Tras la extradición de Alex Saab de Cabo Verde a Estados Unidos, en Ecuador ha resurgido el caso de exportaciones ficticias realizadas por el colombiano de Ecuador a Venezuela mediante su empresa Fondo Global de Construcción.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador anunció recientemente el inicio de investigaciones relacionadas a negocios de Saab que involucrarían a miembros del Gobierno del entonces presidente Rafael Correa
El anuncio lo dio Fernando Villavicencio, el diputado que encabeza la Comisión, a través de su cuenta en Twitter. El hombre divulgó un extracto de los correos electrónicos que Córdoba dirigía a las autoridades del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), para gestionar supuestamente pagos que no habrían llegado a Alex Saab y Álvaro Pulido.
“La camarada de @MashiRafael Piedad Córdoba (embajadora de las FARC) en un e-mail reclamando al director del SEBIN, el pago atrasado de CADIVI por los millonarios negocios de #AlexSaab y #AlvaroPulido?”, escribió Villavicencio junto con la imagen de los correos y una foto que muestra Piedad Córdoba junto a Rafael Correa.
Pero la relación de Piedad Córdoba con el caso, la política que anunció que volvería al ruedo junto con el Pacto Histórico para las elecciones 2022 en Colombia, no es quizás como han planteado legisladores ecuatorianos.
No obstante, no existen evidencias de que Córdoba haya tenido que ver directamente con los negocios de Alex Saab en Ecuador. En las redes sociales algunos han opinado que este tipo de afirmaciones, solo enturbian y complican el caso, restándole credibilidad, haciéndole solo un favor al empresario barranquillero, al descalificar por completo las denuncias e investigaciones que se han hecho al respecto, pues al menos en el caso de Córdoba, no han existido hasta ahora elementos que evidencien la participación de la exsenadora en los negocios de Alex Saab en Ecuador.
Es así que algunos también han dicho en las redes sociales que pareciera que existen intereses en Ecuador en favorecer a Saab, creando falsas apreciaciones sobre su caso, pues por elementos que están fuera de lugar, se pudiera pensar también que el caso en su contra carece igualmente de suficientes evidencias que lo incriminen.
Aquí recordamos la historia de los negocios de Alex Saab en Ecuador.
El caso en Ecuador
La Fiscalía ecuatoriana hizo público en 2013 un caso de lavado de activos en el que varias empresas ficticias utilizaban el Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE) para sacar dinero de Venezuela hacia el Ecuador y luego a paraísos fiscales.
Galo Chiriboga, entonces fiscal general del Estado ecuatoriano, informó en una rueda de prensa que luego de varias investigaciones, se pudo comprobar la existencia de empresas “de fachada” que supuestamente realizaban actividades de comercio y producción, pero que en realidad eran operaciones simuladas.
“Las empresas usaban el sistema SUCRE para obtener dólares de Venezuela, utilizaban de puente al Ecuador y salían hacia paraísos fiscales” manifestó el funcionario. Agregó además que han habían detectado “un exorbitante balance entre los bienes exportados por las compañías ficticias y los dineros recibidos por el SUCRE desde Venezuela”.
El Ministerio Público halló varias irregularidades como la existencia de compañías constituidas entre el 2010 y 2012 y que simultáneamente a su creación realizaron operaciones multimillonarias.
También, que los recursos recibidos por las compañías ficticias por concepto de dineros compensados desde Venezuela, permanecían, en el mejor de los casos, 72 horas en Ecuador, para luego salir a paraísos fiscales.
Otra de las irregularidades que llamó la atención de Fiscalía es que en algunos casos detectaron socios, varios de ellos con nacionalidad extranjera, vinculados con delitos de narcotráfico.
Chiriboga señaló que al momento se trabajaba con la Fiscalía de Venezuela para desbaratar a estas organizaciones “que han perjudicado sobre todo el patrimonio económico venezolano”.
El fiscal se refirió al caso de la empresa Fondo Global de Construcción S.A., constituida en el 2012, perteneciente a Alex Nain Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, la cual había presentado información falsa o errónea respecto a su lugar de domicilio. Además, no se habían podido hasta el momento evidenciar operaciones de producción, a pesar de que la razón social es la de construcción de casas prefabricadas. También se logró detectar un desfase de USD 131’907.798 entre los dineros recibidos a través de la plataforma SUCRE y los rubros exportados.
Informó también que dentro del caso de la empresa mencionada, gracias a una orden judicial emitida por Nelson Cadena, juez de Garantías penales, fue posible la retención de más de 47 millones que estaban en una cuenta privada en Ecuador.
El SUCRE es una unidad de comercialización entre Venezuela, Cuba, Antigua y Barbuda, Bolivia, Dominicana, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Ecuador y Uruguay, que pretende reemplazar al dólar estadounidense.
Como una moneda virtual es utilizada en las diferentes transacciones comerciales de los países miembros a través del Banco del ALBA, los estados participantes colocan sumas de capital en dicho banco, creando un Fondo de Compensación y otros mecanismos regulatorios, para limar las asimetrías financieras.
El entonces gerente del Banco Central, Mateo Villalba, explicó que ni los bancos Centrales de Ecuador y Venezuela son los encargados de revisar las transacciones económicas, sino que esa responsabilidad es de las entidades financieras en las cuales las compañías o las personas tienen sus cuentas. “Ecuador tiene una política de cero tolerancia a actividades inusuales o a cualquier indicio de mal utilización del sistema SUCRE” sentenció Villalva.
Exportaciones ficticias
Empresas que registraron exportaciones ficticias y sobrefacturadas de Ecuador a Venezuela se multiplicaron como golondrinas en verano. Aunque los antecedentes de sus operaciones se remontan al 2008, cuando el sector textilero hizo las primeras denuncias. Venezolanos, colombianos y ecuatorianos idearon un esquema para transferir (a Ecuador) cientos de millones de dólares de Venezuela, que la Fiscalía y la Unidad de Lavado de Activos de la Policía presumen como lavado de activos.
La arquitectura era la siguiente: consorcios jurídicos crean o venden empresas de papel para exportar todo tipo de productos utilizando prestanombres. Las firmas son instrumentales, operan pocas semanas o meses, luego se extinguen. Cambian de dirección y razón social y vuelven a funcionar para hacer exportaciones puntuales y así evitar el control de las autoridades. Buena parte de los productos no existe en el mercado o se exportan ítems sobrefacturados. Un 90% de los dólares que ingresa al sistema financiero vuelve a salir hacia otros países, como EE.UU., Panamá y Hong Kong.
Desde julio del 2010, las exportaciones a Venezuela subieron como la espuma, con la puesta en marcha del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre). Este mecanismo funciona entre países de la Alba (Ecuador, Venezuela, Bolivia, Cuba y Nicaragua), para impulsar comercio recíproco.
Mientras el 2010 se recibieron USD 7 millones por este concepto, en el 2012 subió a USD 910 millones. Se multiplicó 120 veces.
En 2013 el fiscal ecuatoriano Galo Chiriboga informó que la empresa Fondo Global Construcciones (Foglocons) movió, a través de este mecanismo, USD 135 millones desde Venezuela. La compañía registra un domicilio erróneo o falso, tampoco tiene operaciones de producción. La Fiscalía abrió una indagación por presunto lavado y se retuvieron USD 47 millones.
La Unidad de Lavado de la Policía sigue la pista de unas 150 empresas que exportan a Venezuela. En su mayoría era de fachada y venden productos inexistentes, sin proveedores visibles. Eran firmas intermitentes, creadas por consorcios que las venden a granel.
