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“Con
la bendición del Dios todopoderoso e inspirado en la maravillosa herencia
histórica de nuestros antepasados aborígenes, héroes y heroínas
independentistas, en cuya cúspide está el padre de la patria, El Libertador
Simón Bolívar, y con la finalidad primordial de garantizar la paz del país…”;
así comenzaba el presidente venezolano, Nicolás Maduro, el 23 de mayo de 2017,
la lectura al decreto con que fijaba las llamadas bases comiciales para la
elección de 545 constituyentes el próximo 30 de julio.

Desde
el palacio de Miraflores -sede de la presidencia de la República, en el centro
de Caracas-, ante una concentración oficialista de simpatizantes “por la paz”,
acompañado por figuras visibles de su Gobierno y jerarcas del Partido Socialista
Unido de Venezuela (Psuv), Maduro enumeró las condiciones con las que se
escogerían los diputados a la Asamblea Nacional, de la que la oposición teme sea
un estratagema sectario para postergar la crisis de gobernabilidad que enfrenta
el régimen, aniquilar las instituciones que hoy le son adversas -como la
Asamblea Nacional y la Fiscalía- y, en definitiva, crear un marco normativo más
favorable para la instauración de un Estado
totalitario.

“¿Querían
elecciones? Tomen elecciones. ¿Querían votar? Vamos a votar. ¿Querían diálogo?
Tomen Constituyente”, se mofaba el mandatario venezolano de los reclamos
opositores por las aplazadas elecciones regionales, que debieron efectuarse en
2016, y por el bloqueo gubernamental del referendo revocatorio contra Maduro que
la Mesa de Unidad Democrática (MUD) intentó promover a mediados de ese año. Como
respuesta, aseguró el presidente en otra intervención, el 30 de julio “Venezuela
tendrá una fiesta electoral porque el pueblo escribirá historia eligiendo la
Asamblea Nacional Constituyente”.

Sin
embargo, como en toda oferta demasiado buena para ser verdadera, en el documento
esencial para dar inicio al proceso constituyente se encuentran unas letras
pequeñas a las que se debe prestar atención. Sus efectos son tan decisivos que,
de entrada, contradicen el principio de la igualdad de los
votantes.

Casi un tercio de los votantes incluidos en la muestra solo podrán sufragar por una clase de diputados

Para
comprobarlo en ocasión de esta nota, el equipo de bases de datos de
Armando.info, usando la técnica del muestreo sistemático con arranque aleatorio,
extrajo una muestra de 14% del padrón electoral, lo que se tradujo en una hoja
con 2.719.456 entradas o registros de votantes. La base de datos resultante
permitió cruzar informaciones y caracterizar los patrones de voto prestablecidos
para estos comicios.

Un
primer resultado resaltante del ejercicio cuenta que casi un tercio de los
votantes (29%) incluidos en la muestra solo podrán sufragar por una clase de
diputados, los “territoriales”, y no fueron asignados a ningún
sector.

En
el centro de esta constatación está la polémica decisión del presidente Maduro,
patrocinante de la Constituyente, de crear dos “ámbitos” de representación para
la asamblea. Se trata del tradicional “ámbito” territorial, aunque esta vez
organizado por municipios, sin importar su población, para un total de 364
diputados, con una paridad de uno por municipio, más dos adicionales por las
capitales de Estado; pero, junto a ese, también se establece otro “ámbito”,
inédito en Venezuela y que, según sus críticos, rememora al corporativismo
fascista: el “sectorial”. Se trata de delegados de gremios y grupos civiles que
el oficialismo designó a su antojo: así, se elegirán 24 diputados por los
estudiantes; ocho por campesinos y pescadores; cinco por los empresarios; otros
tantos por las personas con discapacidad; 28 de los pensionistas, 24 de los
consejos comunales y 79 de sindicatos y
gremios.

