La entrega del presupuesto nacional para 2023 ha desatado una contienda política entre miembros de la oposición y del gobierno de Evelyn Wever-Croes. Los partidos AVP, MAS, y ACCION21, en representación del Parlamento de Aruba, han hecho reparos a la veracidad del documento, por lo que solicitan rectificar la propuesta de inmediato.
El Presupuesto General del Estado para 2023, que alcanza un ingreso de 1.532 millones de florines (876 millones de dólares), gastos de 1.557 millones (890 millones de dólares), una obligación financiera de 1.414 millones (808 millones de dólares) y un déficit financiero de 25 millones de florines (14 millones de dólares), fue entregado al Parlamento el primero de septiembre, por la ministra de Finanzas de Aruba, Xiomara Maduro, conforme a las normas constitucionales del país.
Sin embargo, el parlamentario Mike Eman del partido AVP, refutó la propuesta y calificó el documento como una “farsa” por basar sus proyecciones en reformas que quedaron suspendidas recientemente, como la introducción del IVA.
Con un enfado visible, el diputado Eman, sostenido por líderes de MAS y ACCION21, pidió revocar el Presupuesto 2023 para su rectificación, solicitud que quedó oficializada el 5 de septiembre a través de un escrito dirigido a la primera ministra, Evelyn Wever-Croes, la ministra de Finanzas, Xiomara Maduro, y al Gobernador de Aruba.
Sin IVA
El parlamentario de AVP explicó que el presupuesto 2023 incluía inicialmente proyecciones basadas en la introducción del IVA o BTW, según sus siglas en neerlandés, y había avanzado en el proceso de supervisión de la Junta de Supervisión Financiera de Aruba (CAft), de acuerdo con las normas legislativas del país.
El 18 de agosto de 2022, el gobierno decidió suspender la reforma tributaria y en su lugar anunció un aumento a los impuestos sobre ventas (BBO), decreto que conllevó a la modificación del Presupuesto 2023 sin tener en cuenta el proceso regular de supervisión por los organismos de ejecución de presupuestos y la Junta Consultiva.
Eman manifestó su desacuerdo y aseguró que en su función de representante de la oposición en el Parlamento, “no tolerará procedimientos que reflejen falta de transparencia e integridad por parte del gobierno”.
La ministra de Finanzas reaccionó a las acusaciones del diputado Eman y señaló que se trata de “un desvío de atención” ante los problemas judiciales que enfrenta el parlamentario Benny Sevinger, del partido AVP.