“Anda a tu pinche país”. Eso recuerda Raúl* que le dijo un funcionario de la migración mexicana antes de subirlo a un avión.
Cuando aterrizó más tarde y pisó la pista del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, que sirve a la ciudad de Caracas, venía descalzo y sin sus pertenencias.
En tan solo cinco horas se había desvanecido su esfuerzo de meses.
El 30 de julio de 2022, 126 migrantes venezolanos fueron esposados de madrugada en Tapachula, Chiapas, al sur de México, en la frontera con Guatemala, y deportados por las autoridades migratorias y la Guardia Nacional. Uno de ellos fue Raúl, quien pide no revelar su nombre por temor a represalias. Este militar retirado, de 50 años de edad, llevaba un mes caminando, primero, por trochas de la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, y luego por caminos clandestinos entre Honduras, Nicaragua y Guatemala, hasta llegar a Chiapas. Allí se entregó voluntariamente a las autoridades mexicanas para solicitar su visa de tránsito y continuar, así esperaba, su trayecto por este país hasta su pretendido destino final: Estados Unidos.
Como él, siete personas más del grupo relataron su historia para esta investigación de Armando.info en colaboración con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Clip). Aunque cada persona tuvo una razón distinta para el viaje y venía desde lugares diferentes de Venezuela (Lara, Falcón, Aragua o Distrito Capital), la experiencia que vivieron todos en esa fecha de julio de 2022 en Tapachula fue la misma. Compartiendo destino, todos fueron deportados a bordo del mismo avión que los llevó rumbo a la tierra de la que habían salido, impulsados por la desesperación.
Esto luego de los acuerdos entre Estados Unidos y México para frenar el flujo de inmigrantes en territorio estadounidense. A partir de enero de 2022, les empezaron a exigir visa para ingresar a México y, en octubre siguiente, el gobierno de Joe Biden prohibió la entrada irregular de venezolanos por la frontera y ordenó que fueran regresados a México.
En 2022, 1.041 migrantes venezolanos fueron deportados desde México. Esto representa el triple en comparación al año anterior, cuando fueron 371 casos. Fue una cifra récord.
Si se suman los casos entre 2017 y 2021, se llega a apenas a 666 deportaciones, todavía menos que la cifra de 2022.
Cuando ya llegan a México, miles de migrantes venezolanos se sienten muy cerca del ansiado sueño americano. Por eso les resulta tan dramático que los retornen desde allí a su país. Además, de acuerdo con los testimonios recabados, con frecuencia la deportación se ha ejecutado con violencia.
“Biden ha expandido las políticas migratorias abusivas de la administración de Donald Trump que, en los hechos, ha significado una activa colaboración del gobierno mexicano. Como si esto fuera poco, el gobierno de Andrés López Obrador no ha hecho el más mínimo esfuerzo por proteger los derechos de aquellos migrantes que, después de una travesía peligrosa, se encuentran hoy desamparados y varados en el norte de Mexico”, dijo Tamara Taraciuk, Directora de las Américas en Human Rights Watch (HRW), organización internacional de derechos humanos con sede en Nueva York.
Oficio “torturante”
“No lo logro asimilar”, cuenta Jimmy Reyes, de 44 años, desde Maracay, capital del estado Aragua, a una hora al oeste de Caracas. Su destino era Nueva York. Tras cuatro años en Colombia trabajando como mesero, recibió una oferta de trabajo en Estados Unidos. Su trayecto no fue fácil. Asegura que durante su caminata por la selva presenció la violación de una joven venezolana, la muerte de un bebé haitiano y el suicido de los padres de ese niño, quienes se ahorcaron tras ver a su hijo asfixiado.
En su recorrido hizo una parada de cinco meses en Costa Rica, atendiendo mesas en restaurantes, porque en la selva le habían robado los 1.200 dólares que llevaba. Solo pensaba que si alcanzaba México, le faltarían menos días para llegar a su destino final.
Para llegar hasta Tapachula, muchos de los migrantes optan por cruzar el río Suchiate, una ruta peligrosa y difícil que, en su mayoría, los venezolanos están recorriendo desde hace al menos un año, según el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, con sede en esa localidad, y dedicado a la protección y defensa de los derechos humanos de las personas migrantes.
Yoel Sandoval, de 23 años, atravesó ese río el 2 de junio de 2022, sentado en una tripa de caucho. De inmediato fue detenido por las autoridades migratorias mexicanas. Su viaje había comenzado dos meses atrás, cuando partió desde Perú, país en el que vivía desde hacía tres años.
En algunas ocasiones, los funcionarios los trasladan desde Chiapas a centros migratorios en otros estados del país. A los que quieren ir a Estados Unidos, como era el caso de las ocho personas entrevistadas para este reportaje, les ofrecen en cambio un llamado Oficio de Salida, que en realidad es una Forma Migratoria Múltiple que permite a los ciudadanos extranjeros permanecer como turistas en México por un determinado tiempo. Sin embargo, organizaciones locales dedicadas a la defensa de los derechos humanos de migrantes han denunciado que hay numerosas arbitrariedades con este documento y que, al final, termina siendo un engaño que prolonga la estancia irregular de estos migrantes en el país.
“Estos oficios los entregan de manera discrecional, sin ningún tipo de información. No hay análisis de los casos”, señaló un vocero de la organización Fray Matías que pidió no ser identificado. Añade que el otorgamiento de esta forma migratoria significa extender la temporalidad “sin ningún argumento válido, sino más bien como una práctica torturante y de castigo, ya que es un documento que no le garantiza ningún derecho a los migrantes y los pone en una situación aún más vulnerable”.
Video de Deivy Gutiérrez, migrante venezolano.
Los venezolanos fueron quienes más recibieron este Oficio de Salida. Los datos de migración arrojan que en 2022 se otorgaron 62.147, una cifra considerablemente mayor a los 1.551 oficios concedidos a migrantes venezolanos el año previo (un aumento de 4.000%).
El Instituto Nacional de Migración (INM) explica que este documento le “informa a la persona con un Procedimiento Administrativo Migratorio (PAM) que su salida de la estación migratoria o del albergue, según sea el caso, es con el fin de que abandone el país por sus propios medios en un lapso no mayor a 30 días”.
A Yoel lo llevaron hasta Tabasco, a 600 kilómetros de distancia de Tapachula, en donde estuvo un par de días. Allí le dieron una forma migratoria con validez de 21 días. Sin embargo, las autoridades le rompieron el oficio en una alcabala más adelante en el camino. Este oficio debería permitir el libre tránsito de estos migrantes por el país durante el lapso aprobado. Los migrantes consultados, al igual que las organizaciones entrevistadas para este trabajo, explicaron que cuando las autoridades entregan esta Forma Migratoria Múltiple, les dicen que deben de salir del país por la frontera más cercana que ellos consideren en el plazo que le otorgan. Sin embargo, los migrantes son sometidos a extorsiones y caen en un círculo que los mantiene transitando irregularmente en el país por días, semanas o meses.
Esta “práctica torturante” también la ha identificado la organización Apoyo a Migrantes Venezolanos. Una de sus directoras, July Rodríguez, una abogada venezolana que ha registrado violaciones de derechos humanos a los migrantes de su país desde 2017, explicó: “No existe un permiso de tránsito, eso es falso y las autoridades están aprovechando esta figura para extorsionar a los migrantes más adelante en el camino y someterlos a un ciclo vicioso en el que supuestamente se los aprueban. Ellos se dirigen hacia el norte para ir a Estados Unidos y, en el recorrido, les rompen el oficio y los envían nuevamente a Tapachula. En el caso de estos 126 migrantes, todos llegaron a la estación migratoria Siglo XXI bajo engaño y falsas promesas”.
Siglo XXI está en Tapachula. Es un recinto donde alojan a migrantes de distintas nacionalidades que llegan en búsqueda de protección y que, en algunos casos, solicitan asilo o refugio.
“En el caso de estos 126 migrantes, todos llegaron a la estación migratoria Siglo XXI bajo engaño y falsas promesas”.
Yoel, por ejemplo, explica el estado de confusión en el que se encontraba. “Me sentía perdido. Fuimos hasta un Oxxo [una tienda de conveniencia] a preguntar dónde estábamos y cómo hacíamos para regresar a Tapachula. Pensábamos que quizá allí obtendríamos respuestas”, recuerda. Luego de que le dieron otro oficio de salida, llegó a Zacatecas, un estado del centro-norte de México, donde estuvo 15 días. Sin embargo, lo regresaron a él y a otro grupo en avión hasta Tapachula. Justo a la estación migratoria Siglo XXI.
