Entregar Monómeros a Maduro pondría a disposición de Caracas una infraestructura financiera que como casi todas las empresas controladas por la dictadura venezolana, han sido usadas para transacciones de corrupción y lavado de dinero procedente de toda clase de actividades ilegales.
Casto Ocando | Primer Informe
A mediados de 2005 un grupo de agentes de la DEA dirigía una operación secreta en el sur de Venezuela para investigar una ruta de abastecimiento de urea que procedía del complejo de refinación de Morón, bajo control de Pequiven, que estaba siendo entregada a intermediarios de las FARC para la fabricación de cocaína. Los agentes de la DEA descubrieron que al menos un coronel de la Guardia Nacional estaba implicado en el negocio, y cuando el entonces gobierno de Hugo Chávez se enteró que el coronel estaba a punto de ser arrestado, intervino rápidamente y tomó una decisión sin precedentes: expulsar a la DEA de Venezuela.
El coronel no era el único operador de alto nivel implicado: también estaba la plana mayor de la empresa Pequiven, que controlaba entonces todas las instalaciones petroquímicas de Venezuela dentro y fuera del país, y el gran negocio del contrabando de precursores como la urea.
Fue un momento clave en la decisión de Chávez de abrir su propio camino en el narcotráfico internacional, lo que le trajo serios problemas con Washington que aún continúan con el dictador Maduro.
Una de las instalaciones controladas por Pequiven es la actual firma Monómeros, fundada en Barranquilla en 1967 con participación de capital colombo-venezolano, y que Chávez comenzó a controlar en su totalidad a partir de 2006.
No existe hasta ahora evidencia de que Monómeros fue utilizada por Chávez o Maduro para actividades ilícitas como lavado de dinero procedente del crimen, como lo hicieron con numerosas subsudiarias de Pdvsa, desde Pequiven y Citgo pasando por Bariven y las sociedades creadas en más de una docena de países con el hiper-corrupto acuerdo de Petrocaribe.
Pero no hay tampoco completa certeza de que bajo el chavismo, durante una gestión que se caracterizó por la total ausencia de transparencia, Monómeros no fue usada para conducir negocios criminales.
En mayo de 2019 sobrevino un cambio importante para Monómeros. La empresa pasó a estar bajo control del gobierno interino de Juan Guaidó luego que el entonces gobierno de Iván Duque respaldara el cambio de junta directiva de la empresa.
Cinco meses antes, el 28 de enero, la entidad que controla Monómeros (Pequiven), había entrado dentro del radio de las sanciones establecidas por la OFAC contra la estatal petrolera venezolana Pdvsa.
Las sanciones, que aún se mantiene vigentes, prohiben la realización de negocios con Pdvsa o cualquiera de sus subsidiarias, no sólo por parte de personas o entidades norteamericanas o con conexiones legales o financieras con Estados Unidos, sino de empresas o personas que aún sin mantener una presencia en territorio estadounidense, cooperan o promueven negocios con entidades sancionadas por Washington, en este caso Pequiven, y por extensión, Monómeros.
No en balde Monómeros ha necesitado, desde 2019, de una licencia de la OFAC para poder operar no sólo en Colombia sino en el mercado internacional, principalmente para el acceso a vital financiamiento y materia prima.
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La licencia fue renovada recientemente (a fines de julio pasado), y se mantendrá vigente hasta mediados de 2023, sino se producen cambios antes. Sin esta licencia, Monómeros está simplemente condenada a la quiebra.
Esta es la empresa que Petro está tan empeñado en “devolver” a la dictadura de Maduro.
Existen múltiples razones para pensar que esta puede ser una de las peores decisiones del nuevo gobierno colombiano, que afectará las políticas y los intereses de Estados Unidos en la región.
La reciente aceptación por parte de la Cámara de Comercio de Barranquilla de una nueva directiva designada por el régimen de Nicolás Maduro, es una abierta violación a las sanciones de la OFAC, particularmente la Orden Ejecutiva 13884, que prohibe bajo amenaza de sanciones “a individuos y entidades” que “provean de cierto apoyo” para promover negocios con entidades sancionadas por Washington, como es el caso de Pdvsa y Pequiven.
