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La reciente decisión de la jueza María Tardón, de la Audiencia Nacional de España, de sobreseer provisionalmente la causa por blanqueo de capitales contra el empresario venezolano Raúl Gorrín, revela una preocupante brecha entre los esfuerzos internacionales por sancionar la corrupción de alto nivel y la respuesta judicial en territorio europeo. Con información de Transparencia Internacional.
Pese a estar sancionado por Estados Unidos y ser solicitado por la justicia de ese país por múltiples delitos financieros relacionados con el desfalco de más de mil millones de dólares provenientes de Pdvsa, Gorrín ha sido favorecido por una resolución que ignora tanto las investigaciones internacionales como las sentencias ya firmes contra varios de sus socios.
Justicia española archiva caso contra Raúl Gorrín gracias a sobreseimiento dictado en Venezuela
El argumento central de la jueza para archivar el caso se apoya en la ausencia de “indicios de criminalidad” y en una sentencia emitida en 2020 por un tribunal de Caracas que exculpa al empresario. Este fallo venezolano, sin embargo, proviene de un sistema judicial ampliamente cuestionado por organismos internacionales por su falta de independencia y su uso como mecanismo de encubrimiento y persecución.
La causa contra Gorrín forma parte de la llamada “macrocausa Pdvsa”, un complejo entramado de expedientes que documenta cómo la corrupción enquistada en la empresa estatal petrolera permitió la creación de estructuras financieras opacas utilizadas para lavar capitales en Europa y América. La operación “Money Flight”, investigada por la justicia estadounidense, ya ha generado condenas, confesiones y sanciones contra parte de los implicados. Gorrín, no obstante, sigue eludiendo toda responsabilidad legal fuera de Venezuela.
La decisión de Tardón no es un hecho aislado. En años recientes, la misma jueza ha cerrado investigaciones contra otros actores relevantes en el saqueo de fondos públicos venezolanos. Entre ellos, destacan la esposa del empresario Roberto Rincón, el exviceministro Nervis Villalobos y el exfuncionario Javier Alvarado, todos señalados por fiscales y tribunales en Estados Unidos.
Para organizaciones como Transparencia Venezuela en el exilio, estas decisiones debilitan la lucha internacional contra la corrupción y envían una peligrosa señal de impunidad. En un contexto donde el sistema judicial venezolano no ofrece garantías mínimas y los circuitos de corrupción son transnacionales, la cooperación y coherencia entre fiscalías y tribunales de distintos países resulta crucial.
Al elegir como referencia un dictamen del Poder Judicial venezolano —señalado por Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional como instrumento de impunidad—, la justicia española no solo desestima pruebas y procesos sustanciados en otras jurisdicciones, sino que corre el riesgo de convertirse en refugio legal para operadores del desfalco venezolano.
El expediente de Raúl Gorrín continúa abierto en Estados Unidos. Las investigaciones siguen su curso. Pero la desconexión entre sistemas judiciales que deberían complementarse pone en evidencia los límites de la justicia frente a estructuras corruptas que operan más allá de las fronteras nacionales.