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A abril de 2025, la subasta de CITGO se encuentra en una fase de definiciones. La confirmación de la oferta de Red Tree como base ha establecido un punto de partida, pero la audiencia final programada para julio determinará el destino final del gigante petrolero.
El caso de CITGO Petroleum Corporation, filial estadounidense de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), se ha convertido en un paradigma de la intrincada intersección entre finanzas internacionales, sanciones económicas y la soberanía de activos estatales. Desde su adquisición total por PDVSA en 1990, CITGO no solo representó un pilar estratégico para la economía venezolana, operando como la séptima refinería más grande de Estados Unidos con una capacidad de 807,000 barriles diarios y una extensa red de distribución, sino que también se ha transformado en el epicentro de una compleja batalla legal por deudas que superan los 150,000 millones de dólares. Este reporte Venezuelapolitica.info profundiza en el recuento histórico de este caso sin precedentes que marcó la industria venezolana y el sistema de justicia de Estados Unidos.
Un activo estratégico en la tormenta: Contexto histórico
Durante décadas, CITGO fue una joya de la corona para Venezuela, una fuente vital de ingresos en el competitivo mercado energético estadounidense. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente a partir de 2017, cuando la República Bolivariana de Venezuela y su empresa petrolera insignia, PDVSA, se declararon en default de una porción significativa de su deuda externa. Esta situación, exacerbada por las sanciones impuestas por Estados Unidos, los defaults de bonos soberanos y las políticas de expropiación de activos implementadas durante el gobierno chavista, creó un caldo de cultivo para que los acreedores buscaran resarcimiento a través del activo más tangible y valioso de Venezuela en suelo estadounidense: CITGO.
La crisis política venezolana, que se intensificó con el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino por parte de Estados Unidos en 2019, añadió una capa adicional de complejidad. Se constituyeron juntas supervisoras ad hoc, designadas por la oposición, para gestionar los activos de PDVSA en el extranjero, incluyendo CITGO. Estas juntas, alineadas con la política estadounidense, cortaron lazos económicos directos con PDVSA, cuyos activos en EE.UU. fueron congelados como parte de las sanciones. Este vacío de control y la incertidumbre política sentaron las bases para el litigio que hoy define el destino de CITGO.
El origen de la disputa judicial: La búsqueda de compensación de los acreedores
El punto de inflexión en el caso CITGO se remonta a 2017, cuando la minera canadiense Crystallex International Corp. demandó a Venezuela ante tribunales estadounidenses por la expropiación de sus activos mineros. En 2018, Crystallex obtuvo una orden de embargo sobre las acciones de PDV Holding, la empresa matriz de CITGO registrada en Delaware. Esta victoria legal abrió la puerta para que otros acreedores, incluyendo gigantes como ConocoPhillips y Siemens Energy, así como fondos de inversión como Red Tree Investments, presentaran sus propios reclamos, elevando la cifra total de las demandas a la asombrosa suma de 21,300 millones de dólares.
El Tribunal Federal de Distrito de Delaware, bajo la supervisión del juez Leonard Stark, jugó un papel crucial al dictaminar que PDV Holding podía ser considerada responsable de las deudas contraídas tanto por la República de Venezuela como por PDVSA, al considerar a la estatal petrolera como un «alter ego» del gobierno venezolano. Esta doctrina legal permitió a los acreedores perseguir los activos de CITGO para satisfacer las obligaciones impagas.
Un momento clave en el proceso fue la validación, en 2020, de los bonos PDVSA 2020 por parte de la jueza a cargo del caso. Estos bonos, garantizados con el 50.1% de las acciones de CITGO, adquirieron un estatus preferencial en el proceso de recuperación de deudas, añadiendo una capa de complejidad a la distribución de los posibles ingresos de la subasta.
Si bien la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. inicialmente protegió a CITGO de embargos inmediatos hasta 2023, finalmente permitió que la subasta de las acciones de PDV Holding avanzara, aunque condicionando cualquier cambio de propiedad a la obtención de una licencia específica del Tesoro. Esta intervención de la OFAC subraya la dimensión política y de seguridad nacional inherente al caso.
