En julio de 2023, los allegados al mayor general Iván Hernández Dala, titular de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Venezuela, compartieron abiertamente fotografías de la fiesta de la boda del militar con su actual esposa, Paola Dávila. La ocasión se celebró en una casa cercana a la Laguna de Caraballeda, en el costero estado Vargas, al norte de Caracas. Los asistentes no tuvieron pudor alguno de presumir en las imágenes lo que bebieron, comieron y bailaron.
La quinta Los Gnomos, que sirvió esa noche de locación para la velada, hasta 2020 fue una residencia familiar. Entonces, en plena pandemia, funcionarios de la contrainteligencia militar tomaron el lugar, sin una orden judicial. Al inquilino y a su familia les exigieron desalojar y apenas les dieron 15 días para retirar todas sus pertenencias.
La propietaria de la residencia y casera de los desalojados era Isabel González Capriles. Su abuelo construyó la casa en 1967 y allí crecieron, primero, su madre, Mitzy Capriles de Ledezma, y luego la propia Isabel con sus cuatro hermanas.
Isabel González Capriles, quien ahora vive en Alemania, es hijastra del exalcalde de Caracas, el opositor Antonio Ledezma, hoy exiliado en España, y esposa del exministro en varias carteras de los gobiernos de Hugo Chávez, Andrés Izarra.
Lo que era el patrimonio de esa familia es hoy un llegadero para los agentes de contrainteligencia, que lo han convertido en un virtual recinto de usos múltiples. Allí tienen lugar fiestas, reuniones y hasta operaciones de la Dgcim, un cuerpo de seguridad sobre cuyos cabecillas pesan sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos por cometer violaciones contra los derechos humanos.
En 2013, González Capriles dejó Venezuela y rentó la casa a una familia. Por siete años, el inquilino y sus tres hijos vivieron allí, hasta que en 2020 irrumpieron los agentes de la Dgcim. Eran al menos 20 los que llegaron con armas largas y les dijeron que la casa estaba “confiscada”. A partir de ese momento, han sido muchas las fotografías que Dávila, la esposa de Hernández Dala, ha publicado en su cuenta privada de Instagram, que la mostraban disfrutando las instalaciones de esta propiedad.
González Capriles también asevera en entrevista para esta historia que los vecinos han visto ingresar a otros oficiales de la Dgcim, como el recién ascendido coronel Alexander Granko Arteaga, jefe de la División de Asuntos Especiales del organismo. Granko Arteaga figura en informes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos como parte de la cadena de mando que ha ordenado y ejecutado torturas contra presos políticos en Venezuela. También está acusado como violador de derechos humanos ante la Corte Penal Internacional.
Según González Capriles, en la actualidad, desde la Laguna de Caraballeda se pueden observar dos barcos que la Dgcim ha anclado junto al muelle de la propiedad. Además, en un recorrido realizado por Armando.Info y CONNECTAS, se pudo apreciar que funcionarios de este cuerpo de seguridad están presentes en la zona, con dos de sus vehículos estacionados afuera. Funcionarios entran y salen con frecuencia. La reja, que siempre había sido blanca, la pintaron de negro.
Así como a la hijastra del exalcalde Ledezma, a muchos de los políticos o figuras públicas que se han exiliado de Venezuela escapando del régimen chavista no solo las llevaron al destierro, sino que también les han arrebatado las propiedades que dejaron atrás, sin proceso legal alguno. Se trata de una modalidad de persecución que no solo violenta su derecho a la propiedad, sino que también busca borrar sus memorias y cualquier arraigo que tengan en el país.
Trece víctimas entrevistadas para esta historia conjunta de Armando.Info y CONNECTAS manifestaron sentirse en un estado de indefensión absoluta, en el que no les permiten reclamar estos bienes. En ello coincidieron abogados y organizaciones locales en Venezuela, también consultadas.
