Un informe confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand) revela los extravagantes gastos de una organización formada por exviceministros y exdirigentes venezolanos que se apropió de 2.000 millones de dólares de Petróleos de Venezuela (PDVSA), la mayor empresa pública de Venezuela. El documento muestra cómo la trama se dedicó a comprar propiedades de lujo, vehículos blindados, un helicóptero y servicios de coaching, entre otros dispendios, mientras saqueaba la compañía energética entre 2007 y 2015.
Un helicóptero y 22 coches de lujo
Entre las adquisiciones más llamativas de la red corrupta se encuentra un helicóptero Eurocopter Ec135, que compró en noviembre de 2011 por 2,6 millones de dólares. Se trata de un modelo con capacidad para siete personas, incluido el piloto, que dispone de una amplia cabina, un sistema para reducir el ruido y que se vende como una opción fiable para vuelos privados.
La aeronave se adquirió a través de la empresa panameña High Advisory and Consulting S. A., controlada por el empresario Luis Mariano Rodríguez Cabello, considerado el presunto testaferro del grupo. Según la Uifand, Rodríguez Cabello era el encargado de autorizar los pagos que la organización realizaba mediante una compleja red de cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA), donde ocultaba supuestamente el dinero obtenido ilícitamente.
Además del helicóptero, la trama se gastó 5,7 millones de dólares en 22 vehículos, algunos de ellos blindados, para protegerse de posibles ataques. Estos coches se compraron entre 2008 y 2014, según el informe de la Uifand, reveló EL PAÍS.
Millones en abogados y asesoría
Otro de los apartados que más dinero consumió a la red fue el de los servicios jurídicos. La organización pagó 5,2 millones de dólares entre 2011 y 2014 al despacho venezolano Mata, Borjas and Priwin, bajo vagos conceptos como “honorarios por servicios” y “gastos del proyecto inmobiliario”.
Uno de los socios de ese bufete en 2011 era Albino Ferreras Garza, un abogado cercano al Gobierno venezolano que también asesoró a otros implicados en el supuesto cobro de sobornos de la energética y sus filiales, como Rafael Sarría o Fidel Ramírez, según Armando.info. Ferreras Garza explicó a EL PAÍS por correo electrónico que su relación profesional con la trama se debió a un contrato con la empresa InverDT CA, que tenía entre sus accionistas a Rodríguez Cabello y Diego Salazar. “Fuimos contratados por el departamento legal de InverDT CA para atender a lo que en aquel momento era una investigación sobre presunta legitimación de capitales instruida en la Fiscalía de Andorra”, afirmó el letrado.
La organización también desembolsó 120.000 dólares en marzo de 2014 por servicios de coaching, una cifra sorprendente que evidencia el nivel de vida que llevaba la red.
Un emporio inmobiliario de 52 millones
Como ya informó EL PAÍS, la trama manejó un patrimonio inmobiliario valorado en 52 millones de dólares, que incluía 21 propiedades de lujo. Para acondicionar y adornar estas viviendas y oficinas, la red invirtió una gran cantidad de dinero en reformas, mobiliario, iluminación, seguridad y otros elementos. Por ejemplo, pagó 200.000 dólares por el proyecto de remodelación de tres apartamentos en el edificio Torre Edicampo de Caracas; 200.000 en carpintería; 198.369 por la iluminación de oficinas y viviendas residenciales; 178.000 por equipos de aire acondicionado; 80.530 en artículos de decoración; y 55.489 por “asesoramiento en materia de seguridad e infraestructura”, según los documentos a los que ha tenido acceso la Uifand.
La trama también se dio el capricho de comprar vajillas y platería de lujo en la exclusiva tienda francesa Christofle, por un valor de 123.900 euros, que pagó en octubre de 2012.
Otro de los proyectos que financió la organización fue la construcción de un comedor industrial en Caracas, para el que destinó más de un millón de euros. De esa cantidad, 169.484 dólares se gastaron en equipamiento de cocina.
El saqueo de PDVSA
La red que expolió PDVSA estaba integrada por una treintena de exfuncionarios de la empresa estatal y exdirigentes del chavismo, entre los que destacan los exviceministros de Energía de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado, que fueron hombres de confianza del expresidente Hugo Chávez (1999-2013). Según la investigación, la organización montó un sistema para cobrar comisiones ilegales a los empresarios, sobre todo chinos, que obtenían contratos públicos de la energética y sus filiales. Algunos miembros de la trama llegaban a percibir un 10% del valor de las adjudicaciones.
Para ocultar el origen ilícito del dinero, la red lo depositó en una compleja red de cuentas en la BPA, situada a 7.400 kilómetros de Caracas. El dinero circulaba a través de una treintena de sociedades en Suiza y Belice, que servían para enmascarar a los verdaderos beneficiarios.
La trama justificaba los ingresos como pagos por unos supuestos trabajos de asesoría que, según los investigadores, nunca se realizaron. La Justicia andorrana acusa a los miembros de la red de blanqueo de capitales en establecimiento bancario. La BPA, el banco que albergó el dinero sucio, fue intervenido en 2015 por las autoridades de Andorra por el presunto lavado de capitales de grupos criminales.
Abogado de la trama chavista defiende sus servicios profesionales
Albino Ferreras Garza, exsocio de un bufete venezolano que recibió 5,2 millones de euros de una organización acusada de expoliar fondos de la petrolera estatal Pdvsa, afirma que su trabajo fue legítimo y que se basó en la coordinación de expertos de distintos países. El letrado asegura que su relación con el grupo comenzó en 2010, cuando le pidieron ayuda para comprar una empresa de ingeniería.
El abogado, que en 2011 formaba parte de la firma Mata Borjas, Priwin and Ferreras, dice que ese año se intensificaron sus servicios al grupo, debido a que se iniciaron las indagaciones en Andorra sobre el posible origen ilícito del dinero que manejaban. Según la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand), esta organización depositó en la Banca Privada d’Andorra (BPA) más de 2.000 millones de euros entre 2006 y 2012.
Ferreras Garza cuenta que su primera actuación fue contactar con el departamento jurídico de la BPA para conocer su posición sobre el caso. “Conforme a la posición del banco, no había posiciones para el bloqueo”, indica el letrado por correo, refiriéndose a la medida cautelar que se aplicó sobre los fondos del grupo en la entidad andorrana. Además, señala que solicitó a un abogado estadounidense que investigara si había causas abiertas en Nueva York relacionadas con el bloqueo.
El abogado reconoce que en 2010 abrió una cuenta en la BPA, el banco que usó la trama chavista para ocultar el supuesto expolio de la petrolera, para recibir el pago de sus servicios profesionales. Sin embargo, aclara que su cliente era la sociedad InverDT CA, y no High Advisory and Consulting S. A., como se ha publicado. “Entendemos que [esta última empresa] es una unidad de tesorería bajo la administración directa del señor Rodríguez”, explica Ferreras Garza.