VenePirámides
El 11 de febrero de 2003, hace once años, el entonces Presidente Hugo Chávez publicó el decreto de control de precios, medida que pareció lógica en medio del paro empresarial, pero en realidad como admitió luego, se trataba «de una estrategia de intervención del Estado en la economía, uno de los elementos que conforman la transición hacia el socialismo».
Por su puesto, ni Chávez ni Maduro han estudiado economía, e ignoran el postulado de Milton Friedman según el cual «La inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario». No obstante, la estrategia de acabar con la «especulación de los empresarios» entregando a dos ministerios el poder de fijar el precio de venta de alimentos, medicinas, pañales, jabones y en general de todos los productos esenciales para la calidad de vida, registra un récord muy negativo.
A pesar de la regulación Venezuela, al cierre de 2013, sufre la mayor inflación de América Latina, una de las más altas del mundo y el salto de los precios es el más pronunciado desde 1996.
De hecho, la inflación de 56,2% al cierre del pasado año es la cuarta más elevada desde 1950, solo superada por la del período 1994-1996, cuando la crisis financiera azotó al gobierno de Rafael Caldera y la de 1989, cuando Carlos Andrés Pérez aplicó un severo ajuste tras una masiva pérdida de reservas internacionales.
El fracaso no debería causar sorpresas. Durante el Gobierno de Jaime Lusinchi la inflación anual pasó de 15,7% en 1984 a 40,3% en 1987, en plena aplicación del control de precios y con un agresivo plan de multas y cierres a los «especuladores».
La conclusión de estudios académicos como el de los economistas Robert Schuettinger y Eamon Butler es que si bien los controles de precios han tenido efecto positivo por un corto período de tiempo, en el largo plazo siempre fracasan, porque no combaten la causa real de la inflación: el incremento de la cantidad de dinero por encima de la productividad.
La economía venezolana se encuentra inmersa en un desajuste donde el acelerador de la demanda está hundido a fondo mientras que la oferta tiene todos los frenos posibles.
Como el gasto del Gobierno supera al ingreso que recibe por las exportaciones petroleras y la recaudación de impuestos, el Banco Central imprime billetes que entrega a Pdvsa y cuando son utilizados para pagarle a contratistas o mantener las misiones, entran a la economía y en poco tiempo aumentan la demanda.
Luis Zambrano Sequín, miembro de la Academia de Ciencias Económicas, elaboró una investigación donde precisa el peso que ha tenido el señoreaje, como técnicamente se conoce al ingreso que percibe el Gobierno, a través del Banco Central, al imprimir dinero.
La investigación precisa que en el período 2006-2012 los ingresos por señoreaje equivalen a casi el doble de los ingresos tributarios petroleros, exceden en 40% los aportes del impuesto sobre la renta de personas naturales y jurídicas no petroleras, representan casi 75% de lo generado por el IVA y más que triplican lo recaudado por impuesto sobre las importaciones.
Además la demanda recibe un impulso extra. Las tasas de interés se encuentran sumamente bajas, a fin de que el Gobierno pueda endeudarse a bajo costo, y los venezolanos no tienen ningún incentivo para el ahorro.
En el lado de la oferta la producción de las empresas estatizadas cae, el recorte de divisas para el sector privado se traduce en falta de materias primas, la inversión extranjera es mínima y los controles de precios impiden, en casos relevantes, cubrir los costos.
Al mismo tiempo la devaluación de la moneda, en el mercado oficial y el paralelo, incrementa el precio de los productos importados.
El control ha puesto en marcha un ciclo donde el Gobierno debe escoger entre escasez o aumentos de precios.
Para evitar la inflación el Ejecutivo no permite incrementos, entonces, cuando las empresas no pueden cubrir los costos dejan de producir y los consumidores no encuentran los productos en los mercados, forzando a los ministros a aceptar el alza de los precios.
La lectura del Gobierno es que el control de precios ha fracasado por la falta de leyes y poca eficacia de las instituciones que lo aplican.
En 2010 se inició la promulgación de leyes que contemplan delitos como acaparamiento, usura, especulación y penas cada vez más severas.
El 24 de enero de este año apareció en Gaceta Oficial la Ley Orgánica de Precios Justos, que deroga y fusiona aspectos contenidos en la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios y la Ley de Costos y Precios Justos, promulgada el 18 de julio de 2011.
Además el Gobierno comenzó a regular los beneficios de las empresas emitiendo una ley que permite una ganancia máxima de 30%, según reportó el diario El Universal.
Tomado de «La inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario» (y el dolar @81)