El director ejecutivo de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO); cinco gerentes y un ex gerente; tres superintendentes; dos supervisores; dos ex presidentes y un ex gerente de Bariven; y ocho presidentes y directores de empresas proveedoras de bienes y servicios han sido imputados, detenidos y citados por el Ministerio Público (MP), bajo la gestión de la fiscal hoy en el exilio, Luisa Ortega Díaz. Las acusaciones responden a una investigación del Ministerio Público por irregularidades en el proceso de contratación de servicios y bienes en Pdvsa y algunas de sus empresas mixtas en la FPO, comentó Runrunes en una nota publicada sobre este caso. Luego de la orden de captura a Pedro León, ex director ejecutivo de la FPO, en el mes de febrero siguieron otras órdenes de aprehensión y citaciones a funcionarios de la estatal y a los empresarios vinculados a las contrataciones, según informó El Pitazo.
A continuación, los perfiles de los principales gerentes y empresarios vinculados. Pedro León, quien era director de la FPO; Javier Alvarado y Ower Manrique, ex presidentes de Bariven (empresa encargada de comprar a Pdvsa los equipos y materiales en exterior); Manuel Sosa, quien es presidente de una de las empresas que facturó por dos impresoras 44,5 veces su valor real y Lara Castillo, quien junto a uno de sus socios son los únicos directivos de las empresas involucradas que están detenidos.
Pedro León (ex director ejecutivo FPO – detenido)
Pedro León, de 58 años de edad, inició su trayectoria en PDVSA desde el primero de enero de 1998, de acuerdo con su registro en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Gerente de Nuevos Negocios de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO), director ejecutivo de Producción del Mejorador G/D José Antonio Anzoátegui y director de la Corporación Venezolana de Petróleos (CVP), fueron los cargos que ocupó antes de ser el director ejecutivo de la FPO.
Tiene orden de captura desde el 4 de febrero de este año por presuntamente otorgar más 35 contrataciones sin licitaciones en la faja petrolífera. Pero dos días antes, desde Güiria, capital del municipio Valdez al oeste del estado Sucre, salió del país en peñero con destino a Trinidad y Tobago, de acuerdo con la investigación realizada por El Pitazo.
Pasaron cinco meses para que se lograra la captura que se concretó a su llegada a Venezuela. Pedro León está detenido desde el 2 de septiembre. Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) lo detuvieron en el Aeropuerto Internacional Santiago Mariño del estado Nueva Esparta en un vuelo procedente de República Dominicana.
Sin embargo, Giovani Urbaneja, presidente de la Fundación Socialista Integral del Sur (Fundisur) y ex dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), denunció que León tenía un mes entrando y saliendo del país. “Él tenía un beneficio que se le había otorgado y venía cuando quería, ahora se lo están revocando. Se la pasaba entre Margarita y Lechería al igual que su familia”, sostuvo.
Además, Luisa Ortega Díaz en una entrevista en CNN en México, el pasado 6 de septiembre, dijo: “Hay un caso en particular de la Faja Petrolífera del Orinoco. A Pedro León, que estaba al frente de eso, yo le pedí privativa de libertad. Ese ciudadano celebró 12 contratos con una empresa llamada Conkor cuyos dueños nosotros citamos para imputar y tenemos elementos que comprometen la responsabilidad del actual Fiscal —en ese momento Defensor (del Pueblo)— pues esa empresa es de él”.
Asimismo, una reseña de Runrunes sobre un informe del Ministerio Público (MP), que se elaboró bajo la gestión de Ortega Díaz, explica que entre 2005 y 2012 la gobernación del estado Anzoátegui, en ese momento al mando de Tarek William Saab, adjudicó cientos de contratos a la empresa Conkor. “Más de cien obras de infraestructura y vialidad con la gobernación fueron ejecutadas por dicha empresa, pero muchas de ellas han sido denunciadas públicamente por quedar inconclusas”, afirma la investigación del MP.
El informe señala que a Conkor se le otorgaron más de 50 contratos con PDVSA durante la gestión de Pedro León, incluso algunos por montos que excedían el millardo de dólares.
Además, hay seis gerentes imputados por las mismas causas. Sus nombres son: Francisco Javier Velásquez Gago, gerente del mejorador de Petropiar; Jesús Cornelio Osorio Virgüez, gerente del TAECJAA; Nery Abraham Magdaleno González, ex gerente de Pdvsa Service BV Holanda; Edward José Pérez Santaella, gerente general del Mejorador de Petropiar; Humberto Francisco Sarti Rivas, gerente de Procura de Petropiar; y Carlos Humberto Pereira Aguilar, gerente de Parada de Planta del Mejorador de Petropiar.
También fueron acusados los supervisores de Petropiar: Abraham Valentino Ledezma Hernández y Carlos Armando Bello Romero. Y tres superintendentes: Luis Alberto Olivier Torres, Juan Francisco Tabasta Giner y Ramón Antonio Castillo Vargas.
Javier Alvarado Ochoa (ex presidente de Bariven, S.A – prófugo
Alvarado presidía Bariven, la filial de Pdvsa encargada de realizar compras nacionales e internacionales para las diferentes unidades de la estatal petrolera, cuando se cometieron los hechos investigados en la Faja Petrolífera. Los gerentes de Pdvsa son quienes solicitan a Bariven realizar las adquisiciones entre los proveedores autorizados.
Alvarado ocupó el cargo de presidente de Bariven desde 2011 hasta el 2013. Pero ya en ese momento pesaba sobre su imagen acusaciones de irregularidades al otorgar contratos durante sus gestiones como presidente de la Electricidad de Caracas y viceministro de Desarrollo Eléctrico en medio de la crisis eléctrica en el año 2010.
En el 2007 asume el cargo de presidente de la Electricidad de Caracas luego de que Pdvsa adquiere 93% de las acciones, reseña el portal web Poderopedia. Mientras ocupaba el cargo le correspondió la transición de empresa privada a una empresa estatal y, más tarde, la incorporación de Corpoelec.
En el 2013 Otto Reich, ex embajador de Venezuela en Estados Unidos, denunció en Nueva York a Alvarado por intermediar en sobornos para que a la compañía Derwick se le adjudicara los proyectos energéticos de Venezuela en el año 2009. “Según Reich, el hijo de Alvarado recibió sobornos que se materializaron posteriormente en adjudicaciones para el desarrollo eléctrico del país”, reseña un trabajo de Runrunes publicado en el año 2015. Javier Andrés Alvarado Pardi, hijo de Alvarado, estudió y fue amigo de infancia de los directivos de Derwick.
En dicho reportaje califican a Alvarado como un jerarca del chavismo. Aunque, según reseña Poderopedia, la relación de Alvarado con el chavismo inicia claramente después del paro petrolero. Cuando Alvarado es designado gerente de RRHH de Pdvsa, donde tuvo como una de sus funciones emitir la carta de despido de 20.000 trabajadores de la estatal. Después de esa gestión fue designado gerente general de Pdvsa Occidente.
Su nombre también figura entre los exfuncionarios venezolanos con cuentas en el Banco Privado de Andorra, que fueron investigados por autoridades de España, país en el que Alvarado fijó residencia desde al menos tres años.
Ower Emilio Manrique Ramírez (ex presidente de Bariven, S.A)
Ower Manrique tiene orden de aprehensión desde el seis de abril de este año, pero un mes después, el 11 de mayo, salió desde Maiquetía con destino a la Ciudad de Panamá. De enero a mayo, Manrique viajó cinco veces, una por mes, al istmo. Se ignora si de allí volaba a otro lugar.
Ingresó a Petróleos de Venezuela en el año 2005, según su cuenta en el IVSS. De acuerdo con un reportaje de Konzapata titulado El mapa del poder de las tribus chavistas Manrique, aunque era un técnico de muy bajo rango, era una de las “mano derecha” en Pdvsa de Rafael Ramirez. Además, el texto señala que Ower fue miembro de la Junta Directiva de Pdvsa y fue colocado por Ramírez como director del CENCOEX.
En el año 2013, fue designado por Ramírez viceministro de Minas del Ministerio de Petróleo y Minería.
A Manrique y Alvarado se le suma como imputado, y actualmente detenido según el informe, Ramiro Farit Rodriguez Rodriguez, quien fue gerente general de Procura de Bariven, S.A.