Esto podría representar implicaciones legales para la Cámara de Comercio de Barranquilla, que actuó como principal vehículo para garantizar el control de Monómeros por parte de la dictadura de Maduro.
Todavía no se ha producido un pronunciamiento por parte del Departamento del Tesoro sobre si la licencia de la OFAC ha sido técnicamente violada, o si no será suspendida luego que el control de Monómeros fue puesto a manos de Pequiven, una entidad sancionada controlada por Maduro, que también está sancionado por Estados Unidos y es, adicionalmente, un fugitivo de la justicia norteamericana.
Pero ténicamente, es indudable que se ha producido una violación que no está amparada por la actual licencia de Monómeros.
La decisión de la Cámara de Comercio de Barranquilla, respaldada por el gobierno de Petro, podría abrir nuevos capítulos controversiales en la historia de Monómeros.
Esta decisión no sólo pondría en manos de una organización criminal como la que preside Nicolás Maduro, una empresa con mecanismos eficaces para producir precursores que pueden ser usados para la fabricación de cocaína, que según el Departamento de Justicia es la principal actividad criminal del régimen de Caracas.
También pondría a disposición de Caracas una infraestructura financiera que como casi todas las empresas controladas por la dictadura madurista, han sido usadas para transacciones de corrupción y lavado de dinero procedente de toda clase de actividades ilegales.
En 2011 un criminal convicto que estuvo detenido en la cárcel de La Picota en Bogotá, reveló que la entonces directiva de Pequiven, bajo control de ex militares chavistas, estaba participando de lleno en el suministro de toda clase de precursores, desde urea hasta ácido sulfúrico y gasolina, a grupos controlados por la narcoguerrilla para producir pasta de cocaína. El criminal, Walid Makled, transmitió toda la información a la DEA, incluyendo los nombres de la directiva de Pequiven con quienes él mismo se entendía.
En 2014, otra investigación en la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida reveló que operadores políticos vinculados a Maduro estaban usando instalaciones industriales de Pdvsa, incluyendo laboratorios de Pequiven en Carabobo y centros de refinación de crudo en Zulia y Falcón, para producir cocaína líquida y éxtasis.
Al mismo tiempo, estos operadores estaban usando cuentas y transacciones comerciales de Pdvsa y su brazo de adquisiciones, Bariven, entre otras, para lavar dinero procedente de la venta de cocaína en Estados Unidos. Una parte de este dinero fue lavado en casas de cambio en ciudades colombianas como Cali, Cúcuta y Barranquilla. Al menos un ex alcalde venezolano, Jhonnathan Marín, actualmente preso en Miami, participó en actividades de lavado y blanqueo de dineros procedentes del narcotráfico, en nombre del régimen de Nicolás Maduro, de acuerdo a las investigaciones.
Por si esto no fuese suficiente, Pequiven -la casa matriz de Monómeros- también ha desarrollado peligrosas y estrechas relaciones con diversas firmas armamentistas y militares de Irán, también sancionadas por Washington.
La firma Parchin, controlada por el Ministerio de la Defensa de Irán, ha venido desarrollado proyectos conjuntos con Pequiven desde al menos 2007, incluyendo una planta para la fabricación de explosivos para uso militar. Irán también controla campamentos con técnicos iraníes en las cercanías del complejo petroquímico de Morón, en el centro de Venezuela, controlado por Pequiven, para la investigación y desarrollo armamentista, según ingenieros que revelaron a agencias de inteligencia norteamericanas detalles de estas operaciones.
El nuevo embajador designado por Petro en Caracas, Armando Benedetti, ha sugerido que si Monómeros retorna a Maduro, podría obtener materia prima con notables descuentos, una abierta transgresión a las sanciones de la OFAC y un extraordinario riesgo para la seguridad alimentaria de Colombia, dado el historial de Pequiven y de la industria petrolera y petroquímica en general de Venezuela, de ser un proveedor inconsistente y poco confiable.
