Portugal autoriza a Gold Reserve a ejecutar laudo de $1.100 millones contra Venezuela – Cuentas Claras Digital

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El 24 de febrero de 2025, el Tribunal de Apelación de Lisboa confirmó un laudo arbitral a favor de la minera canadiense Gold Reserve, permitiéndole ejecutar aproximadamente 1.100 millones de dólares en Portugal contra Venezuela. La decisión refuerza los intentos de la empresa por recuperar la indemnización ordenada en 2014 por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), tras la expropiación del Proyecto Las Brisas. Con información de Reuters.

Como parte de su estrategia de cobro, Gold Reserve obtuvo órdenes de embargo sobre cuentas bancarias en Portugal que suman más de 1.400 millones de dólares, aunque advirtió que la recuperación de estos fondos sigue siendo incierta debido a diversos factores legales. La empresa subrayó que aún se requieren órdenes judiciales adicionales para intentar cobrar el dinero embargado.

La misteriosa deuda de Venezuela con la empresa Gold Reserve y el pago de sobornos

Además del litigio en Portugal, Gold Reserve participa en procesos legales en Estados Unidos, incluyendo la subasta de acciones de la matriz de Citgo Petroleum, la filial de refinación de PDVSA en ese país. Esta subasta, supervisada por un tribunal estadounidense, busca pagar a los acreedores afectados por impagos de deuda y expropiaciones llevadas a cabo por el régimen venezolano.

Gold Reserve indicó que cualquier recuperación en Portugal o Estados Unidos se compensará mutuamente, es decir, los fondos obtenidos en un país podrían reducir la cantidad cobrada en el otro. La compañía ha estado persiguiendo a Venezuela por más de una década para ejecutar la indemnización, que fue resultado de la confiscación de su inversión en la minería de oro en el país.

La confirmación del laudo en Portugal representa un avance clave en la larga batalla legal entre Gold Reserve y el régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, la ejecución efectiva del cobro dependerá de la evolución de los procesos judiciales y la capacidad de la empresa para sortear las maniobras legales de Venezuela para evitar el pago.

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