Infierno en Tapachula
A pesar de la promesa de futuro que ostenta su nombre, la estación migratoria Siglo XXI se volvió sinónimo de una vuelta atrás para muchos venezolanos. Y en muchos sentidos, todos literales.
En la estación migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas fue donde las distintas travesías por Centroamérica de Raúl, Jimmy, Yoel y muchos otros convergieron. También allí llegaron Deivy, Yoscar, Rubén, Óscar y Alejandro. El confinamiento en este espacio fue apenas el inicio de otra travesía, pero en reverso. El horror se convirtió en un lugar común.
“¡Bájense los pantalones!”, les gritaron los funcionarios de migración apenas entraron al lugar. Estaban frente a sus colegas y otros extraños.
“¿Cómo me voy a desnudar en frente de unas señoras?”, dice Raúl que preguntó. Sin embargo, esto no frenó las órdenes de los funcionarios.
-Agárrate los genitales. Levántatelos. Agáchate y agárrate las nalgas.
-¿Por qué me tratas así? Yo no soy ningún delincuente.
Por los nervios, a Raúl le dieron ganas de orinar. Una voz ordenó de nuevo: “Pásale una pinche botella”. Se vio obligado a permanecer desnudo por varios minutos y a hacer sus necesidades sin ningún tipo de privacidad.
“Había que seguir las indicaciones. Te agarraban la ropa y la rompían, al igual que los cordones de zapatos, de los pantalones de pijama. Todo lo que tenía en el bolso, me lo botaron: Cremas, colonias…”.
Al llegar a Siglo XXI, coinciden los migrantes entrevistados, los despojaron de sus pertenencias, los desnudaban y revisaban, para luego dejarlos con un pantalón, una franela y chanclas. Todos recuerdan que les asignaban un número de identificación y que debían entregar sus objetos de valor (pasaporte, dinero, celulares), que metían en un sobre.
“¿Esto es una ayuda migratoria o una cárcel?”, se preguntaba Deivy Gutiérrez, de 29 años. Un mes antes se había despedido de su familia en Carora, estado Lara. Su destino era Ohio, Estados Unidos; allá esperaba que dos de sus mejores amigos lo recibieran.
El coordinador general para la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar), Andrés Alfonso Ramírez, señaló que, a diferencia de años anteriores, durante 2022 la mayoría de los migrantes venezolanos que ingresaron por vía terrestre a México manifestaron su deseo de llegar a Estados Unidos.
“Ya uno venía con la moral por el suelo, para luego llegar y desvestirse en una sala llena de gente”, cuenta Alejandro*, comerciante de 40 años de Caracas, quien estuvo más de mes y medio recorriendo las trochas y ríos centroamericanos.
Al llegar a Siglo XXI, los entrevistados encontraron condiciones que coinciden en calificar de precarias. No había espacio para dormir debido al hacinamiento, así que varios se vieron obligados a dormir de pie en los baños o a compartir colchonetas en el piso. Muchos de ellos recibieron malos tratos por parte de las autoridades, como insultos y burlas. En el momento de la deportación, algunos fueron golpeados.
“Me prometieron una llamada al día siguiente de mi ingreso y no ocurrió. Cada vez que uno hacía una pregunta, no te respondían y eran malos tratos constantes”, recuerda Deivy.
El CDH Fray Matías ha identificado que la falta de información suele ser una constante de las autoridades migratorias en este recinto. “En muchos casos, a los migrantes venezolanos no les dan la información que requieren para legalizar su estancia en México. Los mantienen en estos espacios bajo una situación de ansiedad y riesgo, por ello, muchos desean continuar con su destino inicial y seguir hacia Estados Unidos”.
“Todos llegaron a Siglo XXI pensando que iban a tener un permiso que les permitiera seguir recorriendo su camino, pero nadie les daba una explicación sobre qué opciones tenían”, agrega July Rodríguez.
“Busca una colchoneta”, le dijeron a Deivy, después de la falsa promesa de la llamada telefónica.
Luego de la revisión, los migrantes fueron al espacio asignado para dormir, que describen como una sala llena de colchonetas en el piso. En cada una dormían hasta tres personas. También recuerdan que en los “calabozos con candados”, que suelen ser espacios para cuatro personas, alojaban a al menos 15 personas.