La manera de actuar ha sido similar en casi todos los casos. Una comitiva, bien sea de la Dgcim, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin, policía política) o de la Policía Nacional Contra La Corrupción (PNCC), llega a la propiedad deshabitada de algún perseguido político que se encuentre en el exilio. Sin orden de allanamiento, ingresa, revisa y acarrea con todo lo que hay. Muchos vecinos de las víctimas han denunciado que los funcionarios se llevan otros bienes, como carros o computadoras, y hasta han visto transportar cajas y bolsas llenas de cosas como ropa y juguetes.
En algunos casos realizan múltiples allanamientos para seguir vaciando “el cuarto de los recuerdos”, como lo describió para este reportaje el antiguo alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, desde su exilio en Madrid, en referencia a un tema del cantante y compositor venezolano Reynaldo Armas. A la familia Ledezma-Capriles no solo le confiscaron la propiedad de Caraballeda, sino también un apartamento en Santa Rosa de Lima, un barrio de clase media-alta en el sureste de Caracas, del que Mitzy Capriles, la esposa del político, es propietaria.
Desde abril del 2015, Ledezma vivió en ese apartamento bajo arresto domiciliario, por una acusación de asociación para delinquir y conspiración. Meses antes, había estado detenido de manera arbitraria en la sede del Sebin en la Plaza Venezuela de Caracas, hasta que obtuvo una medida cautelar para operarse de una hernia e iniciar un período de casa por cárcel. En noviembre de 2017, finalmente, logró escapar del país.
El allanamiento y la posterior confiscación de la vivienda en la que estuvo confinado ocurrieron seis años después de su exilio. En agosto de 2023, funcionarios de la PNCC se presentaron en el apartamento de Santa Rosa de Lima. Vecinos le contaron después al exalcalde que hombres encapuchados y con armas largas forzaron la cerradura, entraron y se llevaron cajas con sus pertenencias. Cuando se fueron, dejaron un letrero en la puerta en el que, todavía hoy, se lee: “Clausurado”.
Muchas de las viviendas que el Estado confiscó en los últimos años pertenecen a personas que han sido acusadas por la justicia chavista de delitos como traición a la patria, asociación para delinquir y conspiración, o que simplemente han participado en la oposición política de manera activa. Sin embargo, la represalia también alcanza a otros perfiles como académicos, diplomáticos e intelectuales, según se pudo determinar en esta cobertura.
Tras los allanamientos y el robo de pertenencias de cada una de estas personas, los cuerpos de seguridad suelen cambiar la cerradura de las propiedades de los exiliados. A ninguno le llega una notificación o citación sobre lo que está ocurriendo con sus bienes. Luego de los hechos, tampoco les dan información o acceso al expediente del caso.
Además, quienes intentan denunciar lo ocurrido, como los abogados de los despojados, se convierten en blancos de amenazas de muerte. A algunos de ellos los agentes de cuerpos de seguridad han a llegado a apuntarles con armas o los transportaron a El Helicoide, el edificio en el oeste de Caracas que sirve de sede al Sebin, así como de cárcel para presos políticos.
Estado de indefensión
Así pasó con Enrique Perdomo, abogado defensor de Bony Pertíñez, esposa de Iván Simonovis, exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Mayor de Caracas.
Simonovis fue uno de los primeros presos políticos del gobierno de Hugo Chávez, condenado a 30 años de prisión por los sucesos del 11 de abril de 2002 en Caracas. Pasó 11 años confinado en la sede del Sebin hasta que, en 2014, se le otorgó una medida cautelar de casa por cárcel en vista del deterioro de su salud. En julio de 2019 consiguió escapar de su casa en la urbanización La Florida del norte de Caracas para radicarse en Estados Unidos.
Pocos días después de la fuga, un grupo de funcionarios del Sebin apareció en la vivienda, propiedad de su esposa. Para ese entonces, Pertíñez se encontraba en Alemania. Fueron sus vecinos quienes le avisaron que su vivienda estaba siendo incautada.
“Nunca tuve acceso a la información. No me notificaron nada, ni a mi abogado. A Iván le atribuyen unos delitos de traición a la patria y asociación para delinquir, vinculados a su fuga. Y ellos vincularon esta incautación con el caso de Iván”, dijo Pertíñez, entrevistada para esta historia.