El gobierno de Petro ha circulado la idea de que Bogotá podría eventualmente adquirir Monómeros, pero no ha aclarado de dónde sacará los US$600 millones en que la firma está valorada, o si está planeando emitir un decreto de expropiación, muy al estilo de Hugo Chávez.
Mucho menos ha explicado de qué manera entregar Monómeros a Maduro va a ayudar a Colombia a lograr este fin.
Monómeros estuvo manejada entre mayo de 2019 y agosto de 2022 -tres años- por el llamado gobierno interino de Juan Guaidó, reconocido por Estados Unidos pero desconocido por Petro. El primer año estuvo lleno de tropiezos, sobre todo por las sanciones de la OFAC contra su casa matriz Pdvsa, que limitó el acceso a capital y materia prima. Sin embargo, en 2021 la empresa registró -según la revista Forbes– las mayores utilidades en cinco años, que totalizaron US$13.1 millones en gannacias netas.
Durante ese mismo período, la empresa de fertilizantes enfrentó una lucha intestina de origen politico, producto de las ambiciones de grupos de la oposición venezolana por lograr su control. Hubo denuncias de corrupción que nunca fueron probadas, y de una supuesta toma hostil que no llegó a materializarse. Ambas alegaciones se encuentran actualmente bajo el escrutinio de la Oficina del Inspector General de los departamentos de Estado y del Tesoro de Estados Unidos, luego que la propia empresa elaborara un detallado reporte de 300 páginas que fue enviado a Washington y al equipo de asesores del presidente Petro, según fuentes consultadas para este reporte.
El resultado de estas diligencias, que demuestran un mayor grado de transparencia en el manejo de la empresa en comparación con la era chavista, está por verse. Toda la premura con que Petro y Benedetti han actuado con respecto a Monómeros lleva a cualquier observador desprevenido a hacerse preguntas: ¿Cuál es la ganancia que están obteniendo de esta riesgosa operación? ¿Por qué poner en manos de un gobierno que rompió récords históricos de corrupción, que promueve el crimen organizado y que viola derechos humanos una empresa estratégica que controla el 40% del mercado de fertilizantes para la producción de alimentos, y sirve a unos 800.000 campesinos en Colombia?
Es la misma pregunta que muchos en Alemania se hicieron cuando el gobierno puso la seguridad energética del país en manos del dictador Vladimir Putin, una lección que ahora están aprendiendo a duras penas.
Otra pregunta es inevitable: ¿dónde está la voz del actual embajador de Washington para Venezuela, Jimmy Story? El diplomático, que actualmente enfrenta la disyuntiva de ser ratificado un año más en el cargo o de volar a otro destino (pronto se sabrá), se ha mantenido obstinadamente callado en la diatriba de Monómeros y Petro.
Quizá, sugieren fuentes familiarizadas con el caso, está esperando instrucciones de Washington. Pero dos recientes declaraciones de alto nivel apuntan a una ruta mucho más clara para la política de la Administración Biden hacia Venezuela: las advertencias del subsecretario Brian Nichols de que cualquier concesión a Maduro, incluyendo la suspensión de sanciones (¿y quizá la licencia de Monómeros?) puede ser revertida si no cumple con las exigencias de los gringos. Una advertencia que fue refrendada casi en simultáneo por Juan González, influyente asesor del poderoso Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para América Latina, y consentido de Biden.
Pero no hace falta esperar para saber lo que ocurrirá con Monómeros cuando Nicolás Maduro tome el timón de la empresa gracias a la bondad de Gustavo Petro. La empresa enfrenta un futuro sin transparencia, conflictivo, con altas posibilidades de corrupción en el manejo de los recursos, y con el gran riesgo de que su infraestructura financiera y tecnológica, pase al servicio de organizaciones criminales de Venezuela, Colombia y posiblemente otras latitudes.
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