El Gobierno de Sánchez rescató con 53 millones a la empresa vinculada al chavismo siendo consciente no ya de que estaba quebrada, sino de que entraba en fase de disolución. Fue un rescate político.
Editorial | ABC
Los datos que hoy publica ABC reafirman que el rescate de la aerolínea Plus Ultra por parte del Gobierno fue una arbitrariedad política de libro a favor de una empresa que no solo estaba en quiebra técnica y con casi nula viabilidad, sino que objetivamente estaba en causa de disolución un mes antes de que se produjese la inyección de dinero para intentar salvarla de la ruina absoluta. Hace tiempo que la compañía Plus Ultra se convirtió en un símbolo del amiguismo y en un gesto forzado del Gobierno español hacia el régimen chavista de Venezuela. Nunca fue un negocio boyante y nunca sus cuentas estuvieron realmente en números negros. Más bien, había sido un intento de negocio reconvertido a ‘chiringuito’ económico que sobrevivió a base de subvenciones y ayudas.
El rescate de 53 millones de euros a manos del Gobierno español para beneficiar a sus propietarios, unos empresarios venezolanos próximos a Maduro, fue la prueba definitiva. Hoy ABC revela que en el ejercicio contable 2020/21, esto es, hasta el 31 de enero de hace un año, Plus Ultra firmó unas pérdidas de 20 millones de euros, que le dejaron con un fondo de maniobra negativo total de 31 millones. Su patrimonio neto negativo ascendía entonces a 14 millones de euros, y la flota de aviones estaba en tierra sin poder operar por la pandemia. Si Plus Ultra, es de suponer que bien aconsejada políticamente y jugando con la ventaja que se le supone a una empresa de amigos del Gobierno, no se hubiese acogido a la ley que dio pie a la moratoria concursal que consintió La Moncloa, habría caído en causa de disolución. Sin embargo, esa medida le permitió no tener que computar las pérdidas de 2020, y acceder a las condiciones del rescate prácticamente desde cero.
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Lo de Plus Ultra fue dejar caer dinero en saco roto. Y lo que es peor, sin ninguna transparencia. Cuando el escándalo saltó a la opinión pública hace ya casi dos años, el Gobierno no ofreció ninguna explicación convincente de por qué ponía 53 millones de euros en una empresa sin apenas actividad comercial, sin casi vuelos, con una plantilla reducida al límite, y con una contabilidad residual plagada de deudas y de una gestión opaca por parte de sus propietarios. Algunos ministerios del gabinete de Pedro Sánchez se afanaron en culparse unos a otros de cualquier posible irregularidad para sacudirse el problema de encima -José Luis Ábalos el primero-, pero aún hoy es el día en que nadie ha explicado los motivos reales por los que Plus Ultra fue salvada de esa manera, cosa que no ha ocurrido con miles de empresas españolas con más méritos para ser rescatadas y más probabilidades reales de reflotamiento. Alguna deuda tendrá el Gobierno con el régimen de Nicolás Maduro que bien se encarga la presidencia del Gobierno de ocultar, mientras respalda cada una de las gestiones que José Luis Rodríguez Zapatero sigue realizando en favor de Caracas con la excusa de una supuesta labor mediadora que no apunta a ser mucho más que un lobby de poder e influencia.
En teoría, la tesis oficial del Gobierno y de la compañía es que con el rescate y la recuperación de su actividad podrá remontar en 2023, para proceder a la devolución de la primera parte del préstamo, de 19 millones de euros. Solo el tiempo dirá si realmente se hizo un préstamo a conciencia de que se ejecutaba a fondo perdido. La Fiscalía y un juzgado de Madrid archivaron las diligencias de investigación. Pero desde una perspectiva política, ese rescate sigue oliendo a favoritismo corrupto con el dinero de todos los españoles.
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Este editorial fue publicado por el diario español ABC, con el título ‘Plus Ultra, el escándalo no cesa‘.
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