Por Aïda Delpuech
Armando.info
En Colombia, Rafael Moreno denunció los daños causados por la actividad minera en su región, antes de ser silenciado.
“Revivo mis épocas de minero tradicional”. En un video publicado en su página de Facebook el 17 de septiembre de 2020, el periodista colombiano Rafael Moreno se adentra en un pozo de varios metros de profundidad, colgado de una cuerda y con una sonrisa en el rostro. El periodista de investigación pasó la mayor parte de su infancia ahí, en la mina de oro artesanal de El Alacrán. “Hoy les enseño a mis hijos dónde aprendí a defenderme en la vida, dónde viví tantos momentos inolvidables y dónde vive tanta gente que me quiere, que se emociona al verme, que se enorgullece de que Rafael Moreno sea hijo de este rinconcito olvidado”, declaró en otra publicación.
En este pueblo del norte de Colombia, donde casas y pozos mineros coexisten en medio de una selva tropical casi virgen, todos recuerdan al “pequeño” Rafael Moreno. Aunque se fue de El Alacrán con apenas 18 años, el periodista mantuvo lazos muy estrechos con la aldea minera, y la visitaba frecuentemente. “Se quedaba con nosotros, en su antigua casa. Era parte de nuestra comunidad”, recuerda María Martínez, una habitante. “Siempre, a cada ratico, le decía: ‘Rafael, ¿por qué no te quedas callado? Ya deja todo eso, te va a traer problemas, te van a matar’. Y es lo que finalmente le ocurrió”, dice, secándose unas lágrimas.
Rafael Moreno vivió su infancia y adolescencia entre los mineros artesanales de oro; de estas experiencias emanó una de las causas que más defendió como periodista: el combate contra la extracción ilegal de recursos minerales por parte de las empresas mineras presentes en el sur del Departamento de Córdoba, su región de origen.
“Trabajamos sobre cuestiones ambientales (…) [e investigamos] sobre las administraciones públicas y los consorcios [de empresas que operan] sin ningún permiso ambiental o título minero…”, explicó durante una primera llamada telefónica a Forbidden Stories, el 7 de octubre de 2022, apenas nueve días antes de ser asesinado. Víctima de graves amenazas, había entrado en contacto con nuestro consorcio para salvaguardar sus documentos en la SafeBox Network, una red que permite a los periodistas amenazados proteger su información sensible, compartiéndola con Forbidden Stories. Rafael Moreno quería guardar sus documentos en un lugar seguro para que su trabajo pudiese ser continuado en caso de sufrir un asesinato.
El periodista colombiano Rafael Moreno fue asesinado el 16 de octubre de 2022 en Montelíbano, en el norte de Colombia. Sus denuncias e investigaciones sobre corrupción y extracción ilegal de recursos resultaron muy incómodas. Crédito: Facebook de Rafael Moreno.
El periodista no andaba con medias tintas, y pocos escapaban a sus críticas. Acompañado por Organis Cuadrado, su compañero y coadministrador de la página de Facebook Voces de Córdoba –el principal canal de difusión de su trabajo periodístico–, Rafael Moreno recorría los caminos tortuosos de su región para denunciar en vivo los “crímenes” que investigaba.
A partir del día siguiente a su muerte y durante los siguientes seis meses, 30 periodistas de 32 medios, coordinados por el consorcio de investigación Forbidden Stories, retomaron su trabajo sobre tres de las minas que él investigaba. El consorcio encontró irregularidades graves en la operación de estas minas, que confirmaron las denuncias del periodista: extraían recursos sin permisos ambientales, sin consultar a las comunidades indígenas o causando daños ambientales y a la salud de las poblaciones aledañas.
“Esta tierra es tanto una bendición como una maldición”
Debajo de una espesa alfombra vegetal, el subsuelo de la región de Puerto Libertador, tierra de origen de Rafael Moreno, contiene abundantes reservas de carbón, níquel, cobre, oro, plata, cobalto y hierro. Esta zona apartada, situada en el norte de Colombia, concentra la mayor parte de la actividad minera y energética de la provincia: tiene 50 permisos de explotación vigentes, más de la mitad de las concesiones otorgadas en el Departamento de Córdoba.
Ubicada entre las faldas de un vasto cerro selvático, la mina de oro de El Alacrán alberga una importante comunidad de mineros artesanales, quienes extraen el metal precioso a mano, a una escala irrisoria en comparación con los recursos financieros, humanos y tecnológicos de las grandes empresas mineras.
