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El Gobierno de Estados Unidos emitió el 9 de enero de 2026 un decreto ejecutivo mediante el cual declara una emergencia nacional para proteger determinados fondos del Gobierno de Venezuela vinculados a la venta de petróleo y otros recursos naturales, actualmente depositados y custodiados por el Tesoro estadounidense. Con información de The White House.
La orden presidencial establece que estos recursos —provenientes de transacciones del Estado venezolano, el Banco Central de Venezuela y PDVSA— no podrán ser embargados, incautados ni sometidos a procesos judiciales en tribunales estadounidenses. Cualquier intento en ese sentido será considerado nulo y sin efecto .
Según el texto oficial, Washington considera que permitir acciones judiciales contra esos fondos afectaría directamente la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, al poner en riesgo los esfuerzos para estabilizar a Venezuela y al hemisferio occidental. Entre los objetivos señalados se incluyen la reducción de la migración irregular, el combate al narcotráfico y la contención de la influencia de actores considerados hostiles por EE. UU.
El decreto subraya que los recursos protegidos son propiedad soberana del Estado venezolano, no de acreedores privados ni de empresas que mantengan litigios contra el país. Asimismo, aclara que la custodia de los fondos por parte de Estados Unidos no implica un uso comercial ni constituye una renuncia a la inmunidad soberana de Venezuela frente a demandas o reclamos judiciales.
Alcance futuro y control político de los fondos
La medida no se limita a los recursos venezolanos que ya se encuentran en poder de Estados Unidos, sino que establece un blindaje legal que también abarca ingresos futuros, en particular los derivados del petróleo, siempre que sean depositados en cuentas designadas del Tesoro estadounidense. En la práctica, esto significa que cualquier nuevo ingreso petrolero venezolano que pase por el sistema financiero bajo control de EE. UU. quedará automáticamente protegido frente a embargos o litigios. La administración de los fondos recae en el Departamento del Tesoro, que actúa como custodio, mientras que el Departamento de Estado tiene la autoridad para decidir su eventual uso o transferencia con fines públicos, gubernamentales o diplomáticos. De este modo, el control político del destino final de los recursos queda alineado con la estrategia diplomática definida por el secretario de Estado, Marco Rubio .
Con esta decisión, el Gobierno estadounidense refuerza su control sobre los flujos financieros derivados del petróleo venezolano y limita significativamente la posibilidad de que acreedores internacionales accedan a esos recursos por la vía judicial, consolidando un esquema de protección financiera de alcance indefinido.
Aquí el decreto completo: