La Fundación para la Defensa, Protección y Reparación de la Patria Venezolana (Fundeproredive) envió ante el Ministerio Público (MP) de Venezuela una denuncia en el año contra el “Clan Pérez Abad”, constituido por familiares del entonces presidente del Banco Bicentenario, Miguel Ángel Pérez Abad. “Se consignó al MP una solicitud para que se promuevan las empresas que la familia de Pérez Abad, en donde se pueden observar las diferentes partes constituidas en el extranjero en el mismo período en el que ejercen el cargo público de ministro”, informó la fundación.
La denuncia incluyó a Juan Carlos Pérez Abad, Teodoro Santiago Pérez Abad, Manoly Giunonna Ramírez Navarro y Nelson Rafael Bustamante Abidar, al igual que el exministro Miguel Ángel Pérez Abad y las empresas Global Oleos CA y Alcalde Integral de Procuras CA. JMC International, LLC, BIG BUS Construtions, LLC, TPY USA, LLC, Aventuras OPH LLC, Bynton OPH LLC, Delray OPH LLC, FT.Lauderdale OPH Jensen OPH LLC, OPH Global LLC, PH Gardens OPHLLC, Royal Palm OPH, LLC, Todas con sede en Florida, Estados Unidos. Igualmente las empresas Metales Businness Corporation INC, International Harvester Tractors INC, Strong Investment House INC, con sede en Panamá, según un reporte de expresa.se.
Fundeproredive resaltó que la denuncia obedeció a supuestas “irregularidades” en el otorgamiento de las divisas venezolanas», razón por que solicitó a la Fiscalía General de la República una investigación con la fin de determinar las cantidades que se habían sido entregadas al “Clan Pérez Abad”. “Cómo es que este clan, siendo su hermano, el Presidente del Banco Bicentenario, lo que vemos en la televisión diciendo que es ‘antiimperialista’ , ‘que es chavista’ y que ‘hay que invertir en Venezuela’. Él fue Presidente de Fedeindustria y esos dólares se dio cuenta de cómo se invirtió en el país, pero hoy no hemos visto cómo la familia Pérez Abad no invierte en Venezuela sino que invierte en Estados Unidos. Entonces, es una doble moral porque aparece este flamante exministro, presidente del Banco Bicentenario, teniendo un discurso del día contra el imperio y la injerencia extranjera, pero hoy, su familia es la gran inversora en EE.UU. “, aseveró. Por lo antes “El secreto de la exigencia de que la apertura de una investigación de manera imparcial y no exista un ” manto de impunidad ” porque estas personas son una familia de un exministro venezolano.” Al contrario, estas personas deben ser las primeras en la investigación porque están ligadas a funcionarios y se deben dar el ejemplo “, agregó.
Por otra parte, la fundación indicó que acudiría ante la Embajada de los Estados Unidos en Caracas con el fin de solicitar a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), al Buró Federal de Investigaciones (FBI) y a todos los organismos internacionales que estén relacionados con la legitimación de capitales para que aperturara una investigación a estas personas que son familia del presidente del Banco Bicentenario, Miguel Ángel Pérez Abad, a fin de que se determine el origen de los dólares invertidos en las empresas que poseen en EE.UU. “¿De dónde sacaron los dólares si en Venezuela hay control de cambio? ¿Dónde están las cuentas en bolívares de los Pérez Abad? ¡Todas las cuentas están en dólares! “, Enfatizó. Además, Fundeproredive hizo un llamado Nicolás Maduro, para que conociera «cómo está que muchos ministros en el lugar de invertir en Venezuela invierten en los Estados Unidos “.
En el “Clan Pérez Abad”, destacan los nombres de los hermanos Miguel Ángel Pérez Abad, Juan Carlos Pérez Abad y Teodoro Santiago Pérez Abad.
Miguel Ángel Pérez Abad es un político y empresario nacido en Venezuela, en la ciudad de Barcelona, estado Anzoátegui, en el año 1963. Se desempeñó como ministro para el Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Venezuela en 2017.