Su abogado, Enrique Perdomo, llegó al lugar horas después de que le informaran a Pertíñez del allanamiento. Al arribar, los funcionarios se habían retirado. Perdomo decidió pernoctar en la casa, a manera de precaución, por si ocurría un segundo allanamiento. Y en efecto: al día siguiente, los funcionarios del Sebin llegaron de nuevo. Al abogado Perdomo lo arrestaron y trasladaron a El Helicoide, donde estuvo un año preso, acusado de obstaculización a la administración de la justicia. Allí sufrió un infarto que, además, le afectó el ojo izquierdo.
En el marco de este caso y durante el allanamiento y confiscación de la casa de esta familia, detuvieron también a una de las vecinas y presidenta de la junta de condominio local de ese entonces, Antonia Turbay. Ella también estuvo un año presa en El Helicoide, donde su salud empeoró. La mujer fue acusada entonces de colaborar, presuntamente, con el escape de Simonovis.
Los casos de las familias Ledezma-Capriles y Simonovis-Pertíñez resumen la dificultad a la que los afectados se enfrentan para defenderse de la confiscación arbitraria de sus propiedades.
El 28 de Mayo de 2019, el Tribunal para Delitos Asociados al Terrorismo con Jurisdicción a Nivel Nacional dictó una medida cautelar de incautación sobre la casa de Pertíñez. Esta propiedad está a nombre de la Sociedad Mercantil Pertíñez Heidenreich Publicidad C.A., de la que Bony Pertíñez es la única accionista.
“Los bienes pertenecientes a personas que no tengan participación en los hechos delictivos, acreditada su propiedad, deben ser devueltos inmediatamente por el juez”, alega Pertíñez, quien también es abogada.
En octubre del 2019, su defensa presentó un escrito para solicitar información sobre los fundamentos sobre los que el tribunal se basó para dictar la medida cautelar, así como el acceso inmediato al expediente y copia certificada. Pero no se lo recibieron, ni tampoco le suministraron la información que solicitaba.
Entonces solicitó un amparo constitucional ante la Corte Especial Competente, recurso que en 2020 fue declarado inadmisible. Según se lee en el expediente, el tribunal consideró que Pertíñez no tenía la cualidad ni para actuar en dicho proceso penal ni para oponerse a la medida de incautación del inmueble, por no ser una parte constituida.
“En este proceso de incautación nunca se me dio oportuna y efectiva respuesta, por lo que me encuentro en un estado de indefensión en relación con los derechos fundamentales que me asisten, entre ellos, el derecho a la propiedad y el derecho a la defensa”, argumenta Pertíñez. “El Estado venezolano”, sigue, “se apropió de mi casa en forma indebida, sin dejarme demostrar la licitud de mi propiedad ni solicitar su devolución. Además del destierro forzoso al que me vi sometida, me generan un daño grave. No es solo una casa, es tu hogar, tu arraigo emocional, tu recuerdo, tu vida… Mis hijos y yo no tenemos una casa a la cual regresar. Son 15 años de vida que tienen con ellos. Pero ya entendí que, si esto es parte del costo de la libertad de Iván, pues no tiene precio”.
Según el artículo 116 de la Constitución vigente desde 1999, solo “por vía de excepción podrán ser objeto de confiscación, mediante sentencia firme, los bienes de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, responsables de delitos cometidos contra el patrimonio público, los bienes de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del Poder Público y los bienes provenientes de las actividades comerciales, financieras o cualesquiera otras vinculadas al tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes”.
Dos abogados entrevistados para esta historia, que han llevado varios casos de afectados por este tipo de despojos y que por seguridad prefieren resguardar sus nombres, coinciden en que estas confiscaciones son inconstitucionales y forman parte de un sistema de justicia politizado. “Estamos hablando de que en ninguno de estos casos ha habido una condena ni hay delito contra el patrimonio público. Tampoco se les ha permitido la presunción de inocencia. No se puede confiscar o incautar un bien sin ningún proceso o condena. Y en el caso de los exiliados es aún peor, ya que en el país se prohíbe el juicio en ausencia”, explicó uno de ellos.
