Con motivo del anuncio de la creación de una fábrica de tractores con tecnología iraní en las instalaciones de la antigua Fanatracto, vale la pena revisar la experiencia venezolana en este ámbito. Cuando surgió Fanatracto, la Fábrica Nacional de Tractores, a finales de los 70, Venezuela navegaba en un mar de petrodólares y el gobierno de Carlos Andrés Pérez impulsaba una industrialización a todo trance. La intención era generar una industria nacional protegida, capaz de funcionar aunque las importaciones resultaran más económicas.
Fernando Coronil, en su libro ‘El Estado mágico. Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela’, afirma que Fanatracto ‘fue hija de de este imperativo de industrializarse o morir, impuesto a las empresas comerciales por las políticas de sustitución de importaciones’. En la lista de accionistas figuraba la CVG con 45%, la transnacional John Deere con 20%, Cavendes con 20% y ACO, consorcio conformado por Alcoa, Juan Domingo Mendoza y otros accionistas como Ricardo Degwitz, los Tamayo, los Villasmil y Arturo Brillembourg entre otros. La empresa surgió con total protección por parte del Estado y CAP llegó a afirmar durante su inauguración en Ciudad Bolívar, que la industria y la agricultura venezolanas serían ‘la base sólida y firme sobre la cual descansaría el bienestar de los venezolanos’, más allá de la explotación petrolera. Pero el proyecto duró lo que tardó en terminarse el primer gobierno de CAP.
Al asumir Luis Herrera la presidencia, su ministro de Fomento, Manuel Quijada, comenzó a presionar a Fanatracto con una serie de exigencias insostenibles, presionado por los importadores y agricultores que pugnaban por la desaparición de la fábrica. Los accionistas de Fanatracto intentaron recursos desesperados como la solicitud de un crédito por diez millones de bolívares al Banco Industrial de Venezuela para asumir los gastos urgentes en espera de que el Gobierno recapacitara. Pero esto no ocurrió, y hasta hubo quien llegó a reírse a todo pulmón con la muerte de Fanatracto, según indica Coronil, sin sentir pesar por el capital venezolano que se perdió con el proyecto. Concepción Quijada, hermano del entonces ministro de Fomento, llegó a decir antes del cierre de la empresa que Fanatracto nunca funcionaría. También dijo que estaba obteniendo una licencia para importar varios cientos de tractores y que nunca podrían competir con él, detalla Coronil.
Ahora, con un Gobierno que intenta revivir parte del sueño de la industrialización, cabe hacerse las siguientes preguntas: Si en el mejor momento de la Venezuela Saudita no pudo sostenerse un proyecto así, ¿Será factible con una producción petrolera que apenas acaba de recuperarse a niveles normales? ¿Las presiones directas, internas, externas y hasta personales permitirán la creación de una nueva fábrica de tractores en virtud de la nueva red de negocios del chavismo? ¿No se repetirá la inviabilidad económica que mostró esta iniciativa en una primera oportunidad? ¿Qué garantías hay de que la resucitada Fanatracto, aún con otro nombre, funcionará si hay un cambio de Gobierno?
El presidente de la CVG, Francisco Rangel Gómez, suena deslumbrado con la visita a la fábrica de tractores de Irán: ‘tienen instalaciones impresionantes, donde cumplen toda la cadena de producción’. Además indica que los iraníes inspeccionarán las instalaciones de Fanatracto para definir si cumplen con los requerimientos. En esta ocasión la CVG no hará negocios con la norteamericana John Deere sino con Irán Tractor Manufacturing. ¿Quiénes serán los otros accionistas?