El tribunal ordenó tomar declaraciones a las partes involucradas en la denuncia.
Por Maibort Petit
Recientemente el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Torrejón de Ardoz dio curso a una demanda por estafa entablada por José Domingo Miranda González en contra de quienes estarían a la cabeza de un fraude millonario cometido con un supuesto bono soberano de la república identificado como Bono Venezolano 1/B. La instancia judicial española ordenó el nombramiento de un procurador de oficio para el demandante.
Miranda González acusó de estafa a Alejandro Merino Carrión, Bolívar Fernando Arévalo Ortega, Oscar Rubén Ciccone y Verónica Álvarez Álvarez, quienes formarían parte de una trama que negocia irregularmente con bonos de la deuda pública venezolana que llegó a ser denunciada, incluso, por Juan Luis Gómez Martín, propietario de Jamones Joselito, una empresa de amplia trayectoria en España. Este último dijo que en un momento en que atravesó por dificultades económicas, fue invitado a actuar como testaferro de Diosdado Cabello en una operación de 300 millones de euros de un bono de deuda soberana de Venezuela.
La admisión por parte del tribunal español significa un gran paso para Miranda González y el resto de los afectados que llevan más de 7 años bregando de distintas maneras para recuperar sus inversiones.
Oscar Rubén Ciccone, de acuerdo a datos recopilados por el demandante, nació en Buenos Aires, Argentina, el 5 de abril de 1942. Esta residenciado en Ormond Beach, Florida, Estados Unidos y posee, además, nacionalidad italiana. Su hermano es Avelino Ciccone.
Las operaciones irregulares por las cuales Ciccone es señalado, presuntamente se llevan a cabo a través de la simulación de préstamos otorgados por empresas que prestan sus nombres en supuestos contratos. Tales préstamos son en realidad el modo de enmascarar las entregas que Oscar Ciccone y Álvarez hacen de los supuestos bonos soberanos venezolanos. Es decir, las erogaciones de fondos para invertidas en los papeles se ocultan detrás de los ficticios empréstitos. Se trataría, simplemente, de presuntas operaciones de lavado de dinero de fondos de la corrupción adjudicadas a dirigentes y agentes del chavismo.
Las diligencias judiciales
El 24 de agosto de 2022, Raquel Rodríguez Gómez, juez magistrada del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Torrejón de Ardoz dictó una providencia en la que, en primer término, se rechazó la inhibición del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de Madrid.
La magistrada, además, ordenó citar y tomarle declaración a los investigados Verónica Álvarez Álvarez y Alejandro Merino Carrión, instruyéndolos sobre sus derechos de ley.
Del mismo modo, ordenó que se llevara a cabo una comisión rogatoria a la República de Panamá y al estado de Florida de los EE. UU. , a objeto de tomarle declaración a Oscar Rubén Ciccone y a Bolívar Fernando Arévalo Ortega.
También dispuso citar y tomarle declaración al denunciante José Domingo Miranda González, instruyéndole sobre sus derechos de ley.
Advirtió que la resolución podía ser objeto de un Recurso de Reforma que, en un plazo de tres días, debía presentarse ante dicho Juzgado.
El 22 de septiembre de 2022, Antonio Romeral Moraleda, teniente fiscal de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, hizo acuse de recibo de un escrito presentado por Patel B. González Quintas ante dicha instancia el 3 de agosto de 2022, reseñado con el número 1828-AG.
El 23 de septiembre de 2022, Amaya González Méndez, letrada de la la administración de justicia del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Torrejón de Ardoz, ante la denuncia de estafa presentada en esa instancia por José Domingo Miranda González —representado por el abogado Rafael Palop Carmona— en contra de Alejandro Merino Carrión, Bolívar Fernando Arévalo Ortega, Oscar Rubén Ciccone y Verónica Álvarez Álvarez, ordenó librar un oficio al Colegio de de Procuradores de Madrid, a objeto de que se le nombre representante al denunciante.
Advirtió que con la decisión cabe Recurso de Reposición en un plazo de tres días que debía ser presentado ante el mismo Juzgado.
Fernando Mier en escena
En el curso de las diligencias que José Domingo Miranda González y el resto de los estafados han realizado para recuperar sus inversiones, ha salido a relucir Fernando Mier, quien se presenta también como inversionista afectado, pero que en varias ocasiones ha salido en defensa de Ciccone y de Álvarez, lo que haría suponer que simplemente actúa como agente de estos.
El 15 de octubre de 2021, una búsqueda de nombres en los registros de arrestos del Departamento de Policía de Miami-Dade (MDPD) de Fernando Mier, cuya fecha de nacimiento es el 18 de mayo de 1982, arrojó que el mismo no figuraba en los registros locales.
La carta de Fernando Mier
El 18 de julio de 2018, Fernando Mier, remitió una comunicación a Oscar Ciccone y demás socios inversionistas en la que refería que hablaba en su nombre y en el de Guillermo Brenes Salas, con quien mantenía sociedad en el negocio en el Bono Venezolano 1/B-Amerasia LLC, para advertirles que no era una persona improvisada en materia financiera.
Les refirió que es médico ortopedista, propietario de cuatro clínicas en Costa Rica, administrador de empresas especialista en manejo de hospitales, master en finanzas, doctorado en administración de bienes a terceros. También afirmó ser el dueño de 2C Investment Group S.A. constituida en Costa Rica, Cuba, España y Rusia para manejo de capitales de terceros; 2C Consulting Group LLC. constituida en USA, para manejo consultor de mercados financieros; y Toro & Ferrer Investment LLC. constituida en USA, para manejo financiero de terceros en inversiones en el territorio norteamericano. Todo lo cual, desde su punto de vista, le confería la autoridad en asuntos financieros que manifestaba poseer.
Alertó a los receptores de la comunicación que no era momento para poner trabas al negocio del referido Bono Venezolano 1/B-Amerasia LLC que mantienen con Oscar Ciccone. Tal advertencia la hacía con referencia a un correo que estos, al parecer, habían remitido a Ciccone pidiendo explicaciones sobre la marcha del citado negocio.
Les explicó que los bancos no le dan importancia al hecho de que se hagan grandes depósitos en cuentas nuevas, pues para estas instituciones lo realmente importante es dueño de la misma, su historial crediticio.
También les dijo que era inútil tratar de determinar si Oscar Ciccone poseía cuentas en el Standard Chartered Bank, por cuanto esa es información que las instituciones bancarias no facilitan, pues están amparados por el secreto bancario.
Igualmente, les alertó de que ningún bono soberano de cualquier país era canjeable a título personal o empresarial, pues los mismos son manejados en una plataforma monetaria bancaria y el dinero entra a ser parte del activo del banco hasta el momento de su pago.
Asimismo, les manifestó que todo documento notariado y firmado en Estados Unidos tiene validez en cualquier parte del mundo.
Dijo que si el interés era cobrar la deuda, lo mejor era actuar unidos y no separados, al tiempo que aconsejó tener paciencia en lugar de plantear procesos legales que solamente significarían gastos y complicaciones en lugar de solucionar el asunto.
Venezuela Política intentó contactar a las personas involucradas en la demanda pero hasta el cierre de esta nota no fue posible lograr sus comentarios.