Sentada frente a una mesa de plástico blanco, en la terraza de la casa que fue el hogar de Rafael Moreno y su familia, Brenda Bohórquez Díaz, de unos 30 años, entona con su voz potente una canción que ella misma escribió: “Aquí, donde la riqueza es mineral/ de una forma artesanal/ sacan el oro nuestras familias”.
Vista del pueblo El Alacrán y de la mina artesanal. Crédito: Aïda Delpuech/Forbidden Stories.
Brenda Bohorquez Diaz, una de las lideres de la comunidad de El Alacran. Crédito: Aïda Delpuech/Forbidden Stories.
Bohórquez es una de las portavoces de la comunidad de El Alacrán, cuyos 1.200 habitantes viven alrededor de la mina del mismo nombre. “Al igual que los campesinos, nuestra riqueza es la tierra”, dice.
Su comunidad está amenazada por el megaproyecto minero San Matías. Encabezado por la empresa Cordoba Minerals –cuyo capital proviene, en mayoría, de Estados Unidos y China–, este proyecto colosal podría convertir a Colombia en el primer productor de cobre en el mundo. Sin embargo, la empresa describe este proyecto como “una iniciativa a pequeña escala en el contexto mundial”. La empresa pretende extraer, cada día, 22.000 toneladas de minerales (cobre, oro y plata) en una superficie de 20.000 hectáreas.
“Hemos recibido apoyo desde las autoridades locales hasta lo más alto del Estado (…) y las comunidades locales son muy favorables al proyecto”, sostiene Sarah Armstrong Montoga, la representante legal de Cordoba Minerals.
Pero los habitantes de El Alacrán discrepan. “Este proyecto va a desangrar nuestra tierra”, advierte Brenda Bohórquez Díaz. Junto con otros militantes de su comunidad, la activista denuncia la opacidad de las autoridades. “Nunca nos consultaron. Obtuvieron la concesión sin concertar con nuestra comunidad (…) Nuestra existencia es incompatible con este proyecto, y algún día nos van a desalojar”. La ley colombiana establece que el proceso de consulta a las comunidades indígenas es obligatorio antes de iniciar la fase de exploración de cualquier proyecto minero, o para “cualquier decisión que las afecta directamente”.
La empresa niega la presencia de comunidades indígenas en la aldea de El Alacrán, aunque “allí viven varias familias indígenas de la comunidad de San Pedro”, afirma Israel Aguilar, exjefe tribal del resguardo indígena Zenú, en el Alto San Jorge.
En un informe preliminar elaborado en 2019, la propia empresa admitió que su actividad minera podría provocar un “deterioro potencial de la salud de la comunidad y un aumento de las patologías sociales”, así como afectaciones por el ruido y una pérdida de la biodiversidad.
En la avenida principal del pueblo, algunos obreros con uniformes de la compañía Cordoba Minerals quitan la lámina del techo de una vivienda humilde antes de derribarla por completo. “Aquí, Cordoba Minerals va a excavar para su proyecto de exploración minera”, explica Brenda. Según ella, la empresa nunca tomó en cuenta la presencia de la población local cuando elaboró sus mapas, lo cual explica por qué están cavando un pozo en medio del pueblo. “Se sorprendieron cuando se dieron cuenta de cuántos éramos”, agrega. Según los vecinos, Cordoba Minerals se comprometió a reconstruir las casas cuando concluya la fase de exploración.
En respuesta a un cuestionario detallado que le envió el consorcio Forbidden Stories, la empresa negó que alguna casa se hubiera visto afectada por los efectos de la prospección, pero al mismo tiempo reconoció que había pagado indemnizaciones a raíz de intervenciones que habían afectado a determinados edificios, sobre todo viviendas.
Desde hace más de cuatro décadas, es decir, mucho antes de que llegara la compañía –en 2015 –, los mineros de El Alacrán han solicitado un permiso para explotar los recursos minerales de su región de manera legal. Hasta la fecha, la Agencia Nacional de Minería sigue ignorando su petición. La empresa Cordoba Minerals, por su parte, concentra prácticamente la mitad de los permisos mineros de la región, según documentó el Centro Latinoamericano de Periodismo de Investigación (CLIP).