Para evitar distorsiones y frenar la evasión tributaria, se integró un comité interinstitucional, encabezado por la Fiscalía, luego de que el 23 de marzo del 2012 se conocieron los movimientos inusuales de firmas exportadoras ecuatorianas a Venezuela en la reunión del Consejo Monetario Regional del Sucre, en Caracas.
Entre el 2011 y 2012 se revirtieron 108 operaciones tramitadas por el Sucre, de las cuales 101 correspondieron a Ecuador y siete a Bolivia. En los dos casos Venezuela actuó como importador.
El gerente subrogrante del Banco Central del Ecuador, Hugo Villacrés, informó que estas reversiones se debían al control de licitud de fondos y debida diligencia desde el sistema financiero privado y añadió que las operaciones devueltas llegaban en 2013 a 300 por unos USD 100 millones.
Uno de los organismos que más ha investigado estos casos es el Servicio de Rentas Internas (SRI). La entidad confirmó que identificó 200 empresas con riesgo de sobrefacturaciones y envíos ficticios.
Las autoridades coincidieron en que la facilidad para crear firmas es una debilidad. La Superintendencia de Compañías (SC) informó que solo podía inspeccionar de oficio a las compañías sujetas al control, ante una denuncia.
El Servicio Nacional de Aduanas (Senae) también detectó estas irregularidades. De hecho, según confirmó el fiscal Galo Chiriboga, fueron retenidos contenedores que esperbana su exportación a Venezuela. El 12 de junio pasado el Senae expidió una resolución que establece más requisitos para los exportadores. «Se busca garantizar el flujo de comercio creando un control adicional para frenar las operaciones con sobreprecio e inusuales a Venezuela. Se presentaron 29 noticias criminis en relación a este tema ante la Fiscalía. El control y las investigaciones son permanentes», explicó el organismo.
En 2012, 375 compañías exportaron a la nación llanera, según el Banco Central ecuatoriano. El abanico de productos que se comercializaron incluye: atún, vehículos, leche, cebollas y chalotes, máquinas para ordeño, textiles, cortadoras de césped, palitos y cucharitas. Y químicos como ácido cítrico, dióxido de titanio, citrato de sodio, óxido de zinc, sulfito de sodio, boro o telurio.
Desde 2011 había una reducción de la venta de productos tradicionales y un incremento de exportaciones de químicos.
Con base en listados oficiales del Senae, un equipo periodístico hizo un muestreo e investigó a 13 empresas en Quito; 24 en Guayaquil y 8 en Manta. En todos estos casos hay evidencias de que las firmas presuntamente son ficticias o se hicieron humo, luego de concretar una o dos exportaciones.
Dazmedical se constituyó en febrero 2012, en la calle Cuero y Caicedo OE1-45 y av. 10 de Agosto, al norte de Quito, para dar servicios de comunicación e información, pero realizó una exportación de nueve productos químicos por USD 2,2 millones, según los registros del Senae. Entre ellos, hialuronato de sodio (solución esteril) y policosanol (sustancia química), que generalmente se importan.
Los empresarios Álvaro Pulido y Alex Saab, representantes de la compañía de capital colombiano Fondo Global de Construcción, investigada por la fiscalía de Ecuador por realizar operaciones de lavado de activos con divisas, consistentes en la realización de exportaciones ficticias de materiales de construcción a Venezuela, han sido contratistas desarrolladores de obras de viviendas en el estado Vargas y obras civiles en algunos centros penitenciarios venezolanos. De acuerdo a los señalamientos, los trabajos ya concretados son escasos para el grueso de las obras asignadas.
Los empresarios habrían construido una planta para fabricación de paneles de viviendas, gracias a una asociación mixta con instituciones públicas venezolanas, que les habrían permitido tener acceso a divisas sin acudir a Cadivi. Álvaro Pulido (apodado “Cuchi”) sufrió en 2012 el congelamiento de cuentas en las entidades financieras Banco Pichincha y Credicorp en Ecuador. Ambos empresarios habrían realizado exportaciones de Ecuador a Venezuela por medio de cartas de crédito de CADIVI.
El fiscal ecuatoriano Galo Chiriboga informó en 2013 sobre varios los casos de compañías involucradas en «operaciones inusuales» y puso como ejemplo una acción fiscal, por «lavado» de activos, que logró bloquear una transferencia por $47 millones que pretendía efectuarse a través de giros bancarios mediante el sistema Sucre .
La compañía imputada era Fondo Global de Construcción S.A., dedicada a la construcción de viviendas con materiales prefabricados, por haber registrado datos erróneos o falsos sobre su domicilio y que tampoco tenía operaciones de producción.
Dicha compañía, constituida en 2012, registró giros con Venezuela por $135 millones, aunque apenas mantenía pago a proveedores por $200 mil y operaciones de comercio por $3 millones.
Chiriboga dijo que, al parecer, este tipo de compañías también depositaban en paraísos fiscales parte del dinero obtenido en sus operaciones irregulares.
Los materiales no llegaban a Venezuela
Funcionarios del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat y del Órgano Superior de la Vivienda realizaron visita social, casa por casa en la comunidad Las Vegas II, del Municipio Los Guayos, estado Carabobo, en Venezuela con la finalidad de realizar un abordaje general para ver las condiciones actuales de cada vivienda y cada familia existente en la comunidad, donde las familias habitantes que organizadamente lograron uno de los urbanismos mas grandes del país, dieron a conocer las problemáticas que afectaban su comunidad, como lo eran:
- Legalización de la tenencia de la tierra
- Catastro de las vivienda
- Acondicionamiento de los servicios públicos
- Que el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat y Órgano Superior de la Vivienda investigara qué sucedía con la Empresa Fondo Global de Construcción y la falla en el suministro de material en el urbanismo como (andamios, maquinas proyectadoras, acero, alambre y otros) si el Convenio comprendía compras en el extranjero para que no falte nada. Donde no se estaban cumpliendo las metas pautadas por el Gobierno Nacional.
Que la Empresa Fondo Global de Construcción, los contratistas y el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat cumplieran con la Responsabilidad Social con nuestra comunidad que la tenían aislada con respecto a ese tema.
El caso no prosperó en Ecuador
En 2015 el fiscal general de Ecuador dijo sentirse consternado por la decisión de la Sala Especializada de lo Penal que declaró la nulidad del proceso iniciado en contra de la compañía Fondo Global de Construcciones, Foglocons, por un presunto lavado de activos. Según la Fiscalía, la empresa habría recibido 135 millones de dólares que luego de pocas horas, salían del país hacia paraísos fiscales.
La Fiscalía apeló la decisión de la jueza de primera Instancia que declaró nulo el proceso. El caso pasó a conocimiento de la Sala Especializada de lo Penal donde la defensa expuso que la documentación, las facturas que obtuvo la Fiscalía no podían ser usadas como prueba dentro de este caso.
“Nosotros a esos documentos no les damos ningún valor de ningún tipo, ni a favor ni en contra, simplemente están mal incorporados al proceso, no puede hacerse uso de esos documentos por eso solicitamos la nulidad y devolución de los documentos”, señaló el abogado defensor de Foglocons, Jorge Zavala.
A esta audiencia acudió el fiscal general de la nación, Galo Chiriboga. La Fiscalía argumentó que el sustento de la investigación no radicó en los documentos que se incautaron durante los allanamientos, sino en información que les fue remitida por el Servicio de Rentas Internas, la Superintendencia de Compañías y el Servicio Nacional de Aduanas.
La compañía Fondo Global de Construcciones exportaba a Venezuela con aplicación del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre). Entre noviembre del 2012 y marzo del 2013, la compañía facturó 3 millones de dólares, sin embargo, recibió 135 millones como pago.
Según el fiscal Chiriboga, se trató de un caso de lavado de activos: “Operaciones que consistían básicamente en enviar kits de casas, por esas operaciones se facturaban cantidades inmensas de dinero a Venezuela, se obtenía el traslado de ese dinero a Ecuador y de Ecuador permanecían 48 o 72 horas y salía ese dinero a paraísos fiscales».
La sala resolvió ratificar la nulidad del proceso. Chiriboga dijo que la Fiscalía se sentía consternada por la decisión de los jueces.
El consorcio Fondo Global de Construcción, que sacó de la economía venezolana $ 159,8 millones a través de su filial en Ecuador, tiene un dueño: el fondo de inversión Universal Venture Capital, con sede en Bahamas. Su vicepresidente de Finanzas, Luis Sánchez Yánez, indicó esto en una entrevista con la web Armando.info en Caracas. Y añadió: “No somos una empresa de maletín ni fantasma, somos una empresa real”.
El sitio web venezolano, EL UNIVERSO y El Nuevo Herald (Miami) publicaron una investigación conjunta en la que se describieron las operaciones de Fondo Global en Ecuador y Venezuela, a través del sistema Sucre.
Después de varias semanas, Sánchez Yánez confirmó que la empresa Elm Import firmó convenios con el Ministerio de Vivienda venezolano para construir 8.400 casas de la Gran Misión Vivienda, por $ 654 millones.
No obstante, según Sánchez, ambas contratistas no son constructoras, sino que importaban materiales para que Fondo Global de Venezuela ejecutara las obras.
Con base a los convenios, Elm Import obtuvo permisos gubernamentales para importar material por $ 409 millones, con dólares a la tasa oficial, muy por debajo a la del mercado. Elm Import compró los materiales a la misma Fondo Global, que abrió una compañía en Guayaquil y montó una planta de paneles para viviendas prefabricadas.
La venezolana pagó anticipadamente $ 159,8 millones, pero Fondo Global Ecuador mandó material por $ 3,1 millones. Según Sánchez, los envíos no se realizaron porque la empresa fue intervenida por la Fiscalía del Ecuador, que inició indagaciones por posible blanqueo en exportaciones a Venezuela, a partir del cierre del Banco Territorial en marzo del 2013.
Las obras dadas a Elm Import no se hicieron porque, según Sánchez, hubo problemas legales con los terrenos. Las empresas no recibieron pagos del gobierno venezolano, aclaró el directivo.
Él es hermano de Jaime Sánchez Yánez, que brindaba seguridad al presidente Rafael Correa y luego trabajó para el Ministerio del Interior. Al respecto señaló: “Él (Jaime) no es guardaespaldas de Correa. Mis padres son, mi papá es ecuatoriano y mi hermano trabaja en la Presidencia, bueno trabajó, trabajó con el presidente Correa, pero mi hermano es venezolano. Pero mis raíces son ecuatorianas. Mi papá es ecuatoriano, mi abuelo es un ecuatoriano, que es fundador de Guayana, además es hijo ilustre de la ciudad de Puerto Ordaz”.
Red de empresas
El colombiano Álex Saab Morán creó una red de empresas que utilizó la moneda bolivariana para falsas exportaciones.
En Estados Unidos, Saab es investigado por lavado de activos junto con su socio, Álvaro Pulido.
La orden extradición de Saab el sábado de 16 de octubre de 2021 de Cabo Verde a Estados Unidos se dio después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusara, en julio de 2019, a ambos empresarios colombianos de lavado de activos, por una trama que comienza en Ecuador y que incluye una red de empresas.
La acusación señala a Saab y a Pulido de haber usado cuentas bancarias estadounidenses para blanquear capitales ilícitos obtenidos con la conversión de dinero a través del SUCRE y falsas exportaciones.
Saab y nació en la ciudad colombiana de Barranquilla. Está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited, acusada de suministrar con sobreprecios al régimen venezolano alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó el 25 de julio de 2019 a Álex Saab y Álvaro Pulido de lavado de activos. Según la acusación, realizaron transferencias por aproximadamente USD 350 millones desde cuentas bancarias a su nombre en Venezuela hacia cuentas en Estados Unidos, y de allí transfirieron el dinero a cuentas en paraísos fiscales.
De acuerdo con la narración de los hechos en la acusación del fiscal de Florida, en noviembre de 2011, Saab y Pulido obtuvieron un contrato con el Gobierno de Venezuela para construir viviendas para personas de bajos recursos, en la llamada Gran Misión Vivienda.
Entre 2011 y 2015, habrían trabajado con tres cómplices en Estados Unidos para enriquecerse ilegalmente y pagar sobornos a funcionarios venezolanos que les permitieran dar apariencia legal a sus movimientos de dinero.
La investigación en Estados Unidos apunta a que Saab y Pulido se habrían beneficiado de la tasa de cambio controlada por el gobierno de Venezuela, pues a través de ésta podían obtener dólares estadounidenses a un cambio favorable.
La acusación señala que Saab y Morán sobornaron a trabajadores de las Aduanas de Venezuela, de la Guardia Nacional y de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). El Cadivi era el ente encargado de administrar las tasas de cambio en Venezuela hasta 2014, cuando desapareció.
Después de reuniones realizadas en Miami, los empresarios usaron facturas falsas por concepto de material de construcción que nunca fue exportado a Venezuela.
Foglocons
El contrato para la construcción de las viviendas en Venezuela nació de Ecuador. Las exportaciones fueron realizadas por la empresa ecuatoriana Fondo Global de Construcción (Foglocons), con sede en la provincia de Guayas y de la que Pulido era accionista.
Foglocons también tiene una sede en Colombia, con Pulido y Saab de accionistas.
En 2013, el entonces fiscal general Galo Chiriboga anunció que esta empresa habría usado el sistema SUCRE para lavar dinero a través de falsas exportaciones. Según la Fiscalía, Foglocons reportó exportaciones por USD 3 millones, pero recibió pagos por USD 159,9 millones.
Como lo reveló PRIMICIAS, la Fiscalía determinó un sobreprecio en las exportaciones. El valor de los paneles modulares para construir las casas prefabricadas declarado por Foglocons era de USD 170, cuando la empresa proveedora los comercializaba a USD 19,95.
En el allanamiento de la sede de la empresa se encontraron bloques de facturas duplicadas, con numeración alterada, y originales en blanco que habían sido ya presentados llenos ante la Aduana.
La Fiscalía también encontró copias de autorizaciones de pago del Cadivi que tenían como base declaraciones aduaneras de exportación que habían sido rechazadas en Ecuador y facturas duplicadas o falsificadas.
Según la acusación en Estados Unidos, con sobornos, Saab y Pulido se aseguraron de que los funcionarios de la Aduana y de la Guardia Nacional tomaran fotos de un cargamento en diferentes locaciones para crear la falsa impresión de que eran múltiples embarques de material.
De esta manera, y con facturas adulteradas, duplicadas o falsificadas, lograron que el Cadivi hiciera múltiples pagos por importaciones que nunca existieron.
La Fiscalía en Ecuador encontró una red de empresas relacionadas a Foglocons que trabajaron juntas, movieron dinero entre ellas, y usaron el mismo esquema para lavar dinero a través del SUCRE.