Los abogados explican que el Estado venezolano ahora realiza estas confiscaciones en el marco de la Ley de Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, aprobada el 30 de abril 2012 durante el gobierno de Hugo Chávez. En el caso de los exiliados, el artículo 58 de dicha ley sirve de excusa. El artículo estipula que “transcurrido un año desde que se practicó la incautación preventiva sin que haya sido posible establecer la identidad del titular del bien, autor o partícipe del hecho, o éste lo ha abandonado, el o la fiscal del Ministerio Público solicitará al tribunal de control su decomiso”.
Sin embargo, los abogados explican que, en la práctica, ni siquiera ese proceso se cumple: “Las personas no son notificadas, a los que no tienen vinculación con el proceso no se les permite hacer tercería. A quienes están presuntamente vinculados, no les permiten ejercer oposición ni designar abogados. Estamos hablando entonces de un proceso estructurado para que el acusado no se pueda defender”.
Según la misma ley, cuando la decisión de decomiso por parte del tribunal de control se encuentre definitivamente firme, el bien pasará a la orden del órgano rector, o del Servicio Especializado para la Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Decomisados y Confiscados (SEB). Entonces, estos bienes pasan a ser de utilidad pública.
Pena adicional
La confiscación arbitraria de propiedades de exiliados políticos no ha ocurrido solamente en años recientes, ni tampoco solo durante el gobierno de Nicolás Maduro.
Su antecesor, el difunto Hugo Chávez, todavía es recordado en el país por la cadena nacional de radio y TV en la que señalaba diversos locales alrededor de la Plaza Bolívar de Caracas mientras ordenaba a viva voz: “¡Exprópiese!”.
Diego Arria fue uno de los afectados en ese momento. Exministro del primer gobierno del socialdemócrata Carlos Andrés Pérez (1974-79), exrepresentante de Venezuela ante Naciones Unidas y expresidente de su Consejo de Seguridad, entre muchos otros cargos de relevancia pública, Arria sufrió el despojo de una valiosa finca, La Carolina.
La Hacienda ‘La Carolina’ fue expropiada de manera sumaria por el difunto Hugo Chávez, quien, en su maratónico programa dominical de radio y TV, llamó públicamente al político y diplomático Diego Arria -el expropiado- como «oligarca» y «amo».
A finales de abril de 2010, funcionarios del Instituto Nacional de Tierras (INTI), junto a miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), aparecieron en la propiedad, sobre la Carretera Panamericana entre Bejuma y Nirgua, en el estado Yaracuy, y ordenaron a todos los trabajadores que se retiraran del lugar, informándoles que las tierras pasaban a manos del Estado.
Poco tiempo después, en noviembre de 2011, Arria se inscribió como precandidato para las elecciones primarias de la opositora Mesa de la Unidad, de cara a las elecciones presidenciales de Venezuela de 2012. Casi de manera simultánea, presentó ante el fiscal principal de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya una denuncia contra Hugo Chávez por delitos de lesa humanidad.
“Si quieres tu finca, tienes que tumbarme”, respondió entonces Chávez ante las cámaras de televisión. Al igual que Pertíñez, Arria introdujo distintos recursos y solicitó información ante los tribunales, sin que obtuviera respuesta. Hasta la fecha, su caso sigue engavetado.
A su abogado, Rubén Rumbos, le pusieron una pistola en la boca apenas llegó a la finca, le rompieron los dientes y lo amenazaron con que, si no firmaba el documento que autorizaba la expropiación, lo iban a matar. “Los propios funcionarios del INTI tenían armas, cuando ellos no tienen las competencias para ello. ¡Son funcionarios públicos administrativos, y tenían armas de nueve milímetros!”, recordó Rumbos, consultado para esta historia.