Conflictos como éste abundan en la región, cuyas reservas minerales atraen intereses voraces. “Esta riqueza es una bendición y a su vez una maldición”, comenta Brenda Bohórquez.
Rafael Moreno seguía de cerca la lucha que la comunidad de El Alacrán libraba contra la empresa minera. En junio de 2022, lanzó una convocatoria para recabar testimonios y quejas sobre el proyecto. “Las comunidades merecen respeto”, declaró.
En paralelo, durante los meses previos a su asesinato, el periodista había puesto la lupa en el caso de Carbomas S.A.S, una empresa minera que extrae carbón entre las ciudades de Puerto Libertador y Montelibano.
Carbomas, la última obsesión minera de Rafael
“Abrimos una investigación sobre la empresa Carbomas (…) sobre irregularidades en la ejecución de su proyecto de extracción de carbón en los municipios de Puerto Libertador y Montelíbano”. Con este tono solemne, Rafael Moreno anunció, el 10 de junio de 2022 –en su página de Facebook Voces de Córdoba–, el arranque de un nuevo proyecto periodístico.
El interés de Rafael Moreno en Carbomas tenía un antecedente: el periodista ya sospechaba que la empresa extraía carbón sin permiso ambiental, y dos meses antes le había enviado una solicitud de acceso a la información para pedirle una copia de los permisos ambientales, del certificado de origen de los minerales extraídos, así como la garantía de que el proyecto minero tendría un impacto socioeconómico positivo sobre las comunidades aledañas.
Escasas semanas después, la empresa le replicó que no pensaba contestar a su petición, pues la tildó de “no procedente”. Para Rafael Moreno y su colega Organis Cuadrado, esta respuesta quería decir que la empresa “oculta información por temor a dejar al descubierto irregularidades evidentes”. Además, acusaron que la compañía no llevó a cabo ningún proceso de consulta previa con las comunidades vecinas, un protocolo obligatorio antes de emprender cualquier proyecto minero.
En Voces de Córdoba, los periodistas multiplicaron los señalamientos contra la empresa. Insistentes en sus denuncias, se volvieron los blancos de críticas malintencionadas. “A todos los que me acusan de hacer esto por dinero o un empleo (…) les contesto que es absurdo”, aseveró Rafael Moreno en un video de 25 minutos que publicó para refutar las acusaciones. “Mi denuncia, la hago basándome en mi trabajo de investigación y en el terreno (…) No invento nada, todo está documentado”.
El caso Carbomas se encaminaba a durar mucho tiempo; sin embargo, un documento que el consorcio descubrió en la mensajería electrónica de Rafael Moreno revela que, el 5 de julio de 2022, en un correo directamente dirigido a Homero Gómez Anaya –el representante legal de la empresa–, el periodista desistió de su solicitud de información enviada tres meses antes.
El 2 de julio de 2022, apenas tres días antes de este extraño retroceso, Rafael Moreno había sufrido un percance terrorífico: en la caja de su motocicleta, encontró una carta con una amenaza de muerte, junto con la bala de una pistola. “Te crees intocable porque hablas públicamente, pero aquí nadie lo es (…) sabemos todo sobre ti y no te perdonaremos lo que haces”.
Por su lucha contra la extracción ilegal de recursos y contra todo tipo de corrupción, Rafael Moreno incomodaba en muchas partes. Resulta difícil asociar directamente la amenaza de muerte y el correo electrónico a Carbomas para desistir de la solicitud de información, pero lo cierto es que los periodistas dejaron de publicar sobre la empresa después de esa fecha.
El consorcio de Forbidden Stories y sus socios volvieron a solicitar la información que Rafael Moreno quería conseguir. Uno de los documentos obtenidos como producto de una petición a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) –la instancia local de gestión ambiental– revela que, en la época en la que Rafael Moreno denunciaba a Carbomas, la empresa no contaba con el permiso ambiental para su nuevo proyecto minero carbonífero La Estrella.
Gracias a unas imágenes de satélite inéditas de Planet Labs, obtenidas por Occrp – miembro del consorcio –, parece que en mayo de 2022, en el momento de las acusaciones de Rafael Moreno, la mina ya estaba en fase de explotación, aunque la empresa aún no tenía licencia ambiental. “Esta imagen muestra claramente que la mina estaba en fase de explotación, dado el avanzado nivel de deforestación y la presencia de cavidades”, confirma Guadalupe García Prado, directora del Observatorio de Industrias Extractivas, con sede en Guatemala. A pesar de nuestras preguntas, la empresa no ha comunicado la fecha de inicio de sus operaciones.
