Una disputa inédita sacude la defensa de Nicolás Maduro en la corte federal de Nueva York. Su abogado oficial pidió excluir a Bruce Fein por falta de autorización del acusado, revelando tensiones y posibles irregularidades procesales en un caso de alto perfil por narcoterrorismo.
El proceso penal federal contra Nicolás Maduro Moros en la Corte del Distrito Sur de New York avanza en el terreno de las acusaciones por narcoterrorismo y conspiración criminal. En sus primeros días, el expediente comenzó a revelar una batalla menos visible pero igualmente reveladora: una disputa interna por el control de su defensa legal.
El 8 de enero de 2026, el abogado Barry J. Pollack, quien figura oficialmente como defensor contratado de Maduro, presentó ante la corte una moción para excluir la comparecencia del abogado Bruce Fein, alegando que este último jamás fue autorizado ni por el acusado ni por su defensa principal para actuar en el caso. La moción se apoya en una declaración jurada detallada y en hechos documentados en el propio expediente judicial.
Pollack recordó al tribunal que su representación quedó formalmente establecida el 5 de enero de 2026, fecha en la que registró su entrada como abogado defensor y compareció en nombre de Maduro tanto en la audiencia inicial como en la lectura de cargos. Esa comparecencia, asentada en el registro oficial del caso, dejaba claro quién hablaba legalmente por el acusado en ese momento procesal crítico.
Pese a ello, un día después, el 6 de enero, Bruce Fein presentó ante la corte una moción para actuar pro hac vice y un aviso de entrada como abogado defensor de Maduro. El tribunal concedió dicha solicitud el 8 de enero, incorporando formalmente a Fein al listado de abogados del caso, antes de que se aclarara si existía autorización real del acusado o del defensor ya registrado.
La moción presentada por Pollack es categórica: ni él ni nadie actuando en su nombre autorizó a Fein a comparecer, y Maduro nunca lo retuvo, nunca se comunicó con él y nunca le dio permiso para presentarse como su abogado. El escrito deja constancia de que, tras la presentación de Fein, se intentó contactarlo por teléfono y correo electrónico para conocer la base de su actuación. Esos intentos, según el documento, no recibieron respuesta.
El punto decisivo llegó cuando Pollack logró sostener una llamada legal directa con Maduro el propio 8 de enero. En esa conversación, el acusado confirmó que no conocía a Fein y que jamás le había otorgado mandato alguno. Con base en esa confirmación expresa, Maduro autorizó a Pollack a solicitar formalmente al tribunal que se eliminara la comparecencia del abogado que, hasta ese momento, figuraba en el expediente sin consentimiento del representado.
El escrito subraya un aspecto clave del sistema judicial estadounidense: la representación legal sin autorización del cliente no es un defecto menor, sino una irregularidad grave que puede vulnerar normas éticas, contaminar actuaciones procesales y generar nulidades futuras. Por ello, la defensa solicitó al tribunal que la comparecencia de Fein sea anulada de manera inmediata.
Un elemento llamativo del episodio es la posición del gobierno federal. Según consta en la moción, la Fiscalía fue consultada previamente y decidió no adoptar posición alguna respecto a la solicitud para excluir a Fein. Esa neutralidad deja la decisión íntegramente en manos del tribunal y evita que el conflicto sea interpretado, al menos formalmente, como una maniobra impulsada por la acusación.
Junto con la moción, la defensa presentó una orden propuesta para la firma del juez Alvin K. Hellerstein, en la que se establece que, tras considerar el historial del caso y cualquier oposición, la comparecencia de Bruce Fein sea oficialmente eliminada del expediente. De aprobarse, Fein quedaría sin estatus legal alguno dentro del proceso.
Este episodio, aunque de naturaleza procesal, expone una imagen poco habitual en un caso de esta magnitud: una defensa fragmentada, con entradas no coordinadas y con la necesidad de que el propio acusado aclare quién puede —y quién no— hablar en su nombre ante una corte federal. En procesos de alto perfil político, ese tipo de desorden inicial suele tener costos estratégicos.
Mientras el tribunal evalúa la moción, el caso contra Maduro continúa su curso en uno de los distritos judiciales más rigurosos del país. Pero antes incluso de que se discutan pruebas, testigos o estrategias de fondo, la defensa enfrenta un problema elemental: definir con claridad quién ostenta la representación legítima del acusado. En el sistema federal estadounidense, esa definición no es simbólica. Es la base misma del debido proceso.
