Apenas abrieron la compuerta, la fetidez salió disparada. Pero la imagen que surgió dentro de la enorme caja metálica resultó todavía más nauseabunda que el olor que la precedió.
Dentro del contenedor se amontonaban unas 28 toneladas de comida comprada con recursos públicos, que se habían echado a perder con el tiempo y las inclemencias del clima en Puerto Cabello. Sobre los alimentos revoloteaban insectos y roedores que “fueron capaces de afectar la calidad del producto, tanto por el daño directo ocasionado cuando los insectos se alimentan, como por el daño indirecto ocasionado por las heces, secreciones corporales y cadáveres de los mismos”.
Así quedó descrito el hallazgo, con un lenguaje de precisión forense, en la investigación del Ministerio Público sobre el caso de 2010, uno de los retratos más nítidos sobre los resultados de los esquemas de corrupción del chavismo en importación de alimentos, y al que, habida cuenta de la imagen de podredumbre que ofreció al descubrirse, la prensa y el público no tardaron en bautizar como el caso Pudreval. Una imagen que sólo en aquel 2010 se repitió en unos 4.350 contenedores que guardaban más de 120.000 toneladas de comida destinada a la empresa estatal Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval).
La transformación de cientos de millones de petrodólares en un collage de despojos orgánicos se constituyó en uno de los pocos escándalos de corrupción estatal que ha tenido repercusión judicial bajo el chavismo. Esta performance no tuvo lugar, desde luego, en un inexistente museo del despilfarro, pero tampoco, como se hubiera esperado, en un depósito de logística estatal. Ocurrió en una almacenadora privada.
Por entonces, los propietarios de almacenadoras privadas -entre ellas, Braperca, de Isaac Sultán Cohén- estaban entre los pocos actores que sacaron algo en limpio, ganancias enormes, del escándalo de Pudreval. ¿Cómo lo habían logrado?
Curiosamente, el de Pdval arrancó como un experimento estatizador. Uno de los tantos del fallecido presidente, Hugo Chávez, que desembocaron en una inmensa dilapidación de recursos públicos. Ideado a inicios de 2008 como parte de un plan de abastecimiento para combatir lo que el gobierno denunciaba como un plan de “acaparamiento y especulación” de comida llevado a cabo por empresarios privados con propósitos políticos y económicos, Pdval llegó a amasar en febrero de 2010 fondos por 2.200 millones de dólares para lograr sus objetivos.
En la práctica, las transacciones de compra las hacía Bariven, filial también de la estatal Pdvsa, encargada por lo regular de las compras de insumos para la industria petrolera. Pero allí se reunían dos incapacidades: por una parte, la de Bariven, que no tenía experiencia en la adquisición de comida; por la otra, la de Pdval, que no contaba con la infraestructura o la experticia para recibir, almacenar y distribuir las 1,7 millones de toneladas de alimentos que el Centro Nacional de Balances de Alimentos (Cenbal) recomendaba importar ya para 2008. El Cenbal era un organismo adscrito a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, cuyo titular entonces era Ramón Carrizález, coronel retirado del Ejército y luego dos veces gobernador del estado Apure.
En medio de denuncias de irregularidades y corrupción en las asignaciones, la iniciativa de Pdval apenas logró importar un tercio de lo indicado, o unas 597.000 toneladas de comida, que de todas formas rebasaron en tres veces la capacidad de distribución de Pdval. Ese cuello de botella terminó por represar en los puertos miles de toneladas de productos de primera necesidad, como arroz, leche en polvo, pollo, aceite de soya, azúcar y carne de res, arrumados en almacenes privados subcontratados para enfrentar la coyuntura.
Así fue como una iniciativa creada para poner bajo control del Estado la importación y distribución de alimentos, de modo de sortear el presunto sabotaje de los acaparadores, terminó favoreciendo a privados y generando un indeseado acopio de excedentes en almacenes portuarios.
Una de las almacenadoras beneficiadas entonces con esos contratos fue Braperca, la empresa de Isaac Sultán Cohén que para la época controlaba buena parte de los muelles de Puerto Cabello y La Guaira, los dos principales puertos del país.
Ahora Armando.info ha obtenido acceso a dos filtraciones distintas de documentos que, reunidas, permiten establecer que la fortuna de Sultán -el dinero en sus cuentas, el número de sus propiedades y obras de arte, así como sus entramados empresariales-, experimentó una súbita expansión justo después de los negociados de Pdval.