Se reveló que entre estas empresas está una inmobiliaria, Inconeg, cuya accionista principal, Micaela Lehrer, aportó con USD 50.000 para la campaña electoral del binomio presidencial del partido ecuatoriano Alianza PAIS en 2013, integrado por Rafael Correa y Jorge Glas.
Entre las exportaciones de estas empresas se encontraban productos químicos y cables sobrepreciados.
Justicia de Ecuador investiga
La Fiscalía de Ecuador informó en 2015 que investigaba el presunto blanqueo de $135 millones en “exportaciones irregulares” a Venezuela, a través de un sistema alternativo de pagos que implementaron ambos países en 2010.
“La Fiscalía ha comenzado a investigar hechos de exportaciones irregulares a Venezuela. Hemos iniciado varias indagaciones, unas ya están en instrucción”, señaló el entonces fiscal general Galo Chiriboga.
Galo Chiriboga
El fiscal dijo que esos recursos llegaron al país y fueron enviados a Estados Unidos, Venezuela y a “paraísos fiscales” en varias transacciones.
“Esos $135 millones llegaron y estuvieron en el país menos de 72 horas, y fueron reexportados a países como Estados Unidos, Venezuela”, dijo Chiriboga al canal público de televisión EcuadorTV.
El funcionario no precisó las fechas de las operaciones.
Las autoridades de Ecuador presumían que en estos movimientos comerciales hubo una “grave violación” a la ley de lavado de activos, según el fiscal.
Chiriboga agregó que las presuntas operaciones de blanqueo se efectuaron en Ecuador a través del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre), una moneda virtual que adoptaron en 2009 países del bloque Alba en sustitución del dólar.
Además de Ecuador y Venezuela, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) estaba conformada por Bolivia, Cuba, Dominica, Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Venezuela.
El fiscal general indicó que las empresas involucradas recibieron más de $130 millones en supuestas exportaciones de materiales a Venezuela, pero que solo pudieron justificar tres millones en costos.
La justicia de Ecuador ya impartió condenas por el blanqueo de dinero mediante exportaciones irregulares a territorio venezolano.
Una investigación realizada por el diario El Universo de Ecuador, en conjunto con el Nuevo Herald y el portal Armando Info, detalló que “varias empresas fantasmas registradas en Miami y Weston recibieron millonarias transferencias de otras compañías pertenecientes a personas que actualmente son investigadas en Ecuador por lavado de activos tras montar exportaciones fraudulentas desde ese país hacia Venezuela”.
La ruta de la estafa y las exportaciones ficticias
El negocio de Álex Saab perfeccionó en 2011 la adquisición de materiales de construcción desde Ecuador y Colombia, utilizando el sistema de compensación Sucre.
El negocio de Saab y Pulido creció rápidamente entre 2011 y 2013. Las cifras de exportaciones de Ecuador a Venezuela presentaban números jamás imaginados. Pero, las viviendas en el país llanero no aparecían. En realidad, se trataba de un mecanismo ficticio de exportaciones que hacía parte de un sistema regional de lavado.
En noviembre de 2011, Hugo Chávez y Juan Manuel Santos, suscribieron un convenio para la construcción de viviendas populares en Venezuela. Justamente Fonglocons sería la encargada de proveer los materiales.
Aunque los gobiernos de los dos países hicieron lo imposible por ocultar el escándalo, la verdad empezó a revelarse.
Informes oficiales hablan de una cifra que bordea los $ 2000 millones por exportaciones ficticias y subvaloradas, realizadas entre Ecuador y Venezuela, sin embargo, la justicia abrió expedientes por apenas $ 156 millones, que fueron archivados y sus responsables sobreseídos, en procesos en los que, se cuestionó la actuación del Fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, pariente de Rafael Correa.
Entre los años 2013 y 2014, luego de varias denuncias públicas, la fiscalía ecuatoriana se vio obligada a abrir investigaciones penales en contra de Foglocons. En los procesos fueron vinculados Luis Zúñiga Burneo, Álvaro Pulido Vargas, Amir Nassar Tayupe y Luis Sánchez Yánez.
Dentro del proceso judicial se ejecutó la incautación de $60 millones de Foglocons, de ese monto $56.3 millones estaban depositados en los bancos Amazonas y Austro. A raíz de la incautación se conoció que el abogado de Rafael Correa, Caupolicán Ochoa, intentó presionar al banco Amazonas para la liberación de los recursos, algo que escapaba del control de la entidad bancaria.
La jueza María Jaramillo Hidalgo en 2016, tras una larga disputa, ordenó el desbloqueo y la entrega de esos recursos, a través de empresas offshore, del presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor Centeno y de Víctor Silva Sosa.
Como apoderado judicial de Foglocons y Álvaro Pulido Vargas, actuó Jorge Zavala Egas, quien recibió honorarios por $3.8 millones, de los propios recursos liberados.
La felicidad de Pulido y Saab, alcanzada por la impunidad judicial en Ecuador, les duraría poco. En 2019, ambos eran investigados por la DEA, mientras la fiscalía de Florida-EEUU los acusaba de lavado en las operaciones de Fondo Global de Construcciones.
Algo que la justicia ecuatoriana nunca consideró fue que el verdadero nombre de (Álvaro Pulido Vargas), era Germán Enrique Rubio Salas, líder del denominado cartel de Bogotá, que en 1999 había coordinado el envío de cocaína a Europa. Fue justamente a Álvaro Pulido Vargas, a quien la justicia de Ecuador sobreseyó y devolvió los $60 millones requeridos por él y su amigo Álex Saab.
De igual forma, la justicia de Ecuador no investigó los posibles vínculos de Luis Sánchez Yánez con el narcotráfico, pese a que la misma fiscalía reportó ese antecedente.
Además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha dicho que Saab Morán dirige una red de corrupción que “ha permitido al expresidente Nicolás Maduro y a su régimen beneficiarse significativamente de la importación y distribución de alimentos en Venezuela”. “Se ha beneficiado personalmente de contratos sobrevalorados, incluido el programa de subsidios alimentarios”.
Para obtener contratos, mover sus negocios, desviar, ocultar y lavar el dinero obtenido de la corrupción Saab creó una compleja estructura global de empresas fantasmas que fueron fachadas para dificultar el rastro de sus actividades. Entre 2017 y 2018, Saab logró contratos por $1.500 millones para entregar a Venezuela alimentos, juguetes y medicinas.
Por las manos de Saab y Pulido pasaron desde el manejo de divisas preferenciales, obras públicas, negocios petroleros, importación de gasolina iraní hasta el comercio del oro y carbón venezolano. Su fortuna, que no se conoce a cuánto asciende, está repartida en millonarias cuentas bancarias y lujosos bienes alrededor del mundo. La justicia de USA ordenó la incautación de $700 millones en cuentas de Saab en el paraíso fiscal de Liechtenstein.
En Italia y Reino Unido Álex Saab y su esposa, la modelo italiana Camilla Fabri, son investigados por lavado de activos. En Suiza y Bulgaria sus cuentas también están en la mira por tener dinero de origen ilícito.
Según informaron fuentes venezolanas, a finales de agosto de 2019, el expresidente Rafael Correa, habría aprovechado una visita realizada a Venezuela para reunirse con Alex Saab y altas autoridades del gobierno chavista. La visita de Correa fue aprovechada también para grabar una entrevista con Nicolás Maduro para la cadena Rusia Today.
Tal y como está planteada la denuncia criminal contra los llamados testaferros de Maduro en una corte federal de Miami, lo que ocurrió en Ecuador con el Fondo Global de Construcción podría ser el eje central de un eventual juicio a los empresarios ecuatorianos, esta vez en Estados Unidos.
