La hoja de vida de Fernando Blasi no está exenta de polémicas, incluyendo una acusación por la presunta negociación con una empresa que administraría bienes y cuentas del Estado.
Redacción | Primer Informe
Un perfil del portal El Diario, da suficientes luces para conocer el perfil profesional y la experiencia del nuevo embajador ante Estados Unidos designado por la Asamblea Nacional de 2015 venezolana.
De acuerdo con el portal Dateas, Fernando Javier Blasi Blanchard nació el 4 de enero de 1972 y es oriundo de Maracaibo, estado Zulia. Estudió Finanzas y Administración de cartera en la Universidad Internacional de Florida, para posteriormente ocupar diferentes cargos gerenciales en empresas de Venezuela.
Su página web personal señala que ejerció como vicepresidente y gerente de desarrollo comercial de una empresa de servicios de gestión hospitalaria en Maracaibo de nombre SGH. También fue vicepresidente de otra llamada Exxel Medical. Bajo este nombre solo se encuentra en Internet una empresa en Colombia de mismo nombre, dedicada al suministro de insumos quirúrgicos.
Tanto su perfil de LinkedIn como su blog indican que desde 2013 es el presidente de la junta directiva de Intercorp Mortgage Solutions LLC. Esta es una agencia de préstamos hipotecarios radicada en Miami, Florida. No debe confundirse con el Grupo Intercorp, un conglomerado multinacional dirigido por el peruano Ramón Barúa Alzamora. Tampoco con Intercorp Logistic Limited, empresa offshore vinculada con tramas de lavado de dinero para Odebrecht.
En 2019, luego de que el gobierno de Estados Unidos reconociera a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, se designó a Carlos Vecchio como su representante diplomático en ese país. Desde ese momento Blasi también ingresó a la recién formada embajada, como director de Asuntos Comerciales.
El 5 de marzo de 2020, Guaidó nombró a Blasi como miembro del Consejo de Administración. Este órgano, que funcionaba igual que la Oficina Nacional del Tesoro, tenía como propósito analizar y aprobar las órdenes de pagos de los jefes de cada una de las unidades del gobierno interino. Estaba presidido por el entonces comisionado para el Desarrollo Económico, Alejandro Plaz, además de Yon Goicoechea, Gustavo Marcano y Eva Hurtado.
Investigaciones
El 17 de septiembre de 2020, el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, anunció una investigación contra el diplomático y su hermano, Magin Blasi. Designó a la Fiscalía 67ª Nacional para imputarlos por traición a la patria, legitimación de capitales, usurpación de funciones, entre otros delitos. Esto, luego de acusarlos de formar parte de una presunta red de sobornos y apropiación de activos venezolanos.
En esa investigación también se incluyó al exprocurador especial, José Ignacio Hernández; el entonces comisionado para la recuperación de activos en el exterior, Javier Troconis; y al presidente de la junta ad hoc de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Luis Augusto Pacheco.
De acuerdo con Saab, los acusados supuestamente intentaron negociar un contrato con el consorcio Caribbean Recovery Assets, dirigido por Jorge Reyes y Pedro Antar. La empresa pasaría a administrar cuentas y bienes del Estado venezolano, a cambio de quedarse con el 18 % de los activos confiscados. Posteriormente, los involucrados recibirían también la mitad del dinero de la comisión.
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Contrato polémico
A principios de enero de 2021, el periódico estadounidense The Washington Post publicó una entrevista a Reyes y Antar, donde confirmaron parcialmente los señalamientos del régimen. El reportaje, en el que se revisaron varios documentos y el aparente contrato, explica que los empresarios propusieron a finales de 2019 un plan para captar hasta 40 millardos de dólares en activos. Estos estaban repartidos en el Caribe en forma de empresas, carros, casas y propiedades a nombre de PDVSA.
Indicaron que la idea era emplear los servicios de su empresa recuperando esos activos para el gobierno interino. Esto fue negociado directamente en Miami con Blasi y Troconis. Sin embargo, los funcionarios habrían hecho una serie de peticiones “inusuales”. Por ejemplo, un pago por adelantado de $750.000 a una compañía de Magin Blasi, a cambio de firmar el contrato, entre otras cosas. Al no llegar a un acuerdo entre las partes, el contrato nunca se concretó.
En el mismo reportaje de The Washington Post, Blasi y Troconis desmintieron esas acusaciones. Si bien reconocieron el plan para recuperar activos de PDVSA en el Caribe, negaron la exigencia de sobornos. Aseguraron que el acuerdo se canceló de inmediato, luego de que se descubriera un juicio pendiente de Reyes por fraude en una corte federal. Reyes posteriormente fue arrestado por su conexión con una trama de exportaciones fraudulentas hechas en 2008 por el entonces gobierno de Hugo Chávez.
Por su parte, la Asamblea Nacional opositora abrió una investigación del caso, en la que determinó que, a pesar de detectarse serias irregularidades en el proceso de contratación, no se encontraron evidencias de corrupción. En el caso de la embajada venezolana en Washington, Vecchio solicitó a la justicia estadounidense hacer sus propias investigaciones para determinar si hubo alguna acción ilícita. Las autoridades de ese país hasta el momento no han emitido ningún pronunciamiento al respecto.
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