La finca de 373 hectáreas está hoy inoperativa. En entrevista con Armando.info y CONNECTAS, Arria recuerda que se trataba de una finca modelo de tecnología intermedia, con vacas Jersey que producían hasta 2.000 litros de leche al día; ahora no llegan a los 200 litros. Además, dice que tenía más de 10.000 plantas de naranjas y limones, así como sembradíos de café. “Lo que le hicieron a mi finca fue lo que le hicieron al país, destrucción total. En mi caso me duele, porque la finca te amarra al suelo, a tu país”, agrega Arria desde su exilio en Estados Unidos.
Las confiscaciones, al igual que los allanamientos de propiedades, forman parte de un sistema de persecución y represión del Estado venezolano, según aseveran organizaciones internacionales. En 2017, Amnistía Internacional publicó en su informe Noches del terror: Ataques y allanamientos ilegales a viviendas en Venezuela que fuerzas de seguridad y grupos civiles armados avalados por el gobierno irrumpían con violencia en los hogares de personas para intimidarlas y disuadirlas así de participar en manifestaciones y cualquier otra forma de protesta.
“En Venezuela no hay un lugar que esté a salvo del retorcido poder de las fuerzas de seguridad. Ni siquiera el propio hogar”, afirmó en ese momento Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.
Entre abril y julio de 2017, período en el que por más de tres meses hubo protestas callejeras en Venezuela, con un saldo de al menos 120 muertos, organizaciones locales de derechos humanos registraron 47 allanamientos ilegales en 11 estados del país, justo cuando los desórdenes estaban en su apogeo.
“Las autoridades venezolanas han descubierto una forma nueva e inquietante de reprimir la disidencia en su afán, aparentemente interminable, de infundir miedo a la población”, completó Guevara-Rosas en la publicación de Amnistía Internacional.
El coronel Oswaldo García Palomo lleva casi cinco años preso en la sede de la Dgcim en Boleíta Norte, Caracas. Su caso incluye torturas que han sido documentadas y denunciadas por la misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por la Corte Penal Internacional.
García Palomo ha sido víctima de múltiples allanamientos de sus propiedades. Además, confiscaron otras tres de su familia.
El primer allanamiento ocurrió en febrero de 2018, cuando funcionarios de la Dgcim llegaron a la casa del militar en los Altos Mirandinos, una zona de clase media del estado Miranda, al suroeste de Caracas, en donde se encontraban su hijo y su esposa, Sorbay Padilla. Repitiendo el patrón de los otros casos, los efectivos no tenían ninguna orden de allanamiento, pero irrumpieron en la casa y se llevaron computadoras, ropa y documentos. Además, detuvieron a los familiares de García Palomo, quienes estuvieron desaparecidos casi una semana en una casa clandestina de tortura en Caracas, según relataron hace un año en una entrevista para Armando.Info.
Tras ser liberados ese mismo mes de febrero, se fueron del país. Tres meses después, en mayo, la Dgcim allanó nuevamente la propiedad en los Altos Mirandinos. En ese momento allí vivía la sobrina del coronel, Ariana Granadillo, a quien también desaparecieron y trasladaron a una casa clandestina de tortura.
Este atropello a la propiedad no fue el último que la familia sufriría pues, cuenta Padilla, a finales de 2022 volvieron a hacer lo mismo: “Lo que me han comentado [los vecinos] es que, desde esa vez, dejaron abiertas las puertas de mi casa y se ven carros negros [al frente] y funcionarios entrando y saliendo”, dice en una llamada telefónica desde Montreal, Canadá,
A la familia también le fue confiscado un apartamento que tenía en la urbanización El Rosal de Caracas, así como una finca pequeña en El Palenque, estado Guárico, en Los Llanos centrales de Venezuela. “Al que cuidaba esa tierra le cayeron a palazos, se robaron todo lo que teníamos y tomaron la finca. Sabemos que hay personas viviendo allí, pero no las hemos identificado y los vecinos tienen mucho miedo de contarnos algo”, agrega Padilla.
El modus operandi se repitió en su apartamento de El Rosal: le dijeron que había alguien viviendo allí. “Cuando llamé al condominio para averiguar, me respondieron que ni se me ocurriera seguir averiguando y preguntando”. A su esposo, militar, también le quitaron su pensión y ninguno tiene acceso a sus cuentas de banco.