Sultán Cohén, a quien repetidamente se le ha vinculado con el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, y quien surgió de la nada como un importante jugador en mercados foráneos de bienes raíces y arte, abrió sustanciales cuentas bancarias en el Credit Suisse entre 2009 y 2016, al menos -porque tal es el periodo comprendido por la data revisada- llegando a convertirse en el cliente venezolano con más dinero depositado en el hoy atribulado banco suizo, con al menos 340 millones de francos suizos -para la fecha, alrededor de 360 millones de dólares-. Al mismo tiempo en que se convirtió en cuentahabiente de Credit Suisse, Sultán Cohén recibía pagos de Pdval de más de 50 millones de dólares por servicios de almacenamiento.
En ‘Pudreval’ empezó la cosa
La línea de tiempo de los negocios de Sultán Cohén tiene al año 2009 como eje central de su historia. Un informe oficial de Pdval de junio de 2010 registra a Braperca como el proveedor que recibió más pagos en 2009, con un total de 109,8 millones de bolívares, equivalentes a 51 millones de dólares al cambio oficial de la época. Entre estos proveedores que aparecen en el documento oficial también se encontraba el Grupo Sahect, en el que aparece como directivo Samark López, uno de los contratistas predilectos del chavismo, sancionado en 2017 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, bajo acusaciones de presunto lavado de dinero.
Con todo, 2009 no sería un año con saldo positivo para Sultán Cohén y Braperca. Al menos, en apariencia. Porque fue el 24 de marzo de ese año cuando Hugo Chávez decretó la creación de la estatal Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) y, con ella, la toma por parte del gobierno nacional de los patios portuarios de almacenamiento. Hasta esa fecha, las autoridades regionales le otorgaban concesiones a las almacenadoras privadas para operar.
Braperca había sido favorecida en Puerto Cabello por el excomandante de la Armada, Carlos Aniasi Turchio, quien fue presidente de la junta directiva del Instituto Autónomo de Puerto Cabello (Ipapc) y ahora hace vida y negocios en el estado norteamericano de Florida.
Apenas un mes después de que Braperca fuera ocupada por empleados de Bolipuertos, en abril de 2009, Sultán abrió la primera cuenta en el Credit Suisse por la que pasaron, al menos, 18,97 millones de francos suizos, equivalentes a 20,1 millones de dólares. Como titular de cuenta también figuraba el venezolano Ángel Fidalgo de La Vega, un cercano socio de Sultán y quien ha asumido el papel de administrador de varias compañías del magnate en el exterior.
Se trata de un movimiento bancario que se verifica en la filtración que dio lugar a la serie Suisse Secrets, una investigación colaborativa coordinada por el Proyecto de Reportería sobre el Crimen Organizado y la Corrupción (Occrp, por sus siglas en inglés) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung, publicada en 2022 y en la que participaron 163 periodistas de 48 medios aliados de todo el mundo, entre ellos, Armando.info.
En junio de ese mismo año de aparente desgracia para Sultán, este siguió enviando su capital a Suiza y abrió otra cuenta en el Credit Suisse por la que pasaron al menos 94,93 millones de francos suizos, equivalentes a unos 100 millones de dólares.
En octubre de 2012, cuando la descomposición de Pudreval ya se había mostrado en todo su apogeo en medios de prensa, fue cuando Sultán Cohén abrió la cuenta que resultaría más jugosa en el Credit Suisse y en la que pasaron por lo menos 233,3 millones de francos suizos (o 247 millones de dólares) a comienzos de 2016.
No están todos los que fueron
Otro documento oficial destaca el protagonismo de Braperca en el caso de Pdval. El informe final de la Contraloría General de la República sobre el caso, que analiza el programa entre 2008 y 2010, menciona directamente a la compañía. Entre las irregularidades que encontró esta investigación está que tanto Bariven, como las almacenadoras privadas, guardaron registros que, entre sí, mostraban diferencias en sus cifras. Diferencias a veces tan significativas como de 1.000 toneladas por rubro.
Por ejemplo, Braperca ocupó el primer puesto de estas inconsistencias al tener en sus almacenes 1.025 toneladas de leche en polvo que, en cambio, no figuraban en las planillas de ingresos de Bariven. También sucedió lo contrario. Bariven registró el ingreso de 1.480 toneladas de carne, leche líquida y pollo en los patios controlados por Sultán, que no estaban en los inventarios de la empresa privada. Todo este panorama dejaba en evidencia, de acuerdo con el mismo informe, “la falta de coordinación entre Bariven y Pdval, la cual no atendió a un plan maestro de compras”.