Imágenes satelitales de la mina La Estrella de Carbomas, región de Puerto Libertador, en mayo de 2022. Créditos: Occrp – Planet Labs.
La compañía solicitó dicho permiso el 21 de junio de 2022, cerca de dos meses después de ser señalada por el periodista. Aún sin autorización, la empresa había “realizado excavaciones y perforaciones profundas”, según ese mismo documento. El permiso ambiental fue otorgado a finales de noviembre de 2022, un mes después del asesinato de Rafael Moreno.
El consorcio también constató que Carbomas consiguió una exención del Ministerio del Interior que le permitió arrancar su proyecto sin consultar a los habitantes de la región. “No procede la consulta previa con comunidades indígenas para el proyecto”, estipulaba. Tras las peticiones del consorcio sobre este punto, la mina justifica que no ha solicitado una exención.
Carbomas no es la única empresa minera que causa problemas en la región. La compañía suministra carbón a Cerro Matoso, la mina de níquel más grande del continente, cuyo impacto en el medio ambiente y en la salud de las comunidades vecinas ha sido denunciado desde hace años.
El níquel de Cerro Matoso: contaminador número uno
“Capital niquelera”. En la entrada de la ciudad de Montelíbano, este letrero multicolor, colocado delante de una excavadora Caterpillar 773-D, da una alegre bienvenida a los visitantes. “Junio 2022. Con motivo de sus 40 años y de los 115 de Montelíbano, Cerro Matoso hizo entrega de este camión al municipio (…) como símbolo de la actividad minero-industrial de la región”, se puede leer en una placa recién colocada en la entrada.
La fama de Cerro Matoso rebasa las fronteras de Montelíbano: es la primera mina de níquel de América Latina y la cuarta en el mundo en términos de superficie. En la carretera, los camiones pasan uno tras otro en un desfile incesante, transportando su valioso cargamento de ferroníquel desde la mina hacia la ciudad portuaria de Cartagena.
El mineral, utilizado sobre todo en la producción de acero inoxidable, se exporta principalmente hacia China, Estados Unidos y Europa. “Participamos de manera activa en la transición energética porque nuestros materiales son muy cotizados para producir paneles solares”, presume Pedro Oviedo, jefe de operaciones en la mina.
Entrada de Montelibano, «capital niquelera». Este camión fue ofrecido a la ciudad de Montelibano por Cerro Matoso en 2022, para celebrar los 40 años de actividades de la mina. Crédito: Aïda Delpuech/Forbidden Stories.
Pero el níquel divide. En algunos, el mineral despierta orgullo, pero para muchos, la mina de Cerro Matoso representa, ante todo, un desastre ambiental y sanitario. El gigantesco boquete, de 84.989 hectáreas, se encuentra en medio de la reserva indígena Zenú del Alto San Jorge, y una quincena de comunidades indígenas viven en su alrededor. El pueblo más cercano, Puerto Colombia, se encuentra a apenas 750 metros de las excavaciones y de las plantas donde el níquel es transformado en ferroníquel.
“Aquí no van a encontrar ninguna persona con buena salud, todos estamos enfermos”, afirma Estela Isabel Hoyos Arcia, una habitante del pueblo. El bosque tupido que rodea el poblado no basta para reducir los perjuicios de las actividades mineras. “Nuestros ojos están irritados todo el día”, agrega.
Este malestar es producto del humo que se escapa de las chimeneas de la planta minera, “y más en la noche”, según los habitantes. En noviembre de 2021, Rafael Moreno publicó una fotografía comprometedora para la minera Cerro Matoso: en ella, se observaba una enorme nube de humo de color rosáceo, con aspecto de torbellino, que salía del sitio minero y cubría una vasta zona. “Que hermosa se ve nuestra subregión con las decoraciones que le pone Cerro Matoso”, comentó con un tono irónico.
La empresa acusó entonces a Rafael de publicar una fotografía desactualizada. En reacción, el periodista y su colega Organis Cuadrado se trasladaron, días después, a escasa distancia de la mina, y filmaron la nube. “Hoy 23 de noviembre de 2021 (…) esta nube rosada que ven, es la que hace daño, la que perjudica a las comunidades”, recalcó.
