Las autoridades migratorias de Aruba negaron el asilo a una mujer que salió de Venezuela temiendo que su destino fuese el mismo que había tenido su esposo, un obrero del cementerio municipal de Punta Cardón, presuntamente asesinado por sus superiores.
La mujer, actualmente de 46 años de edad, entró a la isla el 20 de agosto de 2017. Decía que iba en plan de turismo. Pero para ese momento apenas habían transcurrido tres semanas desde que encontraron el cadáver de su cónyuge, Claudio Rafael Núñez.
Núñez, de 38 años de edad, fue ultimado con dos disparos, y abandonado en una zona enmontada del sector Bella Vista, adyacente a la avenida Intercomunal Alí Primera de la ciudad falconiana.
Por el grado de descomposición, los expertos del Servicio de Medicina Forense dedujeron que el crimen pudo ejecutarse dos días antes, el 27 de julio. Ese mismo día, la mujer consignaba una denuncia por la desaparición del obrero, al que vio por última vez el martes 25 de julio.
Los investigadores de la policía judicial no determinaron con precisión el motivo de esta muerte violenta. Ante las autoridades de Aruba, su viuda alegó que él había presenciado actos ilegales en el camposanto.
Los registros del juicio que se adelanta en una corte de la isla, a cargo de la jueza Naftali Engelbrecht, indican que Núñez se percató de que los materiales para las obras y el mantenimiento del cementerio municipal eran sustraídos.
“Su jefe era quien vendía el material a otros. (Núñez) habló con su jefe sobre esto porque él era el responsable del material. Su jefe le dijo que no se involucrara en esto. Luego, se fue a trabajar el 25 de julio de 2017 y nunca regresó a casa”, indica el relato aportado por la mujer.
La viuda de Núñez alegó que las autoridades policiales encubrían este crimen, puesto que las pesquisas no tuvieron mayores avances. Además, afirmó, el expediente pasaba de mano en mano, y no se llegaba a la identificación plena del perpetrador.
Según el alegato de esta mujer, pocos días después del crimen ella comenzó a recibir llamadas para exigirle que cesara de presionar ante las autoridades por el esclarecimiento del caso. De lo contrario, sus hijos sufrirían las consecuencias.
Consultas con ONGs
La mujer tardó más de ocho meses en formalizar su petición de asilo en Aruba. Era mayo de 2018 y ella se encontraba sin recursos económicos. Dijo haber solicitado asesoría ante la Cruz Roja local antes de acudir a las autoridades.
Pero el Ministerio de Trabajo, Energía e Integración de la antilla no le dio la razón. Al parecer, los perseguidos por el hampa violenta en Venezuela no califican para un asilo. Y este argumento fue avalado por la juez Engelbrecht.
“No se ha acreditado que la recurrente y/o sus familiares tengan fundados temores de persecución por razón de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o sus convicciones políticas”, afirmó en su sentencia.
La letrada, además, no ve ningún riesgo de persecución si es que la mujer es repatriada.
Sobre este particular, el director del Observatorio Venezolano de la Violencia, Roberto Briceño León, tiene otra perspectiva.
Según el experto, el hecho de que la mujer pudiera conocer a los presuntos perpetradores del asesinato la coloca en una situación de riesgo. Al ser una testigo potencial, su argumentación tendría más fuerza.
“El alegato de la amenaza es creíble. Ahora bien, lo que hagan los países con estos casos es otra historia”, afirmó.
Briceño ha asesorado a organismos internacionales que trabajan con desplazados por la violencia. Recordó que anteriormente los venezolanos eran recibidos al constatarse que podían correr el riesgo de victimización por bandas organizadas.
“Una de las cosas que ha cambiado es la cantidad de solicitantes y la capacidad de los países para asimilarla (…) Para cualquier sociedad no es nada sencillo recibir a centenas o a miles de personas que piden asilo”, señaló.
El dictamen de la juez no fue del todo adverso para las aspiraciones de la venezolana. Al parecer, los representantes del despacho de Trabajo e Integración no presentaron ningún alegato durante la audiencia de apelación. Por lo tanto, la juez abrió un plazo de tres meses para que el Ejecutivo arubeño consigne sus argumentos.
Javier Ignacio Mayorca
Crónicas del Caribe
Tomado de Niegan asilo en Aruba a migrante cuyo esposo fue asesinado en Venezuela – CIUDAD GÓTICA