El exfuncionario chavista, quien pasó a ser un acaudalado magnate tras abandonar sus funciones públicas en Venezuela gracias a supuestos actos de corrupción, se convirtió “en los tiempos difíciles que vive en los Estados Unidos” en un ferviente creyente que lee la biblia diariamente y promueve la palabra de Dios en su entorno.
Alejandro José Andrade Cedeño, el extesorero del gobierno del fallecido Hugo Chávez se encuentra en proceso de deportación del territorio norteamericano, luego de haber sido arrestado tras varias investigaciones que revelaron que el exfuncionario público venezolano habría cometido delitos en los Estados Unidos, al supuestamente haber participado en diferentes esquemas de corrupción que incluyeron el lavado de miles de millones de dólares provenientes del erario público de Venezuela.
Durante su gestión en varias posiciones gubernamentales en Venezuela, Alejandro Andrade habría aprovechado su poder y contactos con las altas esferas del gobierno para llenar sus bolsillos, logrando desviar millones de dólares a cuentas privadas a nombre de terceros y de empresas de maletín que le permitieron adquirir propiedades en suelo norteamericano y vivir con lujos y comodidades que no se correspondían con los ingresos de un funcionario público.
Andrade Cedeño fue investigado por fiscales estadounidenses por más de 5 años, pero no fue sino hasta 2017 cuando las acciones se hicieron sentir y los agentes de la ley lo buscaron en su exclusiva residencia ubicada en 15231 Sunny land lane, Wellington Fl, una propiedad de 5 habitaciones, 6 baños y unos 5.945 pies cuadrados comprada el 1° de febrero de 2012 por USD 4.750.000 a nombre de una empresa Telsey Properties Holding LLC, que se formó en diciembre de 2011.
Actualmente, Andrade Cedeño lleva un monitor ajustado a su tobillo que pesa 5.5 onzas, y se encuentra en un proceso de remoción que podría conllevar a su posible deportación del territorio estadounidense.
Los procedimientos de expulsión son trámites administrativos para determinar la posibilidad de deportación de un extranjero de los Estados Unidos y su elegibilidad para obtener ayuda conforme a la Ley de inmigración y nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés).
Alejandro Andrade Cedeño poseía una visa estadounidense que le permitía residir legalmente en el estado de la Florida junto a su familia. La comisión de delitos en los Estados Unidos es una de las causales para los procedimientos de remoción de personas del territorio estadounidense y, según explica el abogado de inmigración, José Pérez, la carga de la prueba en estos casos difiere entre los residentes permanentes legales y los nacionales extranjeros.
Señala el jurista que los procedimientos de expulsión son, por lo general, iniciados por oficiales del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) y adjudicados por jueces de inmigración en los tribunales de inmigración del país. “Hay algunas excepciones que se aplican según el expediente”, argumenta.
“El extesorero venezolano fue investigado por los fiscales federales y arrestado” de acuerdo a lo que explica una fuente consultada en calidad de anonimato. Luego, “fue puesto en libertad condicional, bajo el sistema de monitoreo y permanece en su casa de Wellington. Se le permite acudir a las citas con las agencias del gobierno, a los médicos y a la iglesia y otros puntos de interés supervisados”.
El caso migratorio de Andrade Cedeño no ha sido decidido aún, según el informante consultado, “de hecho aún no ha sido fijada la fecha de su comparecencia a la corte frente al juez de inmigración”, acotó.
¿Será deportado?
El experto en inmigración, José Pérez, explicó que cuando una persona está en proceso de deportación puede apelar la decisión de los jueces de inmigración ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) y, posteriormente, dichas decisiones pueden ser revisadas en tribunales federales por jueces, quienes están facultados por ley para emitir acciones judiciales en casos particulares. Estos procesos suelen tomar meses y algunas veces hasta dos años o más.
Los casos de las personas que se encuentran con procedimientos de deportación son decididos originalmente por los oficiales de investigación especial del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, quienes son nombrados por el Fiscal General de los Estados Unidos.
Los procedimientos de deportación comienzan cuando un oficial autorizado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) o del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emite una citación administrativa llamada “notificación de comparecencia” a los individuos que han violado las leyes o que su estatus migratorio ha sido revocado o cancelado, explica Pérez.