Fue presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Artesanos, Micros, Pequeñas y Medianas Industrias y Empresas de Venezuela (Fedeindustria), además de haber sido Ministro de Industrias y Comercio del Gobierno venezolano. En 2015 fue nombrado como Comisionado del Estado Mayor Económico.
Miguel Pérez Abad se desempeñó como presidente de Fedeindustria desde 2001. El 6 de enero de 2016, Nicolás Maduro lo designó como nuevo Ministro de Industrias y Comercio de Venezuela.
El 15 de febrero de 2016, es designado por Nicolás Maduro como vicepresidente de Economía Productiva, reemplazando a Luis Salas.
El 7 de junio de 2017 es designado ministro del Poder Popular para el Comercio Exterior, cargo en el que fue sustituido el 26 de noviembre de 2017 por José Gregorio Vielma Mora.
EL 9 de septiembre del año 2020, el exministro de Economía y Finanzas Simón Zerpa fue designado como presidente del Banco Bicentenario del Pueblo, la Clase Obrera, Mujer y Comunas BU, en sustitución de Miguel Pérez Abad, quien se postularía a la Asamblea Nacional venezolana en las elecciones convocadas para el 6 de diciembre del mismo año.
En febrero de 2023, Miguel Pérez Abad fue designado como nuevo presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), en sustitución de Calixto Ortega.
El propio Hugo Chávez impulsó la carrera de Miguel Pérez Abad como funcionario del Gobierno nacional venezolano, luego que el exmandatario se maravillara con un evento denominado “Anzoátegui Productivo”, organizado por Pérez Abad, con el propósito de promover las potencialidades comerciales del estado Anzoátegui, de donde es originario el exministro. La relación entre Pérez Abad y Chávez era tan cercana, que Pérez acompañó a Chávez en distintas oportunidades en el avión presidencial.
Algunos venezolanos tildan a Miguel Pérez Abad de “adeco”, como son conocidos los miembros del partido Acción Democrática que gobernó Venezuela previo al ascenso del chavismo al poder.
Pérez mantuvo una estrecha relación con Dennis Balza, exgobernador adeco del estado Anzoátegui, con quien incluso viajó en una comitiva oficial a Cuba.
El empresario se dio a conocer a través de su “Anzoátegui Productivo”, hasta que el evento dejó de ser patrocinado por la gobernación de Anzoátegui, tal y como ocurriera durante años.
Miguel Pérez Abad consiguió buenos negocios con el Estado venezolano. Vendió su empresa “Puerto Gas (que se sumó al paro petrolero opositor en el año 2002) y consiguió grandes contratos en la Plataforma Deltana, entre otros. Fue precandidato a la gobernación de Anzoátegui por el PSUV, participó en las elecciones internas, pero perdió.
Luego de haber autorizado un incremento en las tarjetas de crédito del Banco Bicentenario, por una suma cercana a los 1.000 millones de bolívares, en tan solo tres horas lograron desaparecer supuestamente cerca de 35.000 millones de bolívares, suma que representaría una estafa al patrimonio público venezolano cercana a los 200.000 dólares estadounidenses.
Según un reporte de “Notiexpress” aparecido en la web globedia.com, la respuesta del presidente encargado de la entidad financiera perteneciente al Estado venezolano, Alejandro Essis, fue la de proceder contra humildes trabajadores que hicieron uso del llamado «extra crédito». Allí mismo se asegura que existen pruebas de los numerosos viajes privados de Miguel Pérez Abad a los Estados Unidos e islas del Caribe junto a Enrique Romero, a quien identifican como un supuesto testaferro.
En 2019, la web también relató
“Una ola de atropellos sin precedentes en las empresas del Estado está desarrollándose en el gubernamental Banco Bicentenario, a raíz de un fallo humano en el sistema central de computación de esa institución financiera.
