Si
algo ha caracterizado a la autodenominada Revolución Bolivariana, iniciada por
el presidente Hugo Chávez y mantenida por su sucesor, Nicolás Maduro, es la
participación activa de militares tanto en responsabilidades políticas como en
áreas tecno-productivas. No es un secreto que oficiales de las cuatro fuerzas
representan un tercio del tren ejecutivo y que, en los últimos años, han tenido
carta libre para contratos de compra y venta de alimentos, importaciones a dólar
preferencial y hasta el manejo de la seguridad social. A donde se mire, en el
gobierno actual, hay alguien que lleva un uniforme de faena verde
oliva.
Con
todo, sorprende comprobar que en los últimos diez años, al menos 785 oficiales
han sido contratistas del Estado. Es la cifra que surge al cruce de la lista de
empresas incluidas en el Registro Nacional de Contratistas –una base de datos
que ha sido descargada y procesada para esta serie de reportajes que inicia hoy–
con el listado de ascensos militares dentro de la administración pública
proporcionado por Vendata, derivado de 2.763 ediciones de la Gaceta Oficial
publicadas durante ese período.
Si
bien no hay normativa que prohíba a un militar activo tener una empresa privada
ni formar parte de una junta directiva, también es cierto que el artículo 34 de
la Ley del Estatuto de la Función Pública, así como el numeral 4 de la
disposición 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y
del Sistema Nacional de Control Fiscal, establecen pena con responsabilidad
administrativa a los militares que contraten con el Estado. De modo que podría
sostenerse que al menos 785 oficiales han contravenido la
ley.
“Según
el artículo 145 de la Constitución de 1999 vigente, un militar activo en virtud
de su condición de funcionario público deberá abstenerse de celebrar contrato
alguno con el Poder Público Nacional, Estadal y Municipal, ni por sí mismo ni en
representación de un tercero”, explica el abogado experto en contrataciones
públicas, César Esteves.
Son 70 empresas, por ejemplo, las que se han encargado de vender a instituciones del Estado todo lo relacionado a computación, papelería y material de oficina
Comercio
en general, transporte, alimentación y servicios informáticos, son algunos de
los rubros en los que se desempeñan las empresas participadas por oficiales
militares en rol de hombres de negocios. Son 70, por ejemplo, las empresas a
manos de mandos de las Fuerzas Armadas que se han encargado de vender a
instituciones del Estado todo lo relacionado a computación, mantenimiento
electrónico, papelería y material de oficina.
Pero
es en el sector de la construcción donde se concentra el mayor número de
compañías propiedad de oficiales militares: 259 o, lo que es lo mismo, casi una
de cada tres de las 785 que hicieron negocios con el Estado durante la última
década.
Parece
una opción casi obvia. Aunque paralizado en la actualidad, hasta 2012, al calor
de los ingresos extraordinarios del boom petrolero y de los planes de vivienda
del Gobierno, el sector de la construcción era donde había que estar. Hugo
Chávez descartó a las constructoras tradicionales mientras prefería buscar
proveedores extranjeros, a cargo de los megaproyectos, o a nuevos emprendedores
locales. En esta última categoría encajaron los
militares.
Construcciones en general
Un
ejemplo resaltante de esta permanente reinvención de algunos oficiales, que no
tienen problemas en metamorfosearse de mandos de tropa a contratistas del
Estado, y de allí a ejecutivos gubernamentales, es el de Frank Herbert Lynch
Dávila.
General
de la Guardia Nacional –el cuerpo de policía militarizada encargado en Venezuela
del resguardo de fronteras, del orden público y la lucha contra el crimen
organizado–, Lynch es un hombre de piel morena, delgado, expresión apacible y
que, según las fotografías, siempre porta sus lentes de aumento. El pasado 1 de
julio tuvo una de sus raras exposiciones a los medios. En el Panteón Nacional,
donde reposan los restos del Libertador Simón Bolívar, al norte-centro de
Caracas, el presidente Nicolás Maduro oficiaba la ceremonia de ascenso de los
oficiales con el primer lugar en su promoción. Según palabras del propio
mandatario venezolano, se premiaba “la lealtad y el compromiso” que los
uniformados habían demostrado con la patria “y el legado de Hugo
Chávez”.
Uno
de esos ascensos de la jornada fue, precisamente, el de Frank Herbert Lynch
Dávila, quien recibió los dos soles dorados en sus galones que le dan el rango
de General de División. Fue apenas el segundo reconocimiento oficial en menos de
tres meses. El 17 de abril había sido designado como Presidente de la
Corporación Socialista del Cemento, S.A., ente adscrito al Ministerio del Poder
Popular para Hábitat y Vivienda, según se anunciaba en la Gaceta
Oficial 41.132.
Fue
solo parte de la buena racha que adorna los últimos años del paso de Lynch
Dávila en la administración pública. Ha recibido condecoraciones y la jefatura
de comandos regionales en los estados de Cojedes y Bolívar (centro-occidente y
sureste de Venezuela, respectivamente).
Pero
en el terreno de los negocios privados, entre tanto, el alto oficial de la
Guardia Nacional formaba parte inadvertida de la junta directiva de un negocio
familiar de construcción beneficiado por al menos 31 contratos con el
Estado.