El desarrollo de la subasta: Un camino lleno de obstáculos
La subasta formal de las acciones de PDV Holding se inició en 2023, con un cronograma inicial que apuntaba a su conclusión en 2024. Sin embargo, el proceso se ha caracterizado por una serie de obstáculos, incluyendo disputas entre los diversos acreedores, las vehementes objeciones presentadas por la República Bolivariana de Venezuela y la dificultad inherente a la evaluación de las ofertas.
Primera Ronda de Licitación (2024): La primera ronda culminó con una oferta de 7,300 millones de dólares por parte de Amber Energy, una filial de Elliott Investment Management. A pesar de ser la oferta más alta, fue rechazada por la mayoría de los acreedores debido a las limitaciones impuestas en los términos de pago y la falta de un respaldo financiero sólido. Los acreedores consideraron que el monto ofrecido estaba significativamente por debajo del valor estimado de Citgo, que se situaba entre 11,000 y 13,000 millones de dólares.
Segunda Ronda de Licitación y la Oferta «Stalking Horse» (2024-2025): En marzo de 2025, el funcionario judicial designado para supervisar la subasta, Robert Pincus, recomendó la aceptación de una oferta de 3,700 millones de dólares presentada por Red Tree Investments, una filial de Contrarian Funds, como la «oferta inicial» o stalking horse bid. Esta figura legal establece un precio base para la subasta y busca fomentar la participación de otros licitadores. A pesar de ser inferior a la oferta inicial, la propuesta de Red Tree fue respaldada por su solidez financiera y la inclusión de un acuerdo para pagar hasta 3,000 millones de dólares a los tenedores de los bonos PDVSA 2020, lo que permitiría liberar la garantía que estos tenían sobre el 50.1% de las acciones de CITGO.
Confirmación de la Oferta de Red Tree (21 de abril de 2025): El juez Leonard Stark confirmó formalmente la oferta de Red Tree como la oferta inicial, desestimando las objeciones presentadas por un consorcio liderado por Gold Reserve, que había propuesto una oferta superior de 7,100 millones de dólares. En su decisión, el juez Stark argumentó que la oferta de Red Tree representaba el mejor equilibrio entre el precio ofrecido y la certeza de cierre de la transacción, y que su designación como stalking horse bid debería incentivar una mayor competencia en las rondas subsiguientes. Adicionalmente, ordenó a Robert Pincus priorizar el precio en su recomendación final y establecer un cronograma para la recepción de ofertas rivales, fijando una audiencia final para la aprobación de la venta para julio de 2025.
Implicaciones legales de alcance transnacional
El caso CITGO trasciende la mera disputa comercial, generando una serie de retos legales en diversas áreas:
Prioridad de Acreedores y la Complejidad de las Garantías: La subasta se enfrenta a un conflicto inherente entre los acreedores originales, como Crystallex y ConocoPhillips, cuyas reclamaciones se basan en laudos arbitrales firmes y que, por lo tanto, gozan de prioridad legal, y los tenedores de los bonos PDVSA 2020, cuya garantía sobre una parte mayoritaria de las acciones de CITGO les confiere un derecho preferencial sobre esos activos. La oferta de Red Tree, al proponer un pago significativo a los bonistas, inevitablemente reduce los fondos disponibles para otros acreedores, lo que ha generado tensiones y la presentación de demandas paralelas en otras jurisdicciones, como la de Siemens Energy en Texas, buscando maximizar sus posibilidades de recuperación. Esta fragmentación de los litigios podría complicar y potencialmente retrasar la conclusión de la subasta principal.
La Subasta de CITGO pone en riesgo el valor real del activo más valioso de Venezuela en el extranjero
Soberanía Estatal y la Judicialización de Activos en el Extranjero: El caso CITGO sienta un precedente significativo sobre la capacidad de los tribunales estadounidenses para embargar y subastar activos pertenecientes a empresas estatales extranjeras con el fin de satisfacer deudas soberanas. La decisión del tribunal de considerar a PDVSA como un «alter ego» del gobierno venezolano allanó el camino para que los acreedores pudieran perseguir a CITGO, a pesar de las enérgicas objeciones de Venezuela, que califica la subasta como un acto de «robo» y una violación de su soberanía. Este escenario plantea interrogantes cruciales sobre la protección de los activos estatales en jurisdicciones extranjeras y la compleja interacción entre las sanciones internacionales y los procesos judiciales internos. la teoría del alter ego, fue presentada por José Ignacio Hernández, entonces experto contratado por Crystallex, pero luego, de manera paradójica, fue designado como procurador del gobierno interino de Guaidó, evento que causó un llamado de atención al juez Stark.
