Ante el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de los Estados Unidos, Leroy Garrett, en representación de 23 000 trabajadores despedidos de PDVSA, pidió suspender la subasta de CITGO, entretanto se decide en la Corte Suprema de EE. UU. su impugnación a un fallo anterior del Tercer Circuito.
La moción judicial de intervención y suspensión de un proceso de venta forzada de la refinería venezolana busca que Garrett represente a los referidos exempleados de Petróleos de Venezuela S.A., despedidos arbitrariamente en 2002-2003. Argumenta que sus reclamaciones de derechos humanos por violaciones de la Convención contra la Tortura los califican como acreedores y, por tanto, beneficiarios de la subasta de CITGO.
Se estima que los ingresos de la venta de CITGO, valorados en USD 7 380 millones, afectarían directamente la recuperación financiera de estas víctimas. La principal preocupación de Garrett es que, sin esta intervención, los activos se disipen y los fondos se distribuyan a acreedores corporativos, excluyendo las reclamaciones humanitarias de sus representados.
La moción de Garrett introduce una dimensión de derechos humanos significativa en el complejo proceso de subasta de CITGO al defender los intereses de los extrabajadores de PDVSA, considerados acreedores por violaciones de derechos humanos, los cuales no están siendo adecuadamente representados y corren el riesgo de ser pasados por alto en favor de reclamaciones comerciales.
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Moción para intervenir y suspender la subasta de CITGO
El 2 de septiembre de 2025, Leroy A. Garrett, en representación de exempleados de PDVSA, presentó ante la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Tercer Circuito una moción para intervenir y suspender el proceso de subasta de CITGO.
La venta forzada de la refinería está circunscrita al caso Crystallex International Corp. contra la República Bolivariana de Venezuela que se dirime en el Tribunal de Distrito para el Distrito de Delaware, bajo la tutela del juez, Leonard P. Stark. El magistrado estableció a PDV Holding Inc. (PDVH) como un «alter ego» de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Esta decisión permitió que las reclamaciones de los acreedores se hicieran efectivas contra los activos de CITGO.
Leroy A. Garrett, presentándose pro se, busca intervenir en el proceso de venta de Citgo basándose en los siguientes argumentos:
Interés en la acción:
El peticionario representa a aproximadamente 23 000 exempleados de PDVSA que fueron despedidos en 2002-2003 por oponerse al régimen de Chávez. Estas personas tienen reclamaciones de derechos humanos por violar la Convención Contra la Tortura (18 U.S.C. § 2340). Estos reclamos los califican como acreedores bajo la sentencia de «alter ego» de Crystallex. Los USD 7,38 mil millones estimados de los ingresos de la subasta de CITGO afectan directamente su posible recuperación.
Perjuicio del interés:
La exclusión de la subasta de CITGO «perjudica su capacidad de buscar reparación», pues existe el riesgo de que los puedan distribuirse a acreedores corporativos (por ejemplo, Gold Reserve) sin tener en cuenta los daños por derechos humanos.
Representación inadecuada:
Las partes existentes, a saber, Crystallex, PDV Holding, no representan los intereses de estas víctimas, centrándose en reclamaciones comerciales sobre las humanitarias.
Moción para suspender bajo la Regla Federal de Apelación 8
Leroy Garrett y los extrabajadores de PDVSA solicitan una suspensión de los procedimientos de la subasta de CITGO, a la espera de la revisión de su petición de Auto de Certiorari ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, cuya conferencia está programada para octubre/noviembre de 2025. Los fundamentos son de la solicitud son:
Probabilidad de éxito:
La petición a la Corte Suprema de EE. UU. impugna la desestimación del Tercer Circuito, alegando violaciones del debido proceso y parcialidad contra los litigantes pro se. Un caso en el que existe la posibilidad de que esta revisión expanda el alcance de la decisión de Crystallex.
Daño irreparable:
De continuar con la subasta de CITGO se corre el riesgo de disipar los activos, perjudicando irreparablemente las reclamaciones de las víctimas antes de la resolución de la Corte Suprema de EE. UU.
Interés público:
Suspender la subasta de CITGO protege los derechos humanos y garantiza una distribución equitativa, por encima de los intereses comerciales.
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