Uno de cada tres votantes de la muestra no está habilitado para participar en la elección de un tercio de los escaños

Aparte,
se prevé la escogencia de ocho diputados de los grupos indígenas, seleccionados
por unos brumosos “métodos ancestrales”.

Los
173 diputados “sectoriales” representan 32% de la asamblea. Así que el primer
resultado del análisis también puede traducirse así: uno de cada tres votantes
de la muestra no está habilitado para participar en la elección de un tercio de
los escaños.

Como
quiera que aquellos electores -dos tercios de la muestra- que cuentan con un
segundo voto “sectorial” son asignados a su correspondiente sector por la
autoridad electoral -el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado con rienda
por el chavismo- se pueden comprobar determinadas curiosidades, si no se toman
como diseños de mala fe. Así, en la muestra se encuentra que líderes conspicuos
de oposición, como Leopoldo López, María Corina Machado y el ex coordinador de
la MUD, Jesús Chúo Torrealba no están asignados a ningún sector
o, dicho de otro modo: solo votan por un cargo. Mientras, el diputado y ex
presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, también secretario
general del partido Acción Democrática, sí tiene derecho a un segundo voto. Vota
por el sector de “pensionados”, algo que parece una ironía que sigue los pasos a
las burlas que el presidente Maduro suele proferir contra el
diputado.

En
cambio, los pesos pesados del chavismo como la pareja presidencial, el número
dos del Psuv, Diosdado Cabello, el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, el
vicepresidente Tareck El Aissami, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino
López, o el ministro del Interior, Néstor Reverol, entre otros, fueron asignados
al sector de administración pública y tienen derecho a dos
votos.

En
cuanto al voto por estado, Distrito Capital es el estado que tiene mayor
porcentaje de personas con dos votos. 77,4 % de los electores de la muestra
votan dos veces, lo que parece congruente con el tamaño de la circunscripción y
porque encierra en su territorio una importante sede de poderes políticos y
actividades económicas.

Pero
luego le siguen, sorprendentemente, los estados Cojedes y Delta Amacuro, dos
entidades pequeñas y eminentemente rurales, donde un importante porcentaje de
los electores con dos votos en la muestra aparecen adscritos a los sectores de
la administración pública y de los consejos comunales, progubernamentales por
naturaleza.

En
cambio, el rico estado de Zulia -extremo noroccidental del país, frontera con
Colombia- es la provincia donde, según la muestra, la proporción de electores
con dos votos es menor. En elecciones regulares, Zulia pasa por ser el mayor
circuito electoral y un tradicional baluarte
opositor.

Desproporciones ¿caprichosas?

La
distribución de los votantes entre los sectores fue realizada por el CNE,
unilateralmente, sin permitir la postulación voluntaria a sectores ni auditoría.
Los sectores fueron a su vez divididos en subsectores sin explicación de las
razones. “Esta elección no sólo no es equitativa, donde hay municipios muy
grandes que están subrepresentados o municipios pequeños sobrerrepresentados,
sino que inventaron este grupo de sectores que tienen un voto adicional.
Sectores que a su vez tienen subsectores, como es caso de los estudiantes. Hay
dudas de dónde salieron estas listas”, explica el presidente del Observatorio
Electoral Venezolano, Luis Lander.

En
el decreto de fijación de las bases comiciales, se contemplaba que el CNE debía
solicitar los registros de los sectores a las instituciones oficiales, gremios y
asociaciones debidamente establecidos y, una vez recibidos los distintos
registros, serían agrupados por áreas de similar condición y distribuidos según
la base poblacional establecida. Sin embargo, instituciones como la Universidad
Católica Andrés Bello (Ucab), la Universidad de Los Andes (Ula), La Universidad
del Zulia (Luz) y la Universidad Nacional Experimental del Táchira (Unet),
rechazaron la convocatoria que les hiciera el CNE y se negaron a entregar listas
de sus estudiantes, por lo que estas -incluso de mediar la buena fe por parte de
las autoridades electorales- quedaron irremediablemente incompletas y
parciales.

