Ante la intimidación y el hostigamiento de varias figuras de la oposición en Venezuela, incluido Manuel Rosales, alcalde electo de la ciudad de Maracaibo, el Parlamento expresa su «profunda preocupación por el deterioro de la situación y de la calidad de la democracia en Venezuela». «, que está siendo amenazada de derrumbe por «el creciente autoritarismo» del presidente Chávez.
La situación política en Venezuela ha experimentado recientemente un alarmante deslizamiento hacia el autoritarismo, dice la resolución, con un aumento del hostigamiento, amenazas, intimidación, persecución política y criminal dirigida a la oposición, estudiantes, funcionarios electos y periodistas.
Llamado a poner fin a la persecución política
El caso de Manuel Rosales es simbólico de estos cambios y de la creciente persecución política en Venezuela. Rosales es exgobernador del estado de Zulia y alcalde elegido democráticamente de Maracaibo, y ha sido repetidamente y públicamente amenazado con encarcelamiento por parte del presidente Chávez.
Como resultado de esta persecución política, se le concedió asilo político en el vecino Perú, acto que motivó el retiro inmediato del Embajador de Venezuela en Perú. Los cargos contra Rosales, sobre una supuesta discrepancia en la declaración de la renta mientras era gobernador del Zulia, tienen una clara motivación política y demuestran la tendencia cada vez más preocupante de que el poder judicial venezolano está controlado por el ejecutivo.
Los eurodiputados expresan su solidaridad con todos los que sufren persecución política en Venezuela, incluido Manuel Rosales y otros citados por la resolución. El Parlamento «condena enérgicamente el uso de amenazas, violencia, abuso de poder, difamación y explotación del sistema legal como arma política diseñada para intimidar y eliminar a los opositores».
La democracia implica el respeto del estado de derecho y el derecho de oposición política
El Parlamento también señala que, bajo las condiciones de la Carta Democrática Interamericana de la OEA, para ejercer el poder en una democracia, se necesita «una legitimidad de ejercicio… fundada en el respeto a las normas establecidas, la constitución, las leyes y el estado de derecho», incluido el respeto a la oposición política democrática.
En tal sentido, los eurodiputados hacen un llamado al Presidente y autoridades de Venezuela a mostrar respeto por el estado de derecho y la legalidad constitucional, así como tolerancia hacia los opositores políticos, a realizar una acción política a través del diálogo y a cumplir cabalmente los acuerdos internacionales ratificados por Venezuela.
Aquí está el texto completo de la resolución, que fue adoptada por 27 votos a favor contra 1 en contra (un eurodiputado comunista de Portugal) sin abstenciones:
El Parlamento Europeo,
– Vistas sus resoluciones anteriores sobre la situación en Venezuela y, en particular, sus resoluciones de 24 de mayo de 2007 sobre el caso del canal de televisión Radio Caracas en Venezuela
[1]
y de 23 de octubre de 2008 sobre inhabilitaciones políticas en Venezuela
[2]
,
– Visto el artículo 115, apartado 5, de su Reglamento interno,
A. Vista la tensa situación política en Venezuela, país que en los últimos tiempos ha experimentado un alarmante deslizamiento hacia el autoritarismo, reflejado en hostigamientos, amenazas, intimidaciones y persecuciones políticas y criminales contra la oposición y sus alcaldes y gobernadores democráticamente electos , el movimiento estudiantil y los periodistas, y que implican cambios en las reglas de la democracia, total falta de independencia de los diferentes poderes del Estado y escaso respeto a las leyes y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
B. Visto el caso del excandidato presidencial, exgobernador del estado Zulia y actual alcalde democráticamente electo de la ciudad de Maracaibo, Manuel Rosales, líder opositor a quien el presidente Chávez ha amenazado reiterada y públicamente con encarcelamiento, y contra quien finalmente se le impulsó a iniciar un proceso judicial con base en una denuncia de 2004 sobre una supuesta discrepancia en una declaración de renta durante su gestión como gobernador del Estado Zulia, caso que tiene toda la apariencia de persecución política, sin consideración por debido proceso y garantías judiciales adecuadas, y cuando el veredicto ha sido determinado de antemano y claramente tiene motivaciones políticas,
C. Considerando que, como consecuencia de esta persecución política, Manuel Rosales ha solicitado asilo político en la vecina República del Perú, que ha sido concedido por las autoridades peruanas a la luz de los aspectos políticos y humanitarios del caso, lo que ha motivado la retirada inmediata por Venezuela de su Embajador en Perú,
D. Considerando que estos cargos se basan claramente en motivos políticos y que el poder ejecutivo controla en gran medida el poder judicial y que el gobierno de Venezuela está tomando nuevas medidas que contribuirán a reducir la autonomía del poder judicial y, por lo tanto, es difícil esperar un juicio justo en Venezuela ,
E. Considerando que el General en retiro Raúl Isaías Baduel, hasta hace poco Ministro de Defensa del Presidente Chávez y que ahora se ha sumado a la oposición, fue detenido a punta de pistola por agentes de la inteligencia militar el 2 de abril de 2009 y acusado de supuestamente malversar fondos de las fuerzas armadas durante su tiempo como Ministro de Defensa,
F. Considerando que el líder de la oposición y alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, elegido democráticamente el 23 de noviembre de 2008, no ha podido asumir sus funciones como alcalde debido a que las instalaciones del Ayuntamiento en el Palacio de Gobierno han sido ocupadas ilegalmente por grupos bolivarianos, con el Ministerio del Interior de Venezuela hasta el momento sin haber hecho ningún esfuerzo para eliminarlos; Considerando que recientemente el Presidente Chávez ha promulgado una ley que afecta directamente a las facultades del Alcalde, en virtud de la cual se nombra Jefe de Gobierno de Caracas a un superior jerárquico elegido por el Presidente de la República, con autoridad sobre el Alcalde de Caracas, quien será destituido de prácticamente todas sus atribuciones, incluyendo la administración de las finanzas públicas, la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo y la supervisión de las instituciones de la administración descentralizada del Distrito Capital,
