Era un día martes más en Paraguay. Las redes sociales rebosaban de comentarios sobre el reciente caso del abuso a un niño de seis años en un colegio privado, cerca de Asunción, la capital. Se debatía en las radios la candidatura del presidente Mario Abdo Benítez a la presidencia de su partido. La noticia aterrizó pasadas las once de la mañana, como el estallido de un disparo: asesinaron en Colombia al fiscal paraguayo Marcelo Pecci, delegado de Crimen Organizado, en un atentado de corte mafioso a cargo de sicarios.
Pecci se encontraba de luna de miel con su esposa, Claudia Aguilera, con quien contrajo matrimonio el 30 de abril pasado. Aguilera había anunciado el día antes, a sus amigos y amigas en Instagram, que estaba embarazada. Muchos hubieran querido no creer la confirmación de algo que en verdad sabían (sabíamos) desde hace tiempo: Paraguay está vinculado de manera directa a la ruta regional del narcotráfico con rumbo a Europa y con el crimen organizado internacional. Lo ocurrido no podía considerarse una gran sorpresa, reseñó Marcos Cáceres en EL PAÍS.
El fiscal Marcelo Daniel Pecci Albertini, de 45 años, era figura habitual en los medios de comunicación. Tanto en los noticiosos como en las conferencias de prensa en las que se anunciaban importantes operativos de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y allanamientos e imputaciones relacionadas con su trabajo de fiscal antimafia. Pecci estuvo en la investigación de casos emblemáticos y recientes vinculados al mundo del crimen organizado en Paraguay, como el homicidio del empresario Mauricio Schwartzman, acribillado a balazos frente a su domicilio en Asunción, o el robo y venta a grupos delictivos de armas propiedad de las Fuerzas Armadas, o el asesinato de la hija del gobernador del departamento de Amambay y otras tres personas en la zona fronteriza con Brasil. Todos hechos ocurridos hace menos de un año.
También fue parte de la investigación del llamado “acuerdo secreto de (la represa binacional) Itaipú”, de alto contenido político y que casi le costó en 2020 el juicio político en el Congreso al presidente Abdo Benítez y a su vicepresidente, Hugo Velázquez, ahora candidato a la presidencia en las elecciones generales del año próximo.
Llama la atención cómo fue acribillado Pecci por sicarios que se trasladaban en una moto acuática. En una playa paradisiaca colombiana, en la península de Barú, Cartagena de Indias. Sin custodia personal alguna, pese a ser quien era. Su ajusticiamiento no solamente conmocionó por el mensaje que daba a la Fiscalía y a la justicia paraguaya. Por el lugar donde ocurrió, también es un cachetazo a las autoridades de Colombia y Estados Unidos, país este que forma a fiscales “del patio trasero” que tendrán a su cargo investigar el tráfico de estupefacientes y el lavado de dinero que afectan a su territorio.
El crimen trajo también estupor y tristeza al mundo periodístico paraguayo. Su ahora viuda, Claudia Aguilera Quintana, de 34 años, era apreciada por su sencillez. Muchos de sus colegas recuerdan sus tiempos de reportera en las coberturas en el Congreso, la Presidencia o la calle. Su presencia en las pantallas de televisión, en los últimos meses, la hizo popular entre el gran público.
Las conjeturas sobre el asesinato son varias: Pecci fue seguido desde Paraguay o las organizaciones delictivas contrataron sicarios en Colombia. Es una represalia por algún caso concreto en el que el fiscal tocó sus intereses o un amedrentamiento para los demás fiscales de Paraguay y de los otros países involucrados en la ruta de los narcos. Investigadores de Paraguay, Colombia y Estados Unidos están ahora abocados al esclarecimiento e identificación de los culpables. Pero el daño está hecho.
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Tomado de La multitud de dudas que deja el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia