El excapo colombiano Juan Carlos Ramírez Abadía, conocido como alias «Chupeta», fue liberado en diciembre de 2024 tras convertirse en un testigo clave en el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa. Aunque su historial criminal incluye narcotráfico, lavado de dinero y homicidio, su cooperación con la justicia estadounidense le permitió obtener una sentencia reducida de 14 a 20 años.
Una carrera criminal marcada por la violencia
Ramírez Abadía inició su carrera en la década de 1980 como miembro del Cártel de Cali, donde aprendió las estrategias que posteriormente implementaría como líder del Cártel del Norte del Valle. Durante su reinado, supervisó el envío de aproximadamente 500 toneladas de cocaína a los Estados Unidos y admitió haber ordenado el asesinato de 150 personas.
En 1996, fue encarcelado en Colombia, pero salió libre en 2002. En 2008, fue arrestado nuevamente por las autoridades brasileñas y extraditado a Estados Unidos al año siguiente. Su intento de evadir a las autoridades incluyó varias cirugías plásticas para cambiar drásticamente su apariencia, lo que lo hizo casi irreconocible.
El rol de «Chupeta» como testigo clave
En 2010, Ramírez Abadía aceptó cooperar con las autoridades estadounidenses a cambio de una sentencia inicial de 25 años, que fue reducida posteriormente a un rango de 14 a 20 años tras su disposición de testificar contra «El Chapo» Guzmán tras su captura en 2018.
Durante el juicio de Guzmán, «Chupeta» no solo detalló los tratos entre el Cártel del Norte del Valle y el Cártel de Sinaloa, sino que también proporcionó información sobre las operaciones y socios clave de ambos grupos. Entre sus declaraciones, también testificó contra Jesús “El Rey” Zambada, hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, actual líder del Cártel de Sinaloa.
Su testimonio fue fundamental para asegurar la condena de cadena perpetua más 30 años contra Guzmán y resultó valioso en otras investigaciones contra organizaciones criminales.
Una sentencia reducida, pero controvertida
Aunque la magnitud de sus crímenes lo hacía merecedor de una condena mayor, el juez federal Brian Cogan destacó la importancia de su cooperación. Su sentencia de 20 años, dictada en 2023, incluyó tiempo cumplido y buen comportamiento, lo que permitió su liberación anticipada en 2024.
Según el artículo de Insight Crime, Ramírez también ha enfrentado una orden de decomiso de bienes por $10,000 millones, aunque solo ha entregado $1.2 millones. Hasta el momento, autoridades de tres países han recuperado bienes valuados en aproximadamente $1,000 millones.
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