Por: Jorge Alejandro Rodríguez Moreno
Fuente: TalCual
Para el día martes 7 de mayo de 2019 el Orden del día de la Asamblea Nacional planteaba discutir dos asuntos muy importantes, la eventual reincorporación de Venezuela al Tratado interamericano de asistencia recíproca (TIAR) y la situación planteada por la iniciativa de allanamiento de su inmunidad a siete parlamentarios a raíz de los eventos del 30 de abril.
Es en este cuadro donde se plantea, con carácter de urgencia, aprobar el pago de 71 millones de dólares por parte de Pdvsa a los tenedores de los bonos Pdvsa 2020, bonos estos que tienen como garantía en caso de impago al 50.1% de las acciones de la empresa Citgo, la cual es propiedad de Pdvsa Holdings, esta a su vez una filial de Pdvsa. Es entonces inexplicable que no apareciese en el Orden del Día para la sesión que iba a desarrollarse. Una muy extraña forma de manejar una urgencia, sin duda.
Recapitulemos. En 2016, fecha en la cual se emitieron estos bonos, la Asamblea Nacional señalo la improcedencia de esta emisión, con lo cual quedo establecida su inconstitucionalidad. Dado que la constitución establece que los contratos de interés público requieren expresa aprobación de la Asamblea Nacional, al no haberse emitido tal aprobación, la emisión es nula. Sin embargo, sin permitirse ni siquiera la mínima discusión, según reclaman los diputados de la Fracción 16 de Julio (Américo De Grazia, etc.) el pago fue aprobado.
¿Por qué aprueba la Asamblea Nacional que se pague?
Acá comienza la controversia. A los venezolanos se nos ha dicho que, de no pagarse, se perdería Citgo. La realidad es que Citgo puede que se pierda, o como ya han dicho dos cercanos colaboradores de Juan Guaidó, es casi imposible que se salve, y, sobre todo, no se salvará porque se pague o se deje de pagar el bono Pdvsa 2020. Estos colaboradores son la actual presidente de Citgo y una de los miembros de más sólida reputación académica del equipo del Plan País del área petrolera, el Dr. Francisco Monaldi.
Llama la atención que Monaldi, quien reiteradamente ha dado a Citgo como de casi imposible salvación, saliese a apoyar el pago de los 71 millones
La cita textual de la declaración de la actual presidente de Citgo aparece en el New York Times en octubre de 2018, hace apenas seis meses, y es la siguiente:
“No veo cómo Pdvsa pueda conservar Citgo, porque todo Citgo está comprometido por un lado o el otro con diferentes tipos de prestamistas, y acreedores descontentos que están logrando afectar su estabilidad”.
En agosto de 2018 el ya señalado profesor Francisco Monaldi, experto en Petróleo y fellow del instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad de Rice, señalaba respecto a una de estas demandas perdidas por Venezuela ante Crystallex, que aquel podía ser el inicio de una cadena de demandas, muchas de entidades que tienen casos más sólidos que el de la demandante de ese caso:
“Hay muchos otros en fila por activos de Citgo, tenedores de bonos de Citgo, acreedores de Citgo, tenedores de los bonos Pdvsa 2020, Rosneft, Conoco, otros acreedores de Pdvsa y Venezuela, y demandantes en el Ciadi. Me parece que Crystallex no debería estar de primero en esa fila…” y en línea con esto comentó: “No creo que Pdvsa pierda inmediatamente control de Citgo, pero pienso que eventualmente pasará… es solo cuestión de quién se quedará con ella”.
Debe quedar claro entonces que Citgo no se salva simplemente pagando. Se salva renegociando los términos de la deuda y obteniendo protección de los gobiernos que han expresado su decisión de apoyar a Venezuela. Pagar el bono es ponerle en bandeja de plata a Citgo al siguiente acreedor que llegue.
Sobre los nombramientos de la presidente y demás miembros de la Junta Directiva de Citgo, hay que destacar que hoy día Crystallex usa como alegato a su favor en el juicio que adelanta en la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito, en Delaware, contra la República de Venezuela y Pdvsa. Esto lo alega Crystallex en escrito reciente del 14 de abril, escrito cuyo contenido algunos diputados dicen desconocer.
Este escrito de Crystallex en su demanda se sustenta en el testimonio de quien fue su experto pagado, el actual procurador especial que debiese velar por los intereses de la República y quien en dicho juicio mantuvo que Pdvsa es un Alter Ego de la República, es decir Otro yo, en términos coloquiales que son la misma cosa y que por tanto se podrá embargar los bienes de una por deuda de la otra. Es un poco más complejo, pero esto debe ilustrar el punto y la inconveniencia de la designación de quien mantiene tal tesis, así como lo cuestionable de que este procurador especial no se apartase de este juicio.
