Por años, el lavado de dinero fue una coreografía conocida: maletines, bancos complacientes, paraísos fiscales. Hoy, esa coreografía mutó. Se volvió digital, fragmentada, casi invisible. Y en ese nuevo escenario aparece el nombre de Jorge Figueira, un venezolano de 59 años que, según las autoridades estadounidenses, movió alrededor de 1.000 millones de dólares en fondos ilícitos a través de criptomonedas, empresas fantasma y circuitos financieros en varios continentes.
El 9 de enero de 2026, el Department of Justice presentó una denuncia penal en el Distrito Este de Virginia, acusándolo de conspiración para lavar dinero. El caso no solo apunta a un operador individual, sino que desnuda una infraestructura global diseñada para explotar las grietas del ecosistema cripto y la fragilidad de los controles financieros transfronterizos.
Un operador sin biografía público
A diferencia de otros nombres asociados al lavado de dinero venezolano —empresarios, exfuncionarios, financistas visibles—, Jorge Figueira no tenía una trayectoria mediática conocida. No figuraba en rankings, ni en escándalos previos, ni en expedientes judiciales de alto perfil. Esa opacidad, lejos de ser casual, es parte del método.
La denuncia lo describe como el arquitecto central de una red activa desde al menos 2018, encargada de reclutar intermediarios, abrir y cerrar cuentas, crear compañías de fachada y ejecutar transferencias en cadena. Una estructura diseñada para no dejar huella personal, sino solo rastros digitales dispersos.
No existe —hasta ahora— evidencia pública que lo vincule directamente con el aparato estatal venezolano o con casos emblemáticos como el de Raúl Gorrín y PDVSA. Sin embargo, el patrón es familiar: flujos transnacionales, jurisdicciones de alto riesgo y un volumen que excede con creces el de operaciones individuales.
El mecanismo: fragmentar, mover, blanquear
Según los documentos judiciales, el esquema funcionaba en varias capas:
Conversión inicial de fondos ilícitos a criptomonedas.
Dispersión a través de decenas —y en algunos casos cientos— de billeteras digitales privadas.
Intercambio mediante plataformas cripto y proveedores de liquidez para reingresar el dinero al sistema financiero tradicional.
Depositar finalmente los fondos en cuentas bancarias controladas por Figueira o por sus colaboradores.
Las autoridades identificaron “puntuaciones de transferencias” diseñadas para romper la trazabilidad. Stablecoins como USDT, especialmente en la blockchain Tron, habrían sido clave por su rapidez, bajo costo y limitada supervisión en ciertas jurisdicciones.
El Federal Bureau of Investigation sostiene que más de 1.000 millones de dólares en criptoactivos pasaron por billeteras asociadas a la red, convirtiendo el expediente en uno de los mayores casos de cripto-lavado procesados hasta ahora por fiscales federales.
Un mapa que cruza continentes
Los destinos finales del dinero delinean una geografía conocida para investigadores de crimen organizado:
Estados Unidos, como punto de entrada y salida bancaria.
Colombia y México, nodos históricos de economías ilícitas.
Panamá, plataforma financiera regional.
China, un destino clave para operaciones comerciales opacas y salidas de capital.
La denuncia evita precisar el origen primario de los fondos —narcotráfico, corrupción, fraude—, una omisión común en las primeras etapas procesales. Pero los países involucrados y la escala del flujo sugieren vínculos con redes criminales transnacionales, más que con delitos financieros aislados.
El frente judicial
Figueira enfrenta cargos por conspiración para lavar dinero bajo el 18 U.S.C. § 1956(h), con una pena máxima de 20 años de prisión federal. Se encuentra bajo custodia y a la espera de audiencias iniciales que podrían abrir la puerta a:
Cargos adicionales, si se prueba el origen criminal específico de los fondos.
Decomisos masivos de activos, potencialmente superiores al monto lavado.
Solicitudes de cooperación internacional, dada la cantidad de países involucrados.
Desde la fiscalía, el mensaje es claro: el uso de criptoactivos ya no garantiza anonimato. “Quienes mueven fondos ilícitos en miles de millones deben esperar ser identificados, interrumpidos y responsabilizados”, señaló una fiscal del caso.
El ruido digital: especulación y desinformación
En redes sociales, especialmente en X, el caso se convirtió rápidamente en terreno de especulación. Algunas cuentas lo vinculan sin pruebas al chavismo; otras lo presentan como ejemplo de la “criminalización” del ecosistema cripto. Analistas en cumplimiento y AML, en cambio, lo ven como un punto de inflexión: evidencia de que el rastreo en blockchain, combinado con inteligencia financiera clásica, empieza a cerrar el cerco.
La mayoría de la cobertura, sin embargo, se mantiene fiel a los comunicados oficiales. No hay filtraciones, ni delaciones públicas, ni nombres adicionales confirmados. Por ahora.
Tomado de Jorge Figueira: la ruta silenciosa de mil millones de dólares que el cripto no logró ocultar