Los extrabajadores de Petróleos de Venezuela S.A. afiliados al Fondo de Pensiones de los Jubilados de PDVSA bregan desde hace una década por el pago de una deuda milmillonaria que la petrolera mantiene con ellos y que, hasta la fecha, continúa sin ser saldada. Según algunas estimaciones, a la fecha la deuda con los jubilados superaría en mucho los USD 2 200 millones.
Son más de 40 000 jubilados de PDVSA esperan su pago del fondo de pensiones, tal como establecido en la norma que establece anualmente se les deben cancelar los gananciales del dinero de sus jubilaciones, pero esto no ha ocurrido.
Estas personas se encuentran organizadas en la Asociación de Jubilados de PDVSA (APJ-PDV) y, desde su seno, expresan su preocupación en razón de que acusan el despojo de sus haberes del fondo de jubilación que fue establecido para invertir en dólares y así proteger el valor adquisitivo de las mismas, pero este propósito no se cumplió, por cuanto el pago no se ha hecho efectivo pese a los reclamos que han mantenido por años.
Acusan su insatisfacción con los ajustes de pensiones y bonificaciones, los cuales consideran insuficientes dada la revalorización monetaria. Argumentan que una reforma de los estatutos en 2014 les despojó de la propiedad de sus haberes, otorgando control arbitrario a PDVSA sobre la distribución de los rendimientos.
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Estafa continuada
El Fondo de Pensiones de los Jubilados de PDVSA ha sido por años producto de estafas y a ellas están ligadas los nombres de Francisco Illarramendi y Rafael Ramírez, tras el desfalco de USD 540 millones que sufriera cuando entre 2009 y 2011 fueron manipulados a través de un esquema piramidal.
La corrupción y la irresponsabilidad chavista se manifestó desde entonces y Ramírez trató de desligarse del escándalo con excusa de que PDVSA no tiene decisión sobre la administración de los fondos de los jubilados. Una aseveración que fue desmentida por la Asociación de Jubilados y Pensionados de PDVSA (AJIP), la cual recordó que desde 1993 no intervienen en la gestión de su propio dinero, ni reciben los estados financieros por parte de la empresa.
Una componenda entre la junta administradora de APJ-PDV, presidida para la fecha por Eudomario Carruyo Rondón, director de Finanzas de PDVSA; así como por Jesús Villanueva, vicepresidente y auditor principal de la empresa; para hacer uso indebido de los fondos, despojó a los extrabajadores de sus derechos.
Rafael Ramírez fue señalado por la Federación de Trabajadores Petroleros del robo de USD 5 000 millones, así como de la modificación de los estatutos del fondo que propició la expropiación de la administración por parte de los jubilados. Se escudaron en el argumento de que el dinero fue utilizado para potenciar a PDVSA, lo cual resultó una excusa inadmisible.
La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional electa en 2015, responsabilizó a Rafael Ramírez en la comisión de irregularidades en contratos de PDVSA que totalizaban USD 11 000 millones.
La exigencia de los trabajadores
Los jubilados exigen que se les pague lo que legítimamente les pertenece, basándose en el alto rendimiento del fondo, estimado en miles de millones de dólares. El grupo insta a centrarse en los aspectos legales y financieros, recomendando una auditoría de la APJ-PDV para asegurar la transparencia y el acceso a la información contable.
Pero, además, durante todo este tiempo los jubilados de la industria petrolera venezolana han debido bregar por el ajuste de sus pensiones. Sin embargo, la respuesta y ofrecimientos de PDVSA siempre han sido a la negativa o insuficientes.
La “toma» de los haberes: reforma estatutaria de 2014
Irma Sosa Brandt, ingeniero químico, abogada, exgerente de RR HH de Lagoven y miembro del Grupo Jubilados PDVSA Caracas, ha venido reclamando por años el pago de los gananciales de los haberes. Acusa que la «toma» de dichos haberes y ganancias por parte de PDVSA, es una expropiación de una porción significativa del rendimiento generado por el dinero de los extrabajadores.
Esto contraviene los estatutos originales y las expectativas de inversión iniciales, los cuales fueron reformados irregularmente con la reforma estatutaria de 2014, lo cual constituye el punto central del reclamo de los extrabajadores petroleros.
Tal reforma de los estatutos de APJ-PDV fue protocolizada en noviembre de 2014 y se erigió como atribución arbitraria de propiedad, toda vez que con la modificación se le confirió la administración de los haberes a PDVSA.
La redacción original del artículo 33 de los estatutos establecía que la Asamblea de los extrabajadores era la que decidía la finalidad de los intereses y beneficios en interés de los «beneficiarios”, lo que incluía ajustes de pensiones y bonificaciones.
La redacción aprobada en la reforma de 2014 establece que la distribución de rendimientos —cuando los haya— se hará bajo «principios de justicia social, solidaridad e igualdad, esenciales para llevar adelante el actual proceso de restructuración de la distribución del ingreso nacional». Esto, en opinión de los jubilados, «da pie a que se distribuyan a capricho de la Junta Administradora de APJ-PDV».
Con ello se expropiaron los salarios/prestaciones de 28 000 personas de la tercera edad que confiadamente los dejaron depositados en APJ-PDV a objeto de que fueran invertidos con miras a lograr rendimientos que permitieran compensar la pérdida del valor adquisitivo de sus pensiones.
Origen y propósito del Fondo APJ-PDV
La asociación civil APJ-PDV fue constituida en 1993 por excompañeros de trabajo con el propósito de «invertir nuestro dinero en dólares para beneficio de los jubilados». De esta manera, esperaban compensar la pérdida del valor adquisitivo de sus pensiones.
El último estado financiero auditado —disponible para el grupo— indica que el fondo sobrepasaba los «dos mil millones de dólares». En los ejercicios 2014, 2015 y 2016 el fondo ha produjo un «alto rendimiento por efectos de la variación cambiaria».
Desde que PDVSA asumió la administración de los fondos tras la reforma estatutaria, los afiliados a APJ-PDV dejaron de recibir información de sus haberes y los pagos correspondientes a los gananciales.
Los extrabajadores petroleros catalogan de injusta esta situación por parte de PDVSA, pues no cumple sus compromisos con los jubilados que «construyeron la industria petrolera nacionalizada y petroquímica». Por ello reclaman «la distribución de todo el rendimiento obtenido”.
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