La compañía minera sigue negando que contamine: “De nuestras chimeneas sólo sale vapor de agua; en cuanto a esta nube rosada, seguramente se trata de un fallo del sistema, es una excepción”, asegura Pedro Oviedo, jefe de operación en Cerro Matoso, en entrevista con Forbidden Stories. Sin embargo, videos difundidos por fuentes locales muestran que sucedieron episodios similares el mismo año y en abril de 2022.
Vista con dron de la mina de Cerro Matoso. Crédito: FRANCE 24.
En 2017, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ya había alertado sobre las «emisiones no controladas» que salían de la mina; esta observación fue corroborada por el Ministerio de Salud y Protección Social, que dio cuenta de la existencia de una “nube de color naranja”.
En 2020, antes de las acusaciones de Rafael Moreno, Cerro Matoso ya había sido condenada por el CVS –el órgano regional de gestión medioambiental– por superar las emisiones de partículas, muy por encima de las normas medioambientales.
Sin embargo, Cerro Matoso niega cualquier acusación sobre contaminación atmosférica y se defiende: “Ninguna de las mediciones [del aire ambiente en 2022, nota del editor] alcanzó el límite de la media anual de las directrices definidas por la Organización Mundial de la Salud”. La empresa también afirma ser transparente, y todas las medidas de sus estaciones de muestreo están disponibles en línea.
Víctor Pineda trabajó durante 22 años en Cerro Matoso, principalmente en la zona de los hornos donde el níquel es transformado a muy alta temperatura, y de los cuales se escapan estas polémicas nubes. “Muchos gases son liberados durante estas operaciones y contienen sustancias peligrosas, muchas de las cuales son cancerígenas, como la sílice cristalina, un cancerígeno reconocido”, explica.
A cuatro kilómetros de la mina, entre las colinas verdes, está la aldea de la comunidad indígena Guacarí-La Odisea. A lo lejos se observan enormes montículos grises: son los residuos de la producción de ferroníquel, amontonados al aire libre.
Los millones de toneladas de residuos generados desde el inicio de las operaciones de la mina se almacenan al aire libre y son dispersados por las inclemencias del tiempo. “Están compuestos de partículas muy tóxicas. Basta un poco de viento o lluvia para que las partículas se desplacen y contaminen”, explica el antiguo trabajador de Cerro Matoso.
Ahí también se multiplican las enfermedades: según los habitantes, no hay una persona que no tenga una discapacidad, afirman que ni siquiera los niños se salvan de los males “inhabituales” que acechan a la comunidad. Yolanda Rosa Hayos, de 63 años, solloza: “Tengo dolores en todas partes (…) y estas manchas negras aparecieron sobre todo mi cuerpo. Consulté con doctores de la clínica de Cerro Matoso, me dijeron que todo estaba bien, que no tenía por qué preocuparme”.
Efectivamente, la empresa minera financia una clínica a través de una de sus estructuras, la Fundación Panzenú. A ella pueden acudir tanto sus empleados como los integrantes de las comunidades aledañas para recibir atención médica. “Este territorio ha sido abandonado por las autoridades sanitarias. Para recibir atención, la gente va al hospital, pagado por Cerro Matoso, o a la clínica que pertenece a la mina. [Cerro Matoso] es, por lo tanto, juez y parte en las cuestiones de salud”, analiza Camilo Castellanos, médico toxicólogo en la Pontificia Universidad Javeriana.
Para las comunidades que viven cerca de la mina, no cabe duda: las actividades del níquel tienen un impacto devastador en su salud. “Son sobre todo problemas respiratorios los que nos llevan a la tumba”. Luchan desde hace años para que Cerro Matoso sea reconocida como responsable de estas afectaciones.
Un caso de alcance nacional
En 2013, Israel Aguilar, entonces gobernador y jefe indígena de la comunidad Zenú del Alto San Jorge, y Luis Hernán Jacobo, presidente del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de San José de Uré, presentaron una acción de tutela ante la Corte Constitucional de Colombia contra Cerro Matoso, el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional Minera, por daños ambientales y sanitarios. El máximo tribunal aceptó el caso, y movilizó recursos importantes para determinar el grado de responsabilidad de la minera en los agravios.
