Un método para burlar las sanciones impuestas por el Tesoro de Estados Unidos a PDVSA salió a la luz hace por lo menos dos años. Se trata de un esquema que involucra a empresas registradas en Labuan International Business and Financial Center, una jurisdicción extraterritorial que no había sido detectada hasta ahora. Estas empresas tienen la particularidad de que los registros de sus beneficiarios finales (UBO) solo se revelan si ellos lo autorizan. Labuan asegura cumplir con las recomendaciones del GAFI sobre la exactitud de los registros UBO.
El negocio del crudo y las cajas CLAP
El esquema consiste en comprar crudo a PDVSA a precios muy bajos, y enviarlo a Asia en buques que mantienen apagados sus transpondedores AIS casi todo el tiempo, para evitar ser rastreados. Estos buques permanecen en el mar, a veces por meses, hasta que encuentran la oportunidad de descargar su carga en China. Luego, un empresario recibe el pago por la venta del crudo a través de las cuentas de su empresa en Labuan, y usa el dinero sobrante para adquirir e importar alimentos. Estos alimentos son empacados en cajas CLAP por un socio del empresario, Alejandro Arroyo, a través de la compañía LOGÍSTICA Y ALIMENTOS EL MAZO, CA. De esta manera, Arroyo obtiene beneficios por ambos lados del negocio.
Socio con pasado oscuro
Uno de los asociados a LOGÍSTICA Y ALIMENTOS EL MAZO, CA. es Gilber Renée Mejías, un personaje con un historial judicial bastante turbio, por posesión de drogas.
Arroyo recibió educación privada y proviene de un sector social que siempre se ha opuesto al chavismo. Lo mismo ocurre con el empresario que le paga por su participación en el esquema.
El pasado de Gilber Renée Mejías quedó plasmado en un documento judicial en el que se decreta una medida cautelar sustitutiva en contra de Mejías por el delito de posesión ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.
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