Desde Barquisimeto, capital del estado Lara, surgió por las redes sociales la primera denuncia firmada por dos empleadas coaccionadas bajo amenazas insólitas, que relataron en la siguiente comunicación:
Estimados amigos, conocidos, clientes y beneficiarios. Por medio de la presente, yo Yarabit Piña, titular de la C.I. V-14.269.587 declaro que hoy día 15 de julio de 2020 fui coaccionada a firmar mi renuncia como trabajadora del Banco Bicentenario del Pueblo bajo amenaza de ser arrestada por el SEBIN si no firmaba la misma antes de salir de la oficina donde ocurrieron los hechos, por la simple razón de haber sobregirado mi tarjeta de crédito.
A las 11 de la mañana del día de hoy fuimos convocadas mi persona y mi compañera Juelith Leonela Mejía Gonzalez, V-17.036.316 a una reunión en la oficina de la gerencia regional del Estado Lara donde nos esperaban, Zuly Mendoza, Gerente Regional del Banco, Katy Caceres, Gerente de recursos humanos, María Durán, Coordinadora de Socialización Bancaria, además de Ivette Sogovia, Gerente del Fondo Único de Financiamiento Productivo (FONFIP) de la Gobernación del Estado Lara, de la cual no encontramos explicación de su presencia ya que se encuentra en comisión de servicio en la institución regional ya descrita.
Extraoficialmente se afirma que Pérez Abad y su testaferro Enrique Romero habrian huido a una isla del Caribe o los EEUU donde poseen grandes propiedades
Allí la gerente regional nos explica que “debemos” firmar nuestra renuncia por haber sobregirado nuestras tarjetas de crédito con la institución, ya que el aumento del límite de crédito del que hicimos el uso legal fue un «error malintencionado», cosa de la cual nosotras no teníamos conocimiento para el momento del uso del instrumento financiero. Por nuestra parte se le preguntó a la gerente regional si se podía subsanar el “Error” pagando el sobregiro, también se le pregunto si cancelando la tarjeta de crédito se podía arreglar el error, pero para ellos lo único que lo arreglaba era firmar la “renuncia voluntaria e irrevocable”. Y fue muy clara al decirnos que si no firmábamos dicha carta ya tenía contactado y listo al SEBIN para realizar el aprehendimiento de nosotras por estafa agravada al Banco Bicentenario.
Es de hacer notar como una gerente regional de un “banco del pueblo” tenga el poder y la autoridad para tener “a tiro” al SEBIN para arrestar y “sacar esposado” (en sus propias palabras) a un personal que ha dado lo mejor de sus habilidades laborales para el correcto funcionamiento de la institución solamente por haber hecho uso de la tarjeta de crédito que la misma institución les emitió y aumentó “por error” su límite de crédito. Ojalá alguien del SEBIN, Banco Bicentenario o la Gobernación del Estado Lara, pueda dar una explicación de semejante atropello contra nosotras como trabajadoras.
El 15 de marzo de 2019 el periodista de investigación Casto Ocando señaló que Miguel Pérez Abad se encontraba supuestamente en Miami cooperando con las autoridades. No obstante, el Banco Bicentenario señaló a través de Twitter en la misma fecha que Pérez estaba participando en reuniones con la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), ente regulador de la actividad bancaria en Venezuela, “para garantizar la operatividad de las instituciones financieras”.
ese a la publicación del periodista, algunos medios venezolanos informaron también que Pérez había estado participando durante tres días consecutivos en supuestas reuniones con la Sudeban.
Nuevamente en julio de 2020 volvieron a surgir rumores en las redes acerca de la huida de Venezuela de Miguel Pérez Abad por el llamado escándalo del “Tarjeta-gate”. Es así que se ha dicho que Pérez habría salido de Venezuela, con rumbo a República Dominicana, para luego pisar suelo estadounidense, llegando al estado de la Florida.
Informaciones sugieren que en el terreno político Miguel Pérez Abad ha mantenido pugnas con otras figuras de chavismo, como Tarek William Saab y Diosdado Cabello. En el caso de Saab, actual fiscal general de Venezuela designado por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, estribaría en una rivalidad por el cargo de gobernador de la provincia de Anzoátegui, otrora ocupado por Saab y que le fuera disputado por Pérez Abad en unas elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en el que ambos han militado y por el que Pérez aspiraba ser candidato en sustitución de Saab.