Rubén*, de 46 años y oriundo del estado Falcón, en la costa noroeste de Venezuela, cuenta que le tocó dormir casi parado varias noches en uno de los pasillos.
“El espacio, el trato y las condiciones no eran distintas a las de una cárcel. Los calabozos tenían sus barrotes como los de una celda y a los que estaban allí los encerraban con candado. Calculo que había de 800 a 1.000 personas. Afuera de los calabozos no había espacio para caminar. Yo caminaba sobre las personas. Tenías que orinar en una ducha, no había baño. No puedes hacer tus necesidades. Y seguía llegando gente todas las noches”, describe Raúl.
La escena que recuerda con más dolor fue cuando llegó a una de las duchas y vio a 15 personas de pie, apretujadas. Ese fue el lugar que les asignaron para dormir. “No los conozco, pero lo que vi me rompió el corazón. No se lo deseo a nadie. Ellos dormían sobre pipí. Era inhumano”.
Los cálculos de Raúl y el resto del grupo no están lejos de lo que reseñan los estudios sobre este centro migratorio. El último informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México sobre la situación de las estaciones migratorias, publicado en 2019, apunta que, por ejemplo, en octubre de ese año, había 2.000 migrantes en Siglo XXI, cuando su capacidad es para alojar a 960 personas.
El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova ha reiterado que los migrantes en la estación migratoria Siglo XXI son víctimas de tratos inhumanos y tortura por agentes de migración. Estas denuncias han sido respaldadas por instancias nacionales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos e internacionales como HRW y la Oficina de Washington para América Latina (Wola, por sus siglas en inglés), que han aseverado que los migrantes detenidos no cuentan con un debido proceso.
“Ya uno venía con la moral por el suelo, para luego llegar y desvestirse en una sala llena de gente”.
“A toda hora la gente tenía sueño. La dinámica era como la de un recluso. Desayunabas, ibas al patio custodiado, almorzabas y luego de nuevo al calabozo. Todos dormían más de 12 horas diarias y yo no entendía”, recuerda Raúl.
Las ocho personas entrevistadas denuncian que sentían temor de beber agua, ya que percibían que los adormecía.
“Me dormí muchas veces en el día. Me sentía cansado, agotado, mareado. Nos daban un puñito de arroz, un puñito de caraotas [frijoles negros, en el castellano coloquial de Venezuela], tortilla y pan”, recuerda Yoel.
Al ver a sus compañeros, Raúl también sintió temor de beber agua, así que durante tres días no ingirió ningún líquido. Al tercer día sucumbió; bebió agua y sintió mareos y debilidad. “Como si hubiese hecho un gran esfuerzo físico”, detalla.
Era poco lo que podía cuestionar a los funcionarios. “Respondían con golpes”, expresó Raúl.
El confinamiento en Siglo XXI fue solo el inicio del calvario para estos migrantes, quienes para colmo terminaron deportados al país del que huyeron. Algunos de ellos fueron separados de sus seres queridos, que siguen en México.
La organización Apoyo para Migrantes Venezolanos, liderada por July Rodriguez y Lizbeth Guerrero, documentó estos 126 casos y habló con cada una de las víctimas, quienes corroboraron y relataron los abusos por parte de autoridades migratorias. Ambas desmienten las informaciones que publicaron algunos medios locales, que acusaban a estas personas de causar destrozos en la estación migratoria.
La emboscada
El 29 de julio de 2022, funcionarios de la Embajada de Venezuela en México llegaron a la estación migratoria Siglo XXI. Por micrófono, llamaron a cada uno de los migrantes venezolanos que estaban en el lugar para preguntarles su nombre, apellido, profesión, ciudad de origen, fecha de salida de Venezuela, número de integrantes de la familia. También sacaron copias de los pasaportes y cédulas.
“Necesitamos verificación de datos”, le dijeron a Deivy. Cuando preguntó para qué, no obtuvo respuesta.
Días antes, en Tuxtla-Gutiérrez, capital del mismo estado de Chiapas, hubo una manifestación de migrantes de distintas nacionalidades, pero en su mayoría venezolanos, que buscaban llegar a Estados Unidos. Algunos entrevistados dijeron que en Tapachula los funcionarios de la embajada venezolana los empezaron a acusar de ser los responsables de aquella protesta.