A la postre, hubo responsabilidades penales por el caso Pudreval, aunque pocas. Tan solo fueron arrestados y enjuiciados Luis Enrique Pulido López, expresidente de Pdval; y Ronald José Flores Burguillo y Mercedes Vileyka Betancourt Pacheco, dos directores de rango medio de la estatal. Ninguno de los otros miembros de la Junta Directiva, conformada por Egli Antonio Ramírez Coronado, Geroges Kabboul Abdenour, Ángel Ramón Núñez Hernández y Jesús Enrique Luongo Demari, fue imputado por el caso. Años después algunos enfrentaron juicios por otras acusaciones o aparecieron señalados en investigaciones judiciales en el exterior.
Ramírez Coronado, tío del entonces presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez -en el exilio luego de que el propio chavismo lo culpara de comandar un desfalco a la estatal de 1.350 millones de dólares- fue acusado de recibir sobornos por el caso de Odebrecht cuando estaba al frente de Pdvsa Agrícola, empresa que fue la primera accionista de Pdval, en un esquema reseñado por Armando.info.
Los registros de Braperca, y otras empresas almacenadoras, no coincidían con los de Bariven, encargada de hacer las compras de alimentos para Pdval. Crédito: Informe definitivo de la Contraloría General de la República.
Luongo Demiari fue arrestado en 2018, por presuntas irregularidades en un contrato de suministro de combustible para el Complejo Refinador Paraguaná, del que fue gerente antes de ocupar la Vicepresidencia de Refinación de Pdvsa. Luego fue incluido por el Ministerio Público liderado por Tarek William Saab en la red de empresas y personas que lideraba Diego Salazar Carreño, primo de Rafael Ramírez, a la que se responsabiliza del blanqueo de más de 2.000 millones de dólares en la Banca Privada de Andorra y cuyos integrantes son objeto de acusaciones penales en varias jurisdicciones.
Kabboul Abdenour, que a su vez era presidente de Bariven, fue señalado de pedir sobornos a cambio de otorgar o mantener las contrataciones de la estatal. En una demanda introducida contra Bariven en julio de 2009 en la Corte del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, los representantes de la compañía Validsa, Inc. acusaron a Juan Carlos Chourio de exigirles un soborno de dos millones de dólares, a nombre de Kabboul, para mantener en pie una contratación de importación de comida por más de 160 millones de dólares. El acuerdo era parte de las asignaciones que hizo Bariven destinadas a Pdval.
Registros en Islas Caimán
Armando.info también tuvo acceso a un conjunto de documentos de la firma de servicios corporativos Genesis Trust & Corporate Services LTD, con sede en Islas Caimán, un reconocido paraíso fiscal del Caribe noroccidental, que dan más detalles de la actividad de Sultán Cohén en el sistema financiero de Suiza. La filtración muestra que el empresario venezolano abrió nueve empresas offshore, entre 2012 y 2015, todas con sede en esa jurisdicción del Caribe, pero que, en su mayoría, operan en Suiza, España, Estados Unidos, Colombia y Venezuela.
Todas las compañías offshore inscritas en Islas Caimán registran como dirección física una torre de oficinas al norte de Miami Beach, que también es usada por varias empresas de Sultán en el estado de Florida. En 2012 Sultán empezó una voraz adquisición de propiedades e inmuebles que hasta hoy suman más de 100 millones de dólares. Entre estos destaca la compra de un edificio completo en el número 48 de la calle José Abascal de Madrid por 26,5 millones de euros, el 24 de abril de 2014. Aquí la historia de Sultán se topa de nuevo con la del exviceministro Nervis Villalobos.
Sultán Cohén ocultó su nombre a través de una empresa registrada en Luxemburgo de nombre Fimis Holding S.à r.l., que era propietaria de las acciones de una empresa española llamada Basgaron Spain, que fue la que hizo la compra del edificio de la calle José Abascal. Para remodelar la edificación, el venezolano decidió contratar a Elecnor, y a su filial Área 3, una trasnacional de origen vasco, dedicada al sector eléctrico que tuvo su primera filial extranjera en Venezuela. Durante los años del chavismo ejecutó grandes obras por miles de millones de euros. Diarios como El País de España relacionaron a la empresa con el pago de presuntos sobornos a Villalobos para la obtención de contratos en Venezuela y otros países.
Casualidad o no, en septiembre de 2017 Villalobos fue uno de los clientes de Sultán Cohén, con la compra de dos apartamentos de lujo en su recién refaccionado edificio, valorados ambos en más de seis millones de euros. Esos inmuebles fueron incautados en 2018 por las autoridades españolas por considerar que fueron adquiridos con recursos provenientes del lavado de dinero. Investigaciones judiciales en ese país acusan a Villalobos de liderar una red de blanqueo de capitales que compró unas 115 propiedades en España.