El Rol Estratégico del Departamento del Tesoro de EE.UU.: La autorización de la OFAC es un requisito indispensable para la validez de cualquier transferencia de propiedad de CITGO, lo que introduce un componente político ineludible en el proceso judicial. Las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Venezuela han limitado severamente la capacidad de PDVSA para negociar o refinanciar sus deudas. La decisión del Tesoro de no bloquear la subasta, sino de permitir su avance bajo ciertas condiciones, devela un cambio estratégico en la política estadounidense, priorizando la resolución de las reclamaciones de los acreedores.
Impacto en las operaciones y el futuro de CITGO: A pesar de la incertidumbre legal, CITGO continúa operando con normalidad. Sin embargo, su futuro está intrínsecamente ligado al resultado final de la subasta. Una venta exitosa podría significar un cambio radical en su estructura de propiedad, alterando su relación histórica con PDVSA y redefiniendo su papel en el mercado energético estadounidense. Paralelamente, los intentos de la oposición venezolana por retrasar o incluso detener la subasta, con el objetivo de preservar el control del activo, han perdido fuerza tras la disolución del gobierno interino de Juan Guaidó.
El laberinto intrínseco del proceso de subasta: La confirmación de la oferta de Red Tree como la oferta inicial no garantiza que será la oferta ganadora final. La instrucción del juez Stark de priorizar el precio en las rondas subsiguientes podría incentivar la presentación de ofertas más elevadas. No obstante, la necesidad de destinar una porción significativa de los ingresos al pago de los tenedores de los bonos PDVSA 2020 y la persistente incertidumbre regulatoria en torno a la autorización final del Tesoro podrían limitar el monto de las pujas finales, posiblemente manteniéndolas por debajo de los 8,000 millones de dólares. Esta cifra sería insuficiente para cubrir la totalidad de los 21,300 millones de dólares reclamados por los acreedores, lo que podría exacerbar las disputas legales y dejar a algunos sin la compensación esperada.
Un final incierto
A abril de 2025, la subasta de CITGO se encuentra en una coyuntura crítica. La confirmación de la oferta de Red Tree como base ha establecido un punto de partida, pero la audiencia final programada para julio determinará el destino final del gigante petrolero. El proceso sigue siendo vulnerable a una serie de factores:
La posibilidad de que surjan nuevas ofertas rivales que superen significativamente los 3,700 millones de dólares de la oferta inicial.
La persistencia de demandas paralelas presentadas por acreedores en otros tribunales, que podrían generar complicaciones legales adicionales y potencialmente descarrilar la subasta principal.
La necesidad de obtener la aprobación final del Departamento del Tesoro de EE.UU., que podría imponer condiciones adicionales a la venta.
Las continuas objeciones legales y las críticas públicas por parte del gobierno de Venezuela y sus representantes legales, quienes buscan bloquear la subasta argumentando la ilegalidad de los bonos PDVSA 2020 y la violación de la soberanía venezolana.
El caso CITGO es un microcosmos del colapso económico y político de Venezuela, así como un claro ejemplo de los obstáculos inherente a la resolución de deudas soberanas en el ámbito del derecho internacional. La subasta no solo definirá el futuro de uno de los activos más valiosos de Venezuela en el extranjero, sino que también sentará precedentes importantes para futuros casos de activos estatales en disputa. El resultado final dependerá de una interacción de factores legales, económicos y políticos, donde la capacidad de los acreedores para presentar ofertas competitivas, la transparencia del proceso judicial y las decisiones estratégicas del gobierno de Estados Unidos jugarán un papel determinante.
Tomado de La batalla por CITGO: De activo estratégico a botín legal