“Yo lo que busco es un futuro para mí y mi familia. Sin querer robar a nadie ni causar disturbios”, dijo Alejandro.
Varios coinciden en que los trataron con tono de burla. “Estás perdiendo tu tiempo y dinero, mejor devuélvete”, le dijeron a Yoel, quien respondió que, tras un mes y medio recorriendo la región y tres años viviendo en Perú, solo buscaba regularizar su estancia para encontrar una nueva vida en otro país.
“Todos pensamos que venían para ayudarnos. No entendíamos qué estaba pasando”, dijo Raúl.
La embajada de Venezuela en México no respondió a la solicitud de información de la reportera sobre lo que pasó con ese grupo de migrantes deportado desde la estación migratoria Siglo XXI.
El llamado por los micrófonos se repitió al día siguiente a las 9:30 de la noche. Esta vez, por parte de las autoridades del INM, quienes enviaron a los venezolanos interrogados la noche anterior al comedor. En total, eran 117 hombres y 9 mujeres. No les dijeron más nada. La espera se prolongó hasta las cuatro de la madrugada. En ese momento, las autoridades crearon grupos de cinco personas y anunciaron que en los próximos minutos recogerían sus pertenencias y obtendrían sus documentos para continuar el camino.
Deivy quedó de primero en su grupo. Al caminar por el pasillo hacia la salida, llegó a una habitación oscura. “Me tiraron al suelo, me arrancaron el bolso, me quitaron mi suéter y me esposaron las manos con t-rap [correas de amarre de nylon) y teipe plomo [una cinta adhesiva fuerte usada en plomería]”, detalla. Cuando subió la mirada, se dio cuenta de que un grupo de agentes de la Guardia Nacional de México, todos encapuchados y con armas largas, le estaban haciendo lo mismo a sus otros compañeros. Este es el cuerpo policial encargado de la seguridad ciudadana, creado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Críticos opositores le acusan de militarizar las labores de orden público. Además, junto con el Ejército mexicano, este cuerpo encabeza las denuncias por violaciones a derechos humanos en ese país.
El ataque que describe Deivy coincide con el de los otros siete entrevistados por Armando.info. Según el recuento de la organización Apoyo para Migrantes Venezolanos, pasó lo mismo con los 126 migrantes venezolanos que terminaron siendo deportados el 30 de julio de 2022. A todos, bajo engaño, los mandaron a buscar sus cosas y salir, y los encerraron en un cuarto oscuro donde los esperaba un grupo de al menos 20 funcionarios encapuchados y con armas largas. Todos aseguraron que los esposaron con t-rap y teipe negro y que les quitaron sus pertenencias.
“Manos al frente”, recuerda Raúl que le gritaron. “Pensé que nos iban a secuestrar o a desaparecer”.
Al salir, los esperaban más de 50 guardias nacionales, periodistas, autoridades de migración y policías.
“Yo estaba llorando a moco suelto. Hice una inversión para llegar hasta México. Vendí mi carro y todas mis pertenencias; el trayecto me costó 1.500 dólares”, contó Raúl.
Como él, muchos gastaron todos sus ahorros con el objetivo de llegar hasta Estados Unidos. El costo del trayecto puede variar entre 1.500 y 3.000 dólares, dicen los migrantes entrevistados para este trabajo.
El INM confirmó a través de la Plataforma de Transparencia, para esta cobertura, que el grupo de 126 venezolanos fue trasladado hasta el Aeropuerto Internacional de Tapachula en cuatro autobuses, acompañados de 80 agentes federales de migración y 60 elementos de la Guardia Nacional, “así como 15 funcionarios de Protección Federal”.
Raúl y Rubén cuentan que en su autobús también estaba un joven de 18 años, del estado Guárico -en los Llanos centrales de Venezuela-, quien fue separado de su esposa. Cuando intentó quitarse el t-rap, dos policías lo agarraron y lo golpearon. Muchos de estos 126 migrantes fueron separados de sus familiares. Una de las mujeres quedó separada de su hija menor de edad, de acuerdo a tres de las personas entrevistadas para esta historia, que viajaron con ella.
-¿A dónde nos llevan? Por favor, denme algo de información.
-Cállate la boca.
“Parecía la custodia para movilizar a la familia de un narcotraficante o de un delincuente”, recuerda Raúl.