En cuando a su pugna supuestamente con Diosdado Cabello, segundo hombre fuerte del chavismo en Venezuela, el motivo sería la muerte en un accidente en misteriosas circunstancias de un hijo de Pérez Abad. El19 de agosto de 2017, en aguas cercanas a las costas de Venezuela se precipitó a tierra una aeronave siglas Lear Jet YV3191 en el que iban como pasajeros el empresario Luis Napoleón Picardi Flores y el hijo de Pérez. En el suceso también falleció el piloto Nelson Bejarano, el copiloto Joan Marrero y Juvencio Carvajal, jefe de seguridad de Picardi. Nunca se conoció con exactitud si las autoridades lograron rescatar los cadáveres ni se supo la razón del accidente, aunque trascendieron rumores acerca de que el siniestro pudo haber sido provocado.
Una denuncia contra el artífice del Petro, Gabriel Jiménez Marrón, y contra los familiares del presidente del Banco Bicentenario Miguel Pérez Abad, fue presentada años atrás ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y ante la representación diplomática estadounidense, con el objetivo de que se les investigara por diversos delitos que van desde la traición a la patria a la legitimación de capitales provenientes de la corrupción.
Según un reporte de la periodista Maibort Petit, de fecha 24 de agosto de 2018, para el medio El Tiempo Latino, dentro de un amplio expediente figuraron dos denuncias consignadas ante la Asamblea Nacional Constituyente y ante la Embajada de los Estados Unidos en Caracas, relativas a irregularidades cometidas con el Petro, la criptomoneda diseñada por el Gobierno de Nicolás Maduro, así como por lavado de dinero.
En fecha no determinada, el abogado Marcos Alberto Ascanio Salinas de afiliación chavista consignó ante el presidente de la ANC, Diosdado Cabello Rondón, y con atención a María Alejandra Díaz, una acusación acompañada de la solicitud de que se investigue penal, civil y administrativamente a la que considera como una presunta organización criminal que ha causado, según él, efectos devastadores al país, “generados por la comisión de los múltiples hechos punibles (…) cuyo propósito fundamental no fue otro que a nuestro criterio enriquecerse y Traicionar a la Patria”.
En fecha no determinada, el abogado Marcos Alberto Ascanio Salinas de afiliación chavista, consignó ante el presidente de la ANC, Diosdado Cabello Rondón, y con atención a María Alejandra Díaz, una acusación acompañada de la solicitud de que se investigue penal, civil y administrativamente a la que considera como una presunta organización criminal que ha causado, según él, efectos devastadores al país, “generados por la comisión de los múltiples hechos punibles (…) cuyo propósito fundamental no fue otro que a nuestro criterio enriquecerse y Traicionar a la Patria”.
Consideró que las personas a quienes señaló son responsables de dirigir y actuar en contra de los intereses de Venezuela con el amparo de algunos funcionarios públicos.
El 6 de agosto de 2018, ante la representación diplomática estadounidense, en la persona del encargado de negocios, James Story, Ascanio Salinas denunció a familiares del exministro para el Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Miguel Pérez Abad, a saber, Juan Carlos y Teodoro Santiago Pérez Abad, titulares de las cédulas de identidad V-8338794 y V-8327536, respectivamente, representantes legales de empresas en Venezuela las cuales han sido beneficiarias de un conjunto de contratos de adjudicación tanto de procura como de obras, en bolívares y en dólares por parte de Petróleos de Venezuela S.A., PDVSA.
La denuncia señaló que estas personas “se han constituido para presuntamente aprovecharse fraudulentamente de la adjudicación y liquidación de divisas preferenciales, sin haber cumplido con el correcto uso de las mismas para lo que fueron solicitadas, por lo cual se presume están incursos en delitos de ilícitos cambiarios, fraude fiscal, obtención fraudulenta de divisas, asociación para delinquir, legitimación de capitales, entre otros. Este grupo de personas lograron estafar a la Nación y por supuesto a los venezolanos”. Un conjunto de personas y empresas actuarían en colusión con los Pérez Abad.
