La que fuera enfermera del ahora fallecido presidente venezolano Hugo Chávez está siendo víctima de una “persecución política” por parte del gobierno de Nicolás Maduro, declaró este lunes la defensa de Claudia Patricia Díaz Guillén durante una vista para decidir si España debe extraditarla a Venezuela por acusaciones de blanqueo de capitales. Díaz, que llegó a ser una de las personas de mayor confianza en el círculo de Chávez y titular hasta poco después de la muerte del expresidente del FONDEN, el fondo encargado de invertir los ingresos por las exportaciones petroleras del país, señaló a los jueces de la Audiencia Nacional de España que no desea ser entregada a Caracas. Su abogado, Ismael Oliver, argumentó que no se cumplen todos los requisitos para la extradición porque, entre otros motivos, la orden de detención original sobre la que se basaron había sido anulada por un tribunal superior venezolano.
También señaló que las autoridades de Venezuela no han especificado cuáles son los supuestos delitos de blanqueo que se atribuyen a Díaz y a su marido, Adrián Velásquez Figueroa, un empresario y militar que fue miembro del equipo de seguridad de Chávez.
En declaraciones a la prensa, Oliver señaló que el caso contra el matrimonio responde “a lo que está ocurriendo en Venezuela a nivel político, porque jurídicamente hablando no existe ninguna razón para solicitar esta extradición”.
El matrimonio fue detenido a finales de abril de este año en Madrid a petición de las autoridades venezolanas, pero solo semanas después de que su presunta detención en España fuese anunciada por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, a través de Twitter. Saab vinculó entonces la operación al lavado de fondos públicos que habrían ido a parar a empresas del matrimonio en Panamá.
Oliver negó este lunes en Madrid que Díaz tuviese negocios propios en este país centroamericano considerado como paraíso fiscal, o que incluso se hubiesen lavado fondos en las dos empresas que, según Oliver, Velásquez sí poseía en Panamá.
El abogado señaló que “no se puede hacer una defensa si no se sabe de qué se tiene uno que defender”, añadiendo que “Venezuela no ha querido ofrecernos un relato de hechos”.
Las autoridades venezolanas reabrieron el año pasado el proceso de los Papeles de Panamá, como se conoce a la filtración masiva de documentos del bufete jurídico panameño Mossack-Fonseca que sacó a la luz cómo poderosos y famosos escondían sus fortunas a través de cuentas en paraísos fiscales.
Durante la vista judicial del lunes, Díaz explicó al tribunal que ocupó el cargo de secretaria ejecutiva del Fonden, o Fondo del Desarrollo Nacional venezolano, entre abril de 2011 y abril de 2013, pero que la “cesaron” al mes del fallecimiento de Chávez.
“Me quisieron imponer ciertas ilegalidades y no las cumplí,” dijo Díaz, en referencia a la administración de Maduro que tomó el poder a la muerte del presidente.
La fiscalía de la Audiencia Nacional se ha declarado favorable a que la enfermera sea entregada a Caracas, algo que deberán decidir los jueces en las próximas semanas. Si los jueces dan luz verde a la extradición, ésta debe ser refrendada después por el ejecutivo español, que en un primer momento ya dio vía libre a que ésta se estimase en el ámbito judicial.