Eso significa que sería altamente probable que en la corte salgan a relucir acciones, omisiones y favores en efectivo alrededor del fallido proceso penal de la justicia ecuatoriana contra uno de los empresarios y sus socios por lavado de activos.
La clave está en el punto tres de la acusación de Estados Unidos contra Alex Saab y Alvaro Pulido, los empresarios colombianos que actuaron durante años como operadores del régimen venezolano con presuntos cómplices en Ecuador, México, Perú y Chile.
Como se ha dicho, Saab y Pulido están acusados de hacer transacciones financieras con dinero producto de la corrupción. Los fiscales de EEUU aseguran que desde marzo de 2012 hasta final de 2014 los empresarios hicieron transferencias por más de 350 millones de dólares desde bancos de su propiedad o controlados por ellos en Venezuela a bancos corresponsales en Estados Unidos e instituciones financieras en otros países.
El punto tres explica el propósito de la confabulación de los acusados que era enriquecerse ilícitamente a través del pago de sobornos a funcionarios venezolanos para obtener beneficios, “incluyendo la aprobación de documento falsos y fraudulentos relacionados con la importación de bienes y materiales de construcción’’. Y a eso se suma el acceso al sistema de cambio de Venezuela (Cadivi) para “asegurarse que los pagos fueran hechos en dólares’’ basándose, de nuevo en facturas falsas.
Aunque Ecuador no se menciona en el documento acusatorio, se sabe que las supuestas importaciones citadas por el punto tres tuvieron como origen envíos de ese país a Venezuela de implementos para la construcción de vivienda popular , la mayoría ficticios.
Hay un capítulo también ecuatoriano que no figura en la acusación pero que podría llamar la atención a los fiscales del caso en Miami: el destino de los dineros del Fondo Global de Construcción que fueron descongelados en febrero de 2016 por órdenes de la jueza de garantías penales de Guayas, María Jaramillo Hidalgo.
Se sabe que una buena parte de los 56.3 millones liberados llegaron a Miami ¿La pregunta es si a los ojos de la justicia de Estados Unidos ese dinero fue producto de transacciones ilícitas, deben responder quienes lo recibieron en este país?
La defensa formal para los intermediarios del rescate de los fondos descongelados es que el fallo de la juez Jaramillo dejó libre de culpa esos dineros. En una polémica decisión la jueza Jaramillo argumentó que la fiscalía ecuatoriana no había demostrado el origen ilícito de los dineros, condición para hablar de lavado de activos y que en cambio existía una certificación del Banco Central de Venezuela de que se trataba de fondos oficiales enviados como adelanto para la compra del material. De acuerdo con el fiscal que manejó el caso en Ecuador, la decisión fue apresurada por cuanto la juez debería haber llevado el tema a juicio para definir en presencia de los acusados y con testigos, si existieron operaciones ilícitas previas al envío de semejante fortuna a Ecuador.
La lista de invitados a sacar del Ecuador los fondos descongelados es larga, pero hay un personaje muy emblemático de la operación por lo que se mueve entre Ecuador y Estados Unidos. Se trata de Miguel Angel Loor Centeno, el presidente de la Liga Profesional que dirige las divisiones superiores del fútbol de Ecuador. Es además abogado de la universidad de Especialidades Espíritu Santo. Loor aparece relacionado con el exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, (preso por corrupción) en un informe del organismo de inteligencia gubernamental CIES.
Loor figura asociado a empresas escogidas por Víctor Silva Sosa, representante de Fondo Global, para que reciban transferencias millonarias de los depósitos que habían sido descongelados en Ecuador. Una de esas empresas es Prymera Asesores SA de Panamá de la cual Loor es director. Silva ordenó que se le entregara a esta firma 24 millones de dólares. La primera fue incorporada en julio de 2016 poco antes de que empezara la feria de las transferencias.
En otra carta de instrucciones de Silva del 29 de agosto de 2016, Loor aparece como el destinatario de $ 2.58 millones. De acuerdo con las instrucciones la transferencia de los $ 2.5 millones debía hacerse a la cuenta corriente de Loor en el Biscayne Bank de Miami. (cuenta que empieza con el número 811007). En ese punto se pierde el rastro del dinero.
Una de las rutas menos conocidas de esta trama es la protagonizada por Electrocables C.A. y sus accionistas Jorge y Nassib Neme Antón, este último dirigente del Club Sport Emelec y amigo cercano del expresidente Rafael Correa.
La relación de Nassib Neme con la empresa de Álex Saab y Álvaro Pulido se basa en dos contratos suscritos en febrero y mayo de 2013, entre los representantes de Electrocables y Foglocons. En el marco de esa operación, se realizaron pagos a favor de Luis Eduardo Sánchez Yánez (socio de Foglocons-Ecuador), desde la cuenta bancaria de la empresa de Neme.
Luis Sánchez Yánez, es hermano del asesor de seguridad de Rafael Correa, Jaime Sánchez Yánez (el Chamo), persona de confianza de Hugo Chávez.
Tan cercana era la relación que Correa nombró a Abisaab Neme Kalaban, primo de Nasib, como embajador en Qatar.
Neme había negociado cerca de $95 millones con Fondo Global para la venta de material eléctrico a través de dos contratos suscritos en febrero y mayo de 2013, por $25 millones y $69.5 millones respectivamente. La venta de este material no estaba en el radar de la Fiscalía General del Estado y por tanto no era parte de las investigaciones por lavado de dinero que impulsaba esa entidad. Los contratos aparecen firmados por Jorge Neme Antón de Electrocables y Luis Zúñiga Burneo por Fonglocons. Saab personalmente hacía seguimiento a estos contratos.
Pero las alarmas sonaron el 15 de septiembre de 2016 cuando Guadalupe Neme Antón de Concha y Jacqueline Neme Antón de Pernigotti solicitaron sendos informes sobre la situación financiera de Electrocables de los años 2011 a 2014, debido a ciertos abusos que el accionista mayoritario realizó.
La Superintendencia de Compañías, se vio obligada abrir un expediente (No.09691) y ordenar un peritaje contable que al final evidenció los negocios con Fondo Global.
En un extracto de esos informes se dijo: “Dejo constancia que la existencia de inconsistencias y anomalías relacionadas con las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar con transacciones comerciales realizadas antes de la fecha de la firma del contrato por valores significativos, como la contabilización afectando cuentas contables de manera incorrecta por aproximadamente USD 9 millones de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con Fondo Global de Construcciones S.A., así como diferencias con los valores declarados en el formulario 101, se comprueban también en el peritaje 2011, 2012 y 2013, lo que revela que las labores de control de la Superintendencia, que se ha negado intervenir la compañía no están sirviendo en el propósito previsto en la ley”.
Las conclusiones del peritaje contable se incluyeron en la investigación fiscal que se inició en noviembre de 2013 y se sumó un informe de la Unidad de Análisis Financiero.
La Dirección Nacional de Prevención y Lavado de Activos determinó que el 25 de enero de 2013 Electrocables y Fondo Global firmaron un contrato por $25 millones. Electrocables, entre el 1 y 26 de febrero, recibió cheques del Banco Territorial ($9,9 millones), Pacífico ($8 millones) y Pichincha ($5,8 millones), es decir 23,7 millones.
Pero de ese monto Electrocables solo facturó $13,1 millones (incluido el IVA) a favor de Fondo Global, es decir quedó un remanente por $9,1 millones pendiente de entrega y que nunca se conoció el destino final de ese material pagado por adelantado.