Los autobuses se detuvieron y a los migrantes los bajaron esposados hasta la pista de aterrizaje del aeropuerto de Tapachula, donde había otro despliegue de la Guardia Nacional y de funcionarios de migración, que los grababan con las cámaras de sus celulares. Lo mismo hicieron adentro del avión. “Nos llevaban como presos”.
Raúl había perdido sus zapatos en todo este operativo. “Al menos déjame regresar a mi país con mis zapatos. Yo no soy ningún delincuente”, les decía. No atendieron a sus súplicas.
Descalzo, subió las escaleras del avión de Magnicharters, una aerolínea mexicana que, de acuerdo con una investigación del diario Milenio, recibió un contrato de 1.124 millones de pesos mexicanos (aproximadamente 52 millones dólares) para trasladar a deportados entre 2020 y 2022.
Estos detalles y experiencias que cuentan los venezolanos no aparecen en el comunicado oficial que emitió el INM el 30 de julio de 2022. Según su información, los venezolanos “no pudieron acreditar su ingreso regular al país y permanecían en la Estación Migratoria Siglo XXI en espera al retorno de su país de origen, con pleno respeto a sus derechos humanos, apegados a la ley y reglamento en la materia”.
El INM no respondió a las solicitudes de información sobre las condiciones de esta deportación ni de otros casos, así como tampoco sobre las aerolíneas contratadas para estas devoluciones.
Desde la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), indican que esta cifra récord de migración venezolana en 2022 se produjo luego de que México instauró el requisito de visa para los venezolanos.
“Hasta el 2021, muy pocos venezolanos llegaban por vía terrestre. Estas visas de turista marcaron un hito en el ingreso de venezolanos por vía terrestre y también en solicitudes de asilo”, dijo el coordinador general de Comar, Andrés Alfonso Ramírez.
Los venezolanos ocuparon el cuarto lugar en solicitudes de asilo en México en 2022, con 14.915 peticiones, más del doble que el año anterior ( 6.192).
El Boletín Anual de Estadísticas Migratorias de 2022 del INM muestra un desplome de 74% en el ingreso de personas procedentes de Venezuela a México por vía aérea. En 2022, llegaron 39.245 personas, mientras que el año anterior fueron 148.378. La medida de exigirles visa a partir de enero del año pasado, al parecer, frenó a los venezolanos que venían por aire, ya que ese mes ingresaron 21.678 y luego no superaron las 2.000 entradas por mes.
Ese fenómeno también lo han observado y documentado Rodríguez y Guerrero a través de su organización. “Eran pocos los venezolanos que llegaban por vía terrestre. Ahora, deben transitar por caminos irregulares, pagarle a coyotes, y muchos de ellos están siendo detenidos en el camino”, explicó Guerrero.
Por su parte, Human Rights Watch denunció que la cantidad de venezolanos detenidos por autoridades de inmigración de México también aumentó en forma drástica desde que entraron en vigor los nuevos requisitos de visa en enero de 2022. Las autoridades mexicanas detuvieron a 97.078 venezolanos durante el 2022, mientras que el año anterior fueron 4.360.
A pesar de que el INM lo define como “eventos de personas en situación migratoria irregular en México”, para HRW estos son eufemismos.
“Los catalogan como presentados y canalizados, pero al final, son personas que pasan por un proceso de aprehensión”, explicó Tyler Mattiace, investigador para México. En ese sentido, también agregó que estos mismos eufemismos los utilizan para los casos de deportaciones, a los que el INM los define como “retorno asistidos”.
“En estos casos hemos observado que los obligan a firmar un documento sin permitirles leer lo que están aceptando. Una deportación debería ocurrir solo cuando ocurre un delito penal”, agregó.
Igualmente, el reciente informe de esta organización, describe que “los solicitantes de asilo en México suelen verse obligados a esperar en condiciones deplorables durante meses o años para obtener estatus legal”.
Aclamados por nada
A los deportados aún les aguardaban vejámenes durante la repatriación. A pocos minutos de llegar a Venezuela, a cada uno le quitaron las esposas de t-rap y teipe plomo. Algunos recibieron parte de sus pertenencias y cosas de valor, pero la mayoría se quedó con su ticket esperando el sobre. Nunca se los dieron.
Raúl seguía pidiendo sus zapatos, como quien reclama un resquicio de dignidad. “No quiero llegar a mi país descalzo”, insistía. Pero no le dieron otra opción.
