En 2012 el gobierno otorgó US$126 millones a una compañía italiana de energía, Energy Coal SPA, para construir 1.540 apartamentos para personas con recursos limitados. La firma europea subcontrató entonces el trabajo a Starleaf Limited, compañía basada en Londres y controlada por el empresario Alejandro Ceballos y su familia.
Unos abogados suizos servían de representantes para ocultar la propiedad de Ceballos, según el reporte de Banco Espirito Santo a la FinCEN.
Entre 2013 y 2014 agencias del gobierno de Venezuela pagaron a Starleaf más de US$146 millones, según el desaparecido banco portugués. Luego la firma londinense distribuyó decenas de millones de dólares a compañías y cuentas de la familia Ceballos, de acuerdo a Espirito Santo.
«El patrón de pagos y la significativa porción o margen enviada a miembros de la familia parecen ser excesivos», escribió el banco en un informe de febrero de 2014. Tras revisar contratos y facturas, el banco concluyó que eran «artificiales», lo que puede estar conectado con lavado de dinero o evasión fiscal.
El gobierno de Venezuela en 2015 investigó ese proyecto y concluyó que hubo «irregularidades».