Pese a que hasta Interpol retiró el requerimiento realizado por el régimen madurista por falta de justificación y pruebas, España entregó al perseguido Ernesto Quintero, desoyendo las recomendaciones de los órganos de derechos humanos.
Redacción | Primer Informe
El gobierno de España entregó a Nicolás Maduro, al venezolano Ernesto Quintero, quien era pedido en extradición por el régimen de Caracas. La entrega había sido aprobada en enero a pesar de las objeciones por las violaciones a los derechos humanos que ocurren en Venezuela.
El jefe de la misión diplomática de la presidencia encargada en España, Antonio Ecarri, dijo que «indignación y estupor ha causado en la extensa comunidad venezolana en España la extradición a Venezuela del compatriota Ernesto Quintero».
Agregó que se trata de un «grave precedente que nos preocupa e indigna a todos. Hemos pedido explicaciones a las autoridades».
La administración de justicia española esestimó las distintas peticiones de asilo para Quintero. Tampoco tuvo efecto la petición parlamentaria realizada en mayo pasado. En ella, el Partido Popular reclamó que se suspendan los acuerdos de extradición con las naciones que no garantizan la independencia de sus entes de justicia.
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Lucha legal en España
Durante 29 meses, como publica EL MUNDO, duró la lucha de la defensa de Quintero contra el proceso en su contra. El venezolano de 41 años fue identificado en un control policial en Madrid y allí se descubrió la notificación roja de Interpol que pesaba contra él.
Quintero y su familia decidieron residenciarse en Madrid después de comprobar que la justicia venezolana lo estaba erigiendo en la cabeza de un presunto caso de estafa en Venezuela. Su trabajo durante 2010 era como administrador en ABA Mercado de Capitales, una casa de bolsa intervenida por Hugo Chávez ese mismo año. A los dueños se les hizo un proceso por la estafa de 50 millones de dólares y Quintero trabajó con las autoridades estatales.
Sin embargo, sus abogados le aconsejaron que se fuera de Venezuela. Casi inmediatamente los tribunales chavistas acusaron a Quintero por delitos que habría cometido en su supuesta condición de «accionista» de ABA.
Al frente de esa firma estaban Enrique Auvert Vetencourt, Gustavo Abudei y Bernardo Belloso. También algunos de los familiares de esos tres participaron en la trama. Quintero sostiene que su función en esa firma (que también tenía un gran número de subisidiarias) era netamente administrativa.
Además, argumenta que todo su trabajo estuvo bajo supervisión inmediata de la presidencia de la empresa, ostentada por Enrique Auvert. Este último se encontraría en los EEUU.
Interpol y lo que decidió ignorar España
En el caso de extradición de Quintero, España ignora deliberadamente la apertura de investigación por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el régimen chavista por crímenes de lesa humanidad. Muy distinto al caso de Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, para el que se pidieron garantías a los Estados Unidos.
A la esposa de Quintero, Cismary Marcano, y también a su hija, España les concedió la protección por razones humanitarias. A él, no se la dieron, pues tenía una alerta de Interpol a petición del régimen chavista. Y eso no cambió a pesar de que hasta la misma Interpol desestimó el pedido de la dictadura venezolana.
La comisión de Control de Ficheros de Interpol concluyó eliminar la solicitud chavista, al no poder acreditar el régimen de Maduro los hechos en que basaba la orden contra Quintero. Así suprimió la notificación roja relativa al venezolano. Esto ocurrió en marzo de 2021.
Pero desde el 6 de octubre de 2020, España acordó la entrega al chavismo. El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional avaló esa decisión. Y, el 12 de enero de 2021, el Consejo de Ministros del Gobierno español del PSOE y Unidas Podemos, accedió a la extradición del venezolano.
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