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Son años años de pleito. No se discute la deuda de seis mil millones de bolívares, seis mil millones que en 2000 eran muchos millones en dólares, y que, entre otros factores, llevaron a Graffiti a declarar el estado de atraso, en vista de que el Banco Provincial, uno de los institutos deudores de la empresa liderada por Carlos Sultán, le puso la mano a las garantías hipotecarias. Y esto es lo que ha estado en discusión, porque a decir de Julio Neri, el abogado de Al Galope, la empresa propietaria de la cadena Graffiti, las garantías superaban, triplicaban el monto de la deuda. Hubo decisión el pasado 4 de mayo. Y aunque la decisión, tomada por el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario, puede ser apelada, le queda el «recurso de casación», como dicen los especialistas, le da un giro al caso. Es que el tribunal ha decidido, nada más y nada menos, la inexistencia de la garantías.

Es que en el contrato de acreencia, Neri encontró una cláusula de la que pudo agarrarse para la defensa de su cliente: que las garantías debían estar protocolizadas a los 30 días de la firma del contrato. Como no se hizo, las garantías quedaron liberadas, aunque, como dijo Neri, la deuda sigue vigente. Es el caso típico de la deuda de un cliente en que las garantías son propiedad de una tercera compañía y por ese hecho debía operar una nueva protocolización. Así que el juzgado se pronunció por la invalidez de las garantías, y según Neri, la decisión puede llevar al Provincial a revisar la situación de otros créditos y litigios similares.

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