Los contratos entre las dos empresas, dice la Superintendencia de Compañías, debieron cancelarse contra entrega recepción de los productos, pero la realidad es que se pagó por adelantado. La muestra son los cheques entregados en febrero frente a las 18 facturas que se emitieron entre el 1 de febrero y el 6 de junio de 2013.
Según informes fiscales, todas esas facturas se emitieron a nombre de Red de Abastos Bicentenario, la red que hasta el momento Nicolás Maduro usa en Venezuela.
En el juicio por lavado de activos que la Fiscalía impulsó en 2015 contra Gabriel Andrés Peñaherrera Romero, Alvaro Pulido, Enrique Nassar Tayupe, Luis Zúñiga Burneo y Eduardo Sánchez Yánez se señaló que Electrocables en el primer semestre del 2013, contaba con comprobantes de ventas por $ 46,9 cancelados a Fondo Global.
Se reconoció además la entrega de $ 23,7 en cheques. Se dijo que en 2013 fue el cliente más importante de Fondo Global de Construcción S. A. Ni la Superintendencia de Compañías y ni la Fiscalía investigaron a Neme y mucho menos la relación de Neme con Saab y Pulido.
Desde julio de 2013 en que se inició la investigación con el allanamiento de las oficinas de Fondo Global, cinco fiscales conocieron el caso y ninguno pudo concretar la formulación de cargos contra Neme Antón pero desde esa fecha pasaron cinco fiscales y ninguno de ellos pudo formular cargos contra los Neme Antón. El caso se cerró en junio de 2016 con el sobreseimiento de todos los implicados.
Una las estrategias de Hugo Chávez y Rafael Correa, en el marco de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), era la de crear una moneda virtual que reemplace al dólar en las operaciones comerciales y financieras entre los países de la subregión. La idea de los dos mandatarios encontró claridad en septiembre de 2008, durante la tercera cumbre del ALBA, evento en el que se firmó un Acuerdo Marco para la creación del sistema de compensación Sucre.
Según el mecanismo de compensación Sucre, el banco pagador de Venezuela entregaba bolívares al Banco Central de Venezuela, con una orden de pago, que vía Banco Central del Ecuador, recibía la acreditación en «Sucres» -cotización a la par en dólares, liquidables en la compensación, en dólares- nominando un banco destinatario en Ecuador, que debía notificar al destinatario final -el exportador- la acreditación. El total de transacciones en «Sucres» fueron miles de millones de dólares, intermediando casi todo el sistema financiero ecuatoriano.
Aunque el sistema de compensación tardó algún tiempo en perfeccionarse, los gobiernos de Venezuela y Ecuador ensayaron previamente otros mecanismos. Uno de ellos se pactó el 26 de agosto del 2009 en Quito. Con la firma de documentos y varios apretones de manos se creó Empreven Ecuador, plataforma de intercambio comercial apoyada por Correa y Chávez. Entre los invitados al nacimiento estaban: Alejandro Uzcátegui, presidente de Empreven Venezuela; Gabriela Uzcátegui, delegada por PDVSA; y Luis Zúñiga Burneo, representante de los empresarios ecuatorianos, quien tres años después aparecerá como representante de la empresa de Álex Saab y Álvaro Pulido.
En diciembre del 2009, Alejandro Uzcátegui, fue señalado por el cierre y posterior intervención del Banco Real, entidad financiera venezolana, sospechosa de estar inmersa en actividades irregulares, lo que mereció una difusión roja de Interpol.
Gabriela Uzcátegui, es hija de Diego Uzcátegui Matheus, exdirector de la Oficina de Presidencia de PDVSA y expresidente de PDVSA Argentina. Gabriela fungía como representante de la petrolera venezolana, pero su nombre fue relacionado durante el “escándalo del maletín”, en agosto del 2007, suceso protagonizado por su entonces pareja sentimental, Guido Antonini Wilson, empresario venezolano cercano al gobierno de Hugo Chávez, detenido en Buenos Aires con una maleta con $790 mil, la cual quiso ingresar sin declarar.
Otro de los asistentes a la cita de lanzamiento de Empreven Ecuador, fue Luis Zúñiga Burneo, que se convirtió en uno de los más entusiastas impulsadores del comercio con Venezuela. Zúñiga creó la Corporación Andina de Comercio, con la cual tocó muchas puertas y ofreció servir de puente entre empresas de los dos países. Luis Zúñiga era el representante legal de Fonglocons al momento de cometerse los actos ilícitos.
La trama de Alex Saab y Álvaro Pulido para recuperar el dinero que le retuvieron a su empresa Foglocons en Ecuador
Coludidos. Es la expresión perfecta para definir la operación realizada con más de $60 millones de Foglocons que se encontraban retenidos en el Banco Central del Ecuador y que de forma silenciosa, contando con la autorización y complicidad de jueces, fiscales, banqueros y altas autoridades del gobierno de Rafael Correa Delgado, en 2016, fueron, literalmente, repartidos en beneficio de terceros vinculados a Jorge Glas a través de una red de empresas offshore. En exclusiva, La Fuente y Milhojas revelaron un nuevo capítulo de uno de los mayores escándalos de corrupción y lavado de dinero que involucró a los gobiernos bolivarianos de Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Rafael Correa Delgado, como son las exportaciones ficticias a través del sistema Sucre.
La justicia al servicio del delito
Según la web ecuatoriana La Fuente, en enero de 2016, la jueza de Garantías Penales del Guayas, María Jaramillo Hidalgo, sobreseyó a Luis Zúñiga Burneo, Álvaro Pulido Vargas y Luis Sánchez Yánez, accionistas y representantes de la empresa Fondo Global de Construcción S.A. (FONGLOCONS), del delito de lavado de activos.
Entonces la justicia investigaba posibles irregularidades en las exportaciones que esa empresa, Fondo Global, hizo a Venezuela, entre 2012 y 2013, con el uso del Sistema Único de Compensación (Sucre).
La jueza Jaramillo consideró que la Fiscalía General del Estado no demostró la participación de los implicados en el delito. La resolución judicial, también ordenó la devolución de $ 56,3 millones a Fondo Global que permanecían retenidos en el Banco Central del Ecuador. De ese valor, $ 47.5 millones se encontraban en una cuenta corriente (3501068xxx) del Banco Amazonas y $ 8.8 millones en el Banco del Austro.
Las órdenes de retención del dinero fueron revocadas mediante oficios del 22 y 23 de febrero de 2016, dirigidos al Banco Central del Ecuador, Banco Amazonas, a Juan Vélez, procurador general del Banco del Austro y al director de la Superintendencia de Bancos del Ecuador. Adicionalmente, el Banco Amazonas devolvió otros $ 3.3 millones de los saldos que Fondo Global tenía en otra cuenta corriente.
¿Cómo y quiénes retiraron los $56,3 millones de Fonglocons?
Fondo Global de Construcción suscribió un contrato de administración de portafolio y adendum con la empresa Kapital One Casa de Valores S. A. Kaovalsa, sobre los dineros depositados en el banco Amazonas, y autorizó a Kapital One a invertir el dinero en bonos del Estado.
Kapital One estuvo vinculada accionariamente con el Banco Amazonas y al Grupo empresarial Amazonas S.A. En julio de 2012, Banco Amazonas transfirió las acciones que tenía en Kapital One a Fausto Recalde Arboleda. El banco Amazonas es de propiedad de Simón Parra.
