VenePirámides
Los ocupantes de la finca La Leona advierten que tomaron ese pedazo del estado Cojedes por el Instituto Nacional de Tierras. Eso dijeron esta semana cuando algunos de sus voceros viajaron a Caracas, para denunciar en la sede principal del INTI que los propios directores regionales de ese organismo los han llevado a ocupar y desocupar cuatro haciendas.
Agrupados bajo el nombre de Consejo Socialista Campesino Santa Inés de Cojedes, en dos años han recorrido la entidad entrando y saliendo de propiedades privadas en las que el INTI primero los manda a invadir y luego acusa irregularidades. Esta vez, sin embargo, las cosas fueron diferentes: el caso trascendió por tratarse de una finca de la Fundación La Salle.
Estudiantes, profesores y vecinos han denunciado el caso dentro y fuera de Cojedes. El 20 de septiembre salieron a pie, con caballos y en tractores para advertir que la toma pone en riesgo varios programas de educación e investigación científica. Pero al otro lado, los ocupantes señalan que llegaron a ese lugar tras varias irregularidades en los programas regionales del INTI.
«Andan ‘peloteándonos’ de una tierra para otra no se con qué fin», lamentaba el martes Luis Linarez, uno de los voceros que esta semana llevó el caso al directorio nacional del INTI.
En la Oficina Regional de Tierras primero los mandaron a ocupar la finca El Carmen, ubicada en El Baúl; luego otra en la población de Caño Benito; más tarde los dirigieron a la hacienda Las Guacamayas del municipio San Carlos y tras encontrar previamente invadida la cuarta finca que les ofrecieron, el pasado 12 de agosto decidieron irrumpir en la propiedad de al lado.
«Cuando fuimos a hacer posesión de las tierras encontramos a un grupo de campesinos que ya había sembrado todo eso y, por supuesto, no íbamos a pelear campesino con campesino», explica Luis Linarez.
«El director regional del INTI, David Arenas, dijo que teníamos que matarnos con esa gente y quitarles las tierras que nos habían dado pero nosotros dijimos que no», agrega. «¿Cómo íbamos a matarnos pueblo con pueblo? En el INTI central entonces respondieron que buscáramos tierras y que ellos verían si nos apoyaban o no».
Fue así como las 41 familias del colectivo Santa Inés terminaron en la finca La Leona. La Fundación La Salle tiene dos hatos en Cojedes desde hace más de 30 años y como encontraron ocupada la que estaba en medio de un procedimiento del INTI, terminaron por invadir la otra.
Esta historia, sin embargo, no empezó hace dos meses. Ahora que algunos estudiantes del Instituto Universitario de Tecnología Agropecuaria de la Fundación La Salle han venido denunciando la situación por las calles de San Carlos y hasta en la Web, a través de un grupo en Facebook, los ocupantes de la finca responsabilizan a los dos últimos representantes que el INTI ha nombrado en la región.
«El ex director de la Oficina Regional de Tierras, Renzo Pérez, nos mandó a la finca El Carmen en febrero de 2010, donde estuvimos cinco meses pasando trabajo, picadas de zancudo y hambre», cuenta. El periplo apenas comenzaba entonces: esa primera hacienda fue cedida al Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral, por lo que las 41 familias que la invadieron fueron desalojadas y obligadas -por instrucciones del INTI- a repetir la toma en otras dos fincas.
Se dirigieron entonces a una propiedad ubicada en Caño Benito, luego a otra en San Carlos. Linarez recuerda que en todo ese tiempo no pudieron cultivar: «El actual director regional, David Arenas, nos dijo en junio del año pasado que la finca Las Guacamayas iba a ser para nosotros, que él quería que peleáramos con el dueño de la finca pero en vista de que los suelos no servían y que allí perdimos varias cosechas, nos fuimos para el INTI central, donde nos mandaron a una finca de la Fundación La Salle que ya había sido sembrada por otros campesinos».
Hay algo más tras las invasiones de tierras, al menos en algunos fundos del estado Cojedes. Si varios campesinos ya empiezan a reconocer que han sido conminados a ocupar terrenos antes de que el Estado denuncie irregularidades en sus predios, muchos hacendados hace tiempo que han denunciado reventa de parcelas y mafias que negocian con ellas.
El propio ministro de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, lo reconoció el pasado 14 de septiembre. Sin la avalancha de cámaras y medios que puede encontrar en una rueda de prensa en Caracas y frente a un grupo de estudiantes que le pedían meter la mano por la finca de la Fundación La Salle, dijo en San Carlos que sabía de casos de invasores de oficio: «Nos han advertido que hay personas dirigiendo la lucha que ya tienen tierras en otro lado».
A los que han ocupado el fundo La Leona por necesidad advirtió que buscarán la manera de ayudarlos pero los exhortó, al mismo tiempo, a retirarse. «Yo creo que aquí no hay familia de la oligarquía cojedeña que se haya salvado de la recuperación de tierras, si quedan algunos están por allí escondidos o agazapados», dijo. «Ahora una cosa es la lucha contra el latifundio y otra la anarquía de aquellos que quieren aprovechar el discurso y la orientación del Comandante para hacer lo que les venga en gana».