G. Considerando que, además de ser despojado de prácticamente todas sus facultades, el Alcalde de Caracas está siendo objeto de una agresiva campaña de hostigamiento, amenazas, insultos e intimidaciones, orquestada directamente por la Presidencia de la República,
H. Considerando que, durante el mes de marzo de 2009, por orden del Presidente de la República, numerosos puertos y aeropuertos fueron ocupados por militares, en su mayor parte en regiones donde la oposición está en el poder, como consecuencia de una ley restituir la responsabilidad de la gestión de estas instalaciones al Gobierno de Venezuela; que el objetivo de esta medida es la restricción financiera y el estrangulamiento económico de los opositores políticos; Considerando que, conforme al artículo 164(10) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la administración de puertos, aeropuertos, carreteras y autopistas es responsabilidad exclusiva de los gobiernos estatales en cooperación con las autoridades centrales y en ningún caso responsabilidad exclusiva de los último,
I. Considerando que, en una sentencia política inédita dictada por la jueza Marjori Calderón, esposa de un alto dirigente del PSUV, los comisarios de policía Iván Simonovis, Làzaro Forero y Henry Vivas, junto con ocho policías metropolitanos, fueron condenados sin la más mínima prueba fehaciente a 30 años de prisión, la pena máxima prevista en el código penal venezolano, luego de permanecer más de cinco años en prisión preventiva en comisarías sin luz natural, tras lo que fue el juicio más largo de la historia de Venezuela y que estuvo plagado de irregularidades y en las que se burlaron los derechos legales más elementales de los acusados; Considerando, además, que la mayoría de los 19 delitos cometidos el 11 de abril de 2002, por tres de los cuales los acusados ya han sido condenados sin ninguna prueba, han permanecido impunes, a pesar de numerosos testimonios, imágenes de televisión y pruebas documentales, que demuestran que pistoleros bolivarianos claramente identificables habían cometido sido responsable,
J. Considerando que en varias ocasiones el Presidente de la República se ha pronunciado de manera ofensiva e insultante contra numerosos dignatarios extranjeros y, sin embargo, cuando ha sido objeto de críticas en su propio país, ha reaccionado ordenando la expulsión inmediata de algunos extranjeros que se atrevió a criticarlo, incluida la expulsión violenta de un diputado a este Parlamento,
K. Considerando que en febrero de 2009 el presidente Chávez forzó mediante un segundo referéndum la aprobación de la reelección indefinida del presidente y de todos los cargos públicos electos, a pesar de haber perdido el referéndum de diciembre de 2007 sobre la reforma constitucional que incluía la misma propuesta, violando así la Constitución venezolana, en virtud del cual la misma propuesta de reforma no podrá ser presentada más de una vez durante el mismo período de sesiones de la Asamblea,
L. Considerando que las autoridades venezolanas consideraron indeseable la presencia de una delegación oficial del Parlamento Europeo que debía visitar el país durante la primera semana de marzo de 2009, tras varios aplazamientos injustificados de la visita por parte de las autoridades venezolanas,
1. Expresa su profunda preocupación por el deterioro de la situación y de la calidad de la democracia en Venezuela, que se encuentra seriamente amenazada de derrumbarse como consecuencia de la concentración del poder y del creciente autoritarismo del Presidente de la República;
2. Expresa su solidaridad con todos aquellos que sufren persecución política en Venezuela, situación simbolizada actualmente por la persona de Manuel Rosales; acoge con satisfacción la decisión del Gobierno peruano de conceder asilo político a Manuel Rosales; condena enérgicamente el uso de amenazas y violencia, el abuso de poder, la difamación y la explotación del sistema judicial como arma política diseñada para intimidar y eliminar a los opositores;
3. Señala que, en virtud de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para acceder al ejercicio del poder en una democracia, además de una clara legitimidad de origen, fundamentada y obtenida en las urnas , también debe existir legitimidad en el ejercicio de tal poder, el cual debe fundarse en el respeto a las normas establecidas, la constitución, las leyes y el estado de derecho como garantía del pleno funcionamiento de la democracia y que éste debe necesariamente incluir el respeto a la oposición política pacífica y democrática, especialmente cuando dicha oposición haya sido elegida y goce de un mandato popular;
4. Hace un llamado a las autoridades del país, en particular al Presidente de la República, para que prosigan su acción política a través del diálogo, el respeto al estado de derecho y la legalidad constitucional, y la tolerancia con los opositores políticos, a fin de garantizar que las diversas opciones políticas tomadas y apoyados por el pueblo de Venezuela gocen de adecuada influencia y representación en la vida política;
5. Insta al Gobierno de Venezuela, además, a cumplir con los acuerdos internacionales suscritos y ratificados por Venezuela, incluida la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con referencia específica a las disposiciones sobre derechos políticos establecidas en los artículos 23(1) y 2 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;
6. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, a la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana, al Parlamento del Mercosur y al Gobierno y Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.