Padilla tuvo que pedir asilo en Canadá, desde donde sigue denunciando las condiciones precarias e inhumanas en la que se mantiene su esposo en la sede de la Dgcim. “Empezar en un nuevo país es duro. Sufrí mucho por esa casa, no por lo material, sino por los recuerdos de mi hogar. Entendí que tenía que soltarlo para avanzar. Pero la verdad es que también, como familia, perdimos ese capital económico”.
Sus vecinos han sufrido lo mismo que en los otros casos documentados. Tras los allanamientos y confiscaciones, vienen las amenazas y un terror generalizado en las zonas donde están ubicadas las propiedades.
Las trece víctimas consultadas para esta historia coincidieron en que sus vecinos, juntas de condominio o empleados de seguridad, tienen temor de denunciar lo que sucede. Por ejemplo, Isabel González Capriles contó que funcionarios de la Dgcim fueron a los apartamentos del edificio de enfrente de su casa para prohibirle a quienes viven allí que enviaran fotos o videos de la quinta Los Gnomos.
Otros dirigentes políticos exiliados aseveraron que no han podido realizar ninguna denuncia pública porque sus allegados siguen bajo amenaza de ser detenidos por el Sebin.
La confiscación de los bienes de dirigentes opositores en el exilio a veces alcanza las propiedades de miembros de sus equipos de trabajo. Así fue el caso de los asistentes del fundador y coordinador nacional del partido Primero Justicia (PJ), Julio Borges, quien desde su exilio en Valencia, España, contó que su propiedad en la urbanización Santa Eduviges de Caracas también fue allanada y confiscada en agosto de 2018, cinco meses después de su salida de Venezuela.
“La vaciaron, se robaron todo: carros, ropa de mis hijos… Desde ese entonces, han allanado mi casa múltiples veces y envían a miembros del Sebin cada vez que Maduro menciona que estoy involucrado en un acto conspirativo”, relató Borges.
Confiesa que no ha denunciado este hecho porque ningún abogado acepta asumir su defensa. A su asistente, Fernando Zambrano, y al resto de su familia, les confiscaron en total cinco propiedades entre 2018 y 2020. A una de estas, ubicada en el edificio B3 de La Lagunita Country Club, en El Hatillo, Caracas, el SEB la adjudicó a Raúl José Rodríguez Ugarte, quien es socio de Roberto Leyba Morales. Leyba es contratista del Estado y abogado del bufete Venezuelan Attorneys, que defendió a Pdvsa en varios casos En algún momento, además, fue pareja de María Gabriela Chávez, segunda hija del fallecido Hugo Chávez.
Los abogados entrevistados comentaron que algunas de las propiedades confiscadas o han sido asignadas a funcionarios públicos o les dan otro uso. Por ejemplo, la casa de Gustavo Tovar, activista de derechos humanos y cineasta, es ahora la sede del Servicio Nacional para el Desarme (Senades)
Gustavo Tovar empezó su exilio en 2012, cuando se marchó a México luego de ser acusado de traición a la patria. Dos años después, funcionarios del Ministerio de Interior y Justicia llegaron a su casa en la zona de Sebucán, en el noreste de Caracas. La residencia había funcionado hasta entonces como centro de reuniones del Movimiento Estudiantil y también como lugar de trabajo para organizaciones no gubernamentales, como Sin Mordaza y Futuro Presente.
El abogado de Tovar, Mario Guillermo Massone, quien estuvo presente durante el allanamiento de la propiedad, relató también desde el exilio en España que, cuando llegó al inmueble, la directora de la oficina del Senades, Delia Rondón, reconoció que la propiedad se convertiría en la sede del organismo. “En ese momento, solicité orden de allanamiento u alguna otra orden judicial y no me la dieron. Se robaron todo lo que había en la casa: ropa, vajillas, televisores, computadoras, licuadoras…”. Un empleado, Yeimy Varela, que cuidaba esta casa desde que Tovar se fue de Venezuela, fue detenido durante el allanamiento y estuvo dos años y medio preso en El Helicoide.