El Departamento de Seguridad Nacional emite las notificaciones para que los indiciados comparezcan ante el juez por diversos motivos que van, desde ingresar a los Estados Unidos sin inspección, estar presente en el país ilegalmente o permanecer fuera de los términos permitidos por su visa, hasta cometer ciertos delitos que hacen que el demandado sea inadmisible o deportable.
Las notificaciones —dice Pérez— deben contener una fecha de corte para que el demandado comparezca y responda a los cargos contenidos en ella. Pero en el caso de que no se incluya dicha fecha de corte, el demandado debe ser notificado por correo o en persona en una fecha futura.
El hecho de que el demandado no se presente a la audiencia de deportación programada tendrá como resultado que el Juez de Inmigración ingrese una orden de expulsión en ausencia que puede ser rescindida solo si se muestran “circunstancias excepcionales” u otras reconocidas razones excusables, acotó el experto.
Monitoreado 24 horas al día
La autoridades federales monitorean 24 horas al día los movimientos de Alejandro Andrade a través del Sistema de Posicionamiento Satelital (GPS) que lo localiza de inmediato y delimita el perímetro por el cual puede moverse en el Condado de Palm Beach, localizado en la zona costera del norte del estado de la Florida.
De acuerdo a fuentes consultadas, Alejandro Andrade, alias “El tuerto”, fue detenido en el segundo semestre de 2017 e ingresado al programa de deportación (removal proceedings) en el mes de noviembre de ese mismo año y hasta ahora no tiene fecha para comparecer en corte. De acuerdo al informante, Andrade Cedeño forma parte de una enorme investigación de lavado de dinero que incluye a varios exaltos funcionarios del gobierno venezolano, contratistas y sus familiares, quienes se aprovecharon de las posiciones políticas para cometer actos masivos de corrupción.
Andrade Cedeño fue Tesorero Nacional entre 2007 y 2010. Durante esos años el exfuncionario se habría apropiado, presuntamente, de miles de millones de dólares que invirtió en propiedades de bienes y raíces adquiridos a nombre de terceros y corporaciones ficticias, así como autos de lujo, aviones, caballos, yates, obras de arte y otros bienes suntuosos.
Las investigaciones sobre Andrade Cedeño y sus socios siguen desarrollándose en varios entes federales. De acuerdo a las fuentes, Andrade Cedeño y sus asociados se aprovecharon del sistema diferencial cambiario que existió en Venezuela, lo que les permitió enriquecerse de la enorme diferencia que había entre el mercado oficial de divisas y el mercado negro, con las enormes facilidades que tenían para adjudicación de divisas controladas por el Estado venezolano en la que Andrade ejercía funciones claves y de poder.
Andrade Cedeño habría usado bancos de varios países para blanquear el dinero proveniente de la corrupción y habría contado con el apoyo y el servicio de asesoría de conocidos operadores financieros venezolanos.
Se ha especulado en varios medios estadounidense que Andrade Cedeño estaría en condiciones de ayudar a los fiscales federales a “desentrañar los secretos financieros del régimen e identificar a las personas que saquearon al país”[1]. Inclusive se ha asegurado que el exfuncionario del gobierno de Hugo Chávez sería el testigo clave de la fiscalía estadounidense para varios casos, incluyendo el que actualmente cursa en la Corte del Distrito Sur de la Florida que involucra al contratista del gobierno venezolano, Francisco Convit y otros, quienes habrían llevado a cabo una conspiración internacional para lavar fondos de Pdvsa, a través de Miami, utilizando el mundo de bienes raíces y esquemas de inversión falsos y fraudulentos tras lo cual se habrían apropiado de más de USD 1.200 millones.
Junto a Convit Gurruceaga, aparecen mencionados en el referido caso, los venezolanos José Vicente Amparan, descrito como un “lavador de dinero profesional”; Carmelo Urdaneta Aqui, ex asesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela; Abraham Edgardo Ortega, exdirector ejecutivo de finanzas de Pdvsa; el contratista venezolano, Mario Bonilla; el colombiano, Gustavo Hernández Frieri, quien utilizó su firma financiera para lavar dinero con inversiones en fondos mutuales y se encuentra arrestado en Italia; Hugo Ramalho Gois, un ciudadano de nacionalidad portuguesa; y Matthias Krull, un residente de Panamá que trabajó como banquero en Suiza, quien se declaró culpable y pasó a colaborar con el gobierno de los Estados Unidos.