Actualmente, tiene siete accionistas de nacionalidad colombiana (Acosta Consultores, Alberto Carrasquilla, Agustín Morales, Álvaro Puentes y Gloria Velásquez; las empresas colombianas Cion S.A. e Inversiones Alcante; también se registra a Blue Crossway, una empresa panameña.
El 11 de marzo de 2016, Víctor Silva Sosa, entonces gerente general de Fonglocons, en una comunicación dirigida a Kapital One, solicitó “se realicen inversiones en valores de renta fija y renta variable negociados a través del mercado bursátil (Bolsa de Valores de Guayaquil y/o Quito), cuyo capital y rendimiento de las mismas deberán ser restituidos y/o depositados en las cuentas que se encuentren en procesos de apertura a favor de mi representada, Fondo Global de Construcción S.A. Foglocons”, dice la solicitud.
Dos meses después, en mayo de 2016, Silva Sosa indicó que iban a realizar una “inversión del 100% del dinero que se encuentra en custodia de Kapital One Casa de Valores, esta inversión será en Bonos del Estado Ministerio de Finanzas emitidos como pago de jubilación a profesores del Magisterio Nacional o en Certificados de la Tesorería Nacional”, indicó.
Los bonos fueron puestos a nombre de las empresas panameñas Prymera Asesores S.A., Whangarei Asset Corp. y M&M Loor Investments LLC, de origen estadounidense. Las tres compañías están relacionadas con Miguel Ángel Loor Centeno, actual presidente de la Liga profesional de Fútbol del Ecuador. En 2018, Loor fue investigado por el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) por ser un posible testaferro del exvicepresidente Jorge Glas.
Entre mayo y agosto de 2016, hubo varias solicitudes de desbloqueo de fondos y transferencias de dinero a través del sistema de pagos en línea desde la cuenta de Fondo Global a la cuenta de Kapital One.
Las solicitudes de retiro de fondos fueron realizadas por Víctor Silva Sosa y Miguel Ángel Loor, principalmente.
Por ejemplo, el 16 de junio de 2016, Víctor Silva escribió a Kapital One “solicito respetuosamente el retiro de los fondos producto de la venta de CETES mediante liquidaciones No. 220035 y 4095 debiendo ser acreditados a nombre de las siguientes personas: M&M Loor Investments LLC, USD 100.000 a la Cta. Cte. 81007xxx del Biscayne Bank en Miami-Florida; Jorge Zavala Egas, USD 100.000 a la Cta. Cte. 913836xxxx de Citibank en Miami-Florida y Ab. Víctor Silva Sosa, USD 348.243,56 a la Cta. Cte. 312104xxxx de Banco Pichincha”.
Al día siguiente, Sosa pidió que $ 91.000 sean depositados en la cuenta de M&M Loor Investments LLC, de Miami. El 24 de junio de 2016, Sosa Silva solicitó que $ 904.000 fuesen repartidos entre él, Zavala y M&M Loor Investments. Tres días después, hizo otra solicitud de retiro de fondos por $ 1.4 millones que se repartirían entre los mencionados anteriormente.
El 8 de agosto de 2016, Miguel Ángel Loor Centeno, representante legal de las empresas Whangarei Asset Corp. y Prymera Asesores S.A. pidió a Kapital One Casa de Valores negociar en el mercado bursátil secundario los títulos que tenían sus representadas bajo los contratos de administración de portafolio de valores de terceros (No. CAP-KO-0071 y No. CAP-KO-0070), porque “por motivos internos de la compañía requerimos monetización del mismo”, señaló en la solicitud.
Ese mismo día, Víctor Silva Sosa, representante legal de Fondo Global, solicitó a Kapital One “el retiro de los fondos por $ 44.000.000,00 producto de los recursos que se consignarán en cuenta de administración de portafolio, debiendo ser acreditados a nombre de las siguientes compañías: Prymera Asesores S.A. USD 24.000.000,00 y Whangarei Asset Corp. USD 10.000.000,00. Fondo Global de Construcción S.A. Foglocons, luego de estos retiros mantendrá como saldo en cuenta de administración de portafolio de valores de terceros No. CAP-KO-0069 el valor de USD 10.000.000”, indicó Sosa.
A esto le siguieron otras solicitudes de fondos, como la del 29 de agosto de 2016, por $ 2.985.000,00 millones, en la que Miguel Ángel Loor Centeno pidió que fuesen repartidos de la siguiente manera: “Ab. Miguel Ángel Loor Centeno $ 2.585.000,00 mediante transferencia a la Cta. 8100xxxx de Biscayne Bank en Miami-Florida; Joel Espinoza mediante dos cheques por USD 40.000 cada uno, Víctor León mediante dos cheques por USD 40.000 cada uno, Óscar Farez mediante dos cheques por $ 40.000 cada uno, Gabriel Bonilla mediante dos cheques por USD 40.000 cada uno, Néstor Molina mediante un cheque por USD 40.000 , Eduardo Yépez mediante un cheque por $ 40.000, Andrea Alonzo mediante dos cheques por USD 75.000 cada uno, Carlos Pesántez mediante 2 cheques por $ 75.000 cada uno, Edwin Porro mediante 2 cheques por $ 75.000 cada uno y Jorge Saltos mediante 2 cheques por $ 75.000 cada uno”.
El dinero de Fondo Global fue desviado a terceros sin justificación legal alguna.
Según documentos revisados por La Fuente, 18 personas fueron beneficiarias de los fondos de la empresa. En dos meses (entre el 17 de junio de 2016 y el 30 de agosto de 2016), retiraron un total de $53 millones de las cuentas de Fondo Global de Construcciones.
Los beneficiarios del dinero lavado
El 9 de agosto de 2016, fueron depositados $ 20 millones en las cuentas de Prymera Asesores S.A. y $ 10 millones a Whangarei Asset Corp., ambas empresas representadas por el abogado Miguel Ángel Loor.
Prymera Asesores y Whangarei Asset Corp son dos compañías panameñas creadas con $ 10.000 cada una, fueron inscritas en el Registro Público el 1 de julio de 2016. Cuarenta días después recibieron las millonarias transferencias de Fondo Global. Según el Registro Público de Panamá, el 30 de agosto de 2016, Miguel Loor fue nombrado presidente de las dos compañías.
Prymera Asesores y Whagarei Asset tienen el mismo directorio, conformado por María Moya, Jorge Vásquez e Iris Herrera, todos registrados con la dirección de la firma De Obaldía & García de Paredes, agente residente de las dos sociedades.
Otra de sus empresas, M&M Loor Investments LLC, creada en 2014, en Miami, Estados Unidos, recibió $791.000,00, por concepto de “devolución de fondos”. En septiembre de 2015, cambió su denominación a Usarel Management Group, LLC.
A título personal, Loor también recibió $ 6 millones, en una cuenta del Biscayne Bank en Miami, EE. UU.
En total, recibió $ 36,9 millones según los documentos revisados por La Fuente. Según datos de la Superintendencia de Compañías es accionista en 11 empresas.
¿Quién es Loor Centeno?
Loor Centeno fue investigado en 2018 por el Centro de Inteligencia Estratégica (ex Senain) por supuestos vínculos con Heriberto Glas, hermano del exvicepresidente Jorge Glas. Un documento de inteligencia señala que Loor junto a otro abogado “fueron vistos juntos en una camioneta marca Ford, modelo F150, color blanco y sin placas (…) dentro de esta camioneta se trasladaba dinero en efectivo proveniente de actividades ilícitas, dentro de cajas de poliestireno”.
