Pérez Villamil, Sergio Reinaldo Gutiérrez Martínez y María Fernanda López Arenas.
Los capitanes que ya no pertenecen a la institución son Sandra Milena Cortés Useche, Luis Ángelo Pineda Pabón y Carlos Arturo Moreno Nuñez. Al igual que los subtenientes Sofía Reyes Aguilar y Sebastián Castañeda Díaz, así como el mayor Cesar Yasser Chahin Ríos.
Algunos de los policiales que tomaron la reciente decisión aseguraron a la Agencia de Periodismo Investigativo, API, que pidieron la baja desmotivados por la falta de garantías institucionales. Otros informaron que no tuvieron en el último tiempo opción de hacer su trabajo en condiciones operativas adecuadas.
Un tercer grupo indicó que todo obedece a que carece de sentido continuar en la institución con directrices por parte de los superiores en las que poco pueden hacer frente a hechos como la invasión de tierras, acciones de bandas criminales y la confrontación con ciudadanos para imponer en control en las calles.
Algunos simplemente comentaron que quieren un mejor nivel de vida y que en este momento la mejor salida es, palabras más palabras menos, dar un paso al costado por los mensajes que ha enviado el gobierno del presidente Petro, durante este mes y medio que lleva en el mandato.
No obstante, otros uniformados consultados por la API, aseguraron que, especialmente en las regiones se sigue trabajando como siempre y “no nos han quitado ninguna prebenda o temas legítimos, continuamos con los obstáculos de siempre”.
En esencia, se refiere a más presencia policial en los diferentes departamentos, mejor infraestructura y logística, así como condiciones laborales superiores en cuanto a salarios y beneficios sociales.
Lo evidente es que tras la salida intempestiva de 21 generales recientemente, si afectó la moral al interior de la institución y se convirtió en el hecho más significativo de los últimos tiempos. “Si ello sucedió con tantos generales, que podemos esperar nosotros que estamos en el terreno, en subordinación y con muchas limitaciones para hacer el trabajo”, explicó otro suboficial a la API.
A ello se suma que varios de los generales que salieron de la institución por orden del presidente Gustavo Petro, el ministro de Defensa Iván Velásquez y por sugerencia del general retirado y exsubdirector de la Policía William Salamanca, designado por el gobierno como nuevo cónsul en Miami, tenían mérito, experiencia y carecían de antecedentes que derivarán en la baja policial. No obstante, al derecho que tiene el primer mandatario de trabajar con la cúpula de su confianza.
Y los hechos parecen darle la razón a los oficiales que renunciaron. Este fin de semana el director de la institución, general Henry Sanabria expidió un nuevo instructivo de 10 páginas mediante el cual establece los lineamientos para el restablecimiento del orden público.
Entre ellos, por ejemplo, que en las manifestaciones el acompañamiento policial debe ser discreto para no incitar al odio. “Los policías no deben marchar junto a los manifestantes, tampoco colocarlos para abrir o cerrar la manifestación; no deben ser apostados de manera inerme en lugares donde pueden ser objeto de ataques”, precisa el instructivo en uno de sus apartes.
A esto se adiciona la creación de la nueva Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden, UNDMO, con un principio; prima el derecho a la manifestación pública por encima del derecho al buen nombre y por ello, según la directriz, “no debe haber reacción policial ante tales injurias y calumnias”.
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