La historia que nació a partir de la difusión de un supuesto audio de Mario Silva suma un nuevo capítulo. Ayer el diputado Andrés Velásquez presentó presuntas pruebas de corrupción en la gestión del gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, uno de los mencionados en la grabación presentada la semana pasada por parlamentarios de la Mesa de la Unidad Democrática.
Velásquez explicó que a través de un documento, que les llegó de manera anónima a sus oficinas en la Asamblea Nacional, se detallan por medio de correos electrónicos una serie de operaciones de triangulaciones para la venta de cupos de aluminio de las empresas básicas de Guayana, así como otras transacciones, que involucran a empresarios de la zona y el gobernador Francisco Rangel Gómez.
En el caso del aluminio, el diputado denunció que el producto proviene de Venalum y Alcasa y es vendido a la empresa Ve Aluminium Group que pertenece a Jesús Vergara, relacionado con el gobernador. Esta empresa finalmente vende el material a Quimera Metal en México y a JB Commoditties en el puerto de Veracruz a precios internacionales.
Otro ejemplo dado por Velásquez es la compra a Brasil de 30 autobuses Marcopolo por parte de la gobernación. Señaló que la adquisición de estos activos no la hace directamente la gobernación sino que se ejecuta a través de una empresa registrada en Barbados por el yerno de Francisco Rangel Gómez (Rodrigo González) y Yamal Mustafá, testaferro del funcionario.
La empresa en cuestión es Logistic Trading Services ltd, a la cual se le envía la factura desde Brasil y finalmente ésta vende los autobuses a la gobernación a través del Fondo Bolívar (dependiente de la gobernación) que es el ente encargado de hacer los trámites correspondientes ante Cadivi. «Él mismo le compra y le vende a la gobernación del estado», denunció Velásquez.
Agregó que por medio de Mustafá la administración estadal también contrata otra serie de servicios y compras. Entre ellas, mencionó la comida que se lleva a las empresas básicas, pólizas de seguro, una tarjeta de alimentación para los empleados, al igual que plantas de asfalto, morrales, bicicletas y cooperativas.
El parlamentario también informó que en la Memoria y Cuenta de 2012 se encuentra que la gobernación tiene «empresas consentidas» al momento de entregar contratos, y éstas se encuentran relacionadas con Mustafá o familiares de Rangel Gómez.
Resaltó que hay compañías con más de 50 contratos, entregados sin licitación.
El diputado de la Unidad dijo que cuentan con las certificaciones de cada uno de los pagos que se hicieron a esas «empresas consentidas», por lo cual llevarán todas las pruebas que tienen ante la Fiscalía para que abra la investigación correspondiente, establezca las responsabilidades si las hubiere, así «como aplicar los correctivos para el sano y eficiente manejo de los recursos públicos».