Armando.Info y CONNECTAS constataron que en la actualidad la casa no tiene una identificación del Servicio Nacional para el Desarme, pero está custodiada por dos vigilantes. No se veía movimiento en la propiedad, solo escombros y un carro estacionado.
El caso de la vivienda de Tovar no es una excepción. Carlos Vecchio, Coordinador Nacional del partido Voluntad Popular (VP), embajador de Estados Unidos durante el gobierno interino de Juan Guaidó y exiliado desde 2014 en Washington DC, tenía alquilado su apartamento en El Rosal, Caracas. Pero funcionarios del Sebin le dijeron al inquilino que se retirara de manera inmediata y le informaron que esa propiedad estaba confiscada.
Meses después, una allegada de Vecchio, quien tenía la copia de la llave, fue al apartamento y trató de abrir la puerta, pero ya la cerradura había sido cambiada. Luego, en el edificio le informaron que allí estaba viviendo Milagros Zapata, magistrada del TSJ.
Legalizar lo ilegal
El 28 de abril de 2023, la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, aprobó la Ley de Extinción de Dominio con el objeto de “establecer mecanismos que permitan la identificación, localización y recuperación de los bienes y efectos patrimoniales originados por actividades ilícitas o destinados a estas, así como la extinción de los derechos y atributos relativos al dominio de los mismos a favor de la República, mediante sentencia, sin contraprestación ni compensación alguna”.
Esta misma ley permite transferir al Estado la titularidad de los bienes relacionados con actividades consideradas como delito en la legislación “contra la corrupción, la delincuencia organizada, el financiamiento del terrorismo, la legitimación de capitales y tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes”, aun cuando no se haya dictado sentencia en el proceso penal correspondiente.
Los abogados entrevistados coinciden en que este es un mecanismo que certifica y acelera el proceso de las confiscaciones que, en los hechos, ya se viene haciendo. Organizaciones de la sociedad civil, como Acceso a la Justicia, han denunciado que la nueva ley podría aplicarse con fines distintos a aquellos para los que fue concebida. “Uno de los puntos más destacados es que el proyecto no contempla el supuesto de que la persona titular de los bienes a los que se le aplique la medida de extinción de dominio sea declarada inocente, una situación que le causaría daños irreparables”, señaló un vocero de la organización.
Los abogados explican que uno de los peligros de esta ley es que no está vinculada con la demostración de la responsabilidad penal, por lo que el Estado con el “mero señalamiento” puede actuar contra los bienes del acusado .“Con esta ley no tienen que demostrar que el delito ha ocurrido. Si se analiza desde una perspectiva de inseguridad jurídica, cualquier ley que implique menoscabar los derechos en una justicia politizada solo será utilizada contra opositores políticos”, opinó uno de los abogados que pidieron resguardar su identidad.
Además, el vocero de Acceso a la Justicia también explica que esta ley establece que los bienes declarados en extinción del dominio serán enajenados a título oneroso por parte del Ejecutivo Nacional, y los recursos obtenidos de su venta serán destinados, entre otras finalidades, “a financiar el funcionamiento del sistema de protección social y la realización de los derechos humanos, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento de servicios públicos de calidad, así como para recuperar, mantener y ampliar la infraestructura pública”.
Sin embargo, en la ley no se establece qué mecanismos deberán ser empleados por el Ejecutivo para garantizar y, sobre todo, supervisar, el cumplimiento de estos objetivos, a fin de evitar cualquier irregularidad.
“A lo anterior se añade el hecho de que, mientras se dicta una sentencia, que en la tradición venezolana puede ser algo que tarde años, se entreguen estos bienes en administración a entidades públicas que no rindan cuentas [sobre el uso de los bienes], o peor aún, los utilicen indebidamente para el disfrute de algún funcionario”, explican. “Y en ese sentido, un gran fallo del proyecto es no obligar a dar publicidad sobre cómo se manejan esos bienes, tanto desde que se adjudican cautelarmente como cuando sean definitivamente adjudicados al Estado”, completan.
