VenePirámides
En los muelles de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo se observan lanchas, gabarras, barcazas y otros equipos oxidados y escorados que fueron expropiados a los 70 contratistas de Petróleos de Venezuela hace 3 años, luego de la aprobación en mayo de 2009 de la Ley Orgánica que Reserva al Estado Bienes y Servicios Conexos a la Actividad Primaria de Hidrocarburos. Los empresarios afectados por la medida bautizaron el lugar como «cementerio de equipos», por los cuales no han recibido compensación alguna.
El Informe de Gestión 2011 de Pdvsa confirma que está pendiente la indemnización. Sin embargo, no existe claridad sobre la fecha, el monto y la modalidad de pago, es decir, si se hará en efectivo o mediante la entrega de un título, como establece la legislación. «Al 31 de diciembre de 2011, Pdvsa se encuentra en proceso de determinación y negociación del valor de estos activos con las partes involucradas», indica el reporte elaborado por la firma auditora KPMG, que se incluyó en el informe de gestión de la petrolera. En tres años la estatal no ha concluido los avalúos. El reporte financiero señala que Pdvsa incorporó los bienes estatizados al monto de 803 millones de dólares como parte de sus propiedades y, por tanto, los contabiliza dentro de sus activos, pero también ingresan como un pasivo porque se trata de una cuenta por pagar. No obstante, esta cantidad no es definitiva, porque en la ley se establece que Pdvsa sólo tomará en cuenta el valor en libro de esos bienes, y tiene la competencia para deducir de los mismos tanto las deudas laborales que haya acumulado cada compañía con sus antiguos trabajadores como los daños ambientales que haya podido ocasionar.
Pdvsa trató el asunto de los trabajadores con más celeridad, en vista de que fueron incorporadas a su nómina aproximadamente 4.000 personas. Esta inclusión fue una de las razones por las cuales la plantilla de la petrolera se incrementó 17% durante 2009. «Queremos resolver esa situación porque las contratistas tienen a los obreros como última prioridad», dijo el ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, al enumerar las razones de la estatización. Sin embargo, el principal argumento para la expropiación provenía del temor que había en Pdvsa de que las lanchas pudieran ser retiradas de los muelles debido a las deudas que acumulaba Pdvsa con sus proveedores, que para ese momento marcaban récord al estar por encima de 8 millardos de dólares.
Al ingresar en una de las instalaciones petroleras en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo sobresale uno de los atracaderos que está completamente sedimentado y lleno de vegetación. Las embarcaciones se ven a lo lejos, pero cerca está una grúa con clanchel que se usa para sacar el sedimento fuera de servicio. Más adelante están las lanchas, unas oxidadas y otras escoradas, cuyas filtraciones provocan su hundimiento en el lago. El miércoles pasado, cerca de las 2:00 pm, había un grupo de personas debajo de las lanchas en tierra para protegerse del sol: unos conversaban y otros dormían.
En el sector Las Morochas de la parroquia Alonso de Ojeda, municipio Lagunillas, están ubicadas las instalaciones de las empresas que anteriormente eran conocidas como Deko, Ehcopek, Z&P y Terminales Maracaibo. El Gobierno les cambió el nombre y ahora se llaman Ezequiel Zamora, Rafael Urdaneta y Ciudad Ojeda. Están tapizadas de rojo, y cerca de las instalaciones hay un aviso que las identifica como territorio socialista, en referencia a la estatización.
A Juancho la Corte, quien trabajaba con Gutesca en el área gerencial, no le sorprende lo que pasa en los muelles, y al preguntarle si lo han indemnizado o a alguno de sus colegas, responde: «A nadie le han pagado». Asegura que muchos empresarios de la zona se fueron del país y otros se dedican al comercio, sin embargo, nadie cuenta su experiencia porque tienen la esperanza de que en algún momento les cancelen. Recuerda que después de las expropiaciones se hicieron reuniones para acordar las indemnizaciones, pero surgió otro «negocio» en el que los avaladores o peritos calculaban a precios altos para que el contratista le pagara un porcentaje. «Eso pasó, pero al final no quedó en nada porque a nadie le cancelaron», afirma La Corte. Dice que el flujo de trabajo en la empresa ha bajado, y asegura que antes de las expropiaciones, entre los 3 turnos mañana, noche y madrugada se movilizaban entre 500 y 600 lanchas para transportar gente al lago, pero que ahora no llegan a 100. Agrega que con la medida se quería acabar con el alquiler de los transportes acuáticos. Sin embargo, advierte que actualmente existe un negocio en el que están involucrados gerentes, jefes de proyectos y líderes.
Al respecto, José Bodas, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, denuncia: «Alquilan las lanchas y remolcadores hasta por 12.000 dólares diarios», según reportó el diario El Nacional.
Tomado de PDVSA no ha pagado por 70 expropiaciones