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El control de precios de los alimentos y productos de cuidado personal y limpieza del hogar está vigente desde marzo de 2003. La medida ha fracasado en su propósito de reducir la inflación, afirma el economista Ángel Alayón. «Tenía como objetivo impedir el incremento de precios para no afectar el poder adquisitivo de la población y evitar la escasez. Sin embargo, fracasó porque se han registrado varios episodios de escasez de alimentos. El control de precios está agotado»,agrega.
En más de 8 años y 8 meses de control de precios, la inflación general acumula un alza de 505%. El índice de escasez que mide el Banco Central de Venezuela estaba a principios de la regulación en 5%, y ahora sobrepasa 13%. Mediciones privadas como las de Datanálisis la sitúan en 23,8% hasta el viernes de la semana pasada.
La primera regulación fue el 11 de febrero de 2003 y se aplicó a 106 presentaciones de alimentos básicos como arroz, pastas, azúcar, café, pollo, carne de res y de cerdo, lentejas, caraotas y salsa de tomate, entre otros. Ese día el Gobierno fijó los precios de 63 productos de cuidado personal y limpieza del hogar: pañales, toallas sanitarias, champú, acondicionador, afeitadoras, crema dental, jabón de tocador, en panela y detergentes, cloro, limpiador y lavaplatos. Posteriormente la lista se amplió a 242 presentaciones.
Pero a ninguno de esos rubros, salvo los alimentos, se les hizo seguimiento. En la mayoría de los casos los precios regulados no se cumplieron y las presentaciones controladas desaparecieron del mercado.
El Ejecutivo optó por flexibilizar la regulación y permitir bandas de precios sugeridos para algunos productos alimenticios. Hasta la fecha 18 siguen controlados.
Como parte del nuevo sistema nacional integrado de costos y precios, el Gobierno anunció que el 15 de diciembre fijará precios máximos de venta al público de los 19 rubros congelados el 22 de noviembre. La Ley de Costos y Precios Justos, aprobada en julio, entró en vigencia el mes pasado y la primera fase establece que las empresas procesadoras, importadoras y comercializadoras de los productos de cuidado personal y de limpieza del hogar se deben registrar y notificar sus precios a la Superintendencia de Costos, que analizará los costos de producción y fijará los nuevos montos en los que se venderán estos artículos a partir del 15 de enero.
En contra Ángel Alayón sostiene que se ha caído en un círculo vicioso en el que los precios controlados prácticamente están congelados porque no hay una política periódica de revisión. Le preocupa que el nuevo sistema tenga el mismo problema.
Hay muchas pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de alimentos que no han tenido el músculo financiero para afrontar la restricción del control de precios, señala. «Se empieza a trancar la cadena productiva y cuando se vende por debajo de los costos se destruyen la inversión y los recursos. Si alguien invierte 50 bolívares en producir un bien y lo obligan a vender a 25 bolívares, sólo podrá financiar la mitad de la producción. Si esto persiste, llega un momento en el que es imposible seguir manteniendo la estructura de costos sin una ganancia justa», explica.
Agrega que cuando el Gobierno pretende controlar las ganancias, se teme que limite la inversión de las empresas y por ende se perjudique la producción de bienes y servicios.
Advierte que esto afectará los salarios, la recaudación de impuestos y el aporte de las empresas a otros fondos sociales por ley.
El economista recuerda que en una estructura de costos, el asunto de las materias primas es relevante y más aún cuando en Venezuela se han registrado dos devaluaciones en los últimos dos años de 100% en promedio, lo que ha impactado los precios de importación de insumos y productos.
Alayón rechaza que el Gobierno acuse de monopolio a varios sectores cuando no existe un informe claro de la Superintendencia de Procompetencia que lo establezca. Señala que en el área de alimentos, el Estado maneja 70% del procesamiento de café, más de 30% en el caso de arroz, casi 40% en harina precocida y en otros rubros estratégicos.
El presidente de la Cámara Venezolana de Alimentos, Pablo Baraybar, ha expresado que el Gobierno, con la devaluación, es el que ha generado un alza en los costos de producción. Añadió que si se pretende reducir los precios, el Ejecutivo debería abaratar las importaciones de insumos, rebajar los impuestos a las empresas procesadoras de rubros de primera necesidad y dar facilidades para elevar la producción y la inversión.
El abogado José Ignacio Hernández afirma que viola el derecho constitucional de libertad económica. «Con esta ley se elimina la libertad de precios. El Gobierno puede fijar los precios de los bienes que determine».
Sostiene que el Ejecutivo ha manipulado la cuestión de los monopolios. «Desde la perspectiva del derecho de la competencia, quien ejerce una posición de dominio puede incurrir en abusos incluso en materia de precios, pero eso exige un análisis económico y ponderar cuál es el mercado relevante, determinar cuotas de mercado. Lo que no se puede afirmar a priori en una ley es que el sector privado abusa del poder monopólico porque se viola el principio constitucional de presunción de inocencia», dice el constitucionalista.
A favor La superintendente de costos y precios, Karlin Granadillo, afirma que la ley tiene como principal objetivo luchar contra la especulación y el alza de precios impuesta por monopolios.
«El comportamiento monopólico de las empresas capitalistas permite no sólo manipular la oferta, sino también establecer los precios, lo que ha afectado el poder adquisitivo del venezolano».
Agrega que analizarán los precios mediante métodos científicos y contables para determinar los costos de producción, las ganancias y precios de los productos regulados.
«La Ley de Costos y Precios Justos es la herramienta que nos permitirá combatir la especulación y reducir los índices de inflación, democratizar el acceso a los bienes y servicios y promover un patrón de consumo que responda a las necesidades reales a la población en cuanto a la utilidad y precio justo en un modelo productivo socialista», dijo el 22 de noviembre en el acto de lanzamiento de la ley.
En un acto en la UCV el intendente de costos y precios, William Contreras, destacó que liberar los precios o eliminar el control como pretenden empresarios y economistas, lo único que generará es elevar la ganancia de las empresas. «Las ganancias exageradas en varios sectores y en empresas monopólicas son las culpables de la inflación», opinó.
El intendente descarta que se genere escasez de los productos congelados. «Sólo colocando un precio por debajo del costo de producción es que habría este efecto de la escasez», dijo.
Contreras acusó a las empresas de preocuparse más por acumular capitales que por invertir en ampliar la capacidad de producción. Señaló que la tecnología que se usa en el país es altamente dependiente de las importaciones y eso, a su vez, incide en la producción y los precios de los bienes.
El intendente no cree que el alza desmedida de los precios tenga que ver con un problema de la oferta de bienes. «Esto es culpa del modelo de industrialización que se heredó en Venezuela y que fue inflacionaria desde su origen porque se estructuró sobre las bases de la organización monopólica y oligopólica de la producción con fuerte presencia de capital extranjero», según reportó el diario El Nacional.
Tomado de La libertad de precios desparece en la Venezuela de Chávez