VenePirámides
Latinoamericanos, víctimas del fraude piramidal perpetrado por R. Allen Stanford, eepresentados por la Coalición Víctimas de Stanford América Latina; exigen justicia y suplican ayuda a 75 Congresistas para recuperar sus ahorros que vilmente les fueron robados por este norteamericano, con la complicidad de un grupo de inescrupulosos legisladores del Congreso de los EE.UU. , ante la inexplicable ineptitud de las autoridades regulatorias estadounidenses y el silencio comprometedor del Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos.
Referente al robo de los 7.200 millones de dólares americanos, Jaime R. Escalona Líder de la Coalición manifestó: “Por más de una década, R. Allen Stanford y sus cómplices perpetraron un esquema masivo tipo Ponzi a través de la venta de certificados de depósito (CDs) emitidos por el Stanford International Bank Limited (SIBL)”.
Referente al perfil de las víctimas latinoamericanas, Escalona explicó: “La gran mayoría de los afectados latinoamericanos son personas honestas, muchos ancianos y/o enfermos, en situación de retiro. De los 27.992 clientes distribuídos en 113 países alrededor del mundo, más del 84% son víctimas extranjeras (no estadounidenses)”.
Referente al Stanford International Bank Limited (SIBL), Escalona dijo: “Aunque el SIBL tenía su domicilio en St. John’s – Antigua, las operaciones eran controladas y administradas en los Estados Unidos por ciudadanos norteamericanos, sujetos a la jurisdicción de los tribunales estadounidenses”.
Referente a la legalidad de los certificados de depósito (CDs), el Líder de la Coalición explicó: “A las 27.992 víctimas de Stanford nos robaron nuestros ahorros a través de un mismo instrumento financiero: certificados de depósito (CDs) emitidos por el SIBL domiciliado en Antigua. El SIBL vendió los CDs a los inversionistas en los EE.UU. exclusivamente a través de los asesores del Stanford Group Company (SGC) de conformidad con una colocación privada, en virtud del Reglamento D”.
Este documento finaliza con las siguientes consideraciones:
Que el Gobierno Norteamericano fue cómplice necesario en la perpetración de este fraude piramidal. Sus ineficientes y/o negligentes organismos reguladores tales como la SEC (Securities and Exchange Commission), FINRA (Financial Industry Regulatory Authority), SIPC (Securities Investor Protection Corporation), el Departamento del Tesoro, la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal y decenas de entidades estatales reguladoras de títulos y banca entre otros; permanentemente desestimaron todas las quejas recibidas incluyendo las de los empleados de Stanford, advirtiendo de este esquema Ponzi que le ha arruinado la vida a miles de familias alrededor del mundo.
Que según el Reporte de Investigación de la Oficina del Inspector General de la SEC (Securities and Exchange Commission) de los Estados Unidos – Caso No. OIG-526 de fecha 31/03/2.010, la Oficina de la SEC en Forth Worth, desde 1.997 sabía que R. Allen Stanford estaba presuntamente operando un fraude piramidal. Pero los examinadores de esta oficina nunca lograron convencer a la irresponsable, inepta y cómplice División de Cumplimiento de Leyes (Enforcement) de la SEC en Forth Worth para que abriera una investigación que hubiese detenido a tiempo la venta de los CDs y en consecuencia hubiese evitado esta catástrofe social.
Que R. Allen Stanford pudo mantener sus negocios fraudulentos gracias a la diligente actuación de un grupo significativo de inescrupulosos Congresistas norteamericanos, que lograron bloquear leyes financieras que hubiesen puesto al descubierto las estafas de Stanford.
Que el Gobierno norteamericano a través del Departamento de Justicia (DOJ) y de la Drug Enforcement Administration (DEA), irresponsablemente no accionó en contra de R. Allen Stanford y sus negocios, a pesar de existir por más de una década, fundadas sospechas acerca de su actuación criminal. Pero en contraposición, la DEA en 1.999 si obligó a R. Allen Stanford a emitirle un cheque por $3.1 millones de dólares americanos provenientes del narcotráfico. ¿Por qué la DEA en vez de paralizarle sus empresas y ponerlo tras las rejas, lo convirtió en su informante confidencial, sin importarle la suerte económica de los inversionistas? ¿Será que por haber sido informante de la DEA, R. Allen Stanford salvó su imperio criminal por más de diez años?
Escalona concluye diciendo “El Gobierno de los Estados Unidos tiene que dar la cara y asumir su enorme responsabilidad ante las víctimas latinoamericanas, restituyéndoles de inmediato el patrimonio que les fue robado”.
Contacto:
Jaime R. Escalona
Líder Coalición Victimas de Stanford
América Latina
E-mail: [email protected];
[email protected]
Teléfono: (512) 377-9255
Celulares: (58 412) 617 2438
(58 414) 377 5898
Tomado de La Coalición Víctimas Stanford América Latina Exige Justicia a 75 Congresistas de los Estados Unidos