En 2020 a Villalobos se le sumó una nueva investigación en Suiza por la que fueron congelados 140 millones de francos en cuentas de él y de sus hijos en ocho bancos de ese país. “[Hay] indicios serios y concretos de que los activos provienen de delitos cometidos en el extranjero”, señalaron fiscales federales de ese país. El diario Tages Anzeiger, con sede en Zúrich, reseñó el caso indicando que también fue incautado un lujoso apartamento con vista al lago St. Moritz, valorado en seis millones de francos suizos. «El mercado inmobiliario es una gran puerta de entrada al lavado de dinero en Suiza. Este caso lo demuestra de manera ejemplar», declaró Martin Hilti, representante de Transparencia Internacional Suiza, al mencionado medio.
Los documentos a los que tuvo acceso Armando.info confirman que las nueve empresas de Sultán inscritas en Islas Caimán continuaban activas, al menos hasta septiembre de 2021. Entre las sociedades que operan en Suiza se encuentran Prime Assets Company; Blanco Ltd. y Tamiami Company. Las tres poseen cuentas bancarias o manejan cuentas de portafolios de inversiones.
Entre las compañías también aparece Ibericlake Holdings Limited, sociedad que Sultán usa para sus inversiones inmobiliarias. Esta offshore opera como directivo de UPH01S LLC, empresa registrada en Florida que en febrero de 2017 compró un penthouse de 2.800 metros cuadrados, que incluye su propia piscina, por 25,5 millones de dólares. El inmueble fue el segundo apartamento más caro vendido en la Florida ese año. A la directiva de la empresa de Florida luego se unió Ángel Fidalgo, el mismo que comparte una cuenta en el Credit Suisse con Sultán.
Los registros de Genesis Trust añaden que Ibericlake es accionista de cuatro compañías de Florida y que cada una de estas empresas es dueña de un apartamento en Miami. “La compañía también es dueña de una cuenta bancaria que es usada para pagar los gastos de los apartamentos”, añade el documento. Casi todas las demás empresas de las Islas Caimán poseen, a su vez, acciones de otras compañías que son titulares de cuentas bancarias o de portafolios de inversión. Estos entramados suelen ser usados para reducir las cargas impositivas y ocultar el nombre del beneficiario final de las compañías.
Desde el pasado 28 de febrero Armando.info envió solicitudes de entrevistas, así como un cuestionario, a los representantes legales de Sultán Cohén. Los abogados confirmaron la recepción del cuestionario, pero hasta la fecha de publicación de este reportaje no habían dado respuestas a las preguntas. El 6 de marzo también se envió un cuestionario al correo corporativo de Genesis Trust, del que no se ha recibido ninguna respuesta.
Con antecedentes y sin rastros
Entre las nueve compañías hay una que registra un objeto distinto: Bonita Springs Company, inscrita en septiembre de 2012. Los documentos detallan que es el holding de compañías de Islas Vírgenes Británicas, que a su vez son dueñas de cuentas bancarias y obras de arte. Opera en Estados Unidos, específicamente en las ciudades de Miami y Nueva York, donde Sultán compró más de 50 millones de dólares en obras de arte entre 2010 y 2015.
Más de 27 millones de dólares de ese monto fueron a dar a la casa de subastas Sotheby’s. Precisamente una compañía de Islas Vírgenes Británicas, Porsal Equities Ltd, fue la que usó Sultán para comprar buena parte de sus obras, a esa casa de subastas, a partir de 2012. Con sus millonarias cuentas en Suiza, el magnate venezolano ha logrado contar con la asesoría de expertos financieros y tributarios de ese país, como es el caso de Thierry Sauvaire. De acuerdo con fuentes conocedoras de la transacción, Sauviere tuvo participación en el esquema que le permitió a Sultán comprar el edificio de la calle José Abascal en Madrid en 2014 a través de Fimis Holding.
Actualmente, Sauviere se desempeña como el asesor fiscal de un magnate francés de los medios, Patrick Drahi, considerado como el undécimo hombre más rico de Francia, reportan medios de ese país. En 2019 Drahi se convirtió en el nuevo dueño de Sotheby’s, la misma casa de subastas que ahora está en el banquillo de los acusados en Nueva York por evadir impuestos en un caso protagonizado por Sultán.
El pasado mes de noviembre el diario francés Le Monde reveló que, ese mismo 2019, los asesores fiscales de Drahi idearon un esquema para que el magnate galo pudiera traspasar a sus hijos su enorme colección de más de 200 obras de arte, valorada en 750 millones de euros, sin tener que pagar impuestos. La historia parte de una serie de documentos que fueron robados a Drahi por el grupo de ciberdelincuentes HIVE. Los documentos fueron publicados en Internet, luego de que el empresario se negó a pagar el rescate que pedía el grupo. “Le Monde ha optado por utilizar estos datos a pesar de su origen delictivo por su interés público”, señaló el diario que cita a expertos que consideran el entramado de Drahi como una “una optimización fiscal agresiva, al límite de la legalidad”.
La estrategia de los asesores de Drahi obedecía a un endurecimiento de las normas tributarias en Luxemburgo que surgió luego del escándalo de los llamados Luxleaks, una filtración masiva de documentos confidenciales de empresas en Luxemburgo en 2014. Los documentos revelan que uno de los principales asesores del entramado fue Sauviere, quien recomendó a Drahi pasar la titularidad de sus obras de arte desde sus empresas en Luxemburgo a empresas fachada, registradas a nombre de sus hijos, en los paraísos fiscales del Caribe.
“Se eligió esta jurisdicción [San Vicente y Las Granadinas] porque la usaba para mantener los activos y pasivos habituales de mi empleador anterior y teníamos cuentas abiertas en varios bancos sin haber tenido nunca ningún problema de ningún tipo», respondió Sauviere en un correo a otro asesor de Drahi.
Sultán usó un esquema parecido entre 2012 y 2015 para comprar las obras de arte de Sotheby’s. Estas adquisiciones le trajeron problemas legales a la larga, luego de que admitiera haber evadido impuestos en estas transacciones. Sin embargo, se salvó de ir a juicio al llegar a un acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Nueva York por el que pagó 10,75 millones de dólares.
En 2018 Sultán Cohén pagó 10,75 millones de dólares para evitar ir a juicio por haber evadido impuestos en la compra de obras de arte por 27 millones de dólares a Sotheby’s. Crédito: Ina Fassbender / AFP.
A inicios de 2022 el medio digital MaltaToday reportó que una empresa fiduciaria de ese país fue multada con 12.500 euros por la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera (FIAU, por sus siglas en inglés), una unidad gubernamental que tiene como objetivo prevenir el lavado de dinero. El organismo consideró que la firma de servicios corporativos no elevó una alerta de actividades sospechosas a la FIAU sobre Monrey Holding Ltd., compañía de Sultán que utilizó sus servicios entre 2017 y diciembre de 2020. Aunque no los menciona expresamente, los dos artículos que cita la FIAU para considerar que la compañía tenía información suficiente para emitir una alerta sobre Sultán corresponden con una nota del Wall Street Journal, en noviembre de 2020, y un reportaje de Armando.info de agosto de 2021.
La empresa fiduciaria maltesa, cuyo nombre tampoco es mencionado, reconoció que tuvo conocimiento de un artículo adverso sobre el excontratista de Pdval en 2017, pero que este sólo se basaba en alegaciones y que no hubo nuevas informaciones relacionadas con el caso. Los argumentos de la empresa pueden tener un asidero en 2019, cuando Sultán tuvo el dudoso honor de liderar otra lista de clientes: la de la empresa española Eliminalia, dedicada a la limpieza de reputación.
El magnate apareció en el primer puesto entre los venezolanos que contrataron a esta compañía con pagos que totalizaron casi 100.000 euros. Eliminalia presta servicios tales como la desindexación de enlaces o la creación de noticias y páginas web falsas que relegan las informaciones indeseadas en los motores de búsqueda. “No se trata de eliminar cosas, se trata de no ser capaz de encontrarlas. Y esta es una nueva definición agradable de la censura”, explicó Tord Lundström, director técnico de Qurium, una organización sin fines de lucro, con sede en Suecia, que ofrece servicios de seguridad digital.
Esto es especialmente útil para quienes desean borrar evidencias para investigaciones judiciales o periodísticas, o pasar los chequeos de due diligence, como el que debió hacer la empresa del país mediterráneo con su cliente venezolano.
Muchos de estos perfiles y noticias “positivas” sobre el magnate naviero ya no ocupan las primeras posiciones en las búsquedas de Google. Sin embargo, un rastreo de Sultán en las redes todavía arroja un gran número de informaciones falsas. A pesar de participar en escándalos como el de Pdval o la demanda contra Sotheby’s, el nombre de Sultán Cohén sigue siendo bastante desconocido dentro y fuera de Venezuela. La enorme fortuna del magnate venezolano también le proporcionó los medios para pasar casi inadvertido en la enorme marea de corrupción de la autodenominada revolución bolivariana.
Tomado de La desgracia de Pdval fue la fortuna del magnate menos conocido del chavismo