En el marco de la promulgación de esta Ley en abril del año pasado, Nicolás Maduro anunció que más de 1.000 bienes habían sido incautados en un mes. Entre esos activos estarían 361 vehículos de alta gama, 52 camiones, 38 apartamentos de lujo, 28 «casas-mansión», 23 maquinarias pesadas, 19 aeronaves, 16 oficinas, 13 complejos empresariales, nueve motocicletas, nueve autobuses, siete embarcaciones, siete empresas, seis edificios, una posada, un club y armas. «El monto está calculado, por ahora, en varios millones de dólares”, dijo el mandatario.
Tres meses antes de la promulgación de esta ley, el Estado realizó distintos allanamientos a las propiedades de quienes desde enero del 2023 integran la junta directiva de la Asamblea Nacional electa en 2015 y aún liderada por la oposición desde el exilio. La primera en denunciar estos hechos fue la presidenta de esta institución legislativa, Dinorah Figuera. Desde Valencia, España, contó que funcionarios de la Dgcim llegaron hasta su apartamento en Caracas, forzaron la cerradura y le informaron a dos de sus vecinos que esa vivienda ya no le pertenecía a su dueña.
Lo mismo ocurrió con el Secretario de la Asamblea y militante del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), José Antonio Figueredo, exiliado desde 2019 en Atlanta, Estados Unidos. En su caso, dos de sus negocios en Maracaibo, estado Zulia, fueron allanados por la Dgcim. Los efectivos se llevaron los enseres de ambos negocios, una tienda de artículos de deporte y otra de iluminación. “Amenazaron a los dueños que me alquilaban los locales y a partir de ese momento fui obligado a cerrar mis dos negocios”, relató.
Objeto de múltiples allanamientos también fue José Ignacio Hernández, quien desde febrero de 2019 hasta junio de 2020 desempeñó el cargo de Procurador Especial durante el gobierno interino de Juan Guaidó. Luego de declarar esta designación como inconstitucional, el gobierno de Maduro decidió medidas de tipo penal contra Hernández, como el congelamiento de sus bienes y la prohibición de salida del país.
“Perdí acceso a mis cuentas bancarias, el dinero que tenía terminó devaluado por la inflación. [Allí] tenía una parte importante de mis ahorros, que perdí. Lo otro es que me bloquearon en todos los sistemas de identidad. Mi ciudadanía fue revocada por el régimen de Venezuela. Me congelaron el pasaporte y no me permiten renovarlo. Fui un apátrida por muchos años y no podía realizar ningún trámite con el Estado. No solo te confiscan tu propiedad, sino tus derechos ciudadanos”, se lamenta Hernández desde Estados Unidos, donde se encuentra en el exilio junto a su familia.
Dos veces fue la PNCC a su casa en Caracas. La primera, le pusieron una etiqueta que decía “Incautada” y cambiaron la cerradura. A la segunda, en octubre de 2020, cuatro meses después de haber renunciado a su cargo, allanaron nuevamente la casa, se llevaron documentos, ropa y otros bienes. Aunque no hay nadie viviendo en el lugar, el Estado pareciera que quiere cuidar su fachada, en todo caso: un empleado de la urbanización contó, durante el recorrido que por el lugar realizaron Armando.Info y CONNECTAS, que hace seis meses unos milicianos limpiaron y pintaron la casa.
“Allí tenía todos mis recuerdos: tarjetas de Día del Padre, fotografías, libros… Te confiscan tus memorias, eso es lo más doloroso”, sostiene Hernández. “Más allá del inmueble, que además también era mi principal patrimonio, al final te quitan la memoria física de tu vida”, cierra con resignación.
*Por los riesgos que comportaba, Armando.info y CONNECTAS acordaron que para esta historia la reportera NO buscaría la versión de los señalados, adscritos a cuerpos de seguridad y entes del Estado venezolano.
Tomado de ¡Exprópiese! El chavismo arrebata las propiedades de opositores exiliados