Asimismo, creía Ascanio Salinas que los Pérez Abad habían violado la Ley Patriota de los Estados Unidos al estar usando el sistema financiero para el lavado de dinero proveniente de las contrataciones petroleras señaladas como fraudulentas.
Refirió también que Manoly Giunonna Ramírez Navarro y Nelson Rafael Bustamante Abidar estaban conectados e interrelacionados con los Pérez Abad, quienes a su vez son accionistas de las siguientes empresas con sede en los Estados Unidos: JMC International Solutions LLC, Big Bus Constructions LLC, TPY USA LLC, Aventuras OPH LLC, Boynton OPH LLC, Delray OPH LLC, FT. Laurderdale OPH LLC, Jensen OPH LLC, OPH Global LLC, PH Gardens OPH LLC, Royal Palm OPH LLC, Artesanos LLC, Doral OPH LLC, Eluh Management Solutions LLC, Metagames Interactive Entertainment and Marketing Solutions INC, Metagames Interactive Marketing Solutions LLC, Plantation OPH LLC, SWR OPH LLC, TPS Outsourcing and Services Coral Springs LLC, TPS Outsourcing and Services LLC.
En Panamá operarían a través de las empresas Metals Businnes Corporation INC, International Harvester Tractors INC y Strong Investment House INC.
Manoly Giunonna Ramíres Navarro y Nelson Rafael Bustamante Abidar aparecen como empleados de EMPIRE ORIENTE C.A., JMCMOTO C.A., JJPérez Alemán y CIA, C.A. y Mayor La Algaida C.A. con sede en Venezuela, representadas por los Pérez Abad. Otras compañía de la familia es Total Moto CA.
En Florida, Teodoro Santiago Pérez Abad figura como director de las empresas LATITUD NORTH PORT HOMES, LLC e IM-SUMEDICAL, LLC; mientras que en Panamá aparece en la directiva de MAYOR LA ALGAIDA, S.A.. Juan Carlos Pérez Abad figura, por su parte, como director de EMPIRE ORIENTE, S.A., una firma panameña utilizada en Venezuela para la venta de motocicletas con partes procedentes de China, ensambladas en territorio venezolano.
En el año 1997, Teodoro Pérez Abad fue señalado en Venezuela de participar en una estafa inmobiliaria en el conjunto residencial Villa Terracota II, en la ciudad de Barcelona, estado Anzoátegui. El caso permaneció impune, producto de la corrupción en los órganos venezolanos de administración de justicia.
Ascanio Salinas indicó además que los Pérez Abad estaban incursos en la violación de la ley de prácticas corruptas en el extranjero (Fcpa por su sigla en inglés). Aseguró que los Pérez Abad estaban incurriendo en el delito de legitimación de capitales provenientes de la corrupción.
Otras controversias en las que también ha estado inmiscuido el ex ministro Miguel Pérez Abad tienen que ver con la emisión irregular de tarjetas de crédito del Banco Bicentenario de Venezuela, que fueron utilizadas para compras en divisas en el exterior, sin que supuestamente los tarjetahabientes hubieran pagado su deuda con la entidad financiera. Se señala que a pesar de las denuncias, el caso no fue debidamente investigado.
La familia Pérez Abad era propietaria en la ciudad de Lechería, al Oriente de Venezuela, de J.J. Pérez Alemán, una tienda de muebles y electrodomésticos, cuyo local vendieron a la familia Dagga Mujamad, para la instalación de una sucursal de la cadena de tiendas Multimax, al frente de la cual se encuentra el empresario Nasar Ramadan Dagga Mujamad. J.J. Pérez Alemán realizaba importaciones de electrodomésticos y otros productos, a través del puerto localizado en la ciudad de Guanta, para su venta en sus tiendas en las ciudades de Lechería y Cumaná.
