La corrupción chavista tiene rastros por dondequiera, como las irregularidades en los convenios de vivienda entre Venezuela y Uruguay durante los gobiernos de Hugo Chávez y Tabaré Vázquez, tal como lo reveló Eduardo López Mercado, exmiembro del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) recientemente.
López Mercado describió en una entrevista cómo se redireccionaron fondos del fideicomiso de PDVSA hacia proyectos específicos vinculados a figuras políticas, entre los que destacó el caso de la empresa UMISSA (Unión Metalúrgica Industrial del Sur Sociedad Anónima) y su relación con el entorno del Movimiento de Participación Popular (MPP).
Reveló que estas viviendas fueron técnicamente rechazadas en Uruguay por su baja calidad e inseguridad, pero terminaron vendiéndose a Venezuela mediante acuerdos de millones de dólares. Eduardo López Mercado relató su papel como asesor y denunciante, al tiempo que afirmó que la información sobre este «negocio oscuro» fue ocultada intencionalmente para favorecer intereses particulares de la nomenclatura política.
Eduardo López Mercado, alias «Tato», fue miembro del aparato militar del Movimiento de Liberación Nacional (MLN-Tupamaros) desde 1969. Tras la dictadura en Uruguay, vivió en el exterior y utilizó a Venezuela como «zona de alivio». Allí estableció vínculos profundos con la izquierda venezolana, incluyendo sectores que posteriormente formarían parte del gobierno chavista.
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Vínculo Venezuela-Uruguay: caso de las viviendas UMISSA
Las revelaciones de Eduardo López Mercado solo confirman la vieja tesis que sostiene que Uruguay y las fuerzas de la izquierda de dicha nación, entre ellos los Tupamaros, se constituyeron con el chavismo, en centro para el lavado de dinero y actividades terroristas.
López Mercado detalló durante una entrevista a un medio uruguayo, una operación comercial y política de gran escala entre Venezuela y Uruguay durante los gobiernos de Hugo Chávez y el Frente Amplio, la cual estuvo centrada en un fraudulento acuerdo de viviendas por valor de USD 157 millones.
El extupamaro, quien fue contratado por la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) para supervisar sus operaciones institucionales en Uruguay.
Claves del caso
De acuerdo a la narración que Eduardo López Mercado hizo, los puntos clave del caso son:
Acuerdos pre-asignados
En el marco del Fondo Artigas-Bolívar, dos proyectos multimillonarios ya estaban adjudicados antes de las rondas de negocios formales: uno vinculado a Javier Vázquez, hijo del entonces presidente Tabaré Vázquez, y el proyecto de viviendas de la empresa específicos vinculados a figuras políticas, entre los que destacó el caso de la empresa Unión Metalúrgica Industrial del Sur Sociedad Anónima (UMISSA), impulsado por el MPP (José Mujica, Fernández Huidobro) y el Partido Comunista.
Naturaleza fraudulenta del proyecto UMISSA
El proyecto consistía en la venta de 12 000 viviendas prefabricadas de calidad ínfima. Estas mismas viviendas, fabricadas por los hermanos Lagrenade (SASEM), habían sido prohibidas en Uruguay en la década de 1990 por el Ministerio de Vivienda, que las catalogó como «galpones» no aptos para ser habitados tras un incidente fatal donde una mujer falleció en un incendio.
Denuncia y exposición
Al descubrir los antecedentes y la inviabilidad técnica del proyecto, Eduardo López Mercado elaboró un informe detallado que presentó a altas autoridades venezolanas, incluyendo a la embajadora y al entonces presidente de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro. Ante la inacción, filtró el informe al diario opositor venezolano «El Nacional», lo que desencadenó un escándalo público.
Presión política de alto nivel
El acuerdo fue activamente impulsado desde Uruguay por figuras como José Mujica y Rosario Portell, quienes ejercieron presión sobre funcionarios venezolanos para que aprobaran el proyecto UMISSA en detrimento de un convenio de cooperación técnica con la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda (FUCVAM), que contaba con el apoyo del ministro de vivienda venezolano, Julio Montes, quien fue destituido públicamente por Chávez.
Desenlace y consecuencias
A pesar de la exposición del fraude, la empresa UMISSA recibió un adelanto cercano a los USD 70 millones. El proyecto se detuvo, solo se instalaron 25 viviendas en estado ruinoso en Venezuela, y el resto de los materiales quedaron abandonados en galpones. Como resultado de su denuncia, se solicitó la exclusión de López Mercado de toda actividad institucional venezolana.