En el caso también aparece el sujeto de nacionalidad uruguaya, Marcelo Acosta y Lara señalado por ser uno de los copropietarios del banco a través del cual se hacía el lavado de dinero.
En la investigación se mencionaron nueve coconspiradores pero no se revelan sus nombres, más tres funcionarios venezolanos, cuyas identidades aún no han sido reveladas por la fiscalía.
Los acusados en este caso fueron señalados como prófugos de la justicia norteamericana
Alejandro Andrade un “servidor” de Hugo Chávez
Nacido el 2 de agosto de 1964 en Caracas, Venezuela, Andrade Cedeño es un militar retirado que participó junto a Hugo Chávez en la intentona de golpe de Estado que pretendió derrocar al legítimo presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, en febrero de 1992.
Andrade Cedeño ocupó varias posiciones bajo el mando de Hugo Chávez. Pasó de ser su compañero de armas a su escolta, para luego ocupar la subsecretaría de la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el fallecido mandatario. Posteriormente, se convirtió en viceministro, secretario privado de Chávez, presidente del Fondo Único Social (FUS), tesorero de la nación y presidente de Bandes, entre otros cargos.
Cuando Andrade Cedeño fue nombrado como Tesorero Nacional y Viceministro de gestión financiera del Ministerio de Participación y Desarrollo Social, empezaron a surgir señalamientos en su contra por supuestos malos manejos de los dineros públicos.
Andrade Cedeño fue designado presidente de Banco de Desarrollo, Bandes, cargo que ocupó entre en 2008 y 2010 y le permitió rodearse de banqueros y operadores financieros. Durante su gestión fue responsable de la emisión de varios instrumentos financieros, tales como las notas estructuradas y colocaciones de bonos que le permitieron, según las acusaciones hechas en su contra en la Fiscalía General de la República durante la gestión de Luisa Ortega Diaz, en un hombre milmillonario. Ni el Ministerio Público, ni ningún ente del gobierno venezolano, tomaron acciones contra Andrade Cedeño.
El diputado Ismael García denunció al exfuncionario por supuestamente haber estado vinculado en actos de corrupción relacionados con las operaciones de las notas estructuradas y con bonos de la deuda externa que el gobierno de Venezuela compró a Ecuador, Bolivia, Argentina y Bielorrusia. Venezuela gastó en dichas operaciones unos montos que rondaron entre los 7 mil 500 y 10 mil millones de dólares aproximadamente.
Las acusación de García no tocó a Andrade Cedeño, al igual que tampoco lo perjudicaron los señalamientos de corrupción formulados por hombres con mucho poder en el régimen chavista como Alí Rodríguez Araque, actual presidente honorario de PDVSA; Nelson Merentes, expresidente del BCV y actual Asesor Mayor del ente emisor; y el exministro del Poder Popular para la Planificación de Venezuela, Jorge Giordani.
La vida de Alejandro Andrade Cedeño se transformó en dos décadas. Pasó de militar asalariado a ser uno de los funcionarios del gobierno chavista con mayor poder, y luego a disfrutar de una enorme fortuna de miles de millones de dólares que le permitían posee más de 150 caballos de salto ecuestre, jets, yates y realizar costosos viajes alrededor del mundo. Hoy en día, con un “grillete” en su tobillo se mueve cansado y lento por el rico condado de Palm Beach, con una biblia bajo el brazo tratando de llevar sus bendiciones y la palabra de Dios a quienes consigue a su paso. “Se le ve con la mirada pérdida en el pasado, y con pocas esperanzas de lograr un futuro mejor”, dijo a esta periodista una persona ligada al caso.
Tal vez al ex poderoso tesorero de la Venezuela le llegó la hora de ajustar sus cuentas con la justicia del imperio que tanto disfrutó.