Manuel Vicente Sosa Morales (presidente de Suministro Gramal, S.A – citado para imputar)
Manuel Sosa, también conocido como el “Coko Sosa”, es un actor y modelo venezolano recordado por su papel protagónico junto a la actriz Mónica Spears, asesinada junto a su esposo en el 2014, en la novela “Mi Prima Ciela”.
También es presidente de Suministro Gramal, S.A, inscrita en el Registro Nacional de Contratistas desde mayo del 2015, de acuerdo con Poderopedia. Además el portal señala que Sosa estuvo vinculado sentimentalmente con María Gabriela Chávez, la hija del fallecido Hugo Chávez.
Sosa está citado desde el 11 de julio por el MP, en calidad de imputado. Se le señala por cometer irregularidades en los procesos de contratación con Pdvsa junto a su socio Alí Ramos, quien es el vicepresidente de Suministros Gramal, S.A.
La reseña de Runrunes sobre el informe del MP señala que Petropiar adquirió dos impresoras HP Color Laserjet Serie CP5525 a través de la empresa Suministro Gramal por el monto de $ 156.444,44 cada una. Sin embargo, el texto señala que en el mercado estas mismas impresoras sin ningún tipo de descuento tienen un valor de $ 3.500 dólares, es decir, esa adquisición tuvo una sobrefacturación de $ 152.666, 66.
El actor ha padecido su relación con el chavismo. “Eres un chavista, asesino, ladrón. Las muertes de los chamos también son por tu culpa. Con esa carita de yo no fui para que nadie sepas que eres un chavista, se muren por tu culpa. Con la plata que tú te robaste te das la gran vida y el país se muere sin medicinas y tú aquí, en el mejor restaurante de Dominicana, porque tú sí tienes burda de plata que te robaste de mi dinero y del dinero de los venezolanos”, le dijo eufóricamente una voz femenina a Sosa mientras se encontraba en un restaurant de República Dominicana en junio del presente año.
Miguel Ángel Lara Castillo (directivo de la empresa Castillomax Oil and Gas, C.A)
Miguel Lara, un empresario de 38 años, es el director fundador de Castillomax Oil and Gas. Hace apenas dos años recibió el premio “Líder Futuro” de la revista Petroleum Economist. Pero en marzo de este año Lara y su socio, Hernán Guevara, fueron detenidos luego de presentarse en el Tribunal Nº 4 de Anzoátegui por presuntamente estar involucrados en hechos de corrupción en el Complejo José Antonio Anzoátegui.
De acuerdo con un perfil de Lara realizado por KonZapata este líder empresario, que ganó un premio con una empresa que apenas cumplía dos años de trayectoria, se había desempeñado anteriormente en Pdvsa en donde colaboró con impulsar el Conglomerado Nacional Industrial de Petróleo (CNIP).
Además, el texto señala que Castillomax fue la “única empresa del sector privado venezolano” que participó en la vigésima edición del Congreso Mundial de Petróleo, que se llevó a cabo en 2014. Asimismo detalla que en Registro Nacional de Contratista (en el momento de la publicación de este trabajo no permitía su visualización) no se encontraba en ese momento (cinco de octubre de 2015) habilitada para contratar con el Estado.
Castillomax, sin embargo, ya había contratado con Pdvsa e, incluso, ya había tenido la denuncia de Eudis Girot, director ejecutivo de la Federación unitaria de Trabajadores de Petróleo, quien la de ser “una empresa maletín”.
Aparte de Sosa, Ramos, Lara y Guevara han sido imputados cuatro empresarios más: Oval Alirio Moreno Salas, presidente de Wespro Spare The Oil Industry Corporation; Héctor Enrique Abarca García, presidente de Soluval de Venezuela, C.A; Marielba Machado Suárez, presidente de Servicio Construcciones y Mantenimiento Romara; y Jaime Enrique Camargo, directivo de la empresa Consultora e Ingeniería de Proyecto NF, C.A.
El total de la lista de los imputados por el MP, entre funcionarios y empresarios, son 23. Pero aún no se tiene información de la pérdida patrimonial sufrida por el Estado venezolano.