El Fondo Artigas-Bolívar
El denominado Fondo Artigas-Bolívar, fue un fideicomiso que sirvió para canalizar las relaciones comerciales entre los dos países.
López Mercado aseguró que, antes de que comenzaran las rondas de negocios oficiales, los proyectos más importantes ya estaban asignados «a dedo».
Los dos proyectos principales ya estaban cubiertos:
El proyecto de Art-Export de Javier Vázquez, hijo del presidente Tabaré Vázquez.
El proyecto de viviendas UMISSA, vinculado directamente al MPP (Mujica, Fernández Huidobro) y con participación del Partido Comunista.
El fraude de viviendas UMISSA
El núcleo de la denuncia de Eduardo López Mercado se centró en el acuerdo para la compra de viviendas prefabricadas por parte de Venezuela a la empresa uruguaya Unión Metalúrgica Industrial del Sur S.A. (UMISSA).
Los responsables de la empresa UMISSA eran los hermanos Lagrenade, quienes previamente operaban bajo la firma SASEM. Durante la dictadura en Uruguay, ya tenían un historial de negociar con personerías jurídicas de cooperativas de vivienda.
En el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995), un incendio en una de estas viviendas prefabricadas provocó la muerte de una usuaria en 10 minutos.
A raíz de este suceso, una comisión encabezada por el entonces director de Vivienda, José Camarda, determinó que las estructuras no podían ser homologadas como «viviendas». Se les otorgó el «estatuto de galpón» debido a su construcción precaria: planchas de fibrocemento débiles, material plástico inflamable en el interior, y un tendido eléctrico deficiente. El Ministerio de Vivienda uruguayo les retiró la competencia para construir.
La transacción con Venezuela
A pesar de haber sido prohibidas en Uruguay, se acordó la venta de 12 000 unidades a Venezuela por un monto de USD 157 millones. El número fue posteriormente reducido a 8 000 al excluirse unos «refugios» descritos como «cuchas de perro» impresentables.
Las casas, de unos 75 m², fueron valuadas a un precio de USD 400 dólares el metro cuadrado, un costo excesivo para su calidad.
El Contralor General de Venezuela, Clodosvaldo Rusán, emitió un informe advirtiendo que las viviendas «no se compadecían con las mínimas normativas» y exigió una investigación. Las casas carecían de una estructura adecuada, se montaban sobre una simple «carpeta» y los armazones de madera enviados desde Uruguay estaban mal cortados, impidiendo un ensamblaje correcto.
La denuncia de López Mercado
Eduardo López Mercado refirió en la entrevista que, en su rol de supervisor para PDVSA, investigó a fondo los antecedentes de UMISSA y decidió actuar. Elaboró un informe detallado con nombres, apellidos y entrevistas que demostraban el fraude.
Posteriormente, entregó dicho informe a María Urbaneja, la embajadora venezolana, quien le consultaba sobre la política interna uruguaya.
Igualmente, de «motu proprio», presentó el informe en el despacho de Nicolás Maduro, quien para la época fungía como presidente de la Asamblea Nacional), así como a Freddy Bernal en la alcaldía de Caracas y en el Ministerio de la Presidencia.
Advirtió a sus contactos en el gobierno venezolano que, si no recibía una respuesta en 15 días, el informe sería entregado a la oposición.
El proyecto UMISSA compitió directamente con una iniciativa legítima de cooperación con FUCVAM, la federación de cooperativas de vivienda de Uruguay. El ministro de Vivienda venezolano, Julio Montes, era partidario del modelo cooperativo uruguayo y apoyaba el convenio con FUCVAM.
Por su posición fue «linchado públicamente» por Hugo Chávez en una transmisión de «Aló presidente», una maniobra atribuida a la influencia de Diosdado Cabello, quien impulsaba el negocio de UMISSA.
Ante la falta de acción oficial, López Mercado entregó el expediente al diario «El Nacional» y este periódico contactó a José Camarda, el exdirector de vivienda uruguayo, quien confirmó públicamente la estafa, calificando a los responsables de «bandidos» y «sinvergüenzas», narró López Mercado en la entrevista.
A pesar del escándalo, UMISSA recibió un adelanto que el informe estima entre USD 69 y USD 70 millones, pero solo 25 viviendas fueron instaladas en el pueblo de San Casimiro y hoy «se están cayendo a pedazos». El resto de los componentes y materiales fueron abandonados en galpones.
Jerónimo Cardoso, embajador uruguayo, transmitió la solicitud de que López Mercado fuera excluido de toda actividad institucional vinculada a Venezuela. Él infiere que la petición provino de José Mujica.
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