Un estudio sin precedentes fue solicitado al Instituto de Medicina Legal y de Ciencias Forenses –una autoridad muy reconocida en el país– para determinar la presencia de níquel en la sangre y la orina de 1.147 personas que viven cerca de la mina, y para identificar la tasa de enfermedades vinculadas a la actividad minera. Sus resultados fueron demoledores: establecieron que “los niveles obtenidos en el muestreo tanto en sangre como en orina están por encima de los datos arrojados por estudios mundiales”, y posteriormente fueron confirmados por el Ministerio de la Salud.
Estela Isabel Hoyos Arcia, residente de Puerto Colombia, sujeta con firmeza la hoja de resultados que recibió cuando el estudio se hizo público: le midieron 6 μg de níquel en la sangre y 19 μg en la orina, tasas 10 y 11 veces superiores, respectivamente, a los límites establecidos por el Instituto Nacional de Salud Pública de Quebec, una de las normas más estrictas en el mundo.
A la luz de estos análisis, el tribunal emitió una resolución en contra de Cerro Matoso: ordenó a la empresa el pago de una indemnización a las comunidades afectadas, y le conminó a cubrir los gastos completos de atención médica y a renovar su permiso ambiental, que no había cambiado desde 1981. En caso de incumplir con las sanciones, el juzgado contemplaba la posibilidad de decretar “la suspensión de sus actividades extractivas”.
Una mujer de la comunidad indígena de Puerto Colombia muestra la enfermedad cutánea que tiene en sus piernas. Crédito: Aïda Delpuech/Forbidden Stories.
Pero la empresa South 32 –dueña de la mina–, impugnó la decisión y se armó con los abogados más poderosos del país, entre ellos Eduardo Cifuentes Muñoz, expresidente de la Corte Constitucional (1991-1998).
Los abogados alegan que “el tribunal malinterpretó el informe médico publicado por el Instituto de Medicina Legal (…) porque una relación de causalidad directa no fue establecida entre el impacto constatado en la población y la explotación de Cerro Matoso”. Argumentaron que no era posible atribuir solamente a Cerro Matoso la presencia de níquel en las muestras de sangre, ya que “factores externos” pudieron influir en los resultados.
“Por supuesto que existe un factor externo: la mina en sí misma”, comenta Camilo Castellanos, toxicólogo e integrante del equipo metodológico que elaboró el informe del Instituto de Medicina Legal. “Los niveles de níquel observados en las muestras estaban entre 10 y 100 veces superiores a los límites establecidos por la norma de Quebec (…) Más allá de la interpretación del informe, las tasas de níquel eran de tal magnitud que estoy íntimamente convencido de que la mina intoxica a las poblaciones de manera crónica”, sostiene.
Antes de llevar a cabo el estudio, la metodología fue validada por las instituciones públicas participantes y por todas las partes actoras, incluyendo Cerro Matoso. Según Javier de la Hoz, quien representó a las comunidades en el juicio, “este informe es la prueba más contundente que pueda existir para demostrar la responsabilidad de la minera”.
Al fondo, la mina de Cerro Matoso vista desde la aldea indígena Odisea-Guacari. Crédito: Aïda Delpuech/Forbidden Stories.
En su respuesta a las preguntas enviadas por Forbidden Stories, Cerro Matoso cita un informe de 2016 de Julie E. Goodman, toxicóloga de prestigio internacional, que plantea las limitaciones metodológicas y de evaluación del Instituto de Medicina Legal.
Sin embargo, el caso dio un giro de 180 grados en septiembre de 2018: en segunda instancia, la Corte Suprema dio la razón a la empresa y anuló la mayor parte de las sanciones contra Cerro Matoso. Sólo quedaron las decisiones de renovar el permiso ambiental –con la obligación de realizar un proceso de consulta indígena–, de remediar los impactos ambientales y de garantizar servicios de salud de las poblaciones afectadas.
Muy pocos se explican la revocación de la sentencia en segunda instancia, a pesar de las pruebas aportadas por el Instituto de Medicina Legal. Para Javier de la Hoz, no hay duda: «Hubo corrupción”.
En 2015, meses después de que la Corte Constitucional de Colombia inició la acción de tutela contra Cerro Matoso, el gigante minero BHB Billiton, que era propietario del yacimiento de níquel desde 1980, cedió la concesión de la mina a South 32, una sociedad australiana de reciente creación, que nació de una escisión de la propia BHB Billiton y heredó los activos considerados no estratégicos de la transnacional.
