Golpe histórico al Tren de Aragua: EE.UU. acusa a José Coronado-Meza por asesinato y extorsión

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y fiscales federales de Estados Unidos anunciaron este lunes 15 de septiembre la acusación formal de José Coronado-Meza, presunto miembro del Tren de Aragua, la banda criminal nacida en Venezuela y considerada por Washington una de las organizaciones más violentas del hemisferio.

Los cargos —asesinato en primer grado, conspiración para racketeering (extorsión organizada), restricción ilegal agravada y posesión de arma— marcan un hito en la ofensiva del gobierno de Donald Trump contra las pandillas extranjeras. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó la operación como “un golpe decisivo contra los monstruos que siembran terror en nuestras comunidades”.

Un crimen atroz en Chicago

De acuerdo con la acusación federal, Coronado-Meza, de 25 años y ciudadano venezolano, participó junto a dos cómplices en el asesinato de Gregori Arias, un migrante venezolano de 31 años, en un apartamento de la zona South Shore de Chicago, el pasado 22 de junio de 2025.

Los fiscales aseguran que Arias fue interceptado en su vivienda, recibió un disparo en el pecho y, mientras suplicaba por su vida, fue ejecutado con un tiro en la cabeza. Después, el cuerpo fue enterrado en concreto dentro de un sitio de construcción para ocultar el crimen.

El caso ha estremecido a la comunidad migrante: Arias era conocido como trabajador de la construcción y padre de dos hijos pequeños. “Nadie merecía ese final. Era un hombre que buscaba una vida mejor”, dijo a este medio un vecino que pidió no revelar su identidad.

Un historial de advertencias ignoradas

Los antecedentes de Coronado-Meza muestran múltiples encuentros con la ley en Chicago: robo menor, posesión de un arma con el número de serie borrado, consumo de alcohol en vía pública. Sin embargo, fue liberado en cada ocasión por fallas procesales y congestión judicial.

Para las autoridades federales, este historial refleja “cómo los vacíos legales permiten que criminales peligrosos permanezcan en libertad hasta cometer crímenes atroces”.

En febrero de 2025, el gobierno de EE.UU. designó al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera, responsabilizándola de asesinatos, violaciones, extorsiones y tráfico humano en varios países. Washington afirma que su expansión ha sido alimentada por la crisis venezolana y la migración masiva.

El mensaje político

El anuncio de la acusación se dio acompañado de un discurso duro de la secretaria Noem:

“Estamos cazando a estos monstruos. No habrá refugio en Estados Unidos para quienes cometen crímenes violentos ni para quienes los encubren. Serán juzgados y deportados permanentemente”.

La narrativa del DHS encaja en la estrategia de campaña del presidente Trump, quien ha prometido “limpiar” al país de pandillas extranjeras y endurecer las políticas migratorias. Sin embargo, defensores de los migrantes advierten que “no se puede estigmatizar a comunidades enteras por los crímenes de unos pocos”.

El Tren de Aragua sí existe

La acusación contra Coronado-Meza también tiene un componente internacional:

Refuerza las denuncias sobre la exportación del crimen organizado venezolano.

Podría abrir la puerta a solicitudes de cooperación judicial con países donde opera el Tren de Aragua, como Colombia, Chile y Perú.

Incrementa la presión diplomática sobre el gobierno de Nicolás Maduro, acusado por opositores de permitir el crecimiento de la banda dentro de Venezuela.

Próximos pasos en la justicia

Coronado-Meza permanece detenido sin derecho a fianza en un centro federal. En las próximas semanas, la fiscalía presentará más pruebas ante el jurado. Sus dos presuntos cómplices siguen prófugos.

El caso será seguido de cerca por medios y autoridades, no solo por la brutalidad del crimen, sino porque puede convertirse en caso testigo para aplicar leyes antiterroristas a pandillas extranjeras dentro de EE.UU.

El proceso judicial contra José Coronado-Meza expone la cara más violenta del Tren de Aragua y el desafío que representan las redes criminales transnacionales en suelo estadounidense. Entre la necesidad de seguridad pública y el respeto a los derechos de los migrantes, este caso marca una línea roja en la política criminal de EE.UU

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