Con los pies desnudos, Raúl pisó la pista del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en donde ocurriría otro engaño, esta vez por parte de las autoridades de Venezuela.
Al bajar por las escaleras del avión, los migrantes, ahora deportados, fueron nuevamente grabados con cámaras de celulares por la Policía Migratoria de Venezuela, quienes los aplaudían y recibían con euforia.
“Parecía que querían vender la historia de que estábamos regresando por voluntad propia. El recibimiento era como si fuésemos la selección olímpica”, dijo Raúl.
Pero ninguno de los recién llegados estaba para celebrar. En especial una de las nueve mujeres deportadas, que fue separada de sus dos niños menores de edad, quienes aún permanecen en México y se desconoce su paradero. Así lo relataron las ocho personas entrevistadas para esta cobertura, así como las abogadas que llevan el caso.
Algunos sufrieron intimidaciones. A Raúl, por ejemplo, le quitaron su pasaporte y le informaron que debía buscarlo en los próximos días en las oficinas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime). Esto lo impulsó a salir otra vez de Venezuela, en esta ocasión, en la clandestinidad.
En casos anteriores, a militares o policías que escapan de la crisis humanitaria de Venezuela, los han acusado de deserción o traición a la patria. A sus familiares los persiguen y, si los capturan, son sometidos a procesos judiciales irregulares y tratos inhumanos en las cárceles donde mantienen a los presos políticos del país. Este tipo de vejaciones ha sido documentado por organizaciones locales como Dejusticia, Provea, Justicia, Encuentro y Perdón, y hechas públicas por agencias internacionales de noticias como Reuters.
Se contactó a las autoridades de Maiquetía sobre este operativo, al igual que a las del Saime. Sin embargo, no dieron respuesta.
Al terminar el proceso migratorio de llegada, otros autobuses esperaban al grupo de migrantes, esta vez, de la marca Yutong, los que suelen utilizar los organismos del Estado en Venezuela. Custodiados por ambulancias, vehículos de la Policía de Vargas y motorizados, los sueños y esperanzas de estos venezolanos se esfumaron en horas. Los dividieron en grupos, dependiendo del estado al que los iban a trasladar: Zulia, Falcón, Lara, Distrito Capital, entre otros.
De estos ocho entrevistados, tres lograron cruzar nuevamente los países centroamericanos y pasar por México y llegar hasta Estados Unidos. Otro se quedó en Colombia y el resto sigue en Venezuela. “Por 15 días, yo sentía que el corazón se me iba a salir. Pero acá estoy trabajando. Me mortifica pensar que nuevamente debo atravesar la selva. Me voy con la idea de que conocí varios países. Mis amigos de Colombia quieren que regrese, pero es mucho dinero. Por ahora, veré como reacomodo mi vida”, dijo Jimmy desde Maracay.
Cinco personas que estuvieron en ese vuelo de deportados del 30 de julio de 2022 presentaron una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, relatando los malos tratos en Siglo XXI y las condiciones injustas y arbitrarias de la deportación. Aunque obtuvieron un primer oficio de respuesta, no han avanzado las investigaciones.
Estos migrantes no fueron los únicos en presentar su queja. La CNDH registró 163 casos en el 2022 de presunta violación de derechos humanos contra migrantes venezolanos por parte de autoridades migratoria. Sobre el caso de los 126 venezolanos deportados en julio, respondieron para este reportaje que remitieron nuevamente el expediente al Órgano Interno de Control del INM, tras advertirse que funcionarios incurrieron en irregularidades, por lo cual les compete “conocer e investigar las conductas de los servidores públicos adscritos, que puedan constituir responsabilidades administrativas y, en su caso, aplicar las sanciones a que haya lugar”.
“Es injusto que uno pase por todo esto. No estoy saliendo de mi país por vacaciones, se sale por necesidad, buscando seguridad, una mejor calidad de vida y poder ayudar a mi familia en Venezuela. Ser migrante no es un delito”, dejó sentado Deivy Gutiérrez en su denuncia ante la CNDH.
*Algunos nombres fueron cambiados por protección de los entrevistados
Esta historia fue realizada gracias al apoyo de Google News Initiative y con la colaboración del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Clip).
Tomado de México, la meta volante que los caminantes venezolanos no siempre alcanzan