Desde que se dio a conocer la sentencia del juicio, un acuerdo para definir el protocolo de la consulta indígena ha sido pactado con las comunidades. Este acuerdo contempla el pago de 58.000 millones de pesos a las comunidades a través de proyectos sociales, defiende Cerro Matoso en su respuesta a nuestras preguntas.
En Puerto Colombia, el pueblo más cercano de la mina, casi todas las casas han sido renovadas, y algunas siguen en obra. Pero “la salud no tiene precio, y esta casa nueva no me la devolverá”, deplora Estela Isabel Hoyos Arcia, quien sufre múltiples problemas digestivos.
Aunque el caso concluyó, las acusaciones contra Cerro Matoso continúan. En San José de Uré, pueblo afrocolombiano ubicado a diez kilómetros de la mina de níquel, un desastre sanitario ocurre en silencio: en los últimos dos años, cerca de veinte mujeres han sufrido una histerectomía (ablación del útero), según una investigación llevada a cabo por RFI, integrante del consorcio de Forbidden Stories. Todas las mujeres han presentado síntomas similares: hemorragias graves y dolores insoportables. “¿Por qué somos tantas las que sufrimos de esta manera?”, preguntan .
La respuesta se encuentra en el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses: el documento señala que el fibroma uterino es una de las diecisiete enfermedades que afectan a las poblaciones aledañas a Cerro Matoso. Pese a la orden de la Corte Constitucional para que la minera proporcione una atención médica completa a las víctimas de estas enfermedades, ninguna de las mujeres recibió apoyo. En su reporte, la Corte Constitucional había alertado sobre la “contaminación del río Uré con partículas provenientes de la mina”. La empresa se defiende afirmando que, hasta la fecha, “sólo una persona ha solicitado asistencia en virtud de este protocolo”.
“El caso de salud no está cerrado (…) y las consecuencias sobre nuestra madre tierra son peores que antes”, afirma Israel Aguilar.
Al igual que Rafael Moreno, muchos actores locales y personas afectadas por las actividades mineras de la región han denunciado sus efectos negativos sobre la salud y el medioambiente; al hacerlo, se han expuesto a graves peligros.
Desde la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en 2016, 56 líderes locales, en parte involucrados en temas relacionados con las minas, han sido asesinados en el sur de Córdoba, según el Instituto de Estudios para la Paz (Indepaz). En Colombia, las actividades mineras constituyen una de las principales causas de conflictos socioambientales.
Israel Aguilar, exminero y enérgico defensor de las comunidades indígenas de la zona, da cuenta del peligro latente: “Ya no puedo desplazarme en espacios públicos. En mi casa, no paso más de veinte minutos en la terraza, es demasiado arriesgado”. Orador público muy activo en las cuestiones de minería desde hace varias décadas, el líder ha recibido numerosas amenazas y solo se mueve con escolta. En Córdoba, 202 personas se benefician de una protección por parte de la Unidad Nacional de Protección.
“Aquí, el poder funciona en triángulo: los grupos armados (el Clan del Golfo, principal pandilla de narcotraficantes en el país), los políticos y las mineras constituyen un mismo ecosistema de corrupción y de delincuencia”, dice una fuente que prefiere guardar su anonimato.
“Todas las empresas mineras presentes aquí pagan al clan. Donde hay minas, hay grupos paramilitares”, comenta otra fuente, quien también desea preservar su identidad.
Víctor Pineda dejó Cerro Matoso en 2003, después de 21 años de trabajo en la empresa, por motivos de salud. Víctima de una disautonomía del sistema nervioso y de varios problemas digestivos y cardíacos, el extrabajador lleva dos décadas luchando para que sus padecimientos sean reconocidos como una enfermedad laboral, lo que le daría derecho a una retribución. El hombre acusa a la compañía de no haber implementado las medidas de protección necesarias, y de haberlo expuesto a temperaturas dañinas para la salud.
Felipe Morales (El Espectador), Pascale Mariani (France 24), Ivonne Rodríguez (CLIP), Angélica Perez (RFI) y Aabla Jounaïdi (RFI) contribuyeron con entrevistas e investigación.
Traducción de Mathieu Tourlière y Elena García.
Semanario El Venezolano. Madrid, del 03 al 16 de agosto de 2022