Un ciudadano uruguayo se declaró culpable en Estados Unidos por participar en un esquema para transferir dinero vinculado a funcionarios venezolanos sancionados hacia el sistema financiero estadounidense. El acusado, identificado como Irazmar Carbajal De Jesus, admitió haber conspirado para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia con el objetivo de mover casi 100.000 dólares en efectivo desde la República Dominicana hasta una cuenta bancaria en Florida.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el dinero estaba relacionado con una persona sancionada del gobierno de Venezuela, lo que hacía ilegal su transferencia hacia instituciones financieras estadounidenses. Las sanciones impuestas contra funcionarios del entorno del presidente venezolano Nicolás Maduro buscan impedir que fondos asociados a corrupción o actividades ilícitas ingresen al sistema financiero del país.
Los documentos judiciales señalan que Carbajal y un socio acordaron cobrar una comisión del 20 por ciento para realizar la operación. El esquema incluía la creación de facturas falsas y el uso de múltiples cuentas bancarias para justificar las transferencias y evitar alertas de las instituciones financieras.
Durante las conversaciones relacionadas con la operación, el acusado utilizó lenguaje codificado para referirse al dinero. En uno de los intercambios describió los fondos como “un niño que necesita ser llevado a la escuela”, una expresión que los investigadores interpretaron como un intento de ocultar el verdadero propósito de la transacción.
El caso fue investigado por el FBI en Miami como parte de los esfuerzos de las autoridades estadounidenses para combatir redes de lavado de dinero vinculadas con corrupción internacional, narcotráfico y organizaciones criminales transnacionales.
Carbajal se declaró culpable del cargo de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Su sentencia está programada para el 12 de junio y podría enfrentar una pena máxima de cinco años de prisión, aunque la decisión final dependerá de un juez federal tras considerar las directrices de sentencia y otros factores establecidos por la ley.