Loyo, sin embargo, no ha precisado de qué hablaba cuando mencionó dirigentes de invasiones que poseen terrenos en otros lugares. ¿A qué casos se refería? Aunque se le solicitó un balance sobre el tema, en el departamento de prensa del Ministerio de Agricultura y Tierras no respondieron ni por teléfono, vía electrónica o en persona. De ninguna manera fue posible que recibieran la solicitud. En el INTI, por su parte, dijeron que estudiarán el caso y oportunamente darán una respuesta.
El silencio también es un mensaje, dice el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos. Al margen del compromiso que el INTI y los demás organismos del Estado puedan tener con estos y otros grupos que han ocupado fincas, Manuel Cipriano Heredia indica que no hay que romper candados, tumbar cercas o colaborar directamente en la toma de una propiedad para ser corresponsable.
«El Tribunal Supremo de Justicia ordenó en 2003 al Gobierno entregar el hato Santa Rita de Barinas a sus dueños, y no hubo forma de que alguien ejecutara la orden a pesar de que había una sentencia firme», recuerda.
Heredia se pregunta de qué viven los grupos que durante meses se presentan al frente de una invasión rural. Ni siquiera hay cifras de cuantos son -explica- porque muchas tomas no han sido denunciadas y otras están relacionadas con la política de rescate de tierras que adelanta el Gobierno en su lucha contra el latifundio.
Las llamadas recuperaciones de tierras empezaron en diciembre de 2004 y aunque con algunas treguas, desde entonces la ola de tomas ilegales ha continuado en paralelo a las expropiaciones o, en algunos casos, hasta bajo la fachada de intervenciones del Estado.
Entre los invasores de la hacienda La Esperanza del municipio Girardot de Cojedes destaca, por ejemplo, el nombre de un directivo de la Alcaldía de El Baúl. Eso dice el acta policial que guarda Castolino Toro, quien trabajaba dentro.
Había llegado a un acuerdo con los propietarios para levantar un proyecto de cría de cachamas en cooperativa con amigos y familiares pero el 18 de mayo de este año, tuvo que abandonar la propiedad tras varios repliegues, enfrentamientos y hasta una herida de bala en la frente, que pudo matar a uno de sus compañeros.
«No estamos defendiendo el latifundio sino un proyecto de cría de cachamas», dice. «Si el Estado quiere desarrollar algo tiene que llamar primero a los trabajadores de los hatos». Denuncia, además, hasta daños ambientales; donde había 2.600 reses y pasto verde queda un terreno quemado, con venados y cocodrilos cazados. Se llevaron hasta el techo de la casa, lamenta.
Algo similar pasó en la finca El Rodeo de San Carlos, cuyos propietarios fueron conminados a abandonarla. «Tengan cuidado porque van a aparecer muertos», les advirtieron el 27 de agosto de 2009 en una nota que estaba sobre los restos de una vaca que encontraron sacrificada.
Al margen de la amenaza, para Ana Manzo no es casual la forma como se ha desarrollado la invasión: la finca primero fue ocupada en 2008 por un grupo en el que destacaba un ciudadano con acento cubano al frente de un tractor rotulado por la Corporación Venezolana Agraria. Al año siguiente se encontró con funcionarios del INTI que tocaban a su puerta, para notificar la apertura de un procedimiento administrativo por tierras ociosas, del que tres años después aún no hay respuestas oficiales.
Lo digan o no, en varias haciendas creen que hay un modus operandi sino del Gobierno, de algunos funcionarios que se aprovechan de las políticas oficiales para hacerse de terrenos privilegiados. Pero del otro lado, en Cojedes y el resto del país siguen izando la bandera de Ezequiel Zamora y la máxima de «Tierras y hombres libres» que caracterizó a la Guerra federal.
El colectivo Santa Inés no encuentra problemas en cultivar un terreno vacío. Seguros de que la tierra es de quien la trabaja, señalan que cuando se metieron en la finca La Leona encontraron monte e instalaciones deterioradas. Fotos en mano, hablan de un doble discurso de La Salle.
El presidente de la fundación, Fráncer Goenaga, señala por su parte que la finca no sólo es fundamental para las prácticas y programas de investigación de sus estudiantes, sino también para la Misión Sucre y universidades como la Simón Rodríguez, Unefa y Unellez: «No tenemos esa finca improductiva, a lo mejor no hemos invertido en infraestructura pero eso no quiere decir que esté abandonada».
También lo sostienen los estudiantes. Mientras los invasores esperan la cosecha que sembraron en el lugar, ellos aguardan por su desalojo. El INTI tiene el juego en sus manos, tal vez por eso esta semana empezaron a buscar otro terreno para el colectivo Santa Inés. Puertas adentro, hay quienes dicen que andan tras soluciones, según reportó el diario El Universal.
Tomado de Las invasiones son Política de Estado