Washington combina sanciones familiares, ajustes regulatorios y licencias específicas para controlar el flujo financiero del régimen venezolano y el futuro de los activos petroleros.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio este 19 de diciembre un nuevo paso en su estrategia de presión contra el régimen de Nicolás Maduro al sancionar a familiares y asociados directos del clan Maduro-Flores, actualizar la lista de personas bloqueadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y emitir una nueva Licencia General vinculada a PDVSA, en una señal clara de endurecimiento selectivo pero técnicamente estructurado de la política de sanciones.
La medida más reciente incluye la Licencia General 5T, que autoriza ciertas transacciones relacionadas con el bono PDVSA 2020 con cupón de 8,5 %, a partir del 3 de febrero de 2026. Esta licencia se produce en un contexto de litigios prolongados, disputas entre acreedores y el proceso judicial que rodea a CITGO, el activo externo más valioso de Venezuela.
Sanciones: el golpe al núcleo familiar
De forma simultánea, OFAC amplió su lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) para incluir a familiares inmediatos de Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de la primera dama Cilia Flores, así como a parientes del empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, señalado por sus extensos vínculos financieros con el régimen.
Washington sostiene que estas redes familiares no son actores pasivos, sino estructuras funcionales para la corrupción, el ocultamiento de activos y la evasión de sanciones, lo que explica la decisión de bloquear bienes, prohibir transacciones y advertir a terceros —incluidos bancos internacionales— sobre el riesgo de sanciones secundarias.
La Licencia General 5T y el bono PDVSA 2020
La Licencia General 5T sustituye y actualiza el marco previo aplicable al bono PDVSA 2020, uno de los instrumentos financieros más sensibles del entramado petrolero venezolano. La autorización limitada de transacciones, condicionada a fechas específicas, confirma que Estados Unidos mantiene un control quirúrgico sobre los flujos legales relacionados con PDVSA, sin levantar el régimen de sanciones estructurales.
Este movimiento es leído por analistas como una forma de ordenar el tablero legal de cara a decisiones judiciales futuras, sin conceder oxígeno financiero al régimen de Maduro.
Los Contratos de Participación Productiva son el mecanismo de Maduro para burlas las sanciones y financiarse, pese a ser inconstitucionales.
Las principales licencias OFAC vinculadas a PDVSA
Desde 2019, OFAC ha construido un sistema de licencias fragmentadas para PDVSA, diseñado para evitar el colapso total del mercado energético regional, proteger intereses legales estadounidenses y, al mismo tiempo, aislar al régimen:
Licencias generales humanitarias, que permiten transacciones limitadas para alimentos, medicinas y asistencia humanitaria, sin beneficio directo para el aparato estatal.
Licencias específicas para empresas energéticas, como Chevron, otorgadas bajo estrictas condiciones de supervisión, sin pagos directos al gobierno de Maduro.
Licencias vinculadas a deuda y litigios, como las relacionadas con el bono PDVSA 2020, que buscan canalizar disputas legales sin liberar activos al régimen.
Autorizaciones temporales y condicionadas, sujetas a revisión periódica y reversibles ante cambios políticos o incumplimientos.
Este esquema confirma que no existe una normalización financiera de PDVSA, sino un control técnico orientado a limitar daños colaterales mientras se mantiene la presión política.
Una estrategia de doble vía
La combinación de sanciones personales, licencias técnicas y ajustes regulatorios, incluida la actualización de preguntas frecuentes (FAQ 595), refleja una estrategia de doble vía: asfixiar las redes de corrupción del poder chavista, mientras se preserva la capacidad de Washington para administrar riesgos legales, energéticos y financieros.
El mensaje es inequívoco. Estados Unidos no solo persigue funcionarios, sino estructuras completas: apellidos, vínculos familiares, intermediarios y mecanismos financieros. En el caso de PDVSA, la política sigue siendo de contención, no de rescate.
Tomado de Estados Unidos endurece sanciones contra el entorno de Maduro y redefine el marco legal sobre PDVSA