De
acuerdo a expertos consultados, esta sería la razón por la que el sector con
menos porcentaje de votos es el de “Estudiante-privadas”. Según la muestra
utilizada para esta nota, este sector apenas abarca 0,62%. El mayor porcentaje
de votos es del sector de trabajadores, que elige a 79 constituyentistas, pero
al estar repartido entre tantos subsectores (administración, comercio, social,
banca, industria, construcción, etc) el porcentaje se diluye y así queda en
primer lugar, comparado con los subsectores, el de los pensionados con 16,3%,
seguido por consejos comunales (8,97%) y administración pública (6,63%), todos
muy influenciables por el Gobierno.

Los
pensionados no sólo van a tener «por primera vez en la historia» constituyentes
elegidos directamente por ellos, como expresó Nicolás Maduro el día del anuncio
de la convocatoria, sino que los datos insinúan que se trata de una elección
escorada en favor de la tercera edad -uno de los grupos etarios donde el
chavismo conserva mayor apoyo-. Se debe considerar que las listas de pensionados
son manejadas por el propio gobierno a través del Instituto Venezolano de los
Seguros Sociales (IVSS).

La vida en rojo

Los
candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente tuvieron como plataforma,
durante 20 días de campaña, las cadenas de radio y televisión para dar a conocer
sus propuestas. Más allá de los epítetos que candidatos y sus campañas
cosecharon en las redes sociales, por la pésima calidad de las piezas y la
precariedad evidente de sus protagonistas, quedó claro que la mayoría de los
candidatos comparte los ideales y promesas del
oficialismo.

En
ningún momento se intentó disimular. “Fortalecer los claps”, “aumentar el
ideario bolivariano”, “ ganarle a la guerra económica”, “constitucionalizar las
misiones” y “defender la revolución bolivariana” eran algunas de las propuestas
que se escucharon. Aunado todo ello a un discurso visual en el que el uso de
vestimenta roja alusiva al chavismo o del uniforme correspondiente a alguna
institución del Estado era el común
denominador.

Lo
anterior concuerda con los datos obtenidos. Al cruzar la lista de candidatos
admitidos a la Constituyente con las listas del gubernamental Partido Socialista
Unido de Venezuela (Psuv) se comprueba que 54,14% forma o ha formado parte del
partido oficialista. Lo que es lo mismo: Del listado inicial de 5.924 admitidos
a la elección de la asamblea, 3.207 personas han militado abiertamente los
ideales de la revolución bolivariana creada por el ex presidente Hugo Chávez y
mantenida por su sucesor Nicolás Maduro. Y ello, sin contar que entre los
restantes predominan postulados que subjetivamente simpatizan con el proceso
revolucionario, aunque no hayan certificado su adhesión con la inscripción en el
partido.

El
chavismo también resalta en las cifras de solicitudes a candidatura. De las
8.100 solicitudes publicadas por el poder electoral, 49% corresponden a miembros
del partido oficialista. De estas solicitudes, el 81,3% resultaron finalmente
admitidas (3207 candidatos).

“No hay nada más chavista que la Asamblea Nacional Constituyente”

No
sólo los candidatos son chavistas. También los miembros de mesa elegidos. De la
muestra del padrón electoral utilizada para este análisis, el 34,8% de los
seleccionados como miembros de mesa han estado inscritos en el Psuv Del 63.91%
restante en las mesas, 2% pertenecen a otros partidos y 61.91% no tienen ninguna
afiliación política.

Estas
cifras retratan lo estipulado en las virtuales letras pequeñas del contrato
electoral para la Asamblea Constituyente que el Gobierno impulsa, y que con
candor de militante expresó el primer vicepresidente del Partido Socialista
Unido de Venezuela y también candidato, Diosdado Cabello: “No hay nada más
chavista que la Asamblea Nacional
Constituyente”.

Tomado de Las letras pequeñas de las elecciones constituyentes

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