VenePirámides
Los fondos “Short Term Liquidity Fund I Ltd.” y “MK Venezuela Ltd.”, por intermedio de los cuales Pancho Illaramendi manejaba USD 540 millones, de los cuales el 90% pertenecía al Fondo de Pensiones de PDVSA, tenía un “side bussiness” o negocio colateral que le permitía mejorar sus rendimientos: actuaba ilícitamente en el mercado de divisas de la República Bolivariana de Venezuela. Pero este negocio complementario no era secreto ni oculto, pues estaba descrito con lujo de detalles en su prospecto. En efecto, el prospecto señalaba, de manera nada críptica, que “aprovecharía las ineficiencias en los mercados de cambio en los cuales invierte para generar ganancias derivadas de arbitraje cambiario”, o lo que es lo mismo, compraría dólares baratos y los vendería caros, todo a cambio de bolívares. Esta realidad se ve de manera diáfana en el siguiente correo electrónico, suscrito por Richard Jacobson de la firma Arnold & Porter, en el cual argumenta la importancia de que se permita a los fondos de MK honrar los pagos de sus transacciones cambiarias pactadas y aún pendientes cumplimiento:
MKG FX Trades
La verdad sea dicha, pareciera que estos fondos no cometieron ningún ilícito en Venezuela, pues el tener acciones que podían ser suscritas y redimidas en monedas diferentes no es ilegal en los Estados Unidos de América, su domicilio, y estaba previsto en los prospectos. El arbitraje cambiario tampoco es ilícito en los Estados Unidos.
Sin embargo, lo que si pareciera ser ilícito es que personas naturales o jurídicas residentes en Venezuela suscribieran y pagaran las acciones de estos fondos en bolívares y las redimieran en USD, o a la inversa. En efecto, la Ley de Ilícitos Cambiarios define en su Artículo 2 lo que, a los efectos de esa ley, ha de entenderse como divisa: “Expresión de dinero en moneda metálica, billetes de bancos, cheques bancarios, y cualquier otra modalidad, distinta al bolívar, entendido éste como la moneda de curso legal en la República Bolivariana de Venezuela, así como también títulos valores que estén denominados en moneda extranjera o puedan ser liquidados en moneda extranjera.” Pareciera claro que si un residente en Venezuela compró estas acciones a cambio de bolívares y las redimió en USD, o a la inversa, invirtió en títulos valores que podían ser liquidados en moneda extranjera al margen de la normativa cambiaria y, en consecuencia, cometió un ilícito cambiario.
Independientemente a nuestro repudio filosófico a las normas que restringen las libertades económicas y, particularmente la libre convertibilidad de la moneda, resulta peculiar que el principal inversor en estos fondos fuera PDVSA (una empresa del Estado venezolano), directamente o por intermedio de su fondo de retiro, ubicándose en el centro de un esquema premeditado para violar las leyes venezolanas. No nos cabe la menor duda de que ni el Fiscal General de la República, el Contralor General de la República o el Ejecutivo Nacional investigarán esta enorme red de corrupción y estafa cambiaria en que se ha convertido PDVSA, liderada por Rafael Ramírez y sus secuaces.
Tomado de PDVSA participa activa e ilícitamente en el (inexistente) mercado paralelo de divisas