El organismo de inteligencia, solicitó (SEN-s16-2018-000) se haga una investigación exhaustiva para conocer quién es el beneficiario del dinero en efectivo que se trasladó en el vehículo Ford “en conjunto con los dos abogados mencionados y el hermano del exvicepresidente”; también pidió se genere un informe sobre los bienes, inmuebles y demás activos de Heriberto Glas y los vínculos que éste tiene con los abogados Xavier Cabezas y Miguel Loor.
El abogado Víctor Silva Sosa, exgerente general de Fondo Global de Construcción, recibió $ 5. 5 millones, que fueron retirados del Banco Amazonas bajo la razón de “devolución de fondos” y “retiro de fondos de portafolio”.
Desde 2012, Silva se desempeñó como representante de la empresa. En junio de 2014, fue designado como gerente general, por un período de cinco años. Silva, fue parte de la defensa del venezolano Luis Eduardo Sánchez Yánez, entonces accionista de Fondo Global. Luis Sánchez Yánez, es hermano de Jaime Sánchez Yánez, venezolano-ecuatoriano, quien fue guardaespaldas de Rafael Correa Delgado. Jaime Sánchez era uno de los hombres de confianza del expresidente de Venezuela Hugo Chávez Frías.
Los registros contables del 9 agosto de 2016, del Banco Amazonas, señalan que $5.5 millones fueron invertidos en bonos del Estado a nombre de Fondo Global, la misma fecha en que la empresa fue reactivada en la Superintendencia de Compañías. Actualmente, su situación legal es inactiva, pero en los registros de la Superintendencia puede leerse que las empresas españolas Fondo Global Petrolero S.L. y Grupo FGDC Latinoamericana Sociedad Limitadas son sus accionistas. Ambas relacionadas con Inna Veruska Pertuz Elles y Víctor Silva.
El abogado Jorge Zavala Egas recibió $ 3,8 millones en una cuenta del Citibank en Miami-Florida. Durante el juicio seguido por la Fiscalía en contra de Fondo Global, él asumió la defensa de Álvaro Pulido Vargas.
Como representante legal de Prymera Asesores S.A., Miguel Ángel Loor Centeno, solicitó el retiro de $ 390.000,00 para que fueran entregados a Luis Esteban de Guzmán de Ollague.
El 29 de agosto de 2016, Loor solicitó un retiro de fondos por $ 2.985.000,00 para él y otras 10 personas. Según documentos revisados por La Fuente, se autorizaron 18 cheques que sumaron 1 millón de dólares. Dinero que fue repartido entre Joel Espinoza ($ 80.000), Víctor León ($80.000), Óscar Farez ($80.000), Gabriel Bonilla ($80.000), Néstor Molina ($ 40.000), Eduardo Yépez ($ 40.000), Jorge Saltos ($150.000) y los empleados de sus empresas: Andrea Alonzo Sabando ($150.000), Carlos Pesántez Siguenza ($150.000) y Edwin Porro Coronel ($150.000).
Carlos Pesántez desempeñó, entre 2014 y 2015, el cargo de contador en las empresas Maloorceleg S.A. y Zeynec S.A. Desde agosto de 2017, es contador en Mironova S.A. Las tres empresas pertenecen a Miguel Loor Centeno.
Andrea Alonzo fue auxiliar de contabilidad en 2015 y 2017, en las empresas Zeynec S.A. y Mironova S.A., respectivamente. El 30 de agosto de 2016, Kapital One, entregó al mismo Pesántez Sigüenza, contador de Miguel Loor, la notificación de que los cheques emitidos a terceros (incluido él mismo) habían sido autorizados por Prymera Asesores S.A.
En 2015, Edwin Porro trabajó en Zeynec S.A., para 2017, formaba parte de la nómina de Mironova S.A.
Jorge Zavala Egas, abogado de Fonglocons y Álvaro Pulido, confirmó que el dinero recibido fue por honorarios pactados con esa empresa. “Hubo dos expedientes diferentes: al que usted se refiere era procesado Álvaro Pulido, la empresa Fonglocons y otros más, en éste fui abogado de él (Álvaro Pulido) y de ésta (Fonglocons) por cuanto la incautación recayó sobre fondos de propiedad de ella”.
La Fuente envió varios mensajes y realizó llamadas a Miguel Ángel Loor Centeno, sin obtener respuestas. Ante su silencio se le remitió un banco de preguntas, las cuáles adjuntamos:
Los hombres de Fonglocons en el círculo de Correa
Mientras Jaime Sánchez Yánez cubría las espaldas a Rafael Correa Delgado, paralelamente su hermano, Luis Sánchez Yánez, trabajaba en lo que se convertiría en el mayor escándalo de lavado de dinero de los últimos años.
El 28 de noviembre del 2011, los presidentes Hugo Chávez y Juan Manuel Santos sellaron en Caracas, un acuerdo de preferencias arancelarias entre Venezuela y Colombia. Meses más tarde, en marzo de 2012, el Ministerio de Vivienda de Venezuela firmó contratos por 654 millones de dólares, para la entrega de 8.400 casas a estratos populares. Como la falta de insumos ya afectaba al país bolivariano, el gobierno también autorizó la importación de casas prefabricadas, especialmente de Ecuador. Aquí aparecen los colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido, socios de la empresa Fondo Global de Construcciones, constituida en Bogotá el 24 de noviembre de 2011, apenas cuatro días antes de la suscripción del convenio de preferencias arancelarias entre los dos países.
En septiembre del 2012 Saab y Pulido concretaron un cuantioso negocio, al firmar contratos por 465 millones de dólares para exportar casas prefabricadas a Venezuela. De inmediato abrieron en Ecuador una ramificación del Fonglocons, a través del propio Pulido y un nuevo socio: Luis Sánchez Yánez. Álvaro pulido esta relacionado familiarmente con la ex senadora colombiana Piedad Córdova, cercana a las Farc.
Pero los negocios bolivarianos se truncaron en poco tiempo. El 4 de junio del 2013, la Fiscalía de Pichincha abrió una indagación para investigar la actividad del Fondo Global de Construcciones. En su pesquisa detectó que esta empresa desvió 156 millones de dólares recibidos de Venezuela, hacia cuentas en paraísos fiscales. Es decir, nunca se enviaron las casas prefabricadas, a pesar de haber registrado la exportación, sino que solo se recibió el dinero para transferirlo a cuentas de terceros. Las exportaciones ficticias constituyen un mecanismo de defraudación que ha generado miles de millones de dólares en pérdidas para la economía venezolana, utilizado para esconder todo tipo de actividades ilícitas.
Uno de los principales proveedores de Fonglocons, fue la empresa ecuatoriana Electrocables, propiedad del empresario Nasib Nehme, sobre quien se abrió una indagación por lavado de activos. En el expediente fiscal constan varios cheques de Fonglocons a favor de Electrocables, incluso pagos de la empresa de Nehme a Luis Eduardo Sánchez. Pese a existir estas evidencias, sorpresivamente, cuando se esperaba se formalice la instrucción fiscal, en junio de 2016, por petición del fiscal del caso un Juez resolvió el archivo del proceso.
Pero, las cifras manejadas en los procesos judiciales no son sino una sombra de la magnitud del mecanismo de lavado de dinero sucio venezolano en el sistema financiero ecuatoriano. Varias investigaciones han logrado detectar una cifra no menor a $2000 millones que se habría blanqueado en cuentas bancarias de empresas de fachada. En un nueva entrega presentaremos evidencia de este monumental sistema criminal forjado bajo el liderazgo y complicidad de los gobiernos de Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Rafael Correa y que hasta hoy se mantiene en la impunidad.