Alega además Crystallex en su escrito, textualmente, que “el gobierno de Guaidó muestra el mismo desprecio por el respeto de las prácticas de gobierno corporativas que mostró el gobierno de Maduro”, y para ello señala que el nombramiento de la Junta Pdvsa Ad Hoc, Junta de Pdvsa Holding y Junta Directiva de Citgo, en un mismo acto legislativo (Legislative Fiat) serían muestras de tal desprecio por el buen gobierno.
Algunos diputados también han dicho que esto se hizo así porque el procurador especial se los indicó. Es decir que las indicaciones, las recomendaciones, que el procurador especial habría hecho a la Asamblea Nacional, serían convenientes para que los demandantes ganen, valga decir, Venezuela pierda. Tan es así que estos, los demandantes, lo alegan en el juicio.
Pero volvamos, sobre si se perdería Citgo
Citgo se perderá salvo si se obtiene una Orden Ejecutiva de Protección similar a la Executive Order 13303, la cual es el equivalente norteamericano de un decreto presidencial. Esta orden, que no tiene una extensión de más de una página y de la cual ya se tiene experiencia en situaciones anteriores, la más reciente siendo la de Iraq emitida por primera vez en 2003 por el Presidente Bush (Executive Order 13303) y que fue renovada varias veces por el Presidente Obama.
Resaltamos de nuevo no solo la improcedencia sino lo criminal del pago. Se le quiere decir a los venezolanos que era necesario pagar para solicitar la Orden Ejecutiva. Falso. En qué cabeza cabe que la primera potencia del mundo va a supeditar una decisión geopolítica a tan minúscula cantidad de dinero. Por favor.
Varios diputados han sostenido, sin mostrar documentación alguna, que esta Orden fue tramitada por el procurador especial (el mismo que fue pagado por Crystallex en su momento para emitir opinión contraria a los intereses de Venezuela). Hay quienes creemos que la misma o no fue tramitada o se tramitó en forma negligente. El gobierno norteamericano ha indicado hasta el cansancio en infinitas declaraciones su disposición de ayudar a los venezolanos. Resulta increíble pensar que vaya a negar algo tan sencillo como esta orden. En conversaciones informales hay quienes han sostenido que Trump no lo haría por no afectar a una empresa norteamericana… olvidando, o pretendiendo así engañar, que Crystallex es canadiense.
Hay otra serie de actuaciones y omisiones que el procurador especial debe aclarar. Cuando no francas mentiras, como alegar en la noche del 7 de mayo que como la ley aplicable a estos bonos es la de Nueva York, no se podría alegar la nulidad por inconstitucionalidad de estos bonos.
Cualquier estudiante de Derecho con un mínimo de curiosidad por estos aspectos le podría enmendar la plana al procurador especial, con las diferencias entre Applicable Law, Jurisdiction and Act of State Doctrine, lo cual mal podría decir que desconoce cuando en otro juicio en el cual también sirvió de experto contra los intereses de Venezuela, el juez dio una extensa explicación sobre la Doctrina de los Actos de Estado, de la mayor relevancia para defender a Venezuela en estos momentos.
Doctrina que ahora el procurador encargado pretende desvirtuar. Pero tengamos en cuenta que estamos hablando de un abogado Cum Laude de la UCAB, con extensa obra, así que ignorante no es. Doy por descontado que sabe bien lo que hace.
La realidad es que al hacer el pago no solamente se están perdiendo los 71 millones del mismo. Se está abriendo la puerta para la pérdida de 30.000 millones, lo cual se traduce en una deuda de 1.200 (mil doscientos) dólares para cada venezolano. Incluyéndolo a usted querido lector
Se han solicitado sendos derechos de palabra ante las comisiones de finanzas y de energía de la Asamblea Nacional para tratar esto y asuntos aún más graves. Para explicar por qué este pago es un pago criminal, lesivo a los intereses de la República y de las graves consecuencias que se pueden derivar del mismo.
Veremos si los diputados quieren conocer de otros aspectos sumamente relevantes o darle la espalda a los venezolanos a quienes esta revolución está matando de hambre
No podemos guardar silencio ante un pago criminal. Criminal contra nuestros enfermos que mueren de mengua. Criminal contra los niños que no han recibido aún ayuda humanitaria. Y quizá criminal en las motivaciones de algunas de las manos que mecen la cuna. Crimen iniciado por el gobierno de Maduro que pareciere está encontrando ahora quien continúe en su ejecución.
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