Frank
Herbert Lynch Dávila es el vicepresidente de Proyectos, Inspecciones,
Consultoría y Construcciones Lynch (Proincon Lynch, C.A), una compañía
constituida en 1984 en el estado Zulia, según aparecía reflejado en el Registro
Nacional de Contratistas hasta esta semana. Pero luego de contactarlo, la
información desapareció sospechosamente de los servidores oficiales. La ficha de
la empresa, de cualquier modo, quedó guardada para este reportaje, donde consta
que comparte junta directiva con familiares como Herbert Lynch Blackman, Carmen
Beatriz Lynch Dávila y Herman Herbert Lynch Dávila.
Militares
retirados que brindaron sus testimonios para este reportaje señalan que la
cercanía de Lynch Dávila con el recién relevado comandante de la Guardia
Nacional Bolivariana, Antonio Benavides Torres –nuevo Jefe de Gobierno de
Caracas–, y su compadrazgo con el actual Ministro de Hábitat y Vivienda, Manuel
Quevedo –también oficial de la Guardia Nacional–, lo ha llevado al puesto al que
ahora ocupa. “En los primeros años, Frank se comportó como la mayoría de los
oficiales pero comenzó a cambiar con los incentivos que fue recibiendo. Él está
totalmente entregado a la revolución. A pesar de que tiene una hermana en la MUD
de Miami”, comenta el ex oficial de la Guardia Nacional y ex director del
Servicio de Inmigración y Extranjería, Marcos Ferreira.
Ferreira
se refiere a Catherine B. Lynch Dávila, quien en 2011 formó parte de los
integrantes de la Mesa de la Unidad para la Comisión Electoral de Primarias en
el Exterior (CEPEX) de Florida, Georgia y las Carolinas, en Estados
Unidos.
Negocios familiares
El
presidente de Proincon Lynch, C.A, ingeniero Herbert Lynch, es también padre del
General de División. Explica por teléfono que la empresa en cuestión es un
negocio familiar con muchos años de trayectoria y que ninguno de los contratos
recibidos han sido gracias a su hijo. “Frank Lynch Dávila tiene una
vicepresidencia como suplente. Decidimos colocarlo en ese cargo luego de la
enfermedad de mi esposa en 2007 y así dejarle todo resuelto a mis hijos cuando
yo muera. Él no puede hacer nada en la compañía sin mi autorización ni ha
recibido un centavo. Menos recibimos contratos gracias a él. Hemos trabajado
para todos los gobiernos”, comenta el
ingeniero.
“Frank Lynch Dávila tiene una vicepresidencia como suplente. Decidimos colocarlo en ese cargo luego de la enfermedad de mi esposa en 2007″
Proincon
Lynch, C.A, entre 2002 y 2015, realizó al menos trece obras de construcción para
el Estado venezolano. Más de 40% de esas obras fueron ya concluidas. Uno de sus
clientes fue Odebrecht, el conglomerado de ingeniería civil brasileño envuelto
en un escándalo mundial por pagar sobornos a funcionarios públicos de doce
países con la finalidad de obtener contratos de obras.
Para
Odebrecht, la empresa de la familia Lynch estuvo a cargo en 2008 de la
ingeniería para la vialidad integradora El Diluvio – El Palmar, que serviría a
un importante sistema de riego al suroeste del lago de Maracaibo, en el estado
de Zulia; sistema de riego Estado Zulia; control de calidad de muestras tomadas
en la construcción de vías asfaltadas y laboratorio, en 2009; evaluación de
pavimento de carreteras para el Proyecto Agrario Socialista Planicie de
Maracaibo, en 2011; e ingeniería de detalle de vialidades agrícolas para los
equipos de riego, ese mismo año, para el nombrado
proyecto.
El
Proyecto Agrario Socialista Planicie de Maracaibo se vendió en su momento como
la solución para garantizar la soberanía alimentaria en esa región del occidente
venezolano. Según el website de Odebrecht, el proyecto fue concebido como un
plan de desarrollo integral endógeno, con el objetivo de fomentar la producción
de alimentos en el Occidente venezolano y “contiene tierras de labranza,
viviendas, cuerpos de agua, infraestructura vial y de servicios, y campo para
más crecimiento organizado”.
Poco
después de la participación de Proincon Lynch en el proyecto agrícola, este
comenzó a languidecer. Ello no afectó los negocios de esta empresa que, por el
contrario, siguieron navegando con viento en popa. Mientras Lynch Dávila era
coordinador del Dispositivo Bicentenario de Seguridad (Dibise) en el municipio
Caroní, en el estado de Bolívar, al sur del país, y luego comandante del
destacamento 88 en Puerto Ordaz, la principal ciudad comercial e industrial del
mismo estado, su empresa recibió contratos de construcción de apartamentos en la
zona. En 2011, la Fundación Misión Hábitat le dio la tarea de hacer 422
viviendas en diferentes comunidades de la parroquia Dalla Costa y luego recibió
dos contratos más para realizar obras adicionales a la construcción de dichas
viviendas.
Proincon
Lynch también tuvo como clientes a la Fundación Cinemateca Nacional en dos
entidades, los estados de Anzoátegui y Monagas, en el Oriente de Venezuela; a la
Fundación para la Infraestructura Deportiva del Estado de Zulia para la
rehabilitación de campos de fútbol; y al Fondo de Inversión Misión Negro Primero
S.A. para la construcción de dormitorios, cuadra para tropas y canchas de
obstáculos para los efectivos de la Guardia Nacional.
En
ocasión de este reportaje se envió una solicitud de entrevista al General de
División Lynch Dávila, a su despacho de la presidencia de la Corporación
Socialista del Cemento, que no fue atendida